Informe de actividades del diputado Eric
Éber Villanueva Mukul durante la LVIII Legislatura
Primer informe: EL COMPROMISO DE INFORMAR
Presentación
Con el compromiso de rendir cuentas,
este documento es el primer informe que presento como diputado federal a la LVIII
Legislatura en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, representando
a los ciudadanos de Yucatán y de la tercera circunscripción plurinominal –que
incluye a los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana
Roo–; sin embargo, estoy plenamente consciente de que mi compromiso va más allá de
esta región y abarca a todo el país, es decir, con todo el pueblo de México.
El periodo que se reseña comprende desde
el primero de septiembre del año 2000 hasta el 31 de julio de 2001 e incluye mi
participación legislativa en una cámara integrada en forma por demás plural y en donde
ningún partido político cuenta con mayoría. El informe se inscribe también en un nuevo
escenario, determinado por la dinámica del triunfo electoral del Ejecutivo Federal por un
partido diferente al que durante 70 años detentó el poder en nuestro país, y se sitúa
finalmente en el espacio de la no definida transición a la democracia.
Nunca como en esta legislatura habían
albergado los ciudadanos tantas esperanzas de que sus representantes pudieran definir e
impulsar un nuevo rumbo para el país; la actualización de sus instituciones conforme a
los nuevos reclamos provocados por la alternancia en el poder federal; la búsqueda de
soluciones, a través de acciones legislativas, a los acuciantes problemas que enfrenta la
nación; pero en forma especial y destacada, la atención a los mexicanos que por su
condición social necesitan, más que otros grupos, el compromiso del Estado mexicano.
El trabajo legislativo desarrollado en este
periodo siempre ha tomado en consideración la importancia de la encomienda confiada por
los electores que avalaron nuestra plataforma política. Nuestra vocación parlamentaria
se fortalece con el hecho de considerar la tribuna de la nación como el espacio de
expresión de las causas más nobles del pueblo mexicano.
Los diputados federales somos depositarios
de la voluntad, anhelos y esperanzas de nuestro pueblo, depositarios de la soberanía
popular, fuente de poder, que no pretende erigirse en poder superior sino, en un real
equilibrio junto con los poderes Judicial y Ejecutivo, ejercer el poder para beneficio de
todos los mexicanos.
Como diputado federal, en las actuales
circunstancias no debemos limitar nuestra actuación política a la oposición por sistema
y credo. El actual momento situado en la ruta de la transición obliga a los actores
políticos a considerar la pluralidad ideológica que debe existir en toda sociedad que se
presuma democrática. En tal sentido, revisten particular importancia las negociaciones y
acuerdos que puedan lograrse entre los grupos parlamentarios para destrabar los asuntos
que en cierto momento no tienen visos de solución, y que su postergación podría causar
daños importantes en la marcha del país.
El logro de los acuerdos, además, crea los
consensos suficientes que nos permitirán impulsar la transición democrática del
régimen político mexicano, vigorizando sus instituciones y presentando iniciativas para
la solución de los grandes e ingentes problemas nacionales.
Cuando en el año 2000 se desarrollaba la
contienda electoral para el remplazo del titular del Ejecutivo Federal y la elección de
diputados y senadores, en el Partido de la Revolución Democrática elaboramos un programa
legislativo que fuera el instrumento para impulsar, con una visión estratégica, las
modificaciones legales necesarias que dieran marco a un nuevo régimen político, a una
nueva relación Estado-sociedad y un desarrollo económico sustentable con equidad social.
Como legisladores de la nación mexicana
debemos recoger e impulsar las inquietudes de la sociedad, darles forma y articularlas en
una serie de propuestas específicas en las que estén presentes: las preocupaciones
centradas en el avance de la democratización del régimen político, en la aprobación de
una nueva reforma electoral; en reformas que garanticen un mayor equilibrio de poderes y
una auténtica colaboración entre ellos; en iniciativas legislativas sobre política
económica, sistema financiero y política social, entre otras.
El avance que en el terreno electoral ha
tenido la democracia en nuestro país, permea todas las esferas del poder público. Hoy
los ciudadanos reclaman y los gobernantes tienen la obligación de rendir cuentas por los
presupuestos asignados y ejercidos en los diversos órdenes de gobierno. Los
administradores de la justicia, los defensores de los derechos humanos, los organismos
autónomos y todos aquellos que reciban recursos de la Federación no pueden estar exentos
de cumplir con la obligación de informar a la opinión pública sobre el uso de los
mismos.
Los legisladores, además, tenemos la
obligación de hacer un balance de nuestra gestión parlamentaria, informando de la
intervención en la presentación de iniciativas que en algunos casos proponen una nueva
ley, modificaciones a las existentes y reformas a la norma suprema; además de
pronunciamientos, posicionamientos sobre asuntos legislativos y políticos, puntos de
acuerdo, mociones suspensivas, presentación de dictámenes y excitativas, intervenciones
en los debates y en situaciones coyunturales.
De las intervenciones en los puntos
señalados se podrá calificar nuestra gestión como positiva para los representados y en
general para el pueblo, independientemente de que sean favorables las resoluciones del
órgano legislativo, caso contrario, una escasa participación vendrá en demérito
personal, de la figura como legislador y del bajo desarrollo de nuestro partido, amén del
daño que se causa al desarrollo político y al proceso de transición democrática.
Como acciones relevantes de este primer
año de sesiones puedo mencionar la destacada participación de la fracción parlamentaria
del Partido de la Revolución Democrática en asuntos tan importantes como el debate en
torno al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de
2001 que presentó el Ejecutivo Federal, lo cual logró modificaciones para darle una
orientación más redistributiva como fue el caso del incremento en las partidas
correspondientes al desarrollo rural, a la educación y a los estados y municipios; el
acuerdo logrado después de intensas y prolongadas negociaciones para que la delegación
insurgente del ezln pudiera hacer uso de la tribuna para exponer sus puntos de vista
respecto a la iniciativa de decreto de reformas constitucionales en materia de derechos y
cultura indígenas, ante la reunión en conferencia de comisiones unidas de Asuntos
Indígenas, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de ambas cámaras ,
integrantes de la Cocopa, así como legisladores que desearon asistir. El acto tuvo lugar
en el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Mención especial merece lo acontecido con
la Ley de Desarrollo Rural, que fue aprobada por la Cámara de Diputados en el mes de
abril de 2000 (LVII Legislatura) y por el Senado de la República en el mes de diciembre
del mismo año (LVIII Legislatura), por lo que se cubrió con el requisito aprobatorio del
Congreso de la Unión. La Ley aprobada fue remitida al Ejecutivo Federal para que, según
lo dispuesto en el artículo 89 constitucional, la promulgara y ejecutara, situación que
no ocurrió en el primer periodo de sesiones.
En el inicio del segundo periodo de
sesiones del primer año legislativo, el Ejecutivo Federal devolvió el original del
Decreto del la Ley de Desarrollo Rural con observaciones y una propuesta alternativa de
Ley. Lo anterior supone el rompimiento de las reglas no escritas sobre la relación de los
poderes Ejecutivo-Legislativo y vimos con sorpresa cómo se rompe la promesa del
presidente de la república, de que es el Ejecutivo quien propone y el Congreso dispone.
Éstas son algunas de las situaciones en
las que estuvimos presentes, trabajando y dando nuestro punto de vista. Ahora toca a
ustedes, nuestros representados, evaluar la labor realizada.
Cabe mencionar que el presente informe se
estructura de la siguiente manera para un mejor seguimiento: actividades como
vicepresidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados; el compromiso
legislativo, que incluye las participaciones en tribuna; la gestión legislativa; las
actividades y reuniones como miembro del Grupo Parlamentario del PRD; la participación en
foros, congresos y mesas de debate; las publicaciones; la información a la población; un
resumen cuantitativo de actividades y el anexo, en el que se reproducen algunos documentos
que he elaborado durante mi gestión.
Actividades como vicepresidente
de la Cámara de Diputados
Como representante popular en la LVIII
Legislatura de la Cámara de Diputados, el Grupo Parlamentario del PRD me postuló como
vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara, cargo que acepté con responsabilidad
para actuar desde el primero de septiembre de 2000 hasta el 31 de agosto de 2001.
En mi carácter de vicepresidente de la
Mesa Directiva he tenido que guardar una posición institucional y de pleno respeto a
todos mis compañeros diputados y al pueblo de México, actuación que tiende a fortalecer
al Poder Legislativo en los nuevos tiempos que estamos viviendo. En tal sentido he
cumplido con las obligaciones señaladas en el artículo 24 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que implican, entre otras cosas, dirigir
las sesiones ordinarias del pleno en ausencia del presidente de la Cámara de Diputados.
De esta manera, en este año legislativo
presidí en 18 ocasiones las sesiones ordinarias, asistí a 35 reuniones de Mesa Directiva
y acudí en representación de ésta a encuentros protocolarios nacionales e
internacionales.
