Preparan en San Lázaro reforma para restar facultades a la Corte

El sol azteca y el tricolor proponen transferir atribuciones a un nuevo tribunal constitucional

ENRIQUE MENDEZ

Los grupos parlamentarios de PRI, PRD y PT en la Cámara de Diputados avanzan en una propuesta de reforma a la Constitución para restarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las facultades de conocer y resolver controversias constitucionales entre poderes. En tanto, la bancada petista entregará hoy al resto de los legisladores un borrador de solicitud de juicio político a los ministros Sergio Salvador Aguirre y José de Jesús Gudiño, en un esfuerzo por obtener el mayor consenso posible antes de enviarla a la secretaría general.

Mientras el PRI y el PRD plantean que estas atribuciones deben transferirse a un tribunal constitucional, el PT consideró viable que los ministros sean electos por el voto popular para cerrar la posibilidad de que respondan a los intereses del Poder Ejecutivo que los designa y de los grupos parlamentarios que los ratifican en el Congreso.

"Tenemos que revisar la posibilidad de establecer inclusive la revocación de mandato, porque los ministros se comportan como sacerdotisas, como una dictadura superior, y los partidos, los otros poderes y los ciudadanos, no podemos estar dependiendo de un grupo de notables que hacen y deshacen a su antojo", declaró el coordinador petista, Alejandro González Yáñez.

La semana pasada, el presidente de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, consideró que como el Legislativo no podía presentar una controversia en contra de la Corte porque ésta tendría que resolver el recurso, "es la hora de pensar en un tribunal constitucional, al que se le transferirían algunas facultades de la SCJN, que esté por encima de los tres poderes y resuelva este tipo de equívocos".

Ayer, el presidente de la Comisión de Prácticas Parlamentarias, Iván García Solís, informó que la próxima semana presentará la iniciativa para constituir dicho tribunal, que tendría autonomía presupuestaria y técnica, y se encargaría exclusivamente de resolver las controversias entre poderes.

Planteó que la reciente controversia constitucional presentada por el Presidente de la República en contra de la Cámara de Diputados por el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2005 revela la necesidad de contar con un órgano autónomo especializado en dirimir las diferencias que se susciten entre los poderes de la Federación.

Recordó que desde la reforma constitucional de 1994, la Corte tiene atribuciones para resolver las controversias que se le presenten con motivo de la interpretación de la Constitución entre poderes. "El problema -expuso- es que precisamente la Corte es la cabeza de uno de los poderes, el Judicial, lo cual la convierte en juez y parte en las situaciones en las que dicho poder se ve involucrado."

En el actual diferendo entre la Cámara y el Ejecutivo, dijo, el Poder Judicial, específicamente la SCJN, es parte afectada, ya que había solicitado un aumento de su partida presupuestal que no fue aprobado por la mayoría parlamentaria.

"Esto coloca a la Corte en la posibilidad de actuar no con base en una interpretación recta e imparcial de la Constitución, sino en función de una respuesta ante sus intereses afectados por la decisión del Poder Legislativo, cuyo apego a la ley fundamental deben juzgar los ministros", declaró.

Aunque existe la posibilidad de que su fallo sea objetivo, las limitaciones del esquema de control de la constitucionalidad colocan a la Corte en posición difícil, que podría llegar a lesionar su legitimidad en caso de una resolución particularmente polémica, ya que implicaría el desprestigio de un órgano que debe estar a salvo de sospechas, expresó García Solís.

Para evitar estos conflictos de interés y garantizar la imparcialidad en la interpretación de la Constitución, la mayoría de las democracias avanzadas de Europa y América han creado órganos especializados en resolver exclusivamente las controversias entre poderes, señaló, y consideró que en México ha llegado la hora de estudiar con seriedad la posibilidad de emprender una reforma que permita la creación de un tribunal constitucional.

La propuesta fue calificada por el PAN de "despropósito". El coordinador de la bancada blanquiazul en San Lázaro, Francisco Barrio Terrazas, consideró "francamente absurdo crear un nuevo órgano para ver diferencias entre poderes, que no son tan frecuentes para hacer surgir una estructura que finalmente se gravará presupuestalmente sobre la espalda de todos los mexicanos".