Jueves 23 de diciembre de 2004



Política


En 5 días haremos valer ese derecho, anuncia Beltrones

Solicitarán diputados a la Corte una reconsideración

Les extraña que el órgano judicial se haya mostrado obsequioso

ROBERTO GARDUÑO Y GEORGINA SALDIERNA

Manlio Fabio Beltrones, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, anunció ayer que ese órgano hará valer su derecho de que se haga una reconsideración a la admisión que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la controversia constitucional impulsada por el jefe del Ejecutivo, y que ello ocurrirá en un plazo de cinco días.

El legislador se mostró extrañado de que la Corte haya sido tan ''obsequiosa'' en este caso, pues se encuentra de vacaciones y sólo están dos ministros instructores, que únicamente pueden dar trámite a asuntos de carácter administrativo de orden urgente.

''Entiendo que se ha habilitado a un ministro instructor para que conozca de este asunto y, en su ausencia, se ha legitimado a otros dos ministros que se encontraban de guardia. La Ley Orgánica del Poder Judicial señala que estos juzgadores pueden conocer de asuntos administrativos urgentes, pero la controversia constitucional es un asunto de fondo, judicial'', explicó.

Aunado a ello refirió que la misma controversia establece los siguientes días como hábiles, de tal suerte que la notificación recibida por la Cámara de Diputados empezó a surtir efectos desde ayer; esto implica que ''ellos están en estos momentos legislando que los días hábiles surtan efectos a partir de este mismo miércoles''.

Agregó que el tema es un poco complicado, que no conoce a profundidad el reglamento del Poder Judicial como lo deben conocer los ministros de la Suprema Corte. ''Pero estoy seguro de que ellos, conociéndolo, han actuado conforme a derecho.''

Beltrones Rivera puntualizó que en los próximos cinco días la Cámara hará valer su derecho para que se haga una reconsideración de esta admisión. Adicionalmente destacó que tienen 30 días para responder la controversia.

Terceros interesados

Sobre la suspensión de los actos reclamados por el jefe del Ejecutivo, dijo que con ello se afecta a estados, municipios y universidades, los cuales son terceros interesados de manera inmediata, y ''a los mismos que nosotros haremos valer en nuestro recurso para que sean escuchados también en los siguientes 30 días que tenemos para responder''.

A su vez, el diputado del Partido de la Revolución Democrática Arturo Nahle García calificó de muy grave que los dos ministros que están de guardia, y que solamente tienen facultades para realizar actos administrativos, hayan admitido la controversia y otorgado una suspensión sin garantía al Presidente de la República, dejando en suspenso el ejercicio de alrededor de 4 mil millones de pesos.

Esto es como si la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el día de hoy expidiera una ley, cuando no estamos facultados para legislar, puntualizó, al señalar que en este caso hay un acto a todas luces ilegal que la Cámara de Diputados debe impugnar a través del recurso de reclamación que establece la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, para que sea el pleno de la Corte el que reconsidere esta resolución arbitraria e infundada que emitieron los dos ministros.

A su vez, el diputado del Partido del Trabajo Alejandro González Yáñez dijo que con la decisión que tomó la Suprema Corte ya se vislumbra que los garantes de la Constitución están asumiendo una actitud de colusión facciosa con el titular del Poder Ejecutivo. De igual manera, se muestra claramente que han caído en conflicto de intereses en la medida que ellos son juez y parte del proceso.

Para el legislador, la Cámara de Diputados se encuentra ante una situación inédita en su historia, pero ''va a ejercer todo su poder para que no prospere lo que ya se vislumbra como un acuerdo tácito entre los poderes Ejecutivo y Judicial para tomar una decisión contraria al marco jurídico nacional''.

Estimó que el ''atropello'' que practica la Corte está completamente planificado. ''Es deliberado, porque estamos hablando que en corto tiempo han tomado decisiones trascendentales que no se pueden tomar en ese breve lapso.''

El petista consideró que la anterior consejera jurídica de la Presidencia, María Teresa Herrera, está operando como un cuadro directo del Presidente para que a través de ella el Ejecutivo le dé línea al Judicial. ''Lo que estamos viendo en los hechos es que el Poder Judicial no tiene autonomía, independencia o soberanía. Estos ministros están completamente al servicio del Presidente de la República y la operadora, la encargada de echar a andar esa maquinaria es María Teresa Herrera Tello.''

