Lunes 13 de diciembre de 2004
Política
* Causa incertidumbre jurídica y paraliza
servicios, plantea en nueva argumentación
El presupuesto, inconstitucional y lleno de errores, insiste Presidencia
* Duplicidad de asignaciones y aumento del
gasto sin fuentes de ingresos, entre las fallas
* Señala casos concretos de incongruencias y
subraya la necesidad de corregir el proyecto
JOSE ANTONIO ROMAN
La Presidencia de la República insistió en la inconstitucionalidad del Presupuesto de Egresos 2005 aprobado por la Cámara de Diputados, y advirtió que de no corregirse el problema se generará incertidumbre jurídica, no se cumplirán diversas obligaciones del gobierno federal, habrá cancelación de proyectos y programas ya iniciados, y se provocará paralización y degradación de diversas funciones y servicios públicos.
En un documento enviado a los medios de comunicación en vísperas de que la Cámara de Diputados decida en su sesión plenaria de este martes si acepta o no las observaciones del presidente Vicente Fox, desde Los Pinos se recordó que la "mayor parte del gasto público está comprometido y prácticamente no es materia de controversia entre la Cámara de Diputados y el Ejecutivo federal". Además, que el impacto del recorte efectuado por los legisladores es "mucho mayor" a la cifra de 2 por ciento que se ha manejado en algunos medios.
La Presidencia dijo que los "ajustes" realizados por los diputados deben compararse no contra el gasto total, sino contra el gasto que, hasta cierto punto, es susceptible de modificación. Bajo esta premisa, las reducciones ordenadas, de unos 38 mil millones de pesos, representan alrededor de 30 por ciento del total. En el caso específico del ramo administrativo, estos "ajustes" representan casi 40 por ciento del gasto de operación de las dependencias del gobierno federal.
En la introducción del texto se insiste en que la devolución del proyecto de presupuesto a la Cámara de Diputados con observaciones por el presidente Fox no tiene el propósito de desconocer la facultad que dicho órgano legislativo tiene para analizar, discutir y modificar el proyecto de presupuesto, sino hacer llegar a los legisladores información, objeciones y cuestionamientos que pudieron no haberse tomado en cuenta en el proceso legislativo.
La posibilidad de hacer observaciones a los proyectos de leyes y decretos emitidos por el Poder Legislativo es una forma de colaboración entre poderes, establece el documento, en el que se explica que son cuatro las observaciones generales enviadas a la Cámara de Diputados: contradicciones técnico-presupuestarias, reducciones y reasignaciones de gasto, invasión de competencias entre poderes e inconstitucionalidad por contravenir leyes federales. Refrenda la necesidad de corregir el paquete económico.
En una larga lista de supuestos errores cometidos en la aprobación del presupuesto, el análisis de la Presidencia expone que hay incongruencias en cifras, aumento de gasto sin fuente de ingresos, falta de previsión para solventar adeudos, duplicidad en asignaciones de gasto, error en las unidades monetarias y fallas en el cálculo de fórmulas previstas en leyes, además de reducciones arbitrarias e injustificadas en diversos casos, y omisiones y contradicciones legales en materia de programación y presupuesto.
También identifica la existencia de errores en la asignación de recursos a programas inexistentes, sin contar con metas concretas y cuantificables. De la misma forma, señala que el presupuesto 2005, aprobado la madrugada del jueves 18 de noviembre en San Lázaro, no cumple con los requisitos básicos para la operación eficiente del gasto y contiene reducciones arbitrarias e injustificadas en diversos rubros.
"De no corregirse estos problemas se generará incertidumbre jurídica, se presentarán problemas para la carga del presupuesto y su comunicación a las dependencias y entidades, y se incumplirán diversas obligaciones a cargo del gobierno federal". Pero también "provocará la cancelación de proyectos ya iniciados, mayores costos para el Estado, incumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el sistema de planeación y la paralización y degradación de diversas funciones y servicios públicos".
Argumenta también que existe una "invasión de competencias", ya que hay una falta de apego a la distribución de competencias entre poderes establecida en la Constitución; la determinación específica de obras y servicios a realizarse en estados y municipios, invadiendo las funciones que corresponden al Ejecutivo.
De acuerdo con el documento de Presidencia, se señala que con ello no sólo se quebranta la Constitución, sino también "propicia que el proceso de aprobación presupuestaria sea rehén de intereses particulares o políticos, además de que se cuestionará la aplicación del régimen de responsabilidades a funcionarios públicos en la ejecución del gasto".
Afirma que el Presupuesto de Egresos aprobado por los diputados es inconstitucional porque contraviene leyes federales como las de Planeación, Coordinación Fiscal, Contabilidad y Gasto Público Federal, Federal de Radio y Televisión, del Seguro Social, General de Salud, Orgánica de la Administración Pública Federal, de Presupuesto y Federal de las Entidades Paraestatales.
"Lo anterior provocará incertidumbre jurídica y confusión y retrasos en la ejecución del gasto gubernamental", especifica dicho análisis. En cuanto a las observaciones específicas, asegura el texto que hay contradicciones técnico-presupuestarias, ya que se registra un aumento de gastos sin fuente de ingresos.
Como ejemplo de ello señala que aun cuando la Ley de Ingresos prevé recabar 20 mil millones de pesos como producto de la realización del censo fiscal, la Cámara no aprobó los recursos económicos para poder realizar dicha tarea. Como éste, la Presidencia cita otros casos.
De manera especial, el Ejecutivo expone que la Cámara de Diputados redujo el presupuesto para el pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefa) en 6 mil 750 millones de pesos, con lo cual quedan sin financiamiento diversas obligaciones contraídas, como el pago a proveedores y contratistas, además de subsidios.
Asimismo se mencionan incongruencias en cifras diversas y se pone como ejemplo el gasto programable del IMSS, ya que en los anexos se definió el monto de 202 mil 921 millones de pesos, mientras en el artículo 5 se prevén 204 mil 707.6 millones. Como éste, hay otros casos.
