En 5 días haremos valer ese derecho, anuncia Beltrones

Solicitarán diputados a la Corte una reconsideración

Les extraña que el órgano judicial se haya mostrado obsequioso

ROBERTO GARDUÑO Y GEORGINA SALDIERNA

Manlio Fabio Beltrones, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, anunció ayer que ese órgano hará valer su derecho de que se haga una reconsideración a la admisión que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la controversia constitucional impulsada por el jefe del Ejecutivo, y que ello ocurrirá en un plazo de cinco días.

El legislador se mostró extrañado de que la Corte haya sido tan ''obsequiosa'' en este caso, pues se encuentra de vacaciones y sólo están dos ministros instructores, que únicamente pueden dar trámite a asuntos de carácter administrativo de orden urgente.

''Entiendo que se ha habilitado a un ministro instructor para que conozca de este asunto y, en su ausencia, se ha legitimado a otros dos ministros que se encontraban de guardia. La Ley Orgánica del Poder Judicial señala que estos juzgadores pueden conocer de asuntos administrativos urgentes, pero la controversia constitucional es un asunto de fondo, judicial'', explicó.

Aunado a ello refirió que la misma controversia establece los siguientes días como hábiles, de tal suerte que la notificación recibida por la Cámara de Diputados empezó a surtir efectos desde ayer; esto implica que ''ellos están en estos momentos legislando que los días hábiles surtan efectos a partir de este mismo miércoles''.

Agregó que el tema es un poco complicado, que no conoce a profundidad el reglamento del Poder Judicial como lo deben conocer los ministros de la Suprema Corte. ''Pero estoy seguro de que ellos, conociéndolo, han actuado conforme a derecho.''

Beltrones Rivera puntualizó que en los próximos cinco días la Cámara hará valer su derecho para que se haga una reconsideración de esta admisión. Adicionalmente destacó que tienen 30 días para responder la controversia.

Terceros interesados

Sobre la suspensión de los actos reclamados por el jefe del Ejecutivo, dijo que con ello se afecta a estados, municipios y universidades, los cuales son terceros interesados de manera inmediata, y ''a los mismos que nosotros haremos valer en nuestro recurso para que sean escuchados también en los siguientes 30 días que tenemos para responder''.

A su vez, el diputado del Partido de la Revolución Democrática Arturo Nahle García calificó de muy grave que los dos ministros que están de guardia, y que solamente tienen facultades para realizar actos administrativos, hayan admitido la controversia y otorgado una suspensión sin garantía al Presidente de la República, dejando en suspenso el ejercicio de alrededor de 4 mil millones de pesos.

Esto es como si la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el día de hoy expidiera una ley, cuando no estamos facultados para legislar, puntualizó, al señalar que en este caso hay un acto a todas luces ilegal que la Cámara de Diputados debe impugnar a través del recurso de reclamación que establece la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, para que sea el pleno de la Corte el que reconsidere esta resolución arbitraria e infundada que emitieron los dos ministros.

A su vez, el diputado del Partido del Trabajo Alejandro González Yáñez dijo que con la decisión que tomó la Suprema Corte ya se vislumbra que los garantes de la Constitución están asumiendo una actitud de colusión facciosa con el titular del Poder Ejecutivo. De igual manera, se muestra claramente que han caído en conflicto de intereses en la medida que ellos son juez y parte del proceso.

Para el legislador, la Cámara de Diputados se encuentra ante una situación inédita en su historia, pero ''va a ejercer todo su poder para que no prospere lo que ya se vislumbra como un acuerdo tácito entre los poderes Ejecutivo y Judicial para tomar una decisión contraria al marco jurídico nacional''.

Estimó que el ''atropello'' que practica la Corte está completamente planificado. ''Es deliberado, porque estamos hablando que en corto tiempo han tomado decisiones trascendentales que no se pueden tomar en ese breve lapso.''

El petista consideró que la anterior consejera jurídica de la Presidencia, María Teresa Herrera, está operando como un cuadro directo del Presidente para que a través de ella el Ejecutivo le dé línea al Judicial. ''Lo que estamos viendo en los hechos es que el Poder Judicial no tiene autonomía, independencia o soberanía. Estos ministros están completamente al servicio del Presidente de la República y la operadora, la encargada de echar a andar esa maquinaria es María Teresa Herrera Tello.''