Relación de sesiones presididas
Primer periodo ordinario de sesiones
(septiembre-diciembre 2000)
Fecha Referencias en el Diario de los
Debates (páginas)
14 de septiembre de 2000 449-453
12 de octubre de 2000 1319-1335 y 1354-1362
24 de octubre de 2000 1696-1722, 1743-1745,
1756-1758 y 1776-1785
26 de octubre de 2000 1980-2002
9 de noviembre de 2000 2366-2370
28 de noviembre de 2000 3133-3167
29 de noviembre de 2000 3306-3307 y
3329-3331
5 de diciembre de 2000 3427-3428 y 3430
...continúa
Fecha Referencias en el Diario de
Debates (páginas)
7 de diciembre de 2000 4194-4202
14 de diciembre de 2000 4421-4425
19 de diciembre de 2000 4511-4513
27 de diciembre de 2000 5277-5282
Segundo periodo ordinario de sesiones
(marzo-abril 2001)
Fecha Referencias en el Diario de los
Debates (páginas)
1 de marzo de 2001 430-433, 467-470 y
473-474
29 de marzo de 2001 814-818
5 de abril de 2001 1392-1415
17 de abril de 2001 1631-1633, 1678-1683
23 de abril de 2001 1990-1991
27 de abril de 2001 2567-2570
En cumplimiento de mis deberes como miembro
de la Mesa Directiva he acudido a 27 reuniones parlamentarias en México con
representantes de diversos países que se listan enseguida:
- Encargados del área política de la
embajada de los Estados Unidos de América / 26 de octubre de 2000
- Vicepresidente de la república de
Alemania / 30 de octubre de 2000
- Senadores de Bélgica / 31 de octubre de
2000
- Comisión de enlace de la embajada de los
Estados Unidos de América / 1° de noviembre de 2000
- Agregada política de la embajada de los
Estados Unidos de América / 16 de noviembre de 2000
- Embajador de Canadá / 22 de noviembre de
2000
- Presidente de la República de Chile / 30
de noviembre de 2000
- Primer viceministro de Marruecos / 1 de
diciembre de 2000
- Embajador de Japón / 7 de diciembre de
2000
- Cuerpo diplomático de Rumania / 8 de
diciembre de 2000
- Representación de Japón / 15 de enero
de 2001
- Recepción México-Canadá / 22 de enero
de 2001
- Conferencia magistral del embajador de
Canadá / 23 de enero de 2001
- Reunión de trabajo con representantes
del cuerpo diplomático de Cuba / 7 de febrero de 2001
- Reunión de trabajo con representantes de
Polonia / 22 de marzo de 2001
- Presidenta del Congreso Español / 26 de
marzo de 2001
- Presidenta del Congreso Español / 27 de
marzo de 2001
- Embajador de Polonia / 2 de abril de 2001
- Embajador de Israel / 26 de abril de 2001
- Embajador de India / 29 de mayo de 2001
- Fiesta Nacional de Rusia (Embajada) / 7
de junio de 2001
- Parlamentarios cubanos / 15 de junio de
2001
- Parlamentarios tailandeses / 5 de julio
de 2001
- Comisión de Relaciones Exteriores del
Parlacen / 11 de julio de 2001
- Presidente de la Conferencia
Parlamentaria de las Américas / 13 de julio de 2001
- Parlamentarios vietnamitas / 17 de julio
de 2001
Parlamentarios iraníes / 17 de julio de
2001
También acudí con la representación de
la Cámara de Diputados a siete reuniones internacionales cuyo propósito esencial fue el
fortalecimiento de lazos parlamentarios con los siguientes países.
1. Parlamento de Argentina, Congreso
"Ágora: Encuentro para la Modernización Legislativa". Polémica
"Modernización y Perspectivas del Poder Legislativo en México" / 3 a 5 de
octubre de 2000
Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba
y el presidente cubano, Fidel Castro. Reuniones con Fidel Castro y con parlamentarios.
Fortalecimiento de las relaciones parlamentarias México-Cuba / 24-26 de enero de 2001
Parlamento Centroamericano, Guatemala,
Guatemala. Inclusión de México como observador en el Parlamento Centroamericano,
influencia del poder legislativo en el desarrollo de Centroamérica / 23 y 24 de febrero
de 2001
Cámara de Ciudadanos y gobierno de la
República Federal de Yugoslavia. Reuniones parlamentarias y reunión con el presidente de
República Federal de Yugoslavia, Dr. Vojislav Kostunica / 12 al 18 de junio de 2001
Duma Estatal y gobierno de la Federación
de Rusia. Reunión con parlamentarios y con el presidente de la Duma estatal, Dip.
Guennadi N. Selezniov / 18 al 24 de junio
Asamblea Legislativa de Panamá. Reunión
con parlamentarios de la Asamblea Legislativa / 20 y 21 de julio de 2001
Asamblea Legislativa de El Salvador y
Parlamento Centroamericano. Reunión con parlamentarios de la Asamblea Legislativa de El
Salvador y del Parlacen / 23 de julio de 2001
También he representado a la Cámara de
Diputados en otros foros y actividades de este órgano legislativo, entre las que
destacan:
- Reunión de trabajo con presidentes
municipales del Estado de México / 21 de septiembre de 2000
- Foro: Hacia una Reforma Fiscal Integral,
en el Salón Verde / 30 de octubre de 2000
- Reunión de trabajo con la Comisión de
la Reforma Agraria / 30 de octubre de 2000
- Reunión con el cuerpo diplomático
acreditado en el país / 9 de noviembre de 2000
- Reconocimiento a editores por cumplir con
el depósito legal al hacer donativos de ejemplares de libros a la Biblioteca de la H.
Cámara de Diputados / 8 de febrero de 2000
- Inauguración del Parlamento de los
Niños y las Niñas / 16 de mayo de 2001
- Reunión con el presidente Vicente Fox,
en la que se le externo la necesidad de no presionar al Poder Legislativo a través de los
medios de comunicación. 17 de mayo de 2001.
El compromiso legislativo
A pesar de que mi trabajo como
vicepresidente de la Mesa Directiva ha sido intenso, no he descuidado la labor propiamente
legislativa y en ese sentido presenté en el pleno de la Cámara una iniciativa de
reformas al artículo 74 de la Constitución y a los artículos 20 y 25 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. He intervenido 11 veces en tribuna, la
primera vez, el 5 de septiembre de 2000 para fijar el posicionamiento del Grupo
Parlamentario del PRD, respecto al inicio de trabajos de la LVIII Legislatura. Siempre que
he utilizado la tribuna del máximo recinto legislativo de la nación he tenido presente
el compromiso de defender los intereses de los mexicanos más necesitados y los principios
programáticos y legislativos del prd, poniendo énfasis en la contribución a través del
debate de las ideas, al desarrollo de nuestro país.
Intervenciones en tribuna
Primer periodo ordinario de sesiones
(septiembre-diciembre de 2000)
5 de septiembre de 2000. Posicionamiento
del Grupo Parlamentario del PRD respecto a los trabajos de la LVIII Legislatura y la
agenda legislativa. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
expresa la voluntad y la firme convicción de que en el trabajo legislativo y su
concreción en leyes, predomine el interés supremo y general de la nación.
La Cámara de Diputados deberá ser el
centro de las discusiones de las reformas al régimen político, al sistema de partidos, a
las instituciones del Estado que el país requiere y que la sociedad demanda. Se subrayó
la importancia de iniciar el proceso de reforma del Estado como una serie de iniciativas
que tengan por objetivo profundizar la democracia en el país, lograr un real equilibrio
de poderes y acotar al Poder Ejecutivo Federal. Se hicieron entre otras las siguientes
propuestas concretas de iniciativas:
- Culminar la aprobación de la Ley de
Fiscalización Superior de la Federación
- La ratificación por la Cámara de
Diputados, del gabinete del Poder Ejecutivo Federal
- La ratificación por la Cámara de
Senadores, de los secretarios de Relaciones Exteriores y de la Defensa Nacional
- El nombramiento del procurador general de
la república, por el Congreso de la Unión, es decir, por ambas cámaras
- La aprobación del Plan Nacional de
Desarrollo por la Cámara de Diputados
Reformas a la Constitución y a la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal que permitan una mayor participación
de la Cámara de Diputados en la elaboración y aprobación del Presupuesto Federal.
Se convocó a todas las fracciones
parlamentarias y a la sociedad en su conjunto, a iniciar una gran discusión para realizar
una profunda reforma del Estado, de largo aliento, que permita arribar a un nuevo régimen
y a una nueva forma de gobierno que le dé al país una mayor estabilidad política,
económica y social.
12 de octubre. Presentación de
Iniciativa de Decreto de reformas a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los artículos 20 y 25 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Esta iniciativa, a la vez que busca un
fortalecimiento del Poder Legislativo en materia económica, atiende también a los
tiempos de presentación por el Ejecutivo Federal de las iniciativas de Ley de Ingresos,
del Proyecto de Presupuesto de Egresos y de los Criterios Generales de Política
Económica; elimina las partidas secretas; considera la previsión en caso de no aprobarse
las iniciativas de Ingresos y Egresos; prohíbe el ajuste y transferencia de recursos, el
destino de montos presupuestarios no devengados y las variaciones que rebasen el 10 por
ciento las condiciona a la aprobación previa de la Cámara.
19 de octubre. Comentarios respecto
al Instituto Estatal Electoral de Yucatán y las elecciones en el mismo estado. Se
solicitó que el Congreso local de Yucatán repusiera el procedimiento de los consejeros
electorales, según lo dispuesto por el Tribunal Federal Electoral, ya que el Congreso
local no acató las resoluciones del Trife.
26 de octubre. Comentarios sobre los
problemas de la citricultura en Yucatán. Se exponen los problemas que enfrenta la
citricultura en Yucatán y que pueden extenderse a toda la república, debido a plagas que
se consideraban ya erradicadas. Considera que los problemas que vive la agricultura en
México se deben a las políticas neoliberales que determinan que el mercado debe
solucionar todo.
7 de noviembre. Efeméride del cxxvi
aniversario del natalicio de Felipe Carrillo Puerto. Carrillo Puerto fue un férreo
defensor de los indígenas. Fue gobernador de Yucatán, de ideas avanzadas e hizo cambios
a la Constitución local, para hacerla de las más avanzadas del país.
28 de noviembre. Comentarios sobre
el desacato a las resoluciones del Trife por el Congreso Local de Yucatán. El Congreso
local ha violado su propia norma al elegir un consejo que no reunía los requisitos y que
no se apegaba al procedimiento establecido por la Ley.
Segundo periodo ordinario de sesiones
(marzo -abril de 2001)
20 de marzo. Excitativa a las
comisiones de Puntos Constitucionales y de Presupuesto y Cuenta Pública. Para que
presenten el dictamen correspondiente a la propuesta de decreto de reformas a la fracción
IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los
artículos 20 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
21 de marzo. Manifestación en
contra de la decisión del Ejecutivo Federal de rechazar la Ley de Desarrollo Rural,
aprobada por el Senado el 28 de diciembre de 2000. Se recalca que la decisión del
Ejecutivo Federal coloca a seis millones de campesinos en una situación de incertidumbre
y de indefinición en cuanto a las políticas que para el desarrollo rural aplicará la
administración del presidente Vicente Fox. La ley que fue rechazada por el presidente de
la república representa el primer intento mexicano para definir una política de mediano
y largo plazos, en la medida que contiene instrumentos que deben ser vigentes en periodos
de cinco a 10 años, tanto en lo presupuestal como en los objetivos de alcanzar esa
política. Es una legislación que busca otorgar las condiciones para la seguridad
alimentaria, para el mejoramiento económico y social, para incrementar el empleo en el
campo y para que deje de ser una actividad no rentable y se convierta en una actividad que
conduzca al bienestar de los campesinos.
