Proyecto de Ley del Consejo Federal y de la Comisión Nacional

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Título I

Del Consejo Federal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Capítulo Único

 Artículo 2. El Consejo será presidido por el Presidente de la República y estará integrado por los siguientes miembros permanentes:

I. Los titulares de las siguientes secretarías:

a) Gobernación;

b) Hacienda y Crédito Público;

c) Desarrollo Social;

d) Medio Ambiente y Recursos Naturales;

e) Economía;

f) Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

g) Comunicaciones y Transportes;

h) Educación Pública;

i) Salud;

j) Trabajo y Previsión Social;

k) Reforma Agraria;

II. Cinco integrantes de pueblos indígenas;

III. Dos académicos destacados en materia indígena; y

IV. El titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, quien fungirá como secretario técnico del Consejo.

 Artículo 4. El Consejo sesionará tres veces al año en forma ordinaria y en forma extraordinaria cuando su Presidente así lo determine, a propuesta del secretario técnico.

 Artículo 5. El Presidente de la República, con el apoyo del Consejo:

I. Establecerá las políticas de la Administración Pública Federal para el desarrollo de los pueblos indígenas;

II. Definirá las prioridades y los criterios para la asignación del gasto público federal, a fin de abatir el rezago de los pueblos indígenas;

III. Definirá los lineamientos programáticos y presupuestales que deberán tomar en cuenta las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de desarrollo de los pueblos indígenas;

IV. Aprobará el proyecto de presupuesto consolidado en materia de desarrollo de los pueblos indígenas por incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación;

V. Conocerá la evaluación de las acciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de desarrollo de los pueblos indígenas y, en su caso, dictará las medidas necesarias para la reorientación, corrección, ampliación o consolidación de dichas acciones; y

 Artículo 6. El secretario técnico del Consejo tendrá las siguientes funciones:

I. Proponer al Presidente de la República la agenda por tratar en el Consejo;

II. Convocar a las sesiones del Consejo, por acuerdo del Presidente de la República;

III. Dar seguimiento a los acuerdos que emita el Presidente de la República en el seno del Consejo e informarle sobre su cumplimiento;

IV. Requerir a quienes participen en el Consejo la información necesaria para cumplir sus funciones, debiendo los servidores públicos correspondientes proporcionar a la brevedad la información respectiva; y

 Artículo 7. El Presidente de la República creará, a propuesta del secretario técnico del Consejo, los comités intersectoriales y de vinculación que considere necesarios para la articulación de las políticas que establezca para el desarrollo integral de los pueblos indígenas.

 Artículo 8. Las políticas públicas federales a que se refiere la fracción I del artículo 5 deberán considerar:

I. El carácter pluricultural y multiétnico de la nación;

II. Generar las condiciones para la eliminación de la desigualdad y para el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, así como apoyar sus procesos de reconstitución y autoafirmación;

III. La consulta pública a los pueblos indígenas en todos los asuntos que impactan significativamente sus condiciones de vida, su desarrollo social y el ejercicio pleno de sus derechos; y

IV. La transversalidad e integralidad de las políticas públicas de las dependencias de la Administración Pública Federal en coordinación con los estados y municipios y la corresponsabilidad con los pueblos y comunidades indígenas, para impulsar el desarrollo integral de éstos.

 Título Segundo

De la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Capítulo I

De la Naturaleza, Objeto y Funciones de la Comisión Nacional

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

 Artículo 11. La Comisión tendrá por objeto el desarrollo integral de los pueblos indígenas, así como garantizar la vigencia de sus derechos y los de sus integrantes, para lo que tendrá, entre otras, las siguientes funciones en la materia:

I. Ser instancia de consulta obligada para la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos que las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal desarrollen en la materia;

II. Orientar las políticas públicas en materia de desarrollo integral de los pueblos indígenas y coordinar, en su caso, las acciones correspondientes;

III. Promover la acción transversal, integral y corresponsable de las instituciones federales, estatales y municipales;

IV. Proponer y promover las medidas que se requieran para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado B del artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Evaluar las políticas públicas y la aplicación de los programas, proyectos y acciones gubernamentales que conduzcan al desarrollo integral y vigilar el pleno ejercicio de los derechos de dichos pueblos;

VI. Realizar investigaciones y estudios en materia de desarrollo integral de los pueblos indígenas;

VII. Apoyar los procesos de reconstitución de los pueblos indígenas, asignando los recursos económicos, técnicos, humanos y logísticos necesarios;

