México D.F. Domingo 12 de diciembre de 2004
Juristas
explican la normativa respecto a la asignación presupuestal de diputados
Legal, decisión de dar más recursos a la UAM
JOSE GALAN
La decisión de la Cámara de Diputados de otorgar 15 millones de pesos para la reapertura del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) 3 de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) no viola la autonomía de esa casa de estudios, afirman 10 juristas del Departamento de Derecho de la unidad Azcapotzalco.
Los expertos en derecho refutaron así el argumento del presidente Vicente Fox -y de las propias autoridades universitarias- en ese sentido, incluido en las observaciones enviadas a los legisladores, destinado a revertir la decisión contenida en el presupuesto de egresos aprobado por la actual legislatura.
Agustín Pérez Carrillo -quien elaboró la estructura legislativa de la UAM hace 22 años como su abogado general-, Lucio Leyva Contreras y los juristas Ismael González Martínez, Silvia Sánchez González, Ramiro G. Bautista Rosas, María Angélica Miranda Juárez, Guillermo González Alcántara, Eduardo José Torres Maldonado, y David Chacón Hernández y Octavio Lóyzaga de la Cueva agregan que la decisión legislativa no pone en tela de juicio ninguna de las competencias exclusivas sobre el objeto de la UAM:
"Investigar, impartir docencia y preservar y difundir la cultura, bajo los principios de libertad de cátedra e investigación y libre discusión de las ideas."
Afirman que la autonomía universitaria está caracterizada en el artículo tercero, fracción siete de la Constitución, en atención a las capacidades para gobernarse a sí misma, educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios del propio artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas, de determinar planes y programas, de fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y de administrar su patrimonio.
Subrayan que en el mismo precepto se define que las relaciones laborales entre las universidades y sus trabajadores se rigen por el artículo 123, apartado A de la Constitución. "Una de las consecuencias de esta determinación constitucional es la capacidad de pactar un contrato colectivo de trabajo con el sindicato de los trabajadores de las universidades. La bilateralidad en las universidades autónomas por ley es reconocida y de acuerdo con ella se obtienen los pactos entre las representaciones legales de las universidades y de los sindicatos y deben ser cumplidos".
Los alegatos de los juristas, incluidos en un documento aprobado para su difusión por el comité de huelga del Sindicato Unico de Trabajadores de la UAM en su sesión del pasado 10 de diciembre, incluyen el reconocimiento de que, si bien es cierto que compete al Colegio Académico autorizar el presupuesto anual de ingresos y egresos de la universidad, y que pone a consideración del rector general, "la fijación de una cantidad etiquetada por la Cámara de Diputados para resolver un conflicto relacionado con la bilateralidad, no puede ser rechazado por las autoridades de la casa de estudios ni por el sindicato, cuando en el caso los argumentos para cerrar el Cendi 3 aludían a la falta de recursos. Si ahora los tiene, entonces es necesario reabrirlo".
Sostienen también que el patrimonio de la UAM se constituye, entre otros bienes, por los fondos que se le asignen por la Cámara de Diputados la que, en uso de sus competencias, puede señalar de manera específica, tratándose de la bilateralidad, la asignación de recursos para ciertos fines.
Finalmente, consideran que existen también argumentos políticos y morales para que la Cámara de Diputados no atienda la observación del Ejecutivo federal, pues tiene "el compromiso derivado del punto de acuerdo (alcanzado por los diputados) para tratar de resolver un problema significativo en relación con el respeto al contrato colectivo de trabajo pactado por la universidad y el sindicato".