Por la noche, la fracción del PRI en la Cámara de Diputados emitió una declaración en la que expresa su confianza en las decisiones jurídicas que en nombre de la misma deba emprender la mesa directiva, en relación con los tiempos y obligaciones que deba asumir con motivo de la controversia interpuesta por el jefe del Ejecutivo.

Legisladores de PRI y PRD lo llaman a la mesura

Deplorable, que Creel alabe algo que apenas comienza: senadores

ANDREA BECERRIL

Senadores priístas y perredistas exigieron mesura al secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, ya que consideraron ''deplorable'' que haya aplaudido la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de dar entrada a la controversia constitucional del presidente Vicente Fox contra la Cámara de Diputados, como si hubiera sido ya un fallo favorable.

''¿Cómo se pone a celebrar el señor Creel, cuando apenas comenzó el proceso en la Suprema Corte? Ello quiere decir que lo están usando políticamente para escandalizar'', comentó el senador del Partido Revolucionario Institucional Manuel Bartlett.

''Es el canto del cisne victorioso, cuando la Corte lo único que ha hecho es aceptar analizar el recurso'', señaló a su vez la senadora del tricolor Laura Alicia Garza Galindo, quien resaltó que ''sorprende'' la celeridad con que el máximo tribunal dio entrada a la controversia constitucional interpuesta un día antes por el titular del Ejecutivo federal.

A su vez, el senador perredista Jesús Ortega consideró que tanto el presidente Fox como el titular de Gobernación quieren obtener un beneficio electoral para el Partido Acción Nacional, y por ello aprovechan para magnificar el diferendo con la Cámara de Diputados. No es posible, agregó, que en cuanto se dio entrada a la controversia, Creel saliera de inmediato a festejarlo y a confrontarse aún más con el Congreso.

En entrevista por separado, Garza Galindo dijo que ''causa pena'' esa actitud del titular de Gobernación, quien en lugar de pedir espacio, tiempo y paciencia para que se diriman las diferencias, ya está cerrando la posibilidad de que la Suprema Corte dictamine en favor de la Cámara de Diputados. ''La está inclusive enterrando, porque dijo que hay que echarle tierra a la opinión de juristas sumamente respetables que conocen de controversias constitucionales.''

Para la legisladora tamaulipeca, la confrontación entre Fox y la Cámara de Diputados alcanzó ya niveles preocupantes debido a que el Presidente no supo negociar a tiempo y tampoco contó con operadores políticos para ello.

La otra cuestión ''es que el Ejecutivo se está viendo poco generoso al privilegiar el gasto corriente y evitar que se canalicen recursos a las entidades y municipios para obras y servicios, en aquellos lugares donde es impresionante el nivel de desempleo''.

Tanto Garza Galindo como Ortega Martínez exigieron mesura al titular de Gobernación y expresaron confianza en que el fallo de la Corte, luego de analizar el fondo del asunto, será en favor de la Cámara de Diputados.

''A mi juicio, ni siquiera se le debió dar entrada a la controversia; se la debió desechar por notoriamente improcedente, pero si ya se aceptó es porque los ministros le quieren entrar al fondo del asunto. Estoy también cierto que la resolución final será negativa para Fox, ya que los argumentos que presentan él y sus abogados son pueriles, insustanciales, totalmente superficiales'', precisó el perredista Ortega Martínez.

Enfrentamientos entre Ejecutivo y Legislativo, la causa

Alerta la UNT sobre el riesgo de un abierto conflicto social

PATRICIA MUÑOZ RIOS

Los crecientes conflictos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo; entre los gobernadores y el Presidente; el malestar de la población por la falta de resultados de las políticas gubernamentales; el descontento generalizado por el estancamiento económico, y la falta de coherencia de los miembros del gabinete han creado una situación de abierto conflicto social que podría desembocar en ''choques'' violentos.

La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) planteó lo anterior al dar a conocer los posibles escenarios para 2005, y en ese contexto establece que hay un rechazo social por la falta de medidas eficaces por parte del gobierno.

