Unos cuantos postores, los beneficiarios de irregulares subastas de
carteras de crédito
Remata el IPAB en enajenaciones amañadas bienes de minideudores
El instituto sólo recuperó 12.5% del valor de un paquete de 325 mil
698 pequeños débitos
Las anomalías en las operaciones representaron una pérdida para el
erario de $73 mil 588 millones
El salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, luego de la comparecencia de Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda y Crédito Público, el pasado 29 de septiembre FOTO Marco Peláez
Un análisis legislativo de las operaciones del Instituto de Protección para el Ahorro Bancario (IPAB) revela múltiples irregularidades en los procesos de enajenación de cartera, de las cuales se beneficiaron, en forma extraordinaria, unos cuantos postores, en perjuicio de la mayoría de los tenedores de créditos que, en su momento, se declararon insolventes en el pago de sus deudas.
La subasta de cartera de créditos menores que el instituto (antes Fobaproa) realizó entre 1988 y 2003 por un valor total de 84 mil 127 millones de pesos sólo arrojó una recuperación de 10 mil 539 millones, lo que provocó una pérdida total de 73 mil 588 millones.
El IPAB sólo logró recuperar para las finanzas públicas 12.5 por ciento del valor del capital de los portafolios. Los paquetes de cartera integrados por créditos agropecuarios, comerciales, hipotecarios, créditos al consumo y tarjeta de crédito, así como operaciones al corriente y de cartera vencida sumaron, en los años citados, un total de 325 mil 698 créditos, por un valor de capital de 84 mil 127 millones de pesos.
Uno de los procesos de cesión otorgados por Inverlat en 1998 sobre 16 mil 735 créditos hipotecarios confirma la permanente irregularidad del proceso de venta de activos, porque por cada uno de los préstamos referidos el costo promedio era de 453 mil pesos y el postor beneficiado pagó tan sólo 6 mil 350 pesos por cada uno de ellos, con lo que el IPAB sólo logró una recuperación de 1.4 por ciento del valor total.
El estudio de impacto económico del programa de enajenación de créditos menores, que se encuentra en poder de la comisión especial para investigar a la empresa Construcciones Prácticas -probablemente vinculada a los hijos de Marta Sahagún-, refiere que en el caso de los créditos hipotecarios de interés social con un valor de capital promedio de 139 mil 276 pesos, correspondientes a los estados de Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, estado de México, Hidalgo y Querétaro, se pactó un desembolso por casa habitación de 42 mil 984 pesos, es decir, se recuperó 30.9 por ciento sobre el valor del capital. Este caso es el más relevante en el proceso de venta de cartera, porque "es la licitación más alta realizada por el IPAB desde su creación".
En imagen de archivo, Manuel Bribiesca, hijo de Marta Sahagún FOTO Martín Diego Rodríguez
El programa de enajenación de créditos menores tiene como objetivo económico propiciar el cumplimiento de las funciones del IPAB dentro de sus metas de recuperación, cuya filosofía es "lograr la mayor recuperación posible en el menor tiempo".
El programa preveía -y aún lo hace- una recuperación de 50 por ciento de los créditos agropecuarios, de 60 por ciento de los empresariales y comerciales, y de 70 por ciento de los hipotecarios de vivienda.
El análisis revela que entre 1988 y 2003 se realizaron 19 licitaciones que comprendieron 325 mil 698 créditos, cuyo valor total se calculó en 84 mil 127 millones de pesos.
De esta cifra, como se citó anteriormente, las autoridades hacendarias, mediante el IPAB, sólo lograron recuperar 10 mil 539 millones de pesos. Entre las empresas beneficiarias figuran: Ce Calpulli, Banorte, Golden and Sacks, First City, Auritec, Lone Star, Sol, Sólida, Secorce, Lend Lease y JJF Equity.
De acuerdo con los informes anuales emitidos por el IPAB, el instituto realizó las licitaciones de los bancos sujetos a los programas de saneamiento de la banca intervenida: dos paquetes de Serfin y Banca Unión otorgados en administración en 1999; 16 paquetes de venta de derechos litigiosos de los bancos Santander, Serfin, Cremi, Inverlat, Unión, Obrero, Interestatal, Capital, Bancrecer, Promex, Oriente y Confía, y existe un paquete licitado por Inverlat en el cual no intervino el instituto, porque el proceso ocurrió en diciembre de 1998, un mes antes de la creación de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
En el supuesto de haberse aplicado el programa de enajenación de créditos menores, el valor de recuperación logrado por el IPAB habría sido de 58 mil 890 millones de pesos, cantidad que representa 5.6 veces más que lo obtenido por el instituto en el proceso descrito.
Por lo que hace a la cartera que aún no se ha licitado debido a las auditorías ordenadas por el Congreso de la Unión sobre los bancos sujetos al programa de capitalización y compra de cartera (Banamex, Bancomer, Bital y Banorte), esta representa más de 80 por ciento del universo de los créditos absorbidos por el Fobaproa.
El estudio refiere que si se aplicara cabalmente el programa de enajenación de créditos menores el IPAB cumpliría cabalmente con sus metas de recuperación. "Lejos de provocar un costo al erario, el programa sería autofinanciable, toda vez que se prevé una aportación adicional de 2 por ciento por parte de los acreditados que se adhieran al programa".
Por añadidura, el impacto social se reflejaría en el beneficio de cientos de miles de familias que en la actualidad están en riesgo de perder su patrimonio. "El aspecto social incide en el económico, pues un programa social de esta magnitud, en donde miles de familias están en riesgo de ser desalojadas, indudablemente repercute en lo económico para el país", concluye el análisis.