|
Sinopsis:
La propuesta tiene como objetivos principales los siguiente:
Hacer una serie de precisiones y actualizaciones a las
diversas disposiciones relacionadas con las adquisiciones, arrendamientos,
servicios y obras del Sector Público, con el propósito de dar mayor certeza
y seguridad jurídico administrativa en la realización de estas operaciones;
entre las que se encuentran utilizar los medios electrónicos como apoyo para
la difusión de requerimientos, formalización de contratos y pagos del Sector
Público; regular el sistema de medios de certificación de las dependencias
por parte de la Contraloría; precisar las reglas para la contratación de
asesorías, consultorías y servicios de apoyo; adecuar la normatividad a la
recientemente promulgada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información; establecer reglas particulares para las contrataciones hechas
en el extranjero y ampliar las posibilidades de la utilización del arbitraje
como medio de solución de controversias.
Se excluyen de la aplicación de la Ley los servicios
del mercado de valores y de banca y crédito, la adquisición de bienes en
consignación para su comercialización y las operaciones que celebren las
sociedades mercantiles adquiridas por la Federación por casos de utilidad
pública.
Para lograr una efectiva simplificación administrativa, otorga mayor
libertad a las dependencias y entidades para agruparse en la compra
consolidada de bienes y servicios para lograr mejores condiciones de compra;
además, se abren las contrataciones por conducto de terceros y con
arrendamiento financiero.
Respecto de las reformas que se proponen a la Ley de
Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, se orientó por la
necesidad de aumentar alternativas de fomento y apoyo a la industria de la
construcción; explorar sistemas jurídicos que permitan al país asimilar los
efectos de la globalización y la apertura económica, así como fortalecer los
métodos de evaluación y los procedimientos para la resolución de
controversias; se establece la Comisión Federal de Contrataciones
Gubernamentales como órgano descentralizado de la Contraloría, para emitir
los criterios normativos de esta Ley y auxiliar a las dependencias y
entidades para desarrollar sus procesos de contratación.
|
