Permitir que la Junta de Gobierno y el Presidente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sean nombrados por el Congreso de la Unión y que la primera dure en el cargo por un periodo de seis años. Constituir un sistema único de información hacendaria sobre el uso y destino de los recursos públicos (federales, estatales y municipales), así como de las políticas públicas y sus programas y contar con un esquema de control, fiscalización y evaluación del gasto en los tres órdenes de gobierno que incorpore aspectos cualitativos, como el cumplimiento de metas, y cuya operación esté determinada por el reglamento que para tal efecto se expida.