El Ejecutivo y el secretario de Agricultura
ofenden al Congreso en su conjunto porque, pese a que la ley fue discutida en la LVI
legislatura y aprobada por la LVII y LVIII legislaturas, son capaces de afirmar que 95 por
ciento de la ley tiene observaciones. Pero lejos de mandar sus observaciones, mandó un
veto total y una iniciativa de nueva ley, precedida de comentarios generales con grandes
imprecisiones.
9 de abril. Pronunciamiento respecto
al proyecto de reforma tributaria que envió al Congreso el gobierno de Vicente Fox. La
propuesta del Ejecutivo es la propuesta de Hood Robin, es decir, reduce los impuestos a
los ricos y se los aumenta a los pobres. Estamos de acuerdo en fortalecer las finanzas
públicas, pero el fortalecimiento no puede hacerse gravando los alimentos y medicinas
porque eso afectará a más de 90 por ciento de la población. En nuestro país, más de
60 por ciento de la población recibe ingresos menores a los dos salarios mínimos; es
decir, 24 mil pesos anuales; 30 por ciento hasta 240 mil; y solamente el último decil de
ingresos se sale de este esquema.
El fortalecimiento de las finanzas
públicas no puede más que provenir de una política tributaria equitativa en la que
todos los mexicanos, de acuerdo con sus ingresos, contribuyan al fortalecimiento de las
finanzas públicas, al crecimiento económico sostenido y sustentable y al desarrollo con
equidad.
Por eso proponemos:
- Mantener el impuesto sobre la renta en
las tasas actuales
- Revisar el régimen de consolidación
fiscal
- Revisar el régimen simplificado para que
realmente beneficie a los pequeños productores y micro y pequeños empresarios
- Ampliar la base gravable con especial
atención en la economía informal
- Combate frontal contra la evasión y la
elusión fiscal
- Revisar los impuestos a la industria
maquiladora y las transacciones financieras
- Revisar las tasas del iva a productos no
básicos y gravar con tasas mayores a bienes suntuarios
Fortalecer la transferencia en el ejercicio
presupuestal y fortalecer las facultades de fiscalización del Órgano Superior de
Contraloría de la Federación
9 de abril. Debate respecto a la
reforma tributaria del Ejecutivo Federal. El prd acepta el debate de altura planteado por
el pan; pero el debate de altura no significa aceptar la propuesta del presidente Fox,
que, hay que decirlo, es una de las acciones más impopulares, rechazada por 89 por ciento
de la población, según varias encuestas.
Se subraya que nosotros pensamos que debe
darse un debate de altura y plantear un proyecto de nación, pero un proyecto que incluya
a 100 por ciento de los mexicanos, que no esté pensando en el cinco por ciento de la
población más rica de este país.
Se reiteró la necesidad de elevar el nivel
de miras, de discutir el proyecto de nación que México requiere para el siglo xxi, que
incluya a todos los mexicanos. Es tiempo de resarcir a los que han sido más golpeados por
el neoliberalismo de los últimos 20 años, que este país no resiste más neoliberalismo,
no resiste más pobreza, porque entonces esos sectores marginados y pobres se volverán en
contra del país en su conjunto.
Gestión legislativa
Si bien nuestra tarea primordial es
legislar, no podemos dejar de lado nuestro compromiso de servir como mediadores de la
población ante diferentes instituciones, con el afán de apoyar desde nuestro espacio la
defensa de los intereses de la población y la solidaridad con los sectores más
necesitados.
Preciso es mencionar que la labor de
gestión que hemos realizado, se encuentra dividida en dos ámbitos territoriales
distintos, la Cámara de Diputados y una oficina de gestión en la ciudad de Mérida,
Yucatán.
Con el compromiso de servir, he atendido
más de 100 reuniones con representantes de diferentes organizaciones y se gestionaron
desde mis oficinas 150 servicios y apoyos en diversos ámbitos, entre las que destacan:
servicios médicos, asesoría jurídica, gestiones administrativas, servicios públicos,
asesoría a proyectos productivos y de comercialización de productos agropecuarios.
Quiero destacar tres temas que han sido
relevantes en el desempeño como gestor: la asesoría a trabajadores sindicalizados de
Pemex, el fortalecimiento de las relaciones con organizaciones campesinas y sociales y el
apoyo a los productores de henequén de Yucatán.
Trabajadores de Pemex
En el mes de septiembre de 2000,
trabajadores petroleros sindicalizados integrantes del Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República Mexicana (stprm), de las secciones 1, 10, 11, 13, 14, 15, 22,
24, 34, 35, 44, 46, 47, 48, 49 y 52, y jubilados, se acercaron a mis oficinas para que los
apoyáramos con asesoría jurídica y administrativa respecto a varios temas como sus
derechos laborales, contractuales y de salud y sobre todo para que les proporcionáramos
asesoría sobre la impugnación de las elecciones sindicales de secretario general,
realizadas entre septiembre y octubre del año 2000. No hace falta mencionar la
importancia que posee el sindicato de la industria más importante del país.
La gestión de los petroleros es sin lugar
a dudas una de las más importantes que se ha efectuado durante el periodo de que se
informa. Se ha promovido un acercamiento entre miembros del sindicato mencionado y la
Secretaría del Trabajo, para que éstos sean escuchados con relación al proceso de
elección de sus autoridades internas, las que fueron impugnadas por un gran número de
trabajadores debido a que consideraba inconstitucional que a las boletas se les pusiera
nombre y número de ficha, lo cual se ha prestado a represión. Ante esto se interpusieron
recursos de amparo contra la toma de nota de los secretarios generales de las secciones
mencionadas, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Recientemente la Suprema Corte de Justicia
determinó que ningún sindicato puede aplicar la cláusula de exclusión, por lo tanto
las elecciones internas se pueden calificar de inconstitucionales. Resultado de la
asesoría jurídica y de las gestiones que hemos realizado, es el hecho de que hasta el
momento se han ganado dos amparos federales contra la toma de nota de los secretarios
generales en las secciones 44 y 48 del stprm.
Con la decisión de la Suprema Corte, por
primera vez en la historia por la vía administrativa y jurídica se ha empezado a
democratizar una organización sindical que tiene un negro historial en los procesos de
renovación de sus comités sindicales seccionales.
Cabe destacar que la asesoría a los
sindicatos petroleros por el respeto a sus derechos laborales, contractuales y sindicales,
se ha topado con vicios añejos que se tienen que ir resolviendo con el tiempo y con el
interés del Poder Legislativo en la industria más importante del país.
Las organizaciones campesinas
Otro de los asuntos que ha sido
atendido durante este periodo del informe es la cuestión agrícola, el desarrollo rural y
las organizaciones campesinas. Como ya se ha mencionado por expertos rurales en los
últimos meses, el campo mexicano atraviesa por una de sus peores crisis, por tanto han
surgido muchas inquietudes de parte de los grupos de campesinos organizados, inquietudes
que tienen que ver con la búsqueda de apoyos y asesoría para la gestión de recursos de
programas como los microcréditos y el Progresa, ante las instancias federales. Asesoría
en la elaboración de proyectos productivos y en la comercialización de productos.
Así, apoyamos a las organizaciones
campesinas en dos aspectos: por un lado, desde la función legislativa, pugnando por
mayores recursos para el campo, consiguiendo la ampliación en el Presupuesto de Egresos;
por otro lado, se asesoró y se realizaron gestiones para organizaciones como las
pertenecientes al Pacto de Unidad Obrero Campesina como son: la Coordinadora de
Organizaciones Campesinas y Populares (cocyp); la Unión de Campesinos y Emigrantes de
México (ucem); la Unión General Obrero Campesino y Popular (ugocp); la Unión General
Obrero Campesina de México (ugocm); la Confederación Regional Obrero Campesino
Democrática (croc-d); la Coordinadora Nacional de Organizaciones Sociales y Productores
(Conospro); así como también la Coordinadora Nacional de Trabajadores Petroleros
Democráticos.
También se apoyó a la Cooperativa de
Pequeños Productores e Introductores de Flores, Follajes y Complementos Florícolas; a
productores de cacao del municipio de Huimanguillo, Tabasco; a productores maiceros,
arroceros, cafetaleros e indígenas de Chiapas; a productores de flores y follajes de
Orizaba, Veracruz; a productores rurales de la zona de Santa Rosa Xochiac, de la
delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal; al Ejido de San Bartolo Ameyalco,
también de la delegación Álvaro Obregón; a productores de flores, follajes, hortalizas
y frutas, así como a comerciantes y cargadores de la Central de Abastos de la ciudad de
México; a compañeros indígenas amuzgos de Guerrero del grupo artesanal "Arrollo de
Mujer", entre otros.
Otras organizaciones con las que se han
sostenido reuniones o se siguen procesos de gestión: Cámara Nacional de Carga (Canacar),
Federación de Pueblos Rurales del D.F. (Fepur), Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras (anec), Sindicato de Trabajadores de la UNAM (stunam), Unión Nacional
de Trabajadores (unt), Sistema Nacional de Investigadores (sin), Coalición de
Organizaciones Democráticas Urbanas Campesinas (coduc).