Por la noche, la fracción del PRI en la Cámara de Diputados emitió una declaración en la que expresa su confianza en las decisiones jurídicas que en nombre de la misma deba emprender la mesa directiva, en relación con los tiempos y obligaciones que deba asumir con motivo de la controversia interpuesta por el jefe del Ejecutivo.

 


 


Legisladores de PRI y PRD lo llaman a la mesura

Deplorable, que Creel alabe algo que apenas comienza: senadores

ANDREA BECERRIL

Senadores priístas y perredistas exigieron mesura al secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, ya que consideraron ''deplorable'' que haya aplaudido la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de dar entrada a la controversia constitucional del presidente Vicente Fox contra la Cámara de Diputados, como si hubiera sido ya un fallo favorable.

''¿Cómo se pone a celebrar el señor Creel, cuando apenas comenzó el proceso en la Suprema Corte? Ello quiere decir que lo están usando políticamente para escandalizar'', comentó el senador del Partido Revolucionario Institucional Manuel Bartlett.

''Es el canto del cisne victorioso, cuando la Corte lo único que ha hecho es aceptar analizar el recurso'', señaló a su vez la senadora del tricolor Laura Alicia Garza Galindo, quien resaltó que ''sorprende'' la celeridad con que el máximo tribunal dio entrada a la controversia constitucional interpuesta un día antes por el titular del Ejecutivo federal.

A su vez, el senador perredista Jesús Ortega consideró que tanto el presidente Fox como el titular de Gobernación quieren obtener un beneficio electoral para el Partido Acción Nacional, y por ello aprovechan para magnificar el diferendo con la Cámara de Diputados. No es posible, agregó, que en cuanto se dio entrada a la controversia, Creel saliera de inmediato a festejarlo y a confrontarse aún más con el Congreso.

En entrevista por separado, Garza Galindo dijo que ''causa pena'' esa actitud del titular de Gobernación, quien en lugar de pedir espacio, tiempo y paciencia para que se diriman las diferencias, ya está cerrando la posibilidad de que la Suprema Corte dictamine en favor de la Cámara de Diputados. ''La está inclusive enterrando, porque dijo que hay que echarle tierra a la opinión de juristas sumamente respetables que conocen de controversias constitucionales.''

Para la legisladora tamaulipeca, la confrontación entre Fox y la Cámara de Diputados alcanzó ya niveles preocupantes debido a que el Presidente no supo negociar a tiempo y tampoco contó con operadores políticos para ello.

La otra cuestión ''es que el Ejecutivo se está viendo poco generoso al privilegiar el gasto corriente y evitar que se canalicen recursos a las entidades y municipios para obras y servicios, en aquellos lugares donde es impresionante el nivel de desempleo''.

Tanto Garza Galindo como Ortega Martínez exigieron mesura al titular de Gobernación y expresaron confianza en que el fallo de la Corte, luego de analizar el fondo del asunto, será en favor de la Cámara de Diputados.

''A mi juicio, ni siquiera se le debió dar entrada a la controversia; se la debió desechar por notoriamente improcedente, pero si ya se aceptó es porque los ministros le quieren entrar al fondo del asunto. Estoy también cierto que la resolución final será negativa para Fox, ya que los argumentos que presentan él y sus abogados son pueriles, insustanciales, totalmente superficiales'', precisó el perredista Ortega Martínez.

 


 


Enfrentamientos entre Ejecutivo y Legislativo, la causa

Alerta la UNT sobre el riesgo de un abierto conflicto social

PATRICIA MUÑOZ RIOS

Los crecientes conflictos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo; entre los gobernadores y el Presidente; el malestar de la población por la falta de resultados de las políticas gubernamentales; el descontento generalizado por el estancamiento económico, y la falta de coherencia de los miembros del gabinete han creado una situación de abierto conflicto social que podría desembocar en ''choques'' violentos.

La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) planteó lo anterior al dar a conocer los posibles escenarios para 2005, y en ese contexto establece que hay un rechazo social por la falta de medidas eficaces por parte del gobierno.

Asimismo, pronostica que si la controversia constitucional que interpuso el presidente Vicente Fox ante la Suprema Corte de Justicia le da la razón al Poder Legislativo, el Ejecutivo quedará en una ''situación de orfandad política'' que afectará gravemente no sólo a esta figura, sino al país mismo.

Para la UNT, hay ''diversos escenarios'' que se pueden dar en el país al final del sexenio, ninguno de los cuales es positivo: en el primero, habla del regreso del autoritarismo a México, si es que gana la Presidencia el ala madracista del PRI; en el segundo, regresa este partido a Los Pinos por otro grupo y establece una política de negociación y firmeza con los sectores no alineados.

