Jueves 23 de diciembre de 2004
Política
En 5 días
haremos valer ese derecho, anuncia Beltrones
Les extraña que
el órgano judicial se haya mostrado obsequioso
ROBERTO GARDUÑO Y GEORGINA SALDIERNA
Manlio Fabio Beltrones, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, anunció ayer que ese órgano hará valer su derecho de que se haga una reconsideración a la admisión que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la controversia constitucional impulsada por el jefe del Ejecutivo, y que ello ocurrirá en un plazo de cinco días.
El legislador se mostró extrañado de que la Corte haya sido tan ''obsequiosa'' en este caso, pues se encuentra de vacaciones y sólo están dos ministros instructores, que únicamente pueden dar trámite a asuntos de carácter administrativo de orden urgente.
''Entiendo que se ha habilitado a un ministro instructor para que conozca de este asunto y, en su ausencia, se ha legitimado a otros dos ministros que se encontraban de guardia. La Ley Orgánica del Poder Judicial señala que estos juzgadores pueden conocer de asuntos administrativos urgentes, pero la controversia constitucional es un asunto de fondo, judicial'', explicó.
Aunado a ello refirió que la misma controversia establece los siguientes días como hábiles, de tal suerte que la notificación recibida por la Cámara de Diputados empezó a surtir efectos desde ayer; esto implica que ''ellos están en estos momentos legislando que los días hábiles surtan efectos a partir de este mismo miércoles''.
Agregó que el tema es un poco complicado, que no conoce a profundidad el reglamento del Poder Judicial como lo deben conocer los ministros de la Suprema Corte. ''Pero estoy seguro de que ellos, conociéndolo, han actuado conforme a derecho.''
Beltrones Rivera puntualizó que en los próximos cinco días la Cámara hará valer su derecho para que se haga una reconsideración de esta admisión. Adicionalmente destacó que tienen 30 días para responder la controversia.
Terceros interesados
Sobre la suspensión de los actos reclamados por el jefe del Ejecutivo, dijo que con ello se afecta a estados, municipios y universidades, los cuales son terceros interesados de manera inmediata, y ''a los mismos que nosotros haremos valer en nuestro recurso para que sean escuchados también en los siguientes 30 días que tenemos para responder''.
A su vez, el diputado del Partido de la Revolución Democrática Arturo Nahle García calificó de muy grave que los dos ministros que están de guardia, y que solamente tienen facultades para realizar actos administrativos, hayan admitido la controversia y otorgado una suspensión sin garantía al Presidente de la República, dejando en suspenso el ejercicio de alrededor de 4 mil millones de pesos.
Esto es como si la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el día de hoy expidiera una ley, cuando no estamos facultados para legislar, puntualizó, al señalar que en este caso hay un acto a todas luces ilegal que la Cámara de Diputados debe impugnar a través del recurso de reclamación que establece la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, para que sea el pleno de la Corte el que reconsidere esta resolución arbitraria e infundada que emitieron los dos ministros.
A su vez, el diputado del Partido del Trabajo Alejandro González Yáñez dijo que con la decisión que tomó la Suprema Corte ya se vislumbra que los garantes de la Constitución están asumiendo una actitud de colusión facciosa con el titular del Poder Ejecutivo. De igual manera, se muestra claramente que han caído en conflicto de intereses en la medida que ellos son juez y parte del proceso.
Para el legislador, la Cámara de Diputados se encuentra ante una situación inédita en su historia, pero ''va a ejercer todo su poder para que no prospere lo que ya se vislumbra como un acuerdo tácito entre los poderes Ejecutivo y Judicial para tomar una decisión contraria al marco jurídico nacional''.
Estimó que el ''atropello'' que practica la Corte está completamente planificado. ''Es deliberado, porque estamos hablando que en corto tiempo han tomado decisiones trascendentales que no se pueden tomar en ese breve lapso.''
El petista consideró que la anterior consejera jurídica de la Presidencia, María Teresa Herrera, está operando como un cuadro directo del Presidente para que a través de ella el Ejecutivo le dé línea al Judicial. ''Lo que estamos viendo en los hechos es que el Poder Judicial no tiene autonomía, independencia o soberanía. Estos ministros están completamente al servicio del Presidente de la República y la operadora, la encargada de echar a andar esa maquinaria es María Teresa Herrera Tello.''
