Las pretensiones del Ejecutivo rebasan lo estipulado en la controversia: SHCP

Se prefirió castigar a UNAM, IPN, Conacyt y Conafe, por Enciclomedia: Ramírez Cuéllar

ROBERTO GARDUÑO

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó hoy a la Cámara de Diputados (SHCP) que la impugnación por 4 mil 200 millones de pesos del Presupuesto de Egresos 2005 no es tal, porque el Ejecutivo federal pretende modificar el gasto público aprobado por los legisladores en 41 mil 826 millones de pesos.

Carlos Hurtado, subsecretario de Egresos de la SHCP, aclaró que los recursos a reasignar durante el presente año, de programas de inversión social a programas de pago de deuda interna y externa, así como para solventar proyectos rechazados el pasado diciembre, como Enciclomedia, superarán por mucho los 4 mil 200 millones incluidos en la controversia constitucional como fundamento de la impugnación foxista al gasto autorizado por el Poder Legislativo, hasta llegar a los 41 mil 826 millones de pesos.

El funcionario, quien fue excluido de las negociaciones del Presupuesto de Egresos en noviembre y diciembre pasados, regresó a la Cámara de Diputados para informar que el programa Enciclomedia -defendido incansablemente por Vicente Fox, y rechazado por los diputados- continuará vigente con recursos extras obtenidos de la Secretaría de Educación Pública. La cantidad calculada para aplicarse en ese programa supera los 2 mil 200 millones de pesos. En su exposición ante los diputados refirió el escenario ganador -para la causa del Ejecutivo federal- de la controversia:

"Cuál sería el efecto de la controversia constitucional, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) considera que la razón le corresponde al Poder Ejecutivo. Se confirmaría el derecho de veto al presupuesto que tiene el Ejecutivo federal; se confirmaría que la Cámara de Diputados, al hacer uso de su atribución exclusiva de modificar el presupuesto, no puede ir más allá de lo que determina la Constitución y las leyes aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Unión y los recursos que violan la Constitución y las leyes, según la argumentación del Presidente, serán ejercidos por el Ejecutivo federal conforme a la Constitución y a la ley".

Grupo de trabajo para aclarar puntos

A pesar de la advertencia de mayores reasignaciones del presupuesto, el subsecretario y los diputados asistentes al encuentro decidieron integrar un grupo de trabajo para aclarar puntos específicos y construir los acuerdos necesarios para dirimir las diferencias entre los poderes Legislativo y Ejecutivo respecto de la controversia constitucional que se ventila en la SCJN.

Según Hurtado, los cambios aprobados por el pleno camaral afectaron las asignaciones originalmente consideradas por la administración foxista a los ramos de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca, alimentación, el programa IMSS Oportunidades, el programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable y la ampliación para carreteras.

Frente a la postura del funcionario, el diputado del PRD Alfonso Ramírez Cuéllar refirió que no existía razón alguna "para escandalizar al país, porque los recortes realizados por la Cámara de Diputados y las ampliaciones decididas por esta soberanía pusieran en peligro la estabilidad económica y fueran a paralizar el funcionamiento de la administración pública".

El legislador perredista solicitó a Carlos Hurtado que el Ejecutivo federal retire la controversia, porque no tiene razón, y los 4 mil millones de pesos, presentados como argumento de la querella, aún se encuentran suspendidos y no se pueden aplicar a programas importantes. El diputado insistió en las facultades exclusivas de la Cámara para modificar el presupuesto.

Al replicarle a Ramírez Cuéllar, Hurtado -contrariamente a lo que expresó en su alocución- precisó que en ningún momento "se ha cuestionado la facultad de la Cámara de Diputados para modificar el presupuesto" y criticó las atribuciones ilimitadas y absolutas del Poder Legislativo, "que en ocasiones contravienen preceptos constitucionales".

Más adelante, Ramírez Cuéllar se refirió a la obcecación oficial por mantener el programa Enciclomedia, cuyos recursos provendrán de importantes instituciones de educación pública.

"En un extremo de la discrecionalidad, y a pesar de que existía una voluntad mayoritaria de los diputados para cancelar el programa Enciclomedia y el de la Biblioteca México, el Ejecutivo federal prefirió castigar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al Instituto Politécnico Nacional (IPN), al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), al Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y a muchas otras universidades públicas para respaldar la Enciclomedia."