Viernes 24 de diciembre de 2004
Política
Critica la
''ignorancia supina'' de Santiago Creel al fijar su postura sobre la
controversia
El vocero de
Gobernación rechaza lo que llamó ''amenaza'' o ''intimidación'' a magistrados
ROBERTO GARDUÑO
La Cámara de Diputados prevé entablar un procedimiento de juicio político contra los ministros Sergio Salvador Aguirre y José de Jesús Gudiño, quienes concedieron la suspensión del acto reclamado por el Ejecutivo federal en la controversia constitucional contra el presupuesto de egresos, anunció el presidente de la mesa directiva del órgano legislativo, Manlio Fabio Beltrones. El legislador respondió, en entrevista con este diario, a la postura asumida por el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, quien justificó la decisión de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
No me defiendas, compadre
''Hago una observación a los comentarios imprudentes y que, con una ignorancia supina, emitió el secretario de la confrontación o de la Gobernación actual del presidente Vicente Fox, que para eso está más ocupado en congraciarse con una candidatura que en buscar los acercamientos que la política exige entre poderes y entre quienes piensan distinto. Espero que el señor secretario de Gobernación empiece a leer un poco más para que no demuestre una ignorancia supina, como lo hizo en este caso. Que por cierto, diría algún miembro de la Corte de manera coloquial, no me defiendas, compadre.''
-¿En qué se equivoca el secretario de Gobernación al defender a los ministros?
-Debe leer la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, en especial su artículo tercero, que habla de cómo los plazos se computarán y no correrán en los periodos de receso ni en los días que se suspendan las labores en la Corte.
-Los señalamientos contra los magistrados ¿en qué ámbito legal se establecen?
-En la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, donde se desprende
el procedimiento obsequioso, sobre todo del ministro Salvador Aguirre
Anguiano, quien sin respetar el artículo cuarto de la ley orgánica, donde dice
que se deberá notificar al día siguiente
de haberse pronunciado, lo hizo el mismo día con una enorme agilidad; ojalá ese
órgano de justicia sea recipiendario de todos los argumentos que se le viertan.
-También los ministros argumentaron que su decisión obedeció a las facilidades que el Código Federal de Procedimientos Civiles les concede...
-No es posible que se quiera aplicar el Código Federal de Procedimientos Civiles para declarar hábiles los días inhábiles, debido a que el artículo primero dice que sólo a falta de disposición expresa se estará en las previsiones del código federal, y aquí hay una disposición expresa de que los plazos no correrán en los periodos de receso. En la misma ley se señala que solamente podrá nombrarse al ministro instructor que conozca de la controversia directamente, por el presidente de la Suprema Corte, no por algún ministro de guardia.
-En la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se establece la figura de juicio político. ¿Esta es aplicable a los ministros Aguirre y Gudiño?
-Bien dicen sus asesores que las decisiones de los ministros de la Corteson suficientes para proceder a un juicio político, porque ellos están obligados a cuidar y salvaguardar las leyes y la Constitución Política, mismas que han violado flagrantemente.
-¿No existe temor de represalias del pleno de ministros contra la Cámara de Diputados?
-Esto no quiere decir que yo esté en contra del Poder Judicial, y sobre todo de la Suprema Corte de Justicia, en la que confío, sobre todo en la probidad de la mayoría de sus integrantes, quienes han demostrado ser juristas reconocidos y hombres honestos en quienes me apoyaré para hacer valer mis argumentos en defensa de la Cámara de Diputados, en defensa de mis legisladores, que como representantes populares solamente cumplieron con su facultad constitucional para mejorar el presupuesto.
Al mediodía, el diputado Beltrones fue entrevistado por Joaquín López Dóriga Ahí, el legislador desglosó los pasos que habrá de dar el órgano legislativo ante la decisión de los ministros de guardia: ''La reclamación es un recurso previo a la respuesta que deberá dar la Cámara de Diputados a la notificación que nos han hecho de que admitieron la demanda de controversia constitucional; después tendremos 30 días para dar respuesta junto con nuestros alegatos, pero previamente tenemos cinco días para poder utilizar el recurso de reclamación. No estamos conformes con lo que sucedió; puede ser un llamado a misa, pero ya vimos que hicieron lo que quisieron, violando la Ley Orgánica del Poder Judicial y la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución, lo cual no habla bien de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Esto es irregular y preocupante que suceda, porque es una actitud facciosa de un ministro, no de la Corte.
Minutos después de la entrevista radial, se comunicó a la emisora Gonzalo Altamirano Dimas, vocero de la Secretaría de Gobernación. El funcionario repitió el discurso de su jefe (Santiago Creel) y acusó a los diputados de no estar bien informados sobre el procedimiento de la controversia constitucional, y defendió a los ministros en cuestión.