Además de seguir las gestiones por la vía
jurídica y administrativa y con objeto de dar a conocer las inquietudes de todas estas
organizaciones, así como de las personas físicas que se acercan a nosotros para que
seamos intermediarios con diversas instituciones del gobierno federal, se han sostenido
reuniones de trabajo con la Comisión de Desarrollo Rural y la Comisión de Agricultura de
la Cámara de Diputados; con el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación; con la titular de la Secretaría de la Reforma Agraria; con el
titular de la Procuraduría Agraria, con autoridades del Registro Agrario; con el
secretario de Gobernación y con el presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Dentro de los asuntos agrícolas atendidos,
especial atención merece el problema de los productores de henequén en Yucatán. En los
últimos años el problema de la comercialización de henequén se ha agudizado debido a
las políticas neoliberales que ha aplicado el gobierno federal, lo cual ha implicado un
aumento en las importaciones de fibra de henequén de países como Brasil, en perjuicio de
los productores locales. Es importante que se apoye a los productores agrícolas en
nuestro país. En este asunto en particular se ha solicitado al gobierno del estado de
Yucatán, y a las secretarías de Agricultura y de Comercio del gobierno federal, su
intervención para la solución del problema henequenero. Se ha solicitado a la
Secretaría de Comercio que se impongan cuotas para la importación de la fibra de
henequén, dado que si no se toman medidas urgentes, esta actividad puede desaparecer en
pocos años. Es importante mencionar que ya en una ocasión se impidió importar fibra de
Brasil y se continúa impulsando con diferentes sectores de productores y organizaciones
la creación de la Comisión Reguladora del Henequén.
El Grupo Parlamentario
El grupo parlamentario es la forma de
organización que tenemos los diputados federales en México. La integración de los
grupos parlamentarios y su funcionamiento se encuentra establecida en el capítulo
tercero, artículos 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos.
El Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática lo constituimos 52 diputados. Debo destacar la importante labor
que han realizado tod@s mis compañe@s legislador@s, de tal forma que a pesar de la
diferencia cuantitativa con los grupos parlamentarios del pan y pri, la fracción del prd
ha demostrado su calidad moral y su compromiso social al presentar diversas iniciativas de
ley y puntos de acuerdo que benefician a la mayoría de la población mexicana, y en la
expresión de pronunciamientos y debates con el afán de defender los intereses de los
mexicanos más desfavorecidos.
Los diputados del prd en los dos periodos
ordinarios hemos presentado 32 iniciativas de ley y reformas constitucionales, 17
excitativas, 82 proposiciones y 14 pronunciamientos. Hemos participado 385 veces en
tribuna en el primer periodo ordinario de sesiones y 128 veces en el segundo periodo
ordinario. Como fracción parlamentaria destaca nuestra postura para que las comunidades
indígenas hablaran desde la tribuna más alta de la nación, nuestra incidencia en la
definición del Presupuesto de Egresos de 2001, nuestra postura en contra del rechazo por
parte del Ejecutivo a la Ley de Desarrollo Rural, entre otras cosas.
No obstante la intensa labor de tod@s l@s
diputad@s perredistas, debemos reconocer que existen rezagos en nuestra agenda
legislativa, es decir, quedan pendientes muchos temas en los cuales hay que seguir
trabajando.
A continuación se presenta una lista de
las reuniones y actividades a las que he asistido como miembro del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática:
- 4 de septiembre de 2000. Grupo
Parlamentario. Definición de agenda legislativa.
- 5 de septiembre. Grupo
Parlamentario. Reunión previa a la primera sesión ordinaria.
- 6 de septiembre. Reunión con la
Mesa Directiva. Definición sobre diversos temas.
- 12 de septiembre. Grupo
Parlamentario. Definición de temas por tratar en la sesión ordinaria.
- 13 de septiembre. Área de
Política Social. Definición de agenda.
- 25 de septiembre. Diversas
organizaciones no gubernamentales y miembros del prd. Foro "La Transición desde la
Izquierda".
- 18 de octubre. Reunión entre
diputados, dirigentes del prd y representantes de Pemex. Política energética.
- 20 de octubre. Legisladores
nacionales y estatales del prd. Reunión de actualización.
- 23 de octubre. Diputados del prd
con especialistas. Conferencia sobre reforma fiscal.
- 7 de noviembre. Diputados del
Grupo Parlamentario del PRD. Instalación de la Coordinación de Reforma del Estado.
- 14 de noviembre. Área de
Política Económica. Dip. Miroslava García. Reunión de trabajo.
- 24-26 de noviembre. Grupo
Parlamentario. Organización interna del Grupo Parlamentario. San Miguel Regla, Hidalgo.
- 28 de noviembre. Área de
Política Económica. Reunión de trabajo.
- 5 de diciembre. Grupo
Parlamentario. Reunión de trabajo.
- 6 de diciembre. Grupo
Parlamentario. Reunión de trabajo.
- 7 de diciembre de 2000. Grupo
Parlamentario del PRD y secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz. Reunión de trabajo.
- 12 de diciembre de 2000. Diputados
con jefes delegacionales del Distrito Federal. Varios temas.
- 13 de diciembre. Grupo
Parlamentario. Reunión de trabajo.
- 19 de diciembre. Grupo
Parlamentario. Reunión de trabajo.
- 20 de diciembre. Diputados del prd
con Amalia García, presidenta nacional del prd. Presupuesto de Egresos de la Federación
para 2001.
- 23 de enero de 2001. Grupo
Parlamentario. Análisis de la reforma fiscal integral.
- 6 de febrero. CEN del PRD. Reforma
tributaria.
- 8 de febrero. CEN del PRD. Reforma
tributaria.
- 20 de febrero. Coordinador del
Grupo Parlamentario. El papel del Congreso en la transición democrática.
- 21 de febrero. Grupo de trabajo
para la reforma fiscal: Jorge Calderón, Instituto de Estudios de la Revolución
Democrática. Reunión de análisis.
- 21 de febrero. Área de Reforma
del Estado. Dip. Uk-kib Espadas. Reunión de trabajo.
- 22 de febrero. Comisión de
Desarrollo Rural. Dip. Silvano Aureoles. Análisis de la Ley de Desarrollo Rural.
- 23 de marzo. Grupo Parlamentario.
Análisis de la reforma fiscal integral.
- 1° de marzo. CEN
del PRD. Reforma fiscal.
- 27 de marzo. Grupo Parlamentario.
Reunión de trabajo, respecto a la visita del ezln a la Cámara de Diputados.
- 28 de marzo. Comisiones unidas de
Asuntos Indígenas, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de ambas
cámaras. Visita de representantes del Congreso Nacional Indígena y del ezln a la Cámara
de Diputados.
- 20 de abril. Grupo Parlamentario.
Análisis de la reforma fiscal integral.
- 23 de mayo. Grupo Parlamentario.
Reunión de trabajo.
- 7 de junio. CEN del PRD. Reforma
fiscal.
- 26 de junio. CEN del PRD. Reforma
fiscal.
Participación en foros, congresos
y mesas de trabajo
Conocer e intercambiar puntos de vista
sobre los grandes temas nacionales, con diferentes representantes sociales es sin lugar a
dudas un enriquecimiento para la labor de un legislador. En este sentido la participación
en espacios académicos, foros, congresos, seminarios y mesas de debate ha sido
importante.
21 de septiembre de 2000. Foro
"La Transición desde la Izquierda". Asistente.
4 de octubre. Congreso
"Ágora", Buenos Aires, Argentina. Ponente: "La transición política en
México".
12 de octubre. Presentación del
libro: Para recobrar la confianza en el gobierno: Hacia la transparencia y mejores
resultados con el presupuesto público. Comentarista.
23 de octubre. Conferencia sobre
reforma fiscal. Asistente.
26 de octubre. Foro "Gasto
Público, Evaluación y Perspectiva". Asistente.
11 de noviembre. Mesa redonda
"Perspectivas del PRD en el País". Asistente.
20 de abril de 2001. Foro
"Reforma Fiscal Hacendaria". Moderador.
5 de junio. Mesa de debate: "El
Presupuesto en la UNAM". Conferencia magistral: "La importancia de la educación
y los criterios para la asignación del presupuesto en la UNAM, cambios al modelo de
enseñanza y expansión de la universidad a todo el país".
12 de junio. Foro "Acuerdo de
Libre Comercio de la Américas". Ponente: "ALCA y Poder Legislativo: Una llamada
de atención sobre los esfuerzos integracionistas entre economías desiguales".
Publicaciones
Al lado del análisis de las leyes, la
labor del legislador no debe restringirse a la gestión. Considero que también podemos
contribuir en la investigación y los planteamientos de solución de los grandes problemas
nacionales. Es importante que desde el ámbito legislativo se escuche a los especialistas
en diversos temas y se aliente la participación ciudadana a fin de enriquecer nuestra
labor legislativa y atender de mejor manera los requerimientos de la población.
En este afán de incluir a la población en
la discusión y la búsqueda de soluciones a los grandes temas nacionales, coordiné los
trabajos y la publicación de los siguientes libros:
México siglo xxi: Un nuevo desarrollo
para el campo / El desarrollo rural, propuestas y perspectivas. Coordinador de la
obra. Edición: Instituto Nacional de Formación Política del PRD e Instituto de Estudios
de la Revolución Democrática. México, 2000. Presentado el 25 de octubre de 2000 en la
ciudad de México.
Colección México: Nuevo Rumbo de
Nación. Se compone de siete libros con la siguiente temática: Política
económica alternativa; Desarrollo rural, recursos naturales y pesca; Maquiladoras, ¿una
propuesta viable?; Salud y seguridad social; Jóvenes y políticas públicas; Cultura y
democracia; México: Nuevo rumbo de nación. Edición: H. Cámara de Diputados, junio
de 2001. Presentación: 18 de julio de 2001.
Información a la población
Sin lugar a dudas rendir cuentas es una
de las obligaciones imprescindibles que tenemos como legisladores, y una de las formas de
cumplir con dicha obligación es dar a conocer lo que hacemos, tanto a nuestros electores
como a la población mexicana en general. Este es el sentido del informe que usted tiene
en sus manos.
Sin embargo la necesidad de informar a la
población va más allá de este documento, debe ser una práctica diaria, transparente y
honesta. Así, en el cumplimiento de mi compromiso y responsabilidad de informar, he
atendido alrededor de 200 entrevistas de radio, prensa y televisión, nacionales y
estatales, lo cual se ha visto reflejado en más de 400 menciones periodísticas.