Asimismo, pronostica que si la controversia constitucional que interpuso el presidente Vicente Fox ante la Suprema Corte de Justicia le da la razón al Poder Legislativo, el Ejecutivo quedará en una ''situación de orfandad política'' que afectará gravemente no sólo a esta figura, sino al país mismo.

Para la UNT, hay ''diversos escenarios'' que se pueden dar en el país al final del sexenio, ninguno de los cuales es positivo: en el primero, habla del regreso del autoritarismo a México, si es que gana la Presidencia el ala madracista del PRI; en el segundo, regresa este partido a Los Pinos por otro grupo y establece una política de negociación y firmeza con los sectores no alineados.

En el tercer escenario que vislumbra esta organización, los crecientes conflictos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo llevan a un ''choque'', donde el gobierno enfrenta a las fuerzas sociales que discrepan de su proyecto, y donde la inconformidad por la desigualdad, las acciones de impunidad y la falta de seguridad ''se mezclan en este choque''. En resumen, hay ingobernabilidad, advierte.

Al señalar el cuarto escenario, el análisis de esta organización indica que podría darse la ''venezolanización'' de la política, y en el quinto menciona la movilización social que impulsa la transición. Indica que la ''actual dinámica de enfrentamientos partidarios, estimulada por la anticipación de la campaña presidencial, la lucha entre partidos y la incoherencia de la política presidencial, avanza enérgicamente hacia una situación de violento enfrentamiento político''.

''Fortaleza de las instituciones''

Apenas unas horas después de la aceptación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a su demanda de controversia constitucional sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, la Presidencia de la República comunicó que, como efecto de esa medida, el gobierno federal no estará obligado ''por lo pronto'' a gastar el presupuesto en una serie de obras y proyectos específicos y particulares que habían sido definidos por los diputados ''en exceso de sus atribuciones constitucionales''.

Ello, se indicó, es un efecto que deriva de la determinación de la Comisión de Receso de la SCJN, que concedió la suspensión respecto de los efectos y consecuencias de los actos impugnados.

La Presidencia destacó además que la determinación de la Corte ''expresa la fortaleza de las instituciones'' y con ello ''se cerrará el paso al rumor y la especulación que tanto dañan a la República''.

Al mismo tiempo, reiteró que su interés al interponer la controversia es que se reconozca la facultad del titular del Ejecutivo para hacer observaciones al decreto de Presupuesto de Egresos, esto es, la ''facultad de veto'', y conocer también cuáles son los límites en las competencias de la Cámara de Diputados para analizar, discutir y en su caso modificar el proyecto de presupuesto presentado por el presidente Fox.

El vocero presidencial, Rubén Aguilar Valenzuela, leyó un texto donde el Ejecutivo federal abona a su causa al establecer que el pleno equilibrio de poderes sólo se alcanzará cuando cada uno de ellos ejerza de manera cabal las atribuciones que le dicta la Constitución.

Establece que la Carta Magna señala, a todos los que intervienen en la aprobación del presupuesto, la obligación de garantizar que los recursos públicos se destinen no sólo para que el gobierno federal cumpla con sus tareas en beneficio de los mexicanos, sino también para que éstos contribuyan al crecimiento económico y social del país.

También dijo que el Presidente de la República reiteraba, por su conducto, su convicción de que en una democracia como la mexicana es imprescindible que la distribución del gasto se realice bajo criterios de oportunidad, eficiencia y equidad.

La decisión de la Corte, asume la Presidencia, es un primer paso dentro del procedimiento que rige las controversias.

Aguilar Valenzuela cerró la lectura del comunicado con expresiones claramente políticas. Se insiste en que el país vive nuevos tiempos y que la democracia se consolida al mismo tiempo que se construye un nuevo marco institucional el que exige la gobernabilidad democrática. ''Con reglas claras e instituciones sólidas gana México y todos los mexicanos.''

El Ejecutivo federal, concluye el texto, ''siempre privilegiará la ruta de la institucionalidad y del absoluto cumplimiento al estado de derecho, no sólo porque es una exigencia de la ciudadanía, sino porque es la responsabilidad que cada uno de los poderes debe a la nación''.

Rosa Elvira Vargas