Por la noche, la fracción del PRI en la Cámara de Diputados emitió una
declaración en la que expresa su confianza en las decisiones jurídicas que en
nombre de la misma deba emprender la mesa directiva, en relación con los
tiempos y obligaciones que deba asumir con motivo de la controversia
interpuesta por el jefe del Ejecutivo.
Legisladores
de PRI y PRD lo llaman a la mesura
ANDREA BECERRIL
Senadores priístas y perredistas exigieron
mesura al secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, ya que
consideraron ''deplorable'' que haya aplaudido la determinación de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de dar entrada a la controversia
constitucional del presidente Vicente Fox contra la Cámara de Diputados, como
si hubiera sido ya un fallo favorable.
''¿Cómo se pone a celebrar el señor
Creel, cuando apenas comenzó el proceso en la Suprema Corte? Ello quiere decir
que lo están usando políticamente para escandalizar'', comentó el senador del
Partido Revolucionario Institucional Manuel Bartlett.
''Es el canto del cisne victorioso,
cuando la Corte lo único que ha hecho es aceptar analizar el recurso'', señaló
a su vez la senadora del tricolor Laura Alicia Garza Galindo, quien
resaltó que ''sorprende'' la celeridad con que el máximo tribunal dio entrada a
la controversia constitucional interpuesta un día antes por el titular del
Ejecutivo federal.
A su vez, el senador perredista
Jesús Ortega consideró que tanto el presidente Fox como el titular de
Gobernación quieren obtener un beneficio electoral para el Partido Acción
Nacional, y por ello aprovechan para magnificar el diferendo con la Cámara de
Diputados. No es posible, agregó, que en cuanto se dio entrada a la controversia,
Creel saliera de inmediato a festejarlo y a confrontarse aún más con el
Congreso.
En entrevista por separado, Garza
Galindo dijo que ''causa pena'' esa actitud del titular de Gobernación, quien
en lugar de pedir espacio, tiempo y paciencia para que se diriman las
diferencias, ya está cerrando la posibilidad de que la Suprema Corte dictamine
en favor de la Cámara de Diputados. ''La está inclusive enterrando, porque dijo
que hay que echarle tierra a la opinión de juristas sumamente respetables que conocen
de controversias constitucionales.''
Para la legisladora tamaulipeca, la
confrontación entre Fox y la Cámara de Diputados alcanzó ya niveles
preocupantes debido a que el Presidente no supo negociar a tiempo y tampoco
contó con operadores políticos para ello.
La otra cuestión ''es que el
Ejecutivo se está viendo poco generoso al privilegiar el gasto corriente y
evitar que se canalicen recursos a las entidades y municipios para obras y
servicios, en aquellos lugares donde es impresionante el nivel de desempleo''.
Tanto Garza Galindo como Ortega
Martínez exigieron mesura al titular de Gobernación y expresaron confianza en
que el fallo de la Corte, luego de analizar el fondo del asunto, será en favor
de la Cámara de Diputados.
''A mi juicio, ni siquiera se le
debió dar entrada a la controversia; se la debió desechar por notoriamente
improcedente, pero si ya se aceptó es porque los ministros le quieren entrar al
fondo del asunto. Estoy también cierto que la resolución final será negativa
para Fox, ya que los argumentos que presentan él y sus abogados son pueriles,
insustanciales, totalmente superficiales'', precisó el perredista Ortega
Martínez.
Enfrentamientos
entre Ejecutivo y Legislativo, la causa
PATRICIA MUÑOZ RIOS
Los crecientes conflictos entre los
poderes Ejecutivo y Legislativo; entre los gobernadores y el Presidente; el
malestar de la población por la falta de resultados de las políticas
gubernamentales; el descontento generalizado por el estancamiento económico, y
la falta de coherencia de los miembros del gabinete han creado una situación de
abierto conflicto social que podría desembocar en ''choques'' violentos.
La Unión Nacional de Trabajadores (UNT)
planteó lo anterior al dar a conocer los posibles escenarios para 2005, y en
ese contexto establece que hay un rechazo social por la falta de medidas
eficaces por parte del gobierno.
Asimismo, pronostica que si la
controversia constitucional que interpuso el presidente Vicente Fox ante la
Suprema Corte de Justicia le da la razón al Poder Legislativo, el Ejecutivo
quedará en una ''situación de orfandad política'' que afectará gravemente no
sólo a esta figura, sino al país mismo.