VIII. Promover y vigilar el respeto de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como de sus integrantes;

IX. Formular propuestas y emitir recomendaciones a las autoridades federales, estatales y municipales;

X. Coadyuvar y, en su caso, representar a los indígenas que se lo soliciten en asuntos y ante autoridades federales, estatales y municipales;

XI. Diseñar y operar, de manera conjunta con el Consejo Consultivo de la Comisión, un sistema de consulta y participación indígenas, estableciendo los procedimientos técnicos y metodológicos para promover la participación de las autoridades, representantes y comunidades de los pueblos indígenas en la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo;

XII. Asesorar y apoyar las instituciones federales, así como los estados, municipios y entidades privadas que lo soliciten;

XIII. Desarrollar programas de capacitación para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estatal y municipal, para la mejor atención de las necesidades de los pueblos indígenas;

XIV. Instrumentar y ejecutar programas y proyectos relacionados con el objeto de la Comisión;

XV. Intervenir en foros internacionales y en los tratados y acuerdos interinstitucionales sobre pueblos indígenas, así como promover su cumplimiento;

XVI. Prestar el apoyo que requiera el secretario técnico del Consejo Federal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a que se refiere esta ley para el eficiente cumplimiento de sus funciones;

XVII. Publicar un informe anual sobre el desempeño de sus funciones y los avances e impacto de las acciones de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, estatal y municipal en materia de desarrollo de los pueblos indígenas; y

 Artículo 12. La Comisión regirá sus acciones por los siguientes principios:

I. Reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural de la nación, tomando en consideración que los pueblos indígenas representan culturas diferentes;

II. No discriminación o exclusión social y construcción de una sociedad incluyente, plural, tolerante y respetuosa de la diferencia y el diálogo intercultural;

III. Integralidad, que son las acciones llevadas a la práctica de manera simultánea para alcanzar el desarrollo pleno de los pueblos indígenas, que incluye todos sus componentes; entre otros, los siguientes: producción, infraestructura básica, educación, vivienda, justicia, comunicaciones y caminos, derechos humanos, salud, capacitación, cultura, nutrición y empleo;

IV. Desarrollo sustentable, que tiene el propósito de preservar los recursos naturales para las generaciones futuras en las regiones indígenas;

V. Enfoque de género, promoción de la participación, respeto, equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas; y

 Capítulo II

De los Organos y Funcionamiento de la Comisión Nacional

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

 Artículo 15. La Junta de Gobierno estará integrada por:

I. El Presidente de la Comisión, quien presidirá la Junta;

II. Un representante por cada una de las siguientes secretarías de Estado de la Administración Pública Federal, que deberá tener el nivel jerárquico de subsecretario:

a) Gobernación;

b) Relaciones Exteriores;

c) Hacienda y Crédito Público;

d) Desarrollo Social;

e) Medio Ambiente y Recursos Naturales;

f) Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

g) Comunicaciones y Transportes;

h) Contraloría y Desarrollo Administrativo;

i) Educación Pública;

j) Salud;

k) Trabajo y Previsión Social; y

l) Reforma Agraria;

III. Un representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia;

IV. Un representante de la Universidad Nacional Autónoma de México;

V. Un representante de la Universidad Pedagógica Nacional; y

VI. Un representante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Cada miembro propietario contará con un suplente. En los casos de los miembros a que se refiere la fracción II, el suplente deberá tener jerarquía de director general; y, en el caso de los integrantes de las fracciones III a VI, el suplente deberá tener un nivel jerárquico análogo al de director general.

Artículo 16. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces al año y las extraordinarias que proponga su Presidente.

Artículo 18. La Junta de Gobierno, además de las atribuciones que le confiere el artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, tendrá las siguientes:

I. Aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Comisión y su Programa Operativo Anual, a propuesta del Presidente de la Comisión;

II. Aprobar, sin que se requiera autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las adecuaciones presupuestales a los programas de la Comisión que no impliquen la afectación de su monto total autorizado, recursos de inversión, proyectos financiados con crédito externo ni el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidos;

III. Decidir el uso y destino de los recursos autorizados y la aplicación de ingresos excedentes;

IV. Autorizar la apertura de cuentas de inversión financiera, las que siempre serán en renta fija;

V. Aprobar, a propuesta del Presidente de la Comisión, a los servidores públicos de la misma que ocupen cargos en la jerarquía inmediata inferior a la de aquél, y ser informada de su remoción;

VI. Aprobar, a propuesta del Presidente de la Comisión, la administración desconcentrada de funciones, programas y recursos;

