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Acusa Beltrones de boicot al Ejecutivo |
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Jorge Teherán |
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Fox ha actuado con ignorancia y confusión al interponer la controversia constitucional en contra el Decreto de Egresos, señala |
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El
presidente de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, acusó al
presidente Vicente Fox de haber pretendido boicotear la aprobación del
Decreto de Presupuesto de Egresos 2005, violar la ley y actuar con ignorancia
y confusión al interponer la controversia constitucional en contra de este
ordenamiento. En la respuesta a la
controversia, entregada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado
viernes, Beltrones establece que el Ejecutivo federal, al no haber vetado la
Ley de Ingresos, consintió el Decreto de Presupuesto de Egresos para el
ejercicio fiscal de 2005 en todos sus términos, y con ello las modificaciones
realizadas por la Cámara de Diputados al proyecto original. Esto, explica, porque
"tuvo conocimiento de los términos del decreto el 22 de noviembre del
año pasado, antes de que promulgara y publicara la Ley de Ingresos,
renunciando así a la facultad de veto a la ley, para buscar el reajuste de
los ingresos tendentes a cubrir el presupuesto ya aprobado; es decir, si
estaba inconforme con las partidas presupuestales que estaba autorizando la
Cámara de Diputados tuvo el tiempo suficiente para hacer observaciones a la
Ley de Ingresos de la Federación, que finalmente publicó el 24 de noviembre,
porque debe considerarse que consintió el acto". De acuerdo con una
síntesis de la respuesta a la controversia constitucional, la naturaleza del
Presupuesto de Egresos impide satisfacer las pretensiones del presidente
Vicente Fox ya que el decreto es producto del ejercicio de una facultad
exclusiva de la Cámara de Diputados. Afirma que "el
actor" es decir, el presidente Fox confunde la asignación de partidas,
propias de un presupuesto, con la realización de actos administrativos. "Es evidente que el
impugnante confunde la función normativa y presupuestaria con la función
administrativa, pero además incurre en contradicciones sistemáticas, en tanto
que por una parte afirma que la Cámara de Diputados `ordenó` al Ejecutivo una
serie de medidas, y por otro lado reconoce que, conforme a los artículos 74
fracción IV y 126 constitucionales, el presupuesto es una autorización para
realizar erogaciones", refiere el texto. Acusa también al
Ejecutivo federal de haber violado los términos de colaboración para la
aprobación del Presupuesto de Egresos, al levantarse de la mesa de los
trabajos de la Comisión de Presupuesto. Con esto, afirma el
documento, "pretendió boicotear o impedir el desempeño de la atribución
constitucional de la Cámara de Diputados, por lo que ésta debió recurrir a
sus procesos parlamentarios previstos en la normativa que la rige, para
suplir el defecto de información generado por la ausencia del Ejecutivo
federal, al hacerlo no invadió la esfera de competencias del poder
ausente". Al retirarse de las mesas
de trabajo, añade, "puede afirmarse que (el Ejecutivo) otorgó por
anticipado su plena conformidad con la forma en que la Cámara de Diputados
realizara el procedimiento de examen y consecuente modificación del proyecto
enviado". En su argumentación
insiste en que el Ejecutivo carece de facultades para hacer observaciones al
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y argumentó que el
consejero jurídico de la Presidencia no tiene personalidad para interponer la
demanda. En la respuesta se
señalan como terceros a los representantes legales de 20 estados y 92
municipios y se solicita sean llamados a juicio. También, los diputados
hacen precisiones a las impugnaciones de tramos carreteros, adeudos de
ejercicios fiscales anteriores, estudios de factibilidad, aguas, abatir la
pérdida de ingresos por el robo de combustible a Pemex, entre otros. En el caso de los
recursos para abatir el robo de combustible, la respuesta refiere que el
Ejecutivo impugna que Pemex deba adoptar "a más tardar en los primeros
45 días del año siguiente, los sistemas de tecnología de punta que
identifiquen los combustibles" que son vendidos en el mercado negro. "La norma contenida
en el precepto impugnado alude a la obligación de Pemex de considerar en sus
programas y en sus anteproyectos de Presupuesto para el ejercicio fiscal de
2006", y no para 2005. "Es necesario
enfatizar que la norma impugnada es una previsión que deberá tomarse en
cuenta para la programación que sustentará el proyecto de presupuesto de
2006", refiere. |
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