''Tampoco podemos estar de acuerdo en el tono intimidatorio; no es prudente que el presidente de la Cámara de Diputados esté insinuando que se podría realizar un juicio político en contra de ministros de la Suprema Corte de Justicia. Está mencionando a uno de ellos; esta amenaza o intimidación bien puede extenderse hacia el resto de los ministros que van a conocer un asunto de tanta importancia para el país.''
Beltrones se comunicó de nuevo a la estación de radio y replicó que sus palabras no son una insinuación, porque a la ley deben estar sujetos todos y en especial en lo que respecta a la Ley Orgánica del Poder Judicial, ''y señalo: quienes no se apegaron para poder admitir y resolver en esta suspensión; nadie debe sentirse ofendido y menos intimidado. Simplemente hacemos uso de nuestro derecho y nuestras facultades, y lo que les recomendamos es que lean la ley reglamentaria y la Ley Orgánica del Poder Judicial, en donde no se tenía mayor posibilidad de otorgar la suspensión por parte de los ministros que se encuentran en receso''.
También refutó a Creel, y le envió un mensaje: ''Ojalá como vocero se lo
digas a tu jefe, el secretario de Gobernación, que se mesure también para que
cuando aparezca en televisión sea lo concreto necesario y no esté hablando de
más''.
No desaprovecha
ocasión para atacar al presidente de la mesa directiva de San Lázaro, dicen
ANDREA BECERRIL
El
secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, muestra ''una ignorancia
supina'' al celebrar un supuesto triunfo anticipado cuando aún no se sabe cuál
será la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno
a la controversia constitucional que interpuso el titular del Ejecutivo,
advirtió el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) David
Jiménez.
A su vez, otros legisladores
priístas, como Martha Tamayo, expresaron también molestia por la actitud del
responsable de la política interior, quien ''no desaprovechó aparecer en un
programa de televisión la víspera para atacar al presidente de la Cámara de
Diputados, Manlio Fabio Beltrones''.
Sólo el panista Diego Fernández de
Cevallos sostuvo que es ''perfectamente normal'' el trámite acelerado que se
dio en la Suprema Corte para dar entrada al recurso interpuesto por el
presidente Fox. ''No han entrado al fondo de la cuestión, no han dicho en
definitiva quién tiene la última palabra, sencillamente se concretaron a dar
entrada a la demanda y a suspender sólo determinadas partidas; eso no debe sorprender
a nadie.''
También el priísta David Jiménez
dijo que era normal que se admitiera la controversia, y no hay irregularidad
alguna en ello. ''Lo que sorprende es la actitud triunfalista de Creel, porque
de ahí a que la Suprema Corte resuelva favorablemente para Fox, hay un gran
abismo. Creo que no va a ser así, que al resolver el fondo del asunto el máximo
tribunal dará la razón a la Cámara de Diputados y sentará un precedente
histórico, al definir con toda claridad si el Presidente de la República tiene
o no facultad de veto en la resolución del presupuesto.''
El legislador priísta deploró, sin
embargo, que el secretario de Gobernación insista en su actitud ''rijosa''
hacia el Congreso de la Unión, como lo demostró con sus declaraciones después
de que se anunció la entrada de la controversia constitucional.
''El señor Creel Miranda se ufanó
anoche (el pasado miércoles) por televisión, y dijo que el presidente de la
Cámara, el diputado Beltrones, desconoce la técnica procedimental de las
controversias, pero quien no tiene idea es él, porque el hecho de que se le
haya dado entrada a la solicitud del Ejecutivo de ninguna manera significa ya
un fallo a su favor. El estar celebrando por anticipado, cuando aún no sabemos
cuál será la resolución del tribunal, muestra una ignorancia supina por parte
del secretario de Gobernación.''
Entrevistada por separado, la
senadora Tamayo expresó confianza en que la Suprema Corte actuará con
profesionalismo y absoluta imparcialidad, a fin de dar la razón a quien la tenga.
''La resolución, estoy segura, será a favor de la Cámara de Diputados.''
Por su parte, el senador del
Partido de la Revolución Democrática Jesús Ortega hizo notar que es hora ya de
que el secretario de Gobernación actúe como tal y deje de ''pelear'' con el
Congreso. ''El debe ser un operador político, no un fajador que todos los días
busca confrontarse con los legisladores o con el jefe de Gobierno del Distrito
Federal.''
