Martes 28 de diciembre de 2004
Política
Insisten en que
los ministros Aguirre y Gudiño cometieron ''serias irregularidades''
Promueven
también recurso contra la suspensión del ejercicio de partidas presupuestales
ALONSO URRUTIA
La Cámara de Diputados presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de nulidad de la admisión de la controversia constitucional interpuesta el pasado 21 de diciembre por el presidente Vicente Fox, en contra de esa legislatura, por actos relacionados con la aprobación del paquete presupuestal de 2005. En su argumentación, los diputados señalan que los ministros que integran la Comisión de Enlace que dio entrada al recurso del Ejecutivo federal incurrieron en ''serias irregularidades'', además de haber actuado con ''extraña'' celeridad.
Al mismo tiempo, la Cámara promovió otros dos recursos ad cautelum relacionados con la controversia constitucional que la mantiene confrontada con la Presidencia de la República. Así, los legisladores interpusieron un escrito contra el auto de admisión de la demanda, que realizaron los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José de Jesús Gudiño Pelayo, y un segundo recurso contra la suspensión del ejercicio de partidas aprobadas por la Cámara de Diputados.
En la demanda, presentada en nombre del órgano legislativo por el presidente de la mesa directiva, Manlio Fabio Beltrones Rivera, se hace un desglose de las irregularidades cometidas por los ministros en cuestión, partiendo de la ''extraña agilidad'' con que se comportaron para admitir la controversia del Poder Ejecutivo.
Se apunta que si bien se reconoce la ''calidad profesional y honorabilidad''
del que fue designado ministro instructor, Guillermo Ortiz Mayagoitia, se
impugna esta determinación pues fue realizada por los ministros de la Comisión
de Receso, contraviniendo el artículo 24 de la ley reglamentaria, además de las
fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución, que reserva
exclusivamente a la presidencia de la Corte -en este caso Mariano Azuela- esta
facultad.
La Cámara de Diputados añade a su extrañamiento el hecho de que los ministros que realizaron esta designación concluyen que Ortiz Mayagoitia está de vacaciones y, por tanto, ellos asumen la responsabilidad de conocer la controversia.
Más adelante cuestiona que se haya habilitado el periodo de receso como parte de los días hábiles para desahogar el recurso. Esto, mediante la ''indebida aplicación supletoria'' del Código Federal de Procedimientos Civiles. Para los diputados, esta determinación es ilegal, pues dicha aplicación supletoria sólo es procedente ''a falta de disposición expresa''. En este caso en particular sí había esa disposición expresa.
El documento de los diputados destaca que los plazos ''no correrrán durante los periodos de receso, ni en los días en que se suspendan las labores de la Suprema Corte''. Con esta determinación, la Comisión de Receso afectó a la Cámara de Diputados al reducirle el tiempo para preparar su respuesta y, con ello, hacer valer sus derechos en el juicio de controversia constitucional.
La representación legal de la Cámara cuestiona la base jurídica utilizada por los ministros de la Comisión de Receso para avalar sus acciones, pues la sustentaron en el Acuerdo General 12/2004, que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el 29 de noviembre de 2004, fecha en la que ya se veía venir que las diferencias entre el Presidente y los diputados terminaría en el máximo tribunal.
En dicho acuerdo se otorgan a la Comisión de Receso facultades para resolver asuntos jurisdiccionales, lo cual ''excede y contraviene'' lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual sólo admite que dicha comisión pueda dar trámite a ''asuntos administrativos de carácter urgente''.
Con la adición que hizo el pleno de poder conocer ''asuntos jurisdiccionales'', la SCJN ha invadido el ámbito de competencia que corresponde al Poder Legislativo, afirman.
Por lo que hace a los otros escritos promovidos por la Cámara de Diputados, el recurso de reclamación en contra del auto de admisión de la demanda de la controversia se sustenta en que la misma es improcedente. La razón que argumentan los legisladores es que el Ejecutivo federal no tiene derecho de hacer observaciones al decreto de Presupuesto de Egresos 2005 aprobado, pues esta aprobación es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.
Asimismo, se presentó otro recurso en contra de la determinación de la Corte
de suspender el ejercicio de partidas presupuestales, pues se contraviene la
ley reglamentaria del artículo 105 constitucional. En ella -señala la Cámara de
Diputados- se prohíbe que la Suprema Corte decrete la suspensión cuando se
trate de una norma general, y en su consideración el presupuesto lo es. Añade
que la suspensión puede afectar la economía nacional y también ''gravemente'' a
la sociedad.
Difícilmente
prosperará su petición, opinan fuentes judiciales
ALFREDO MENDEZ ORTIZ
El titular de la Unidad de
Controversias Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
Pedro Nava Malagón, informó que será la mañana de este martes cuando la
Comisión de Receso determine si son procedentes los dos ''recursos de
reclamación'' y dos ''incidentes de nulidad de actuaciones'' que presentó ayer
la Cámara de Diputados.
Dichos recursos fueron interpuestos
para impugnar la admisión de la controversia que presentó la semana pasada el
presidente Vicente Fox, y contra la suspensión que obtuvo el titular del
Ejecutivo, con la cual quedaron temporalmente congelados recursos por más de 4
mil millones de pesos que habían sido destinados en el Presupuesto de Egresos
de la Federación 2005 a diversas obras y servicios para varios estados y
municipios.
En entrevista con La Jornada,
el funcionario judicial precisó que los ministros Salvador Aguirre Anguiano y
José de Jesús Gudiño Pelayo, integrantes de la Comisión de Receso de la Corte,
sólo revisarán en las próximas horas si los recursos cumplen con lo establecido
en la ley reglamentaria del máximo tribunal. En caso de que sean aceptados a
trámite serán analizados por cualquier otro de los nueve ministros que están de
vacaciones -regresan el próximo 3 de enero- y posteriormente resueltos en
definitiva por el pleno de la SCJN, lo cual podría tardar hasta dos o tres
meses.
