Da entrada la Corte a controversia de Fox

 

Carlos Avilés Allende
El Universal
Jueves 23 de diciembre de 2004
nacion, página 2

Ordena `congelar` recursos por más de 4 mil millones de pesos. Las partidas suspendidas no podrán ser redistribuidas por el Ejecutivo

Dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitieron la demanda de controversia constitucional que promovió el presidente Vicente Fox y suspendieron temporalmente las órdenes concretas que le giró la Cámara de Diputados al Ejecutivo para que realizara obras, servicios y transferencias específicas de recursos a estados y municipios, plasmadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que ascienden a 4 mil 195 millones de pesos.

En su resolución los ministros precisaron que las partidas presupuestarias suspendidas no podrán ser utilizadas por el presidente Vicente Fox durante el tiempo que dure el juicio.

Es decir, el Ejecutivo no podrá usar el dinero que literalmente fue "congelado" para redistribuirlo a las dependencias que sufrieron recortes.

Las decisiones de los ministros que integran la Comisión de Receso de la SCJN, quienes están facultados para atender juicios de controversia constitucional durante el periodo de vacaciones del pleno de la Corte, no prejuzgan sobre el fondo del conflicto ni sobre quién pueda ganar al final el litigio.

Tal como adelantó EL UNIVERSAL, los ministros Aguirre y Gudiño decidieron admitir la demanda que promovió el presidente Fox porque no se impugnaron rubros presupuestarios destinados al Poder Judicial de la Federación. De haber sido así, hubieran tenido que desechar la demanda por ser notoriamente improcedente, porque la Corte no puede ser juez y parte en un juicio.

Los ministros emplazaron a la Cámara de Diputados para que en un plazo de 30 días hábiles responda a la demanda de controversia que promovió en su contra el Ejecutivo.

Para agilizar los trámites y darle velocidad al juicio, el plazo comenzó a correr a partir de ayer, porque los ministros habilitaron como días hábiles el periodo vacacional que resta del 22 de diciembre al 2 de enero de 2005. De no haberlo hecho, el plazo hubiera comenzado a correr a partir del 3 de enero de 2005.

La Cámara de Diputados puede impugnar la decisión de Aguirre y Gudiño a través de un recurso de reclamación que revisarían los demás ministros en el pleno de la Corte, con el fin de determinar si la modifican o la confirman.



Una decisión equilibrada

Con las medidas que adoptaron los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José de Jesús Gudiño Pelayo lo que buscaron fue proteger las facultades que puedan tener tanto el Presidente de la República como la Cámara de Diputados en materia presupuestaria, porque este será el tema que se analizará durante el juicio para determinar cuál de las dos partes tiene la razón.

En los acuerdos que emitieron se explica que se le concedió la suspensión al presidente Vicente Fox para que no se apliquen los recursos públicos a las obras, servicios y transferencias específicas que estableció la Cámara de Diputados en los cambios que le hizo al presupuesto, porque de no hacerlo el juicio ya no tendría sentido.

Los ministros que integran la Comisión de Receso de la SCJN explicaron que si permitían que se gastara el dinero en las obras y servicios previstos por la Cámara de Diputados, después no habría forma de reparar el daño ocasionado en caso de que determinen que el Ejecutivo tiene la razón.

Sergio Aguirre y José Gudiño explicaron que por razones similares también decidieron prohibir que el Ejecutivo pueda aplicar las partidas presupuestarias impugnadas.

La suspensión, detallan en el documento, la otorgaron "para el único y exclusivo efecto de que no se realicen las transferencias ni en consecuencia se apliquen las partidas prespuestarias" impugnadas.

El hecho de que el presidente Vicente Fox Quesada no pueda emplear para otros fines los 4 mil 195 millones de pesos, que representan 0.23 por ciento del total del Presupuesto de Egresos de la Federación, y que literalmente fueron congelados , tuvo la finalidad de salvaguardar también las atribuciones que pudiera tener la Cámara de Diputados en materia presupuestaria.

De esta manera si al final del juicio de controversia la Cámara de Diputados demuestra que actuó apegada a su esfera de atribuciones, el dinero estaría disponible para gastarse en lo que ya había previsto.



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