Sobre la Octava Reunión de Ministros de Comercio del Hemisferio para las Negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que se realizará del 19 al 21 de noviembre de 2003, en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América.

1. Que el gobierno mexicano y sus representantes en las negociaciones del ALCA, se conduzcan con estricto apego al espíritu y letra de nuestra Constitución, defendiendo la soberanía nacional y el interés público y garantizando la transparencia del proceso de la negociación.

2. Que el Ejecutivo Federal cumpla con el compromiso establecido con la organizaciones campesinas y de productores agropecuarios de mantener en las negociaciones comerciales el reconocimiento de nuestro país como una nación en vías de desarrollo y la búsqueda de la supresión inmediata de los subsidios a la exportación, así como los subsidios internos de los productos que ingresan a nuestro país, que distorsionan el comercio internacional; además del derecho soberano de México de reintroducir restricciones cuantitativas o arancelarias por causas de daño a la producción nacional, de acuerdo a los procedimientos legales aplicables.

3. Que durante las próximas negociaciones del ALCA, el Ejecutivo Federal garantice la obtención de los siguientes objetivos: alcanzar un acuerdo comercial que se subordine a las exigencias del desarrollo económico y social sustentable; que las decisiones en materia de comercio sean discutidas con anterioridad en el seno de los parlamentos; que se impida que en las negociaciones sobre el rubro de servicios, se abra el acceso a los servicios públicos; que se garantice el acceso a los medicamentos y a la salud, así como el derecho que cada país tiene a producir o de importar medicamentos genéricos.

Se prohíba que sean patentadas todas las formas debidas con el fin de preservar la biodiversidad, la seguridad alimentaria y los derechos de los pueblos indígenas; se exija la supresión de los subsidios para la exportación en todos los países, principalmente en los países desarrollados; se mejoren los derechos de los trabajadores y trabajadoras y se apliquen los principios de precaución y de sustentabilidad, considerando que no se puede exigir la misma reglamentación a partes desiguales.

Diputado

(PRD)

Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez (Convergencia)