A su vez, fuentes judiciales
refirieron que difícilmente prosperarán los dos recursos de reclamación y dos
incidentes de nulidad que presentó ayer la Cámara de Diputados, en caso de que
el principal argumento de los legisladores sea que los dos ministros integrantes
de la Comisión de Receso no tenían facultades para aceptar la controversia y
otorgar la suspensión solicitada por el Presidente de la República, porque
supuestamente era un asunto que compete al pleno de 11 ministros.
En tanto, Nava Malagón refirió que
cerca de las 9:30 de la mañana del lunes fue notificado respecto a que la
oficialía de partes de la Corte había recibido los recursos jurídicos
interpuestos por el departamento jurídico del Poder Legislativo, por lo que
''al igual que en la ocasión anterior (cuando se admitió a trámite la
controversia y se concedió la suspensión) los dos ministros tienen 24 horas
para acordar lo conducente, es decir, si son procedentes o no, lo que estaremos
en posibilidades de resolver mañana (hoy martes)''.
Ante la pregunta de si sería
difícil que fueran admitidos los recursos con base en el acuerdo 12/2004, que
faculta a la Comisión de Receso de la Corte para conocer cualquier tipo de
controversia constitucional y, de ser necesario, conceder una suspensión, Nava
Malagón indicó que primero habrá que revisar a fondo el contenido de los
documentos ''para ver el sentido de los argumentos y los detalles de las
impugnaciones'', antes de ''emitir cualquier opinión adelantada''.
No obstante agregó: ''El acuerdo
12/2004, que fue tomado por el pleno (del máximo tribunal) y se publicó el 7 de
diciembre pasado, establece textual que se otorgan facultades a las comisiones
de receso para proveer los trámites urgentes de asuntos jurisdiccionales''.
-Ello contradice la versión de la
Cámara de Diputados respecto a que los ministros de guardia se tomaron
atribuciones que no les competen...
-Este es un acuerdo que el pleno de
la Corte asienta expresamente en un acuerdo, pero antes se ha hecho eso
(admitir controversias y otorgar suspensiones) porque hay facultades conforme
al artículo primero de la ley reglamentaria (...) y hay un montón de artículos
y circulares internas de la Corte (...) pero el acuerdo 12/2004 se emitió para
que se publicara en el Diario Oficial de la Federación y los gobernados
no tuvieran ninguna duda respecto de estas facultades.
Critica que
se desacredite al máximo tribunal
ALONSO URRUTIA
Al descalificar el recurso
interpuesto por la Cámara de Diputados, donde se pide la nulidad de los actos
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dieron entrada a la
controversia constitucional que el Poder Ejecutivo interpuso contra el
presupuesto aprobado, el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de
Gobernación, Felipe González, reprobó que los legisladores pretendan
desacreditar a un tercero que puede dar solución a la diferencia entre dos
poderes, ''sólo porque no actuó en su favor''.
Por ahora, dijo, los actos
impugnados que realizaron los ministros que integran la Comisión de Receso de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación están firmes, porque actuaron conforme a
lo que están facultados. Sin embargo, esto no supone que el pleno no se
manifieste sobre el particular en enero próximo, pues ''la Corte también tiene
su autocontrol para autorrevisar de que sus procedimientos estuvieron
apegados a derecho''.
''Lo que no se da en derecho no se
gana en la calle''
En conferencia de prensa, convocada
para hablar sobre los efectos de las heladas en el norte del país, González
alertó contra las posibles manifestaciones que algunos sectores querrán
impulsar para presionar al Poder Judicial. Al señalar que no es mediante la
movilización popular como se van a modificar las decisiones de la Corte en
torno al presupuesto, dijo: ''Lo que no se da en derecho no se gana en la
calle''.
El funcionario federal destacó que
crean falsas expectativas quienes venden la idea de que las manifestaciones
callejeras van a modificar los criterios que adopte la Corte en torno a la
controversia interpuesta por el Ejecutivo contra la Cámara de Diputados.
Insistentemente interrogado sobre
quiénes serían los que promoverían las citadas manifestaciones, dijo que en su
momento, cuando vayan sucediendo las cosas, la Secretaría de Gobernación lo
daría a conocer.
En cualquier caso reiteró que
llamar a la población a manifestarse -como ocurrió este lunes con habitantes
del estado de México frente a la Suprema Corte- sólo crea falsas expectativas
sobre los posibles beneficios o perjuicios que pudiera tener una decisión del
Poder Judicial federal.
''Lamentable, descalificar a un
tercero que posiblemente dé la solución''
En torno a las críticas del
presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio
Beltrones Rivera, a dos ministros del Poder Judicial, el subsecretario de
Gobernación lamentó que asumiera esa postura, ya que no favorece a nadie. ''Si
ya no se pudo con el diálogo previo alcanzar un acuerdo, no podemos ahora
descalificar a un tercero que posiblemente dé la solución.''
González recordó la ''falta de
voluntad política'' de la mayoría opositora en la Cámara de Diputados, ''cuando
creímos que todo estaba en buenos términos'', y que al final no se llevó a cabo
el diálogo. ''Me parece que ahora sí debemos ser corresponsables de lo que está
sucediendo y dejar a la Corte actuar en libertad, sin presiones, sin
descalificaciones para que pueda resolver.''
En una controveria, agregó, 50 por
ciento queda conforme y el resto inconforme, que es aquel que no recibe los
beneficios de los acuerdos de la Corte, pero eso ''no da derecho a descalificar
el papel del Poder Judicial''.