Para la UNT, hay ''diversos
escenarios'' que se pueden dar en el país al final del sexenio, ninguno de los
cuales es positivo: en el primero, habla del regreso del autoritarismo a
México, si es que gana la Presidencia el ala madracista del PRI; en el segundo,
regresa este partido a Los Pinos por otro grupo y establece una política de
negociación y firmeza con los sectores no alineados.
En el tercer escenario que
vislumbra esta organización, los crecientes conflictos entre los poderes
Ejecutivo y Legislativo llevan a un ''choque'', donde el gobierno enfrenta a
las fuerzas sociales que discrepan de su proyecto, y donde la inconformidad por
la desigualdad, las acciones de impunidad y la falta de seguridad ''se mezclan
en este choque''. En resumen, hay ingobernabilidad, advierte.
Al señalar el cuarto escenario, el
análisis de esta organización indica que podría darse la ''venezolanización''
de la política, y en el quinto menciona la movilización social que impulsa la
transición. Indica que la ''actual dinámica de enfrentamientos partidarios,
estimulada por la anticipación de la campaña presidencial, la lucha entre
partidos y la incoherencia de la política presidencial, avanza enérgicamente
hacia una situación de violento enfrentamiento político''.
ELIZABETH VELASCO, VICTOR RUIZ Y JAVIER SALINAS REPORTERA
Y CORRESPONSALES La aceptación por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) de la controversia constitucional presentada por el presidente
Vicente Fox causó reacciones encontradas, pues mientras el Partido Acción
Nacional (PAN) sostuvo que el hecho no afectará económica ni políticamente al
país, el presidente de la Gran Comisión del Congreso de Oaxaca, Bulmaro Rito
Salinas, afirmó que sí "genera inestabilidad política". Con otra óptica, el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepada
Silva, dijo que el pueblo de México es el único que sale perdiendo en esta
confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, mientras el diputado federal
priísta Pablo Bedolla López exigió al presidente Fox actuar con "sensatez
y prudencia". En la ciudad de México, el Comité Ejecutivo Nacional del
PAN celebró la determinación de la Corte y expresó su beneplácito al quedar
suspendido el ejercicio de las partidas reservadas por el Ejecutivo, las cuales
"dan muestra del proceso desaseado e irresponsable que protagonizaron los
diputados de PRI y PRD al aprobar un presupuesto con claros tintes
electorales". Al respecto, el secretario de Acción de Gobierno del PAN,
Alejandro Zapata Perogordo, manifestó que con esa acción se demuestra que la
Corte le "ha dado la razón" al Poder Ejecutivo: "El mensaje de
la Corte en este diferendo es el de respetar las facultades que tiene cada
poder. Aceptamos la separación de poderes y la colaboración, pero de ninguna
manera podemos vivir una dictadura parlamentaria". En entrevista, el dirigente blanquiazul detalló que
la suspensión de las partidas -por 4 mil millones de pesos- obedeció a que no
se puede dejar sin materia la controversia, y descartó que esa situación afecte
económicamente al país, porque "lo que reservó el Ejecutivo no responde a
gastos de urgencia". Sin embargo, en Oaxaca, el presidente de la Gran Comisión
del Congreso de esa entidad, Bulmaro Rito Salinas, sostuvo que la controversia
sí genera "inestabilidad política". Con esa postura coincidió el
priísta Bedolla López, quien en Ecatepec, estado de México, reiteró que, en uso
de sus facultades legales, la Cámara de Diputados reasignó el presupuesto. Sobre ese punto Zapata Perogordo dijo que si los
legisladores no están de acuerdo con la Corte, que "presenten rápido su
controversia", como en su momento anunció el presidente de la mesa
directiva en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones.