Hace 22
años, ante diputados, defendió lo que consideró su triunfo a una diputación
Es uno de
los dos magistrados que aceptaron de modo expedito la controversia de Fox
ROBERTO GARDUÑO
El 23 de agosto de 1982, Sergio
Salvador Aguirre Anguiano subió a la tribuna de la Cámara de Diputados,
constituida en Colegio Electoral, para exigir fuera reconocida la victoria que
él aseguraba había obtenido en los comicios federales de aquel año, cuando
participó como candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a una diputación
federal.
El Colegio Electoral rechazó sus
argumentos y el ahora ministro de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), quien aceptó de manera expedita la controversia
constitucional promovida por el presidente Vicente Fox, destacó entonces en la
tribuna camaral su auténtico panismo:
''¿A qué vengo aquí? ¿A hacer la
defensa de mi partido, Acción Nacional? No me necesita. El partido se defiende
con la voluntad del pueblo y con sus principios de doctrina. Nada he de aportar
en pro de su defensa.''
Y es que Sergio Salvador Aguirre
Anguiano, quien en esta época y apenas unos meses atrás otorgó una suspensión
al gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, para mantenerse en su puesto
a pesar de que fue removido por el Congreso de su estado, en aquella
intervención de 1982 ante el Colegio Electoral se lanzó contra el poder que
ahora defiende: el Ejecutivo federal.
''En efecto, el Ejecutivo usurpa
frecuentemente las funciones de la soberanía del Congreso de esta Cámara, de
este colegio en génesis hacia el Congreso, hacia la Cámara'', y recordó un
hecho tristemente célebre, donde el personaje principal fue José López
Portillo.
''No hace mucho, con motivo del
colapso económico que padecemos, el presidente de la República violó el
artículo 73, fracción 18 constitucional... el presidente entonces usurpó
funciones del Congreso y nadie chistó cuando decretó paridades y prohibiciones
de pago en especie a los bancos.''
En aquel alegato recordó un hecho
donde lo que menos imperó fue la justicia. Esas frases emitidas en la tribuna
camaral retratan su actual proceder.
''Recuerdo el caso del juez de
Lorena, Nicolás Remigius; pensé que el exotismo de su conducta equivalía a que
fuera adoptado aquí en el evento de que esta magistratura votara en contra de
un dictamen de comisión en contra del PRI. Este exótico juez, después de haber
mandado al patíbulo a mas de 100 personas por brujería, cayó en el devaneo de
beber una sustancia opiácea (relativo al opio) y participar en una noche
sabática. Cuando llegó al equilibrio pasado su desliz, firmó un acta de
acusación en contra de sí mismo, promulgó una sentencia en su contra y tuvo
muerte patibularia. Pensé que con todo aquello era prácticamente imposible que
la carga de conciencia de cada uno de los magistrados colegiados los llevara a
resolver en pro de la democracia. Pensé que a qué venía aquí. ¡A hacer una
defensa mía! Sería absurdo.''
Y un mes atrás, Sergio Salvador
Aguirre fue el ministro que recibió la demanda de controversia constitucional
interpuesta por la Cámara de Diputados -en noviembre- contra el Ejecutivo
federal, y directamente señalando al secretario de Gobernación, por haber
publicado un reglamento de juegos y sorteos violatorio de la Constitución.
El integrante de la Suprema Corte
retardó el procedimiento y al entrevistarse con los diputados del Partido
Revolucionario Institucional que acudieron a conocer sus argumentos sobre la
inacción, Héctor Gutiérrez de la Garza y Claudia Ruiz, respondió de la
siguiente forma: ''No tengo recursos para resolver esto, porque ustedes
recortaron el presupuesto, y en segundo lugar, porque ya nos vamos de
vacaciones''.
Justicia y gracia...
El mismo personaje que habló así
hace más de dos décadas ante el Colegio Electoral, es el que violando los
preceptos señalados en el artículo 105 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos dio entrada y decretó la suspensión de los actos
reclamados por el Ejecutivo, apenas el miércoles pasado.
El ministro Aguirre Anguiano,
aparte de conceder la gracia mediante la suspensión concedida al gobernador de
Morelos, fue regidor del Partido Acción Nacional en Guadalajara.
También en su trayectoria
profesional se destaca como abogado y consultor profesional; fue apoderado del
Banco Nacional de México, consejero regional del Banco Internacional, asesor de
diversas instituciones de crédito y corporaciones particulares, así como
docente en la cátedra de derecho penal en la Universidad Panamericana,
institución ésta de corte religioso.
El primero de febrero de 1995,
Aguirre Anguiano asumió el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, nombramiento autorizado por el Senado de la República.