En el tercer escenario que vislumbra esta organización, los crecientes conflictos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo llevan a un ''choque'', donde el gobierno enfrenta a las fuerzas sociales que discrepan de su proyecto, y donde la inconformidad por la desigualdad, las acciones de impunidad y la falta de seguridad ''se mezclan en este choque''. En resumen, hay ingobernabilidad, advierte.

Al señalar el cuarto escenario, el análisis de esta organización indica que podría darse la ''venezolanización'' de la política, y en el quinto menciona la movilización social que impulsa la transición. Indica que la ''actual dinámica de enfrentamientos partidarios, estimulada por la anticipación de la campaña presidencial, la lucha entre partidos y la incoherencia de la política presidencial, avanza enérgicamente hacia una situación de violento enfrentamiento político''.

 



''Fortaleza de las instituciones''

Apenas unas horas después de la aceptación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a su demanda de controversia constitucional sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, la Presidencia de la República comunicó que, como efecto de esa medida, el gobierno federal no estará obligado ''por lo pronto'' a gastar el presupuesto en una serie de obras y proyectos específicos y particulares que habían sido definidos por los diputados ''en exceso de sus atribuciones constitucionales''.

Ello, se indicó, es un efecto que deriva de la determinación de la Comisión de Receso de la SCJN, que concedió la suspensión respecto de los efectos y consecuencias de los actos impugnados.

La Presidencia destacó además que la determinación de la Corte ''expresa la fortaleza de las instituciones'' y con ello ''se cerrará el paso al rumor y la especulación que tanto dañan a la República''.

Al mismo tiempo, reiteró que su interés al interponer la controversia es que se reconozca la facultad del titular del Ejecutivo para hacer observaciones al decreto de Presupuesto de Egresos, esto es, la ''facultad de veto'', y conocer también cuáles son los límites en las competencias de la Cámara de Diputados para analizar, discutir y en su caso modificar el proyecto de presupuesto presentado por el presidente Fox.

El vocero presidencial, Rubén Aguilar Valenzuela, leyó un texto donde el Ejecutivo federal abona a su causa al establecer que el pleno equilibrio de poderes sólo se alcanzará cuando cada uno de ellos ejerza de manera cabal las atribuciones que le dicta la Constitución.

Establece que la Carta Magna señala, a todos los que intervienen en la aprobación del presupuesto, la obligación de garantizar que los recursos públicos se destinen no sólo para que el gobierno federal cumpla con sus tareas en beneficio de los mexicanos, sino también para que éstos contribuyan al crecimiento económico y social del país.

También dijo que el Presidente de la República reiteraba, por su conducto, su convicción de que en una democracia como la mexicana es imprescindible que la distribución del gasto se realice bajo criterios de oportunidad, eficiencia y equidad.

La decisión de la Corte, asume la Presidencia, es un primer paso dentro del procedimiento que rige las controversias.

Aguilar Valenzuela cerró la lectura del comunicado con expresiones claramente políticas. Se insiste en que el país vive nuevos tiempos y que la democracia se consolida al mismo tiempo que se construye un nuevo marco institucional el que exige la gobernabilidad democrática. ''Con reglas claras e instituciones sólidas gana México y todos los mexicanos.''

El Ejecutivo federal, concluye el texto, ''siempre privilegiará la ruta de la institucionalidad y del absoluto cumplimiento al estado de derecho, no sólo porque es una exigencia de la ciudadanía, sino porque es la responsabilidad que cada uno de los poderes debe a la nación''.

Rosa Elvira Vargas

 


La determinación tiene "connotaciones políticas"

Elisur Arteaga: en duda, la credibilidad de la Corte

El Legislativo podría interponer recurso de reclamación

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de aceptar la controversia promovida por el Poder Ejecutivo contra la Cámara de Diputados para impugnar los ajustes al Presupuesto de Egresos 2005, así como la suspensión que concedió el máximo tribunal al presidente Vicente Fox, misma que congela provisionalmente la ejecución de diversas partidas presupuestales por un monto de 4 mil 195 millones de pesos, representa "una determinación que tiene connotaciones políticas", aseguró el constitucionalista Elisur Arteaga, quien consideró que la Corte "cambia de criterio dependiendo de cuál sea una de las partes en conflicto y según los intereses políticos que estén en juego".