MATILDE PEREZ U. Los dirigentes de ocho organizaciones rechazaron el
"congelamiento" que el presidente Vicente Fox pretende imponer al
presupuesto para el campo -mediante la controversia constitucional interpuesta
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación- aprobado por la Cámara de
Diputados, y exigieron la aplicación de los 335.3 millones de pesos destinados
al programa de vivienda rural para el año que concluye. Ambas demandas las presentaron ante los subsecretarios de
Gobernación, Francisco González González; de Desarrollo Social, Antonio Sánchez
Díaz de Rivera, y de Hacienda, Pablo Reyes Pruneda, reunidos en el Palacio de
Covián, adonde llegaron unos 2 mil integrantes de la Central Campesina
Cardenista (CCC); Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA); Unión Nacional de
Trabajadores Agrícolas (UNTA); Unión Nacional de Organizaciones Regionales
Campesinas Autónomas (UNORCA); Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas
y Campesinas (CODUC); Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
(CIOAC), El Barzón y Central Campesina Independiente (CCI) Al grito de "¡Zapata vive!" los campesinos,
encabezados por algunos de los dirigentes de dichas organizaciones, caminaron
del Angel de la Independencia hasta las instalaciones de la Secretaría de
Gobernación, donde permanecieron casi cuatro horas en espera de un posible
acuerdo. Minutos antes de las 16 horas, los dirigentes informaron que los 335.3
millones de pesos formarán parte del ramo 23 y que esos recursos "no se
perderán por el inicio de 2005". Agregaron que la Subsecretaría de Desarrollo Social y
Humano de la Sedeso será la responsable de operar el programa de vivienda rural
a partir del próximo año; antes del 15 de enero dará a conocer la mecánica para
aplicar éste. Para determinar el otorgamiento de los 335.3 millones de pesos,
la subsecretaría tomará como referencia lo ejercido por cada organización en
2003 y los ofrecimientos que hizo Fonhapo a cada una de ellas. Para evitar desviaciones de los recursos y corroborar que
se cumplieron los requisitos establecidos, las organizaciones deberán enviar
nuevamente los listados que entregaron a Fonhapo. Además, los recursos no
ejercidos del programa Tu Casa y de otros -en la minuta del acuerdo no se
especificó cuáles- serán canalizados al programa de vivienda rural. El próximo
miércoles la autoridad detallará dicha información. Los campesinos recordaron el compromiso de la autoridad
del pasado 14 de diciembre de establecer un "Infonavit rural" como
alternativa para evitar la devolución del monto destinado al programa de
vivienda rural. También propusieron que las organizaciones continúen como
ejecutoras de dicho programa apegándose al padrón de beneficiarios que
presentaron. Aclararon que en dicho caso se tendría que aprobar 5 por
ciento para el programa de gastos de operación, ya que las reglas establecen
hasta 12 por ciento para tal objetivo, y seguirán siendo las mismas que
aprobaron gobierno y organizaciones en 2003. Agregaron que continuarán las movilizaciones y protestas
para que el presidente Fox cumpla con su palabra y que el campo vuelva a ser
una prioridad, porque "ya estamos cansados de deambular por distintas
dependencias y escuchar sólo promesas". Mientras tanto, en Guanajuato unos 400 miembros de la
CODUC se manifestaron ayer en el camino de acceso a la comunidad San Cristóbal,
en San Francisco del Rincón, para exigir que el Fonhapo ejerza los fondos para
cumplir con 800 mil acciones de vivienda rural. Los inconformes, que llegaron desde diversas partes del
país, también pidieron la destitución de José Luis Naranjo Esquivel, titular
del Fonhapo, debido a que "desde enero estamos inscritos en todos los
programas para que los campesinos y personas de la tercera edad se vean
favorecidas, pero a nueve días de que termine el año no ha entregado los recursos".
De acuerdo con José Refugio Quintana Vera, presidente
nacional de la CODUC, el fondo no ejercido para la vivienda rural es de casi de
360 millones de pesos, "que están en riesgo de ser regresados a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero lo grave es que los programas
para quienes menos tienen estén ociosos y la ciudadanía no tenga un beneficio
directo". Comentó que este año en más de una ocasión sostuvieron
reuniones con Naranjo Esquivel, quien "sólo nos dio largas y nunca nos
dijo cuándo se iban a ejercer los recursos. Por eso también venimos a pedirle
al Presidente de México que destituya a ese funcionario que no está
funcionando". Poco después de las 14 horas los inconformes se plantaron
sobre la carretera León-Cuerámaro; en menos de diez minutos se montó un fuerte
dispositivo de seguridad para evitar que llegaran hasta la plaza principal,
donde pretendían hacer un acto de protesta. Poco antes de las 19 horas se levantó el plantón que en un
principio se dijo que sería permanente, dado que se les comunicó que los
recursos del Fondo de Vivienda Rural pasaron del Fonhapo a la Secretaría de
Desarrollo Social. con informacion de martin diego rodriguez, corresponsal El país no
saldrá afectado, replica Acción Nacional
Genera inestabilidad
política la decisión, según priístas
Plantones
frente a Gobernación y en la vía que conduce al rancho San Cristóbal
Marcha campesina por
afectación del presupuesto para el agro