Ministro
instructor, nombrado sin atribuciones
ROBERTO GARDUÑO
Los ministros Sergio Salvador
Aguirre Anguiano y José de Jesús Gudiño Pelayo, integrantes de la Comisión de
Receso de la Suprema Corte, violaron la ley reglamentaria del artículo 105 de
la Constitución, al asumir atribuciones que no corresponden más que al
presidente del Poder Judicial.
Tanto Aguirre como Gudiño
decidieron, con base en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos
Civiles, nombrar ministro instructor del procedimiento de controversia
constitucional al ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien se encuentra de
vacaciones y únicamente debería ser designado, en su caso, por el presidente de
la Suprema Corte, Mariano Azuela Güitrón.
Además, los dos ministros involucrados
en el controvertido caso de la suspensión a los actos reclamados por Vicente
Fox, se autonombraron conductos para la tramitación de la controversia bajo el
señalamiento de que Ortiz Mayagoitia se encuentra de vacaciones.
Tales determinaciones son
violatorias de la Constitución, como lo expresa la ley reglamentaria del
artículo 105, que determina cuál es el proceder para el caso del actuar de la
Suprema Corte frente a las controversias constitucionales: en el artículo
primero de la ley reglamentaria citada se advierte que ''la Suprema Corte de
Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del
presente título, las controversias constitucionales y las acciones de
inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105
de la Constitución''.
El siguiente artículo refiere que,
para efectos de ''esta ley, se considerarán como hábiles todos los días que
determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación'' (y en tal caso
la segunda quincena del mes de diciembre se establece como periodo vacacional).
En adelante, el artículo tercero
refiere que los plazos se computarán de conformidad con las reglas siguientes:
comenzarán a correr al día
siguiente al que surta sus efectos la notificación, incluyéndose en ellos el
día del vencimiento; se contarán sólo los días hábiles, y no correrán durante
los periodos de receso ni en los días en que se suspendan las labores de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el artículo cuarto se especifica
que las resoluciones deberán notificarse al día siguiente en que se hubiesen
pronunciado, mediante publicación en lista y por oficio entregado en el
domicilio de las partes, por conducto del actuario o mediante correo en pieza
certificada con acuse de recibo. En casos urgentes, podrá ordenarse se haga vía
telegráfica. Es decir, los ministros Aguirre y Gudiño trastocaron la ley al
considerar la controversia constitucional como un acto simplemente
administrativo, cuando su naturaleza es judicial y de fondo, misma que deberá
ser resuelta por el pleno de ministros.
Los
ministros se vendieron, acusa el PT; Burgoa, un "abogado
fotografiable": PAN
El
gobernador de Durango pide que no se recorte el presupuesto para
infraestructura
ROBERTO GARDUÑO Y ELIZABETH
VELASCO, Y SAUL MALDONADO Y JESUS NARVAEZ REPORTEROS Y CORRESPONSALES
La suspensión concedida al
Ejecutivo federal por dos magistrados de guardia en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación polarizó las opiniones en la Cámara de Diputados, donde
el petista Alejandro González Yáñez acusó a los integrantes del Poder Judicial
de haberse "vendido al Presidente de la República", mientras el
vicecoordinador del PAN, Germán Martínez, dijo que el constitucionalista
Ignacio Burgoa es, simplemente, "un abogado fotografiable".
El líder de la fracción petista
advirtió que el país se encuentra "al borde de una crisis constitucional
porque los garantes de la Carta Magna la están pisoteando; mientras Vicente Fox
judicializó la política, el Poder Judicial politizó la justicia. México entra
en proceso de convertirse en un barco a la deriva, con gravísimas
consecuencias, porque tengo la impresión de que el trasfondo es la sucesión
presidencial".
Germán Martínez todavía abrigó
esperanzas de que por la vía de la controversia constitucional,
"juntos" los tres poderes de la Unión, se elabore un presupuesto
"en condiciones de legalidad y de constitucionalidad en los ejercicios
fiscales que están por venir".
En tanto, el grupo parlamentario
del PRI manifestó en un comunicado su confianza en las decisiones jurídicas que
habrá de emprender la mesa directiva de la Cámara de Diputados con relación a
los tiempos y obligaciones que deba asumir con motivo de la controversia
constitucional del Presidente de la República:
"Los diputados priístas
reafirman su convicción de que el presupuesto aprobado es políticamente
correcto, socialmente adecuado y jurídicamente respetuoso de las atribuciones
de los poderes de la Unión. Ratifican la pertinencia de la decisión soberana de
la Cámara sobre el presupuesto y confían en las bondades de un gasto que
contribuya a la recuperación económica."