Entre los temas que he tratado a lo largo
de este año de trabajo destacan: el Presupuesto de Egresos de 2001, la Ley de Ingresos de
2001, la transición política, la reforma fiscal, la necesidad de un cambio de régimen
político, las reformas constitucionales en materia de cultura y derechos indígenas, la
reforma de las instituciones económicas del Estado, la transformación del prd, la
problemática del campo mexicano, la Ley de Desarrollo Rural y el pacto político.
Resumen de actividades
Numéricamente podemos resumir de la
siguiente manera las actividades del año legislativo 2000-2001.
| Actividad |
Cantidad |
| Intervenciones en tribuna |
11 |
| Presidir el pleno de sesiones |
18 |
| Actividades como miembro del GPPRD |
36 |
| Gestiones |
150 |
| Asistencia a sesiones* |
59 |
| Reuniones con grupos sociales |
100 |
| Coordinación de libros |
8 |
| Reuniones con la Mesa Directiva de la H. Cámara de
Diputados |
35 |
| Atención a representantes populares de otros países |
27 |
| Reuniones internacionales |
7 |
| Conferencias de prensa |
5 |
| Entrevistas a medios de comunicación (aprox.) |
200 |
| Menciones en prensa escrita (aprox.) |
400 |
| Participación de foros, congresos y mesas de debate |
9 |
*Sesiones de Congreso General, ordinarias y
solemnes.
Posicionamiento del Grupo Parlamentario
del PRD
respecto a los trabajos de la LVIII Legislatura
y la agenda legislativa
5 de septiembre de 2000
Señoras y señores diputados,
compañeros de los grupos parlamentarios
que integran esta LVIII Legislatura:
Al iniciar hoy los trabajos de este primer
periodo ordinario de sesiones, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática quiero darles la más cordial de las bienvenidas y al mismo
tiempo expresar nuestra intención de impulsar iniciativas que recojan el ánimo, la
voluntad y el consenso de este cuerpo legislativo; iniciativas que tengan como objetivo
profundizar los anhelos de cambio que la sociedad expresó en la pasada elección federal.
Iniciamos esta legislatura con un nuevo
escenario político; el 2 de julio la sociedad no sólo expresó su decisión de que
hubiera alternancia en el Ejecutivo Federal sino también una nueva composición de las
distintas fuerzas políticas que integran esta Cámara de Diputados y el Senado de la
República.
Esta nueva composición del Congreso fue
producto del esfuerzo y de las luchas generacionales de la sociedad civil y de las
diferentes fuerzas opositoras a un régimen político caracterizado por la hegemonía de
un partido de Estado que en su última etapa aplicó una política económica de corte
neoliberal polarizador y empobrecedor de amplias capas de la población.
Arribamos a este nuevo escenario político
por la decisión y el empuje de una nueva sociedad civil, exigente, cuestionadora y
participativa, que reclama nuevas formas de gobierno y un rumbo diferente de nación.
El Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática expresa en esta tribuna la voluntad y la firme convicción de que
buena parte del trabajo legislativo y su concreción en leyes, sólo será posible
mediante la búsqueda y el logro de nuevos consensos políticos sin olvidar que otras
fracciones tienen sustentos en principios y programas diferentes al nuestro pero que por
encima de ello predominará el interés supremo y general de la nación.
Si bien el 2 de julio marcó el fin de la
hegemonía del partido de Estado y la concreción de la alternancia en la Presidencia de
la República, también el voto mandató el fin de la mayoría absoluta de un solo partido
en el Congreso de la Unión. Por tales motivos, la Cámara de Diputados deberá ser el
centro de las discusiones de las reformas al régimen político, al sistema de partidos, a
las instituciones del Estado que el país requiere y que la sociedad demanda.
Proponemos que en este primer periodo
iniciemos el proceso de reforma del Estado como una serie de iniciativas que tengan por
objetivo profundizar la democracia en el país, lograr un real equilibrio de poderes y
acotar al Poder Ejecutivo Federal.
En este sentido, proponemos las siguientes
iniciativas, entre otras:
Culminar la aprobación de la Ley de
Fiscalización Superior de la Federación
La ratificación por la Cámara de
Diputados, del gabinete del Poder Ejecutivo Federal
La ratificación por la Cámara de
Senadores, de los secretarios de Relaciones Exteriores y de la Defensa Nacional
El nombramiento del procurador general de
la república, por el Congreso de la Unión, es decir, por ambas cámaras
La aprobación del Plan Nacional de
Desarrollo por la Cámara de Diputados
Y reformas a la Constitución y a la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal que permitan una mayor participación
de la Cámara de Diputados en la elaboración y aprobación del Presupuesto Federal.
Por último, desde esta alta tribuna de la
nación, nuestra bancada quisiera convocar a todas las fracciones parlamentarias y a la
sociedad en su conjunto, a iniciar una gran discusión sobre la pertinencia de realizar
una profunda reforma del Estado de largo aliento, durante los tres años de esta
legislatura, que nos permita arribar a un nuevo régimen y a una nueva forma de gobierno
que le dé al país una mayor estabilidad política, económica y social.
En este nuevo régimen, el presidente de la
república deberá asumir las funciones de jefe de Estado, y la Cámara de Diputados
deberá nombrar a un primer ministro que asuma las funciones de jefe de gobierno. Dicha
atribución deberá recaer en la fracción parlamentaria mayoritaria que por sí sola o en
alianza logre la mayoría absoluta.
Éste es el nuevo rumbo de nación que la
sociedad demanda; seamos consecuentes con el cambio democrático. Estos son y serán los
propósitos fundamentales del Partido de la Revolución Democrática y de su fracción
parlamentaria al iniciarse los trabajos de esta LVIII Legislatura en el umbral del México
democrático del siglo xxi.
¡Democracia ya. Patria para todos!
Iniciativa de decreto que reforma el
artículo 74
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y los artículos 20 y 25 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público Federal
12 de octubre de 2000
Exposición de motivos
La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos estableció desde su origen la división de poderes como forma de
gobierno. El artículo 49, en su primer párrafo, estipula: "El supremo poder de la
Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial". La
división de poderes surgió como respuesta a diversas experiencias internacionales, en
donde se dieron formas de gobierno despóticas o tiranas, las cuales tuvieron como
característica principal el predominio de un solo poder que, en muchas ocasiones, recaía
en manos de un solo individuo.
Actualmente existe el consenso en los
gobiernos democráticos, de que para que un sistema político tenga un óptimo
funcionamiento la división de poderes debería ser real. En nuestro país, los tres
poderes deberían tener un verdadero equilibrio que imposibilitara la supremacía de uno
sobre los otros dos; sin embargo, este equilibrio no ha podido consolidarse, por el
contrario, la construcción del sistema político mexicano se ha distinguido hasta el
presente por una excesiva concentración de facultades en el Poder Ejecutivo Federal. Las
llamadas "facultades metaconstitucionales" –como han sido denominadas por
los círculos académicos– de las que goza el titular del Poder Ejecutivo han
consolidado su fuerza sobre los otros dos poderes, creando un sistema político dominado
por la voluntad y la decisión política del Ejecutivo Federal.
Esta concentración de poderes
presidencialistas tuvo su sustento jurídico en un conjunto de leyes que dotó de
capacidades y amplios márgenes de discrecionalidad al Poder Ejecutivo Federal; pero
además, estas mismas leyes –de carácter secundario– han consolidado límites y
obstáculos para que los poderes Legislativo y Judicial no puedan tener el mismo peso y
poder del que goza el Ejecutivo Federal. Las mismas leyes que han sido aprobadas por el
Congreso de la Unión han debilitado su fuerza y poder.
Existen múltiples casos en donde el
Legislativo ha cedido sus facultades al Ejecutivo; un ejemplo importante de esto es la
nula injerencia de la Cámara de Diputados en el proceso de elaboración del presupuesto y
la asignación de montos presupuestales, quedando relegado su papel al examen, discusión
y aprobación del presupuesto en breve tiempo y con gran resistencia por parte del
Ejecutivo Federal para aceptar sugerencias de modificaciones al proyecto de gasto, como
tenemos constancia en la experiencia vivida en la LVII Legislatura con los dos últimos
presupuestos federales.
Estos vicios derivados del exceso del poder
deberían ser suprimidos, sobre todo teniendo en cuenta la trascendencia y el impacto
directo que tiene el presupuesto sobre la economía, el desarrollo y el nivel de vida de
la sociedad mexicana. Una verdadera participación de la Cámara de Diputados en esta
materia es exigible, no sólo por el principio de la división de poderes, sino por el
hecho de que la Cámara representa a la mayoría de la población y a las más diversas
preferencias e intereses económicos y políticos.
Para llegar a una verdadera racionalidad,
transparencia y eficacia plena en el manejo de la hacienda pública federal, la Cámara de
Diputados debe participar en el conocimiento completo del proceso de elaboración y
asignación del presupuesto.
Sin el fortalecimiento de la división de
poderes en materia económica, sin la democratización de la gestión pública, los
avances electorales que hemos tenido en el presente no van a servir de nada. Éstos deben
traducirse en las condiciones que generen un desarrollo económico que distribuya sus
frutos en forma más equitativa entre la población.
Es una aspiración largamente anhelada, ya
que en las dos últimas legislaturas conocimos de iniciativas presentadas por los grupos
parlamentarios del prd, pan y pri e incluso por diputados independientes; tal es el caso
de la iniciativa presentada en la LVI Legislatura por la diputada Ifigenia Martínez
Hernández, del prd, referida a las reformas para la planeación, presupuestación,
ejecución, control, evaluación y fiscalización del sector público federal. De la
anterior legislatura, tenemos los antecedentes de iniciativas presentadas por diputados de
las fracciones parlamentarias antes señaladas y del diputado Marcelo Ebrard Casaubon.
Todo esto nos indica que existe un ánimo plural para llevar a cabo reformas en la materia
de presupuestación y en concreto de modificaciones a la fracción IV del artículo 74
constitucional y a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
En atención a los motivos antes expuestos,
nuestra fracción parlamentaria considera que es necesaria y urgente la modificación del
artículo 74 de la Constitución Política, en su fracción IV, y al artículo 20 de la
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal que reglamenta la carta magna en
la parte conducente, incluyendo los mismos plazos propuestos. Asimismo, se pretende
reformar el artículo 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal
para que se contemple el destino de los recursos obtenidos en exceso a los previstos, de
montos presupuestarios no devengados, de los ingresos extraordinarios y establecer el
principio de previsión en el caso de variaciones presupuestales.
