Reprocha Azuela baja presupuestaria

Rinde el presidente de la Corte informe de labores López Obrador, ausente en el acto

JESUS ARANDA

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela Güitrón, reprochó a los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo la reducción del presupuesto de la Judicatura Federal (5 mil 500 millones de pesos), y advirtió que "si el ingreso creciente de asuntos no se afronta con la instalación de nuevos órganos, lo que representa gastos considerables", se afectará la tramitación y resolución de asuntos, con el resultado consecuente de un "dramático rezago que necesariamente se irá incrementando".

Al rendir su segundo informe de labores, en vísperas de que el máximo tribunal reciba la controversia constitucional que presentará el Ejecutivo contra la Cámara de Diputados por la aprobación del presupuesto para el año próximo, Azuela señaló que el fortalecimiento de la división de poderes, con el pleno respeto a su autonomía, así como las nuevas atribuciones de la Suprema Corte y la mayor presencia de los juzgadores federales, "han propiciado un protagonismo involuntario" que a la vista de observadores de épocas anteriores "parecería inusitado".

Sin embargo, pese a la mayor presencia, el ministro presidente del máximo tribunal aceptó que el Judicial no ha logrado solidificarse como un poder respetable. "Confiemos en que, gradualmente, seamos respetados por la sociedad cada vez más y de ello se siga una confianza generalizada en los juzgadores federales".

En este contexto, hizo pública su gratitud a quienes además del reconocimiento público a la labor del Poder Judicial, aceptan de antemano las resoluciones que emitan los juzgadores, "y aunque les resulte adversa la cumplen de inmediato".

Aceptó que pese a los esfuerzos por lograr el reconocimiento y respeto generalizado, "desafortunadamente eso no sucede respecto del Poder Judicial", porque al definir controversias sólo se favorece a una de las partes, lo que genera "antipatía" a un órgano del poder público.

Y en lo que pareció una alusión al juicio de desafuero que enfrenta el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador -quien, por cierto, no acudió y envió en su lugar al secretario de Gobierno, Alejandro Encinas-, Azuela señaló: "Sólo nuestro profundo respeto a quienes condicionan su confianza a que las decisiones los favorezcan y que con facilidad emiten descalificaciones e insultos cuando ello no sucede". Posición explicable, prosiguió, "por la condición humana que lleva fácilmente a identificar la justicia con los intereses que se defienden".

El ministro habló así luego de referirse a la Consulta Nacional sobre una Reforma Integral y Coherente del Sistema de Impartición de Juticia, que data de 2003 y con la que se espera "formular proyectos de reformas a la legislación" para hacer más eficiente la impartición de justicia.

Azuela cuestionó que la posibilidad "prácticamente ilimitada" de presentar amparos, o en materia administrativa de impugnar con recursos de revisión fiscal las resoluciones de todas las autoridades jurisdiccionales, genera el inconveniente de que se convierta ésta "en una justicia de paso", lo que obliga a crear nuevos órganos jurisdiccionales.

Pero, indicó, "ante las reiteradas reducciones presupuestarias que hace la Cámara de Diputados", debe acudirse a soluciones provisionales, que no dejan de ser males menores, como la creación de juzgados itinerantes, que buscan atenuar el problema del "desproporcionado" ingreso de asuntos ante la capacidad de despacho, lo que amenaza convertirse en rezago.

Montos insuficientes

Azuela expuso, por otra parte, que encontrar fórmulas concretas para transformar la realidad cotidiana es un reto que debe afrontarse anualmente, en el contexto de un condicionamiento necesario a los recursos disponibles "consignados en el presupuesto que aprueba la Cámara, al ejercer la atribución difícil y trascendente que le confiere la propia Constitución".

Al respecto, sostuvo, el Poder Judicial reconoce el esfuerzo de los legisladores que "generosamente ofrecieron, sin tener el éxito deseado, apoyar nuestra solicitud de dotarnos de los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones" que manda la Constitución. Y aunque dijo que el ingreso creciente de asuntos no se afronta con la instalación de nuevos órganos, lo cierto es que la tramitación de aquéllos en estas condiciones es difícil.

"Las reducciones presupuestarias previstas para 2005 nos colocan en ese escenario y llevan a temer situaciones que ya parecían superadas, de regresar a épocas en las que el rezago representó el reto más importante de diferentes reformas tendientes a reformar el sistema de impartición de justicia", comentó.

Por ello, mientras no se introduzca una reforma constitucional "largamente solicitada", de garantizar un mínimo presupuestario al Poder Judicial, "se tendrá que correr el riesgo de que sucesos ajenos a la administración de justicia afecten el buen funcionamiento de los juzgadores federales, y con ello su credibilidad", expuso.

Azuela convocó al senador panista Diego Fernández de Cevallos y al diputado priísta Manlio Fabio Beltrones -representantes legislativos en el acto- a que "en algún momento de racionalidad que debe imperar en el poder reformador se llegue a introducir esta reforma".

Admisión de asuntos y sanciones

Sobre la recepción de asuntos en la Corte, Azuela indicó que del primero de diciembre de 1993 al 30 de noviembre pasado entraron 4 mil 335 casos, que sumados a otros mil 70 pendientes dan un total de 5 mil 405, de los cuales se resolvieron en pleno y salas 4 mil 735 y quedan pendientes 670 más.

Mientras que en los tribunales colegiados, unitarios y juzgados de distrito, al 16 de noviembre de 2003 había 101 mil 699 asuntos, en el año estadístico ingresaron 629 mil 106, lo que resultó con una "diferencia en contra" de 10 mil 662 asuntos, que acumuladada a los anteriores da un total de 112 mil 365 expedientes.

Este ingreso en constante aumento, dijo ante el pleno de sus compañeros presentes, "y la comentada disminución al presupuesto", hacen prever un "dramático rezago que ya ha aparecido y que de subsistir las mismas condiciones, necesariamente se irá incrementando".

Por otra parte, Azuela dio a conocer las sanciones aplicadas por el Consejo de la Judicatura Federal durante el año en curso: fueron destituidos ocho funcionarios -no aclaró si jueces, magistrados o funcionarios de juzgados y tribunales-, dos fueron inhabilitados, además de que cinco fueron suspendidos, 16 recibieron amonestaciones privadas y 53 apercibimientos del mismo tipo.

Lejos de enorgullecerse de haber pillado a funcionarios en actos irregulares, el funcionario aseveró que éstos, "por sí solos, son motivo de preocupación", porque revelan fallas que no debieran existir en los impartidores de justicia. Estas sanciones ocurrieron en un universo de 880 magistrados y jueces de distrito.