La dirigencia nacional panista
rechazó que la decisión de la Corte de aceptar la controversia y suspender el
ejercicio del presupuesto reclamado por el Ejecutivo federal tenga algún tinte
político o haya sido aceptada por la filiación panista de algún magistrado. El
secretario de Acción de Gobierno del PAN, Alejandro Zapata Perogordo, manifestó
que era obvio que los magistrados otorgaran la suspensión en el ejercicio del
presupuesto reservado por el Ejecutivo, porque de no hacerlo se "quedaría
la controversia sin materia", y eso lo saben los legisladores y el abogado
constitucionalista Elisur Arteaga.
El dirigente panista exigió acabar
con los rumores y suspicacias sobre la presunta filiación partidista de los
ministros y pidió al Poder Legislativo "mayor seriedad y respeto"
hacia la Corte, pues no se trata de personas, sino de "instituciones que
han salvaguardado la constitucionalidad en México".
Opiniones de gobernadores
Por su lado, el gobernador de
Durango, Ismael Hernández Deras, dijo que el presidente Fox está en todo su
derecho de haber interpuesto una controversia constitucional, aunque espera que
los 400 millones de pesos para programas carreteros destinados a esta entidad
para 2005 no se cancelen. "Sí puede haber reacomodos o reasignaciones en
el presupuesto, pero confiamos en que, independientemente de la posición que
determine el Poder Judicial, no vaya a impactar en los proyectos de
infraestructura".
Por su parte, el gobernador de
Nayarit, Antonio Echevarría Domínguez, calificó de "valiente e
histórica" la decisión del Presidente, pues reconoce su convicción
democrática de poner en manos del máximo tribunal del país la definición
precisa de las facultades y atribuciones que tienen los poderes Ejecutivo y
Legislativo de la Federación.
Pesimista
percepción de analistas, advierte el CEESP
ANTONIO CASTELLANOS
El presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), José Luis Barraza, expresó ayer su temor de que
el desencuentro entre el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión por el
Presupuesto de Egresos desemboque en un choque de poderes que cause daño a la
economía nacional en el largo plazo.
Es preocupante, manifestó, el hecho
de que el gobierno y los diputados federales hayan politizado un asunto meramente
económico, como es el gasto público. Eso podría generar incertidumbre en los
mercados en el largo plazo, advirtió el dirigente del CCE que agrupa a
industriales, comerciantes y banqueros.
Sobre el tema, el presidente de la
Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), León Halkin, expresó
que es lamentable que en el diseño del presupuesto hayan prevalecido más los
criterios políticos que los económicos. Esto puede provocar recortes en el
gasto que afectarán el desarrollo, puntualizó.
Por separado, coincidieron en que
haber politizado la discusión del gasto público genera incertidumbre, sobre
todo después de que la Cámara de Diputados anunció que estudia presentar un
recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que
ésta admitió una controversia constitucional interpuesta por el presidente
Vicente Fox en contra del presupuesto aprobado en San Lázaro.
El Centro de Estudios Económicos
del Sector Privado (CEESP) consideró que pese a que la evolución de las principales
variables económicas sigue mejorando, la percepción de los analistas es
pesimista. Los resultados de las más recientes encuestas entre los expertos
señalan que los niveles de confianza son en este momento los más bajos del año,
indicó.
El factor que mayor incidencia
tiene sobre dicha situación ha sido el entorno político prevaleciente, sobre
todo porque durante lo que resta del sexenio no se esperan buenas noticias
respecto a las reformas estructurales. Se tata de un contexto que si bien no ha
incidido en la actividad productiva, puede contaminar la confianza, factor
fundamental para la inversión, motor del crecimiento y base indispensable de la
creación de empleos, añadió. Otro factor que preocupa a los empresarios es el
reciente desplome de los precios internacionales del petróleo. La mezcla
mexicana de exportación llegó a principios de este mes a 26 dólares por barril,
nivel inferior al promedio estimado en la Ley de Ingresos. La perspectiva es
que siga cayendo, sobre todo si la economía china reduce su dinamismo, como
todos esperan que ocurra.
Los analistas del CEESP indicaron
que de seguir la tendencia a la baja de los precios del petróleo, la actividad
económica de Estados Unidos se verá beneficiada, pero para México significará
enfrentar desequilibrios presupuestales.
Al respecto destacaron que debe
quedar claro que el precio del crudo está en manos del mercado y no del
Congreso. Por ello "estamos seguros de que antes de empezar el año los
recortes en el gasto afectarán nuevamente la administración central, la
inversión y, en menor medida, los recursos participables".