Después de conocer la noticia, el abogado y profesor de derecho constitucional refirió que la SCJN demostró ayer "que sigue tomando partido (en ciertos casos), y por eso cambió de criterio, porque era notoriamente improcedente la suspensión" que otorgó al Presidente de la República.

Precisó que el presupuesto de la Federación, "aunque no es ley y tampoco es un decreto, tiene la particularidad de ser general y abstracto. Entonces no procedía la suspensión. La ley dice que no procede ese recurso respecto de normas generales, y esto tiene una generalidad de abstracción. Ahora se entiende la medida por cuanto que uno de los ministros que la emitieron fue (Salvador) Aguirre Anguiano, de filiación panista".

-¿Tiene connotaciones políticas la decisión de la Corte? -se le preguntó.

-Evidentemente, y contra esta decisión lo que procede es que la Cámara de Diputados interponga el recurso de reclamación. Ahora, desde luego, el término para contestar la demanda va a comenzar a partir del 3 de enero y va a vencer aproximadamente a mediados de febrero, y si efectivamente como dicen va a involucrar a muchas instituciones, entidades y poderes, esto se va a estar resolviendo hasta el año que entra.

-¿Hubo alguna presión hacia los ministros?

-No creo que sea presión, sino que participó un ministro del mismo tipo (ligado al PAN); entonces tenían que responder así.

-Entonces, la suspensión no debió ser otorgada.

-No, la Corte en estos casos no concede la suspensión. Pero ya nos estamos acostumbrando a que cambie de parecer según se interese por una de las partes. Vamos a tener que pensar en cambiar ya este tribunal -añadió el especialista.

-¿Esta decisión afectará la credibilidad del máximo tribunal del país?

-Está afectándola, claro.

 


 


El país no saldrá afectado, replica Acción Nacional

Genera inestabilidad política la decisión, según priístas

ELIZABETH VELASCO, VICTOR RUIZ Y JAVIER SALINAS REPORTERA Y CORRESPONSALES

La aceptación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la controversia constitucional presentada por el presidente Vicente Fox causó reacciones encontradas, pues mientras el Partido Acción Nacional (PAN) sostuvo que el hecho no afectará económica ni políticamente al país, el presidente de la Gran Comisión del Congreso de Oaxaca, Bulmaro Rito Salinas, afirmó que sí "genera inestabilidad política".

Con otra óptica, el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepada Silva, dijo que el pueblo de México es el único que sale perdiendo en esta confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, mientras el diputado federal priísta Pablo Bedolla López exigió al presidente Fox actuar con "sensatez y prudencia".

En la ciudad de México, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN celebró la determinación de la Corte y expresó su beneplácito al quedar suspendido el ejercicio de las partidas reservadas por el Ejecutivo, las cuales "dan muestra del proceso desaseado e irresponsable que protagonizaron los diputados de PRI y PRD al aprobar un presupuesto con claros tintes electorales".

Al respecto, el secretario de Acción de Gobierno del PAN, Alejandro Zapata Perogordo, manifestó que con esa acción se demuestra que la Corte le "ha dado la razón" al Poder Ejecutivo: "El mensaje de la Corte en este diferendo es el de respetar las facultades que tiene cada poder. Aceptamos la separación de poderes y la colaboración, pero de ninguna manera podemos vivir una dictadura parlamentaria".

En entrevista, el dirigente blanquiazul detalló que la suspensión de las partidas -por 4 mil millones de pesos- obedeció a que no se puede dejar sin materia la controversia, y descartó que esa situación afecte económicamente al país, porque "lo que reservó el Ejecutivo no responde a gastos de urgencia".

Sin embargo, en Oaxaca, el presidente de la Gran Comisión del Congreso de esa entidad, Bulmaro Rito Salinas, sostuvo que la controversia sí genera "inestabilidad política". Con esa postura coincidió el priísta Bedolla López, quien en Ecatepec, estado de México, reiteró que, en uso de sus facultades legales, la Cámara de Diputados reasignó el presupuesto.

Sobre ese punto Zapata Perogordo dijo que si los legisladores no están de acuerdo con la Corte, que "presenten rápido su controversia", como en su momento anunció el presidente de la mesa directiva en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones.

 


 


Plantones frente a Gobernación y en la vía que conduce al rancho San Cristóbal

Marcha campesina por afectación del presupuesto para el agro

MATILDE PEREZ U.