En lo que corresponde a las reformas al
artículo 74 constitucional, fracción IV, consideramos que es fundamental que la Cámara
de Diputados, por medio de la comisión correspondiente, vaya analizando la forma en que
se debería integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos y la asignación de recursos;
esta intervención debe hacerse desde el momento mismo en que se inicie su elaboración.
También se abre la posibilidad de incorporar proyectos de largo aliento, que no se
limiten a los plazo anuales y que pueden desarrollarse en un tiempo más amplio de
ejecución; de tal forma, que aunque se aprueben en un año determinado, en los años
posteriores las partidas presupuestales deberán ser respetadas por los subsecuentes
presupuestos de egresos. [Por tal razón se adiciona el párrafo primero de la fracción
IV.]
Anteriormente, por la manera partidista en
que se conformaba la Cámara de Diputados, los tiempos de la entrega de la Ley de Ingresos
y Proyecto de Presupuesto de Egresos eran aparentemente los adecuados, porque se trataba
más bien de un trámite protocolario, que de un análisis serio y formal de los
documentos. No había un estudio profundo del documento, y mucho menos había correcciones
que fueran tomadas en cuenta en los proyectos entregados por el Ejecutivo.
Indiscutiblemente, hoy en día esta situación ha cambiado al ser modificada la
integración partidista de la Cámara de Diputados.
Actualmente, la Cámara de Diputados
reclama su sitio como uno de los poderes de la Federación, y este reclamo viene
acompañado de la demanda de rescatar todas aquellas funciones que le eran propias y que
fueron cedidas al Ejecutivo. De esta manera, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación debe ser analizado, discutido y sometido al pleno para su aprobación o
rechazo; de tal forma que es imperativo modificar la fecha de entrega, porque un examen
serio requiere diferentes estudios que necesitan cierto tiempo de maduración. Nuestra
propuesta es recortar la fecha de entrega del Proyecto de Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación y los Criterios Generales de Política Económica, que
habitualmente se presentaban el 15 de noviembre y que consideramos que lo ideal es que
ahora se entreguen el 15 de octubre. También recortamos por lo menos cinco días, para el
caso del inicio de encargo del Poder Ejecutivo, para que sea ahora el día 10 de
diciembre. [Por lo que se propone modificar el segundo párrafo de la fracción IV.]
Un viejo reclamo de algunas fuerzas
políticas del país ha sido el relativo a la eliminación en el Presupuesto de Egresos de
las llamadas "partidas secretas", ya que éstas no tenían determinado un fin
específico, quedando su ejercicio a la voluntad discrecional del Poder Ejecutivo, en lo
que ya se ha definido como el uso de "facultades metaconstitucionales". Esta
medida será fundamental para la total transparencia y el manejo correcto del presupuesto.
[Se sustituye el tercer párrafo de la fracción IV.]
Una de las propuestas que sometemos a su
consideración hace referencia a los plazos para entregar la Cuenta Pública del año
anterior; nuevamente, tratamos de adelantar los plazos para tener un mayor espacio de
análisis y discusión. En este caso, proponemos que la entrega sea el último día hábil
del mes de marzo después de concluido el ejercicio presupuestal correspondiente. [Se
propone modificar el párrafo sexto de la fracción IV.]
Nuestro grupo parlamentario está
consciente de que la pluralidad proveniente del ejercicio democrático ha creado dos
fenómenos que han impactado directamente en el funcionamiento de la nueva Cámara de
Diputados. Por una parte ha permitido que el Congreso de la Unión se convierta realmente
en un espacio de discusión y reflexión, en donde toda iniciativa o propuesta pueda ser
verdaderamente discutida. Y, por otra parte, como efecto secundario del proceso de
reflexión y análisis, se ha provocado que los debates y acuerdos se den en un mayor
tiempo. Estamos ciertos de que la tardanza en el quehacer legislativo es una
característica propia de los sistemas legislativos maduros; pero también entendemos que
estas demoras pueden tener efectos de incertidumbre ante amplios sectores de la sociedad,
lo cual no es favorable para ningún sistema político o económico.
Precisamente, para evitar que habiendo
terminado los plazos de discusión, la iniciativa de Ley de Ingresos y la propuesta de
Presupuesto de Egresos no se hayan aprobado y esto provoque una innecesaria incertidumbre
en los mercados y en la administración pública e inestabilidad en la economía,
proponemos que para el caso de que al inicio de un ejercicio fiscal no estuvieren
aprobados la Ley de Ingresos o el Presupuesto de Egresos, o ambos, sigan teniendo efectos
provisionales los que se encontraban vigentes en el ejercicio que termina, hasta que se
apruebe en un periodo extraordinario de sesiones por la Cámara, el Presupuesto o la Ley
de Ingresos correspondientes. Esta previsión atiende al propósito esencial de establecer
un marco de seguridad y certeza jurídica tanto en el interior como en el exterior del
país; garantizar el pago de sueldos, salarios, honorarios, emolumentos, sobresueldos y
compensaciones del personal federal; respaldar los adeudos de ejercicios fiscales
anteriores; cubrir el gasto de la totalidad de las ramas presupuestales de la
administración pública federal; proveer los recursos necesarios para cubrir la
operación de los organismos y empresas de control presupuestal directo; y garantizar el
servicio de la deuda pública interna y externa. Para evitar conflictos en la aplicación
entre los instrumentos nuevos y los salientes, se aplicarán los nuevos de manera
retroactiva a partir del primero de enero del ejercicio fiscal que inicia. [Se adiciona un
párrafo, el octavo, a la fracción IV.]
Otra de las propuestas que hacemos, y que
nos parece fundamental para la construcción de una forma de gobierno democrática,
honesta y transparente, es la referente a la disposición de que ahora no se podrá hacer
ajuste alguno al Presupuesto de Egresos de la Federación que hubiere sido aprobado; de
igual forma, no habrá transferencias de recursos de una partida o rubros a otros, sin que
previamente lo autorice la Comisión de Programación y Presupuesto de la Cámara de
Diputados. Esta medida es una corrección ideal de la serie de desvíos que se le han
hecho al presupuesto, con fines distintos de los aprobados. [Se adiciona otro párrafo, el
noveno, a la fracción IV.]
Respecto a la reforma al artículo 20 de la
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, que reglamenta la fracción IV
del artículo 74 constitucional, se adecua para que los plazos en la presentación del
Presupuesto de Egresos sean los mismos definidos en la norma suprema.
En cuanto a la reforma al artículo 25 de
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, se pretende que considere la
canalización de los recursos obtenidos en exceso a los previstos; y de montos
presupuestarios no devengados de los programas que la Cámara de Diputados determine en el
propio Presupuesto de Egresos, eliminando de facto la facultad discrecional del
Ejecutivo Federal para canalizar dichos recursos a los programas que considere
conveniente. De igual manera, se pretende regular que, tratándose de ingresos
extraordinarios, el gasto deberá ajustarse a lo dispuesto por el Decreto de Presupuesto
de Egresos que señalará con precisión el destino de dichos ingresos.
Adicionalmente, la reforma del artículo 25
de la mencionada ley atiende a una preocupación derivada de la experiencia del pasado
reciente en lo relativo a las variaciones presupuestales que contradicen lo aprobado por
la Cámara y lo ejercido por el Ejecutivo Federal, y que en la práctica hacen cuasi
nugatoria la facultad constitucional de la Cámara de Diputados al aprobar determinados
montos de las partidas presupuestales y efectuarse por el Ejecutivo un ejercicio más
elevado de las mismas. Por ello se propone incluir una previsión para dejar asentado que
ninguna partida presupuestal podrá tener una variación mayor a 10 por ciento de lo
autorizado por la Cámara de Diputados, salvo aquellas que se determinen anualmente de
ampliación automática en el Presupuesto de Egresos. Las variaciones mayores al 10 por
ciento aludido deberán ser sometidas a la autorización previa de la Cámara, quien
determinará su procedencia.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a la consideración del H.
Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados, la siguiente
Iniciativa de reformas a la fracción IV
del artículo 74
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y a los artículos 20 y 25 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público Federal
Artículo primero. Se
adiciona el primer párrafo, se reforman los párrafos segundo, tercero y sexto y se
agregan dos nuevos párrafos, el octavo y noveno, a la fracción IV del artículo 74 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 74. Son facultades
exclusivas de la Cámara de Diputados:
I
II
III
IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente
el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a
su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año
anterior. Analizar, por medio de su comisión correspondiente, la forma en que se vaya
integrando el Proyecto de Presupuesto de Egresos; esta atribución se ejercerá desde el
momento mismo en que se inicie la elaboración del citado proyecto, el que,
excepcionalmente y en los términos de la ley reglamentaria, podrá contemplar programas e
inversión pública que duren más de un año, en cuyo caso deberán señalarse los montos
por ejecutar en cada uno de ellos; las partidas así aprobadas deberán respetarse en los
subsecuentes presupuestos de egresos.
El Ejecutivo Federal hará llegar a la
Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Federación y los Criterios Generales de Política Económica a más tardar el
día 15 del mes de octubre o hasta el día 10 de diciembre cuando inicie su
encargo en la fecha prevista por el artículo 83, debiendo comparecer en todo caso,
el secretario del despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos.
En el Presupuesto de Egresos de la
Federación no se contemplará la existencia de partidas secretas.
La revisión de la Cuenta Pública tendrá
por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a
los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos
en los programas.
Para la revisión de la Cuenta Pública, la
Cámara de Diputados se apoyará en la Entidad de Fiscalización Superior de la
Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las
cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos
y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos
obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo
con la Ley.
La Cuenta Pública del año anterior
deberá ser presentada a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el
último día hábil del mes de marzo después de concluido el ejercicio presupuestal
correspondiente.