VII. Aprobar las disposiciones y criterios para racionalizar el gasto administrativo y autorizar las erogaciones identificadas como gasto sujeto a criterios de racionalidad; y

Artículo 19. El Presidente de la Comisión será designado y removido libremente por el Presidente de la República, de quien dependerá directamente, debiendo reunir los siguientes requisitos:

I. Haberse desempeñado en forma destacada en cuestiones profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con el objeto de la Comisión;

II. No haber presidido un partido político a nivel nacional o estatal en los cinco años anteriores; no haber sido ministro de algún culto religioso en los cinco años anteriores; y, preferentemente, ser indígena; y

Artículo 20. El Presidente de la Comisión, además de las facultades y obligaciones que le confiere el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, tendrá las siguientes:

I. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos respecto del objeto de la Comisión;

II. Ejercer facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aun aquellas que requieran cláusula especial. Tratándose de cualesquiera actos de dominio, se requerirá la autorización previa de la Junta de Gobierno;

III. Otorgar, sustituir y revocar poderes generales y especiales con las facultades que le competan, incluso las que requieran autorización o cláusula especial;

IV. Formular denuncias y querellas y proponer a la Junta de Gobierno el perdón legal, cuando a su juicio proceda, así como comparecer por oficio, al igual que los inferiores jerárquicos inmediatos, a absolver posiciones en términos de la ley procesal que corresponda;

V. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive en materia de amparo;

VI. Celebrar transacciones en materia judicial y comprometer asuntos en arbitraje;

VII. Formular, respecto de los asuntos de su competencia, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República;

VIII. Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno y los que emita el Consejo Federal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;

IX. Dar a conocer a la Junta de Gobierno las propuestas del Consejo Consultivo de la Comisión;

X. Ejercer el presupuesto de la Comisión con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;

XI Suscribir y negociar títulos de crédito, así como tramitar y obtener cartas de crédito, previa autorización de la Junta de Gobierno;

XII. Elaborar y presentar el Estatuto Orgánico y el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera, para aprobación de la Junta de Gobierno; aprobar las Reglas de Operación y la reglamentación interna de los programas sustantivos, así como sus modificaciones; y expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicios de la Comisión;

XIII. Fijar las condiciones generales de trabajo de la Comisión;

XIV. Proporcionar la información que le soliciten los comisarios públicos;

XV. Informar a la Junta de Gobierno sobre el ejercicio de las facultades que este artículo le concede; y

Artículo 21. La Comisión contará con un Consejo Consultivo, integrado por:

I. Diez integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, con reconocida trayectoria en la materia;

II. Tres académicos, especialistas en materia indígena;

III. Tres integrantes de organizaciones de la sociedad civil que trabajen con las comunidades indígenas; y

IV. Tres representantes de la Cámara de Diputados y tres de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

Artículo 25. El patrimonio de la Comisión se integrará con:

I. Los bienes muebles e inmuebles que le asigne el Ejecutivo federal y los que adquiera por cualquier título legal; y

Artículo 28. La Comisión contará con una Contraloría Interna, Organo de Control Interno, al frente de la cual el contralor interno, designado en los términos del artículo 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus facultades se auxiliará por los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades podesignados en los mismos términos.

 Artículos Transitorios

Primero. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abroga la Ley de Creación del Instituto Nacional Indigenista, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 1948, conservando la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas la personalidad jurídica y el patrimonio del Instituto Nacional Indigenista, así como el carácter de filial del Instituto Indigenista Interamericano para los efectos de la convención sobre el mismo.

Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las adecuaciones necesarias para el tratamiento del ramo presupuestal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas como entidad no sectorizada.

Cuarto. La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas expedirá el Estatuto Orgánico de dicha entidad en un plazo de 90 días, contado a partir de la entrada en vigor de esta ley.

En tanto se expide el Estatuto Orgánico, se continuará aplicando el del Instituto Nacional Indigenista en lo que no se oponga a esta ley; y en lo no previsto se estará a lo que resuelva la Junta de Gobierno.

Quinto. El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas deberá estar instalado dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley.

Sexto. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas establecerá el Servicio Profesional de Carrera a que se refiere el artículo 29 dentro del año siguiente a la entrada en vigor de esta ley.

Séptimo. La expedición de esta ley no afecta los derechos laborales adquiridos por los trabajadores del Instituto Nacional Indigenista.

Octavo. Dentro de los nueve meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley, las dependencias de la Administración Pública Federal propondrán al Presidente de la República, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, las modificaciones del marco jurídico que consideren necesarias para el pleno desarrollo de los pueblos indígenas.