Los dirigentes de ocho organizaciones rechazaron el "congelamiento" que el presidente Vicente Fox pretende imponer al presupuesto para el campo -mediante la controversia constitucional interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación- aprobado por la Cámara de Diputados, y exigieron la aplicación de los 335.3 millones de pesos destinados al programa de vivienda rural para el año que concluye.

Ambas demandas las presentaron ante los subsecretarios de Gobernación, Francisco González González; de Desarrollo Social, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, y de Hacienda, Pablo Reyes Pruneda, reunidos en el Palacio de Covián, adonde llegaron unos 2 mil integrantes de la Central Campesina Cardenista (CCC); Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA); Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA); Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA); Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC); Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), El Barzón y Central Campesina Independiente (CCI)

Al grito de "¡Zapata vive!" los campesinos, encabezados por algunos de los dirigentes de dichas organizaciones, caminaron del Angel de la Independencia hasta las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, donde permanecieron casi cuatro horas en espera de un posible acuerdo. Minutos antes de las 16 horas, los dirigentes informaron que los 335.3 millones de pesos formarán parte del ramo 23 y que esos recursos "no se perderán por el inicio de 2005".

Agregaron que la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano de la Sedeso será la responsable de operar el programa de vivienda rural a partir del próximo año; antes del 15 de enero dará a conocer la mecánica para aplicar éste. Para determinar el otorgamiento de los 335.3 millones de pesos, la subsecretaría tomará como referencia lo ejercido por cada organización en 2003 y los ofrecimientos que hizo Fonhapo a cada una de ellas.

Para evitar desviaciones de los recursos y corroborar que se cumplieron los requisitos establecidos, las organizaciones deberán enviar nuevamente los listados que entregaron a Fonhapo. Además, los recursos no ejercidos del programa Tu Casa y de otros -en la minuta del acuerdo no se especificó cuáles- serán canalizados al programa de vivienda rural. El próximo miércoles la autoridad detallará dicha información.

Los campesinos recordaron el compromiso de la autoridad del pasado 14 de diciembre de establecer un "Infonavit rural" como alternativa para evitar la devolución del monto destinado al programa de vivienda rural. También propusieron que las organizaciones continúen como ejecutoras de dicho programa apegándose al padrón de beneficiarios que presentaron.

Aclararon que en dicho caso se tendría que aprobar 5 por ciento para el programa de gastos de operación, ya que las reglas establecen hasta 12 por ciento para tal objetivo, y seguirán siendo las mismas que aprobaron gobierno y organizaciones en 2003.

Agregaron que continuarán las movilizaciones y protestas para que el presidente Fox cumpla con su palabra y que el campo vuelva a ser una prioridad, porque "ya estamos cansados de deambular por distintas dependencias y escuchar sólo promesas".

Mientras tanto, en Guanajuato unos 400 miembros de la CODUC se manifestaron ayer en el camino de acceso a la comunidad San Cristóbal, en San Francisco del Rincón, para exigir que el Fonhapo ejerza los fondos para cumplir con 800 mil acciones de vivienda rural.

Los inconformes, que llegaron desde diversas partes del país, también pidieron la destitución de José Luis Naranjo Esquivel, titular del Fonhapo, debido a que "desde enero estamos inscritos en todos los programas para que los campesinos y personas de la tercera edad se vean favorecidas, pero a nueve días de que termine el año no ha entregado los recursos".

De acuerdo con José Refugio Quintana Vera, presidente nacional de la CODUC, el fondo no ejercido para la vivienda rural es de casi de 360 millones de pesos, "que están en riesgo de ser regresados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero lo grave es que los programas para quienes menos tienen estén ociosos y la ciudadanía no tenga un beneficio directo".

Comentó que este año en más de una ocasión sostuvieron reuniones con Naranjo Esquivel, quien "sólo nos dio largas y nunca nos dijo cuándo se iban a ejercer los recursos. Por eso también venimos a pedirle al Presidente de México que destituya a ese funcionario que no está funcionando".

Poco después de las 14 horas los inconformes se plantaron sobre la carretera León-Cuerámaro; en menos de diez minutos se montó un fuerte dispositivo de seguridad para evitar que llegaran hasta la plaza principal, donde pretendían hacer un acto de protesta.

Poco antes de las 19 horas se levantó el plantón que en un principio se dijo que sería permanente, dado que se les comunicó que los recursos del Fondo de Vivienda Rural pasaron del Fonhapo a la Secretaría de Desarrollo Social.

con informacion de martin diego rodriguez, corresponsal