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Pulso Político
Francisco
Cárdenas Cruz
El Universal
Jueves 13 de
enero de 2005
primera sección
Revocar
el Acuerdo General de la Corte, pide Burgoa
En carta a Azuela señala que viola disposiciones legales
Hizo instructora de controversia a Comisión de Receso
En una carta enviada a Mariano Azuela Güitrón, presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, don Ignacio Burgoa Orihuela le demanda que
el pleno de la misma revoque el Acuerdo General que antijurídicamente
emitió el 29 de noviembre pasado en el que los 11 ministros que lo
suscribieron convirtieron a los integrantes de la Comisión de Receso en
ministros instructores de la controversia constitucional y acciones de
inconstitucionalidad y los asuntos administrativos en asuntos
jurisdiccionales, conversión que es violatoria a diversas disposiciones
legales y constitucionales que debe ser revocada porque además de
desprestigio al más alto tribunal, le originan desconfianza de la
ciudadanía.
Con la revocación de
ese Acuerdo General publicado el 7 de diciembre en el Diario Oficial de
la Federación , señala el maestro emérito de la UNAM y de varias
generaciones de abogados egresados de la Facultad de Derecho, "los
autos pronunciados por los ministros José de Jesús Gudiño Pelayo y Salvador
Aguirre Anguiano quedarían insubsistentes y se restablecería la normalidad
en el proceso inherente a la controversia constitucional planteada por el
Ejecutivo Federal contra la Cámara de Diputados (y) con eso se
restablecería la confianza en nuestro máximo tribunal", por lo que le
dice a Azuela Güitrón que él tiene "la gran oportunidad de lograr este
objetivo para beneficio de la justicia federal y del pueblo de México que
debe estar bajo su protección".
Le recuerda Burgoa
Orihuela al presidente de la Corte que ningún acuerdo general debe
contrariar las leyes y mucho menos la Constitución ni alterar lo que el
principio de juridicidad ordena, ya que "sólo debe ser interpretativo
de las normas de derecho y no modificativo o ampliativo de las
mismas". Lo contrario, añade, convertiría a la SCJN en órgano
legislativo, "lo que entrañaría un ingente dislate como el execrable
Acuerdo General de 29 de noviembre de 2004", por lo que advierte que
si la SCJN, al resolver los medios impugnativos contra las decisiones de
los ministros Gudiño Pelayo y Aguirre Anguiano interpuestas por la Cámara
de Diputados, la Corte se basa, convalidándolo, en aquél, "acentuaría
su inconstitucionalidad e ilegalidad, afectando la confianza que la
ciudadanía debe tener en la Suprema Corte y, por ende, en el estado de
derecho en México".
Subraya el respetado
constitucionalista que ese Acuerdo General del pleno de la Corte convierte
a los integrantes de la Comisión de Receso de la misma en ministros
instructores de las controversias constitucionales y acciones de
inconstitucionalidad y los asuntos administrativos en asuntos
jurisdiccionales, que violan la fracción XVIII del artículo 14 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 24 y 25 de la Ley
Reglamentaria del 105 constitucional y 49 y 94 de la misma Carta Magna, lo
que, afirma Burgoa Orihuela en su carta, "entraña un impacto grave
contra el estado de derecho, máxime que fueron cometidas por los 11
ministros que integran la Suprema Corte" y situación que tacha de
"terriblemente ominosa pues provoca la desconfianza pública en este
máximo tribunal, cuya actuación es jurídicamente inimpugnable", como
consecuencia de errores que "sólo pueden corregir los propios
ministros con honestidad intelectual. Este valor ético consiste en
reconocer y reparar las equivocaciones en que se haya incurrido: no hacerlo
implica soberbia".
Lo que le expone a
Azuela Güitrón el maestro Burgoa Orihuela, quien forma parte del equipo de
juristas que a nombre de la Cámara de Diputados se ha hecho cargo de
responder ante la Corte a la controversia constitucional del presidente
Fox, es lo que Manlio Fabio Beltrones, que preside la mesa directiva de San
Lázaro, le planteó al titular del Poder Judicial de la Federación en la
comida privada que ambos sostuvieron el lunes 7 y que ha venido
sosteniendo: que se reponga el proceso desde su inicio, en virtud de la
ilegalidad e inconstitucionalidad con la que actuaron los ministros Gudiño
Pelayo y Aguirre Anguiano al asumir facultades que sólo competen al
presidente de la Corte y sobre los que hoy pesa la amenaza de juicio
político que los grupos parlamentarios de oposición que modificaron y
aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005 instrumentan
ya en San Lázaro, convencidos como están de que aquéllos incurrieron en
graves violaciones constitucionales y a la Ley Orgánica que rige la vida
del tribunal de justicia, lo que consideran que debe ser severamente
sancionado.
Al señalar a los 11
integrantes de la Corte que en noviembre pasado suscribieron el Acuerdo
General en el que basaron su actuación los ministros integrantes de la
Comisión de Receso, el maestro emérito de la UNAM va más allá, al
responsabilizarlos de haber sido los que primero incurrieron en las
diversas violaciones legales que señala Burgoa Orihuela en su carta a
Azuela Güitrón y cuyo contenido debe obligarlo a una profunda reflexión
para evitar que haya desconfianza pública en la institución que preside.
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