Sólo se podrá ampliar el plazo de
presentación de la Iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de
Egresos, así como de la Cuenta Pública, cuando medie solicitud del Ejecutivo
suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo
comparecer en todo caso el secretario del despacho correspondiente a informar de las
razones que lo motiven.
Para el caso de que al inicio de un
ejercicio fiscal no estuvieren aprobados la Ley de Ingresos o el Presupuesto de Egresos, o
ambos, seguirá teniendo efectos provisionales la Ley de Ingresos o Presupuesto de
Egresos, o ambos, cuyas partidas y montos serán los que se encontraron vigentes en el
ejercicio que termina y hasta en tanto se aprueben por la Cámara la Ley o, en su caso, el
Presupuesto para el ejercicio correspondiente. Para culminar el proceso de aprobación,
será convocado un periodo extraordinario de sesiones que finalice el 31 de enero de
manera improrrogable. Aprobado el Presupuesto y la Ley de Ingresos por la Cámara de
Diputados, los montos y las partidas que lo integran se aplicarán en forma retroactiva a
partir del primero de enero del ejercicio fiscal que inicia.
No se podrá realizar ajuste alguno al
Presupuesto de Egresos de la Federación que hubiere sido aprobado, ni transferencia de
recursos de una partida o rubros a otros, sin que previamente lo autorice la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, previa solicitud que en
cualquier momento y debidamente justificada le formule el Ejecutivo Federal;
V
VI
VII
VIII
Artículo segundo. Se reforma
el artículo 20 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público en su único
párrafo. Se modifican el primer y tercer párrafo y se adiciona el segundo párrafo del
artículo 25 de la mencionada ley para quedar como sigue:
Artículo 20. El Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación deberá ser presentado oportunamente
al presidente de la república por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para
ser enviado a la Cámara de Diputados a más tardar el día 15 de octubre del
año inmediato anterior al que corresponda. En el caso del inicio de encargo del
Ejecutivo Federal, el plazo se extiende hasta el 10 de diciembre.
Artículo 25. El Ejecutivo
Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá
asignar los recursos que se obtengan en exceso de los previstos en el Presupuesto de
Egresos de la Federación, así como los montos presupuestarios no devengados, a
los programas que la Cámara de Diputados determine en el propio Presupuesto de Egresos
y además, previa solicitud y autorización de la misma, podrá solicitar los traspasos
de partidas cuando sea procedente, dando la participación que corresponda a las
entidades interesadas. Estos movimientos no podrán transferir recursos destinados a
programas prioritarios hacia programas no prioritarios ni se podrá disminuir el monto de
lo señalado en el Presupuesto de Egresos para la atención de programas prioritarios,
salvo que se hayan concluido las metas. Tratándose de ingresos extraordinarios derivados
de empréstitos o de cualquier otra operación, el gasto deberá ajustarse a lo dispuesto
por el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que señalará el destino de
dichos ingresos. De los movimientos que se efectúen en los términos de este
artículo, el Ejecutivo informará a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al
rendir la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los informes que se determinen en
el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El gasto público federal deberá ajustarse
al monto autorizado para los programas y partidas presupuestales. Ninguna partida
presupuestal podrá tener una variación mayor a 10 por ciento del monto autorizado por la
Cámara de Diputados, salvo que se trate de las partidas que se señalen anualmente
como de ampliación automática en el Presupuesto de Egresos de la Federación,
para aquellas erogaciones cuyo monto no sea posible prever. Las variaciones mayores a
10 por ciento deberán ser sometidas a la autorización previa de la Cámara de Diputados,
quien determinará su procedencia.
El Ejecutivo Federal determinará la forma
en que deberán invertirse los subsidios que otorgue a los estados, municipios,
instituciones o particulares, quienes proporcionarán a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público la información que se les solicite sobre la aplicación que hagan
de los mismos.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará
en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Diputados/as del prd
Éric Éber Villanueva Mukul, Ramón
León Morales, Silvano Aureoles Conejo,
Luis Miguel Barbosa Huerta, Raquel Cortés López, Mario Cruz Andrade,
Alfonso Elías Cardona, Uuc-kib Espadas Ancona, José Delfino Garcés Martínez, Miroslava
García Suárez, Elías Martínez Rufino, Cuauhtémoc Montero Esquivel, Rogaciano Morales
Reyes, Ricardo Moreno Bastida,
Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Jesús Garibay García, Rafael Hernández Estrada,
Alfredo Hernández Raigosa, José Antonio Magallanes Rodríguez,
Petra Santos Ortiz, Rafael Servín Maldonado, David Augusto Sotelo Rosas,
María del Rosario Tapia Medina
Diputados/as de otros partidos
José Manuel del Río Virgen, cdppn; José
Antonio Calderón, pas;
Enrique Herrera, cdppn; Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, pas
Comentarios respecto al Instituto Estatal
Electoral
de Yucatán y las elecciones locales
del mismo estado
19 de octubre de 2000
Señoras y señores diputados:
En realidad el sureste de México no sólo
es la zona más pobre del país, no sólo es la zona que presenta más rezagos en todos
los ámbitos de la vida nacional, sino que también –hay que recalcarlo– es la
zona de mayor retraso político.
Todavía las prácticas políticas siguen
fincándose en candidatos marionetas, siguen fincándose en el clientelismo
político, siguen fincándose en el control de los órganos electorales, siguen
fincándose en la violación de los derechos de la mayoría de los ciudadanos, en este
caso, de Yucatán. Pero todo el día de hoy hemos estado escuchando el rosario de quejas
ocurridos en el proceso electoral de Tabasco y en Yucatán estamos viviendo el inicio de
eso que va a ser la repetición del proceso electoral de Tabasco.
Ciertamente, como se ha expresado aquí, el
Congreso yucateco violó la ley emitida por el Congreso del Estado. No voy a abundar sobre
eso porque es más que suficiente la descripción planteada por el diputado de Acción
Nacional, y si nos parece totalmente fuera de lugar, en los ámbitos locales y en el de
Yucatán es totalmente una práctica cotidiana.
No es la primera vez que los órganos
electorales y el Congreso del Estado de Yucatán violan la ley; a principios de la
legislatura vigente, por orden del Tribunal Electoral de la Federación, el Congreso local
tuvo que reconocer un diputado más al Grupo Parlamentario del PRD y lo mismo ocurrió en
el proceso de asignación de regidores. En las antepasadas elecciones, lamentablemente con
el visto bueno de otro partido, nos dejaron sin representación en el Congreso, con el uso
de algo que mi distinguido amigo Ignacio Mendicuti Pavón acaba de mencionar: el
certificado de no antecedentes penales.
Esto que nos suena tan cotidiano es un
requisito que existe en Yucatán para registrarse como candidato, que no existe en la
legislación federal y que sólo existe en los estados con legislaciones locales más
atrasadas. Me parece –y si no es así, pido disculpas– que solamente el estado
de Guerrero y el estado de Yucatán tienen ese requisito.
Y ciertamente estuvo apegado a derecho el
dictamen del Tribunal de reponer el procedimiento, pero el dictamen del Tribunal no decía
"repongan su procedimiento", sino repongan el procedimiento apegado a
derecho, ese mismo derecho que la legislatura local aprobó.
Puede haber un criterio de interpretación
pero creo que se apega totalmente a aquella máxima porfirista que dice "A los
amigos, la ley con benevolencia; y a los enemigos [en este caso a los adversarios
políticos], la ley a secas".
Como es obvio, nuevamente el Congreso local
violó el procedimiento y supongo que nuevamente se va a solicitar al Tribunal la
revisión de ese procedimiento.
Termino diciendo que en términos generales
apoyamos el punto de acuerdo de Acción Nacional, pero quiero convocar a todas las fuerzas
políticas de Yucatán, donde el clima de convivencia se ha deteriorado mucho, y
especialmente a los diputados locales, a que se haga un esfuerzo para hacer valer el
espíritu de la mayoría calificada, que es como está planteada la Ley Electoral Estatal,
para que realmente tengamos un consejo electoral con credibilidad y legitimidad.
No hagamos pasar organizaciones protopartidarias como
organismos civiles de ningún tipo; busquemos ciudadanos honestos, comprometidos con la
democracia, que nos ayuden a llevar hasta los estados más atrasados, como es el caso de
Yucatán, las bases de los avances democráticos que se sentaron el 2 de julio.
Comentarios respecto al Instituto Estatal
Electoral
de Yucatán y las elecciones locales
del mismo estado
19 de octubre de 2000
No puedo estar de acuerdo con los
elementos esenciales de la intervención de la bancada del pri. No es un asunto entre el
pan y el pri, es un asunto que compete a todos los yucatecos, al marco de derecho y a
todas las naciones.
Federalismo no es igual a feudalismo; y
Yucatán tiene muchos vicios de feudalismo. No es cierto que el Congreso se apegue a
derecho; no es cierto. Si revisamos estrictamente el articulado y las fracciones de la Ley
Electoral, hay violaciones en esta supuesta reposición de procedimiento.
Por lo tanto, yo quiero convocar, repito, a
las fracciones mayoritarias del Congreso local, a que se discuta realmente un
procedimiento apegado a derecho, que nos lleve a la integración de un órgano electoral
que dé credibilidad, que dé transparencia y que nos permita que las elecciones del
próximo año sean transparentes, estén acompasadas al proceso de transparencia electoral
de todo el país. No es cierto que en los últimos años estemos viviendo un marco de
derecho en Yucatán; hay infinidad de violaciones.
Y tampoco eso significa dar un cheque en
blanco para decir que algunas organizaciones civiles de otro signo no son
protopartidarias. En Yucatán muchos de los organismos civiles de uno y otro signo se han
desgastado completamente y por eso tenemos un clima de confrontación en Yucatán, que no
es igual a la democracia. El blanco no tiene la verdad, pero el negro tampoco tiene la
verdad.
Tendremos que hacer un esfuerzo por
construir, repito, dentro de un marco de derecho apegado al espíritu planteado en la Ley
Electoral, que planteó que cuatro quintas partes del Congreso deben designar a los
consejeros ciudadanos. El espíritu es que una mayoría calificada debe designar a los
integrantes del Consejo Electoral y eso es lo que el prd, y yo, como diputado federal
yucateco, queremos confirmar en esta tribuna.
Comentarios sobre los problemas de la
citricultura
en el estado de Yucatán
26 de octubre de 2000
Señoras y señores diputados:
Efectivamente la citricultura en Yucatán
es una de las actividades más importantes del estado. El proceso de implementación es
producto de aproximadamente 40 años de trabajo que significa incluso el cambio cultural
de los productores.
En muy buena medida, el desarrollo
citrícola de Yucatán puede ser analizado como un ejemplo de desarrollo regional del
país. Particularmente en el sur del estado de Yucatán se pasó de una agricultura de
autosubsistencia tradicional, a una zona moderna de producción citrícola de diferentes
variedades de cítricos con infraestructura de riego, y se estableció una superficie
importante de aproximadamente 14 mil hectáreas bajo riego que conocemos como el distrito
de riego número 48.
Hoy, a 40 años de iniciado ese proceso, en
la zona sur existen aproximadamente siete mil productores, 10 mil en todo el estado, 14
mil hectáreas bajo riesgo, 20 mil en todo el estado y la producción fluctúa en los
últimos años alrededor de las 180 mil toneladas. Sin embargo, el proceso no es ahora de
instalación, de diversificación y de implantación de una cultura de un nuevo cultivo.
Los problemas de ahora son los problemas de una actividad establecida: la zona tiene
problemas de riego, por instalaciones desgastadas y poca capacidad para renovarlas; tiene
un gravísimo problema de control de plagas que no sólo es el de la tristeza del
cítrico, tiene la mosca de la fruta y otras muchas plagas que aquí no se han mencionado.
Tiene un problema del control de los mantos
freáticos por el uso de pesticidas. Incluso se han empezado a detectar enfermedades de
los productores por el uso de agroquímicos. También hay problemas de productividad, es
decir, si bien la citricultura de Yucatán y particularmente la del sur se ha desarrollado
de manera importante y su productividad se puede catalogar como de buen desarrollo,
todavía no logramos el nivel que requiere para enfrentar a nuestro principal competidor,
Brasil, y a una parte de la Florida y California (Estados Unidos).
Existen problemas de industrialización, la
planta concentradora de jugos tiene problemas, problemas incluso de envejecimiento ya de
la planta y desde luego tienen problemas de comercialización y de financiamiento que se
presenta año con año.
La respuesta que hace aproximadamente 15
años las instituciones empezaron a dar, era que éste era un problema de ineficiencia de
los productores. Yo tengo una opinión diferente, yo creo que los graves problemas que hoy
tiene la citricultura de Yucatán, se deben a las políticas neoliberales que determinaron
que el mercado iba a solucionar todo.
Y puedo dar ejemplos. Muchos de los
problemas que aquí han planteado los compañeros, y los comparto, los planteé en este
libro publicado por la Comisión de Agricultura de esta cámara en 1996, no es nada nuevo.
En 1992 tuve una entrevista con el entonces subsecretario de Agricultura, Enrique Rubio
Enríquez, para decirle que el virus de la tristeza del cítrico se empezaba a presentar
en Yucatán. El señor, como aquellos buenos tecnócratas pasados, presentes y futuros, me
dijo que yo no sabía nada de citricultura y que siendo él ingeniero agrónomo sabía
perfectamente que el virus de la tristeza no existía en México.
Ocho años después tenemos presente este
problema en Yucatán, que, debo decir, no es un problema del estado de Yucatán sino de la
citricultura del país.
El virus de la tristeza del cítrico es
como el virus del amarillamiento letal del coco. No hay manera de eliminarlo. Vamos a
tener que sustituir todas las plantaciones de Yucatán. Y quiero decirles a los
compañeros veracruzanos y a los compañeros de Montemorelos, Nuevo León, que se preparen
porque van a tener que sustituir sus sembradíos.
Es una plaga que va arrasar. Aquí
seguramente habrá especialistas en sanidad vegetal, y seguramente opinarán en el mismo
sentido.
Yo pregunto a los señores de Agricultura
de entonces, a los actuales y a los futuros: ¿Qué nos ahorramos con cerrar el Centro de
Investigación Frutícola "Augusto Pérez Torre", de la zona citrícola?
¿Cuánto nos ahorramos si ahora vamos a tener que sustituir todos los sembradíos?
Los problemas hasta ahora se han venido
resolviendo. Es cierto lo que dijo el diputado Berlín, se ha actuado, pero todas esas
acciones se dan cuando los productores presionan o cuando vienen las elecciones y entonces
se busca un paliativo.
Comparto en esencia lo aquí planteado
tanto por el diputado de Acción Nacional como por el diputado del pri, pero no quiero
señalar nada más esto. Quiero proponer como una adición al punto de acuerdo, que
realmente se constituya una comisión especial que visite las diferentes zonas
productoras, pues no es la misma problemática en las tres zonas del estado; que elabore
un diagnóstico; que haga una propuesta integral para el desarrollo de este producto y de
esta zona, y que esta propuesta sirva de modelo para atender los otros productos que
están en la misma situación. ¿O es que tienen alguna duda de que la caña de azúcar
está en la misma situación?, ¿o es que tienen duda de que las otras producciones
frutícolas del país están en esta misma situación?
Tendremos que hacer una propuesta integral.
Tendremos que buscar que el trabajo de esa comisión especial, si bien se aboque a
resolver la particularidad de la citricultura de Yucatán y de la citricultura nacional,
sirva su propuesta de modelo de solución de los problemas del desarrollo agrícola, y
especialmente de algunos productos tropicales y subtropicales, y lo subrayo, por producto
y por región.
Quiero terminar invitando a que afrontemos
este problema con toda seriedad. Algunos compañeros dirán que ése es un problema de los
yucatecos. No; es un problema que va a afectar a todo el país, no se podrá mover la
fruta natural, habrá problemas para la exportación, en el caso de los Estados Unidos y
la Unión Europea, y sólo nos permitirán exportar productos procesados,
industrializados.
cxxvi aniversario del natalicio de Felipe
Carrillo Puerto
7 de noviembre de 2000
El 8 de noviembre de este año se
cumple el cxxvi aniversario del natalicio de un hombre que se adelantó a su tiempo y que
contribuyó con sus ideas a la reflexión sobre una mejor forma de gobierno para nuestro
país. Muchos políticos e intelectuales han sido sorprendidos por el progresista y
visionario pensamiento de un hombre que viviendo en la década del caudillismo en México,
concibió un modelo de país democrático, incluso en varios aspectos más avanzado del
que tenemos hoy en día. Muchas de sus ideas se han venido a concretar en las dos últimas
décadas del desarrollo político de nuestro país y otras quedan pendientes en el
perfeccionamiento de nuestra democracia.
Para entender en su justa dimensión el
pensamiento político de Felipe Carrillo Puerto es necesario hacer un breve recuento del
contexto histórico en el que se desenvolvió.
Felipe Carrillo Puerto nació en noviembre
de 1874 y murió fusilado el 3 de enero de 1924. En sus 50 años de vida, atravesó por
tres de las etapas históricas más difíciles y conflictivas de nuestro país. Vivió la
dictadura de Porfirio Díaz, la revolución mexicana y el caudillismo.
Por sus ideas y principios siempre estuvo
latente la posibilidad de perder la vida. De hecho, antes de su fusilamiento en 1924, ya
había sufrido dos atentados, en 1911 y 1920, ambos pagados por los hacendados henequeros
más poderosos del estado de Yucatán.
Desde joven fue un férreo defensor de los
indígenas y por tal razón en otros países se le ha llegado a nombrar el "Ghandi de
los mayas". Fue un gran admirador de la raza maya y se sentía orgulloso de
pertenecer a ella; y, aunque su porte lo contradecía, se declaró descendiente de Nachi
Cocom, valiente guerrero maya. En nuestro país, diversos estudiosos y políticos le han
dado otros sobrenombres que ilustran su gran personalidad: "Apóstol del socialismo
en Yucatán", "Cristo rojo de los indios mayas", "El dragón de los
ojos verdes" y "Apóstol de la raza de bronce". Su defensa de los
indígenas lo llevó a que fuera encarcelado por primera vez en 1902 por intervenir a
favor de los indios mayas de Kaxatah, en contra de los hacendados de Dzununcán. El
respeto que sentía por esta raza se evidencia cuando como gobernador de Yucatán, en 1922
rinde su primer discurso en lengua maya. Ya antes había traducido a esta lengua las
constituciones de 1857 y 1917. Cuando fue gobernador interino en 1918, realizó reformas
al Código de Trabajo, para disminuir la explotación de que eran víctimas los
indígenas, campesinos y trabajadores del estado.
Felipe Carrillo Puerto, además de tener
conocimiento de las doctrinas socialistas del momento, también participó en el Partido
Comunista, fue fundador del Partido Socialista de Yucatán y del Partido Socialista del
Sureste, del cual fue presidente. Su inteligencia y su formación política le permitieron
adelantarse a su tiempo al concebir a los partidos políticos como un instrumento ideal
para que la gente se organizara. Incluso, a contracorriente del caudillismo, visualizó
como ideal el sistema de partidos y le dio gran importancia al modelo de partido de masas.
A través del Partido Socialista de
Yucatán y Socialista del Sureste funcionaron las llamadas ligas de resistencia,
que posteriormente fueron aceptadas jurídicamente en la legislación local. Las ligas
fueron instrumentos imperativos para gobernar, ya que a través de ellas se repartieron
tierras y se defendió los empleos y los jornales. Éstas giraban en torno a dos
principios: la unión hace la fuerza, y la emancipación de los trabajadores por ellos
mismos.
En el ámbito económico, Carrillo Puerto
sostenía que era indispensable la creación de cooperativas de producción y de consumo
para facilitar el cultivo y la explotación, porque concebía que el ahorro por medio de
instituciones, como eran los bancos refaccionarios de obreros y los bancos agrícolas,
debían establecerse poco a poco en la península para que los esfuerzos acumulados ya en
forma de acciones, fueran la fuente de auxilios para los tiempos de malas cosechas o de
falta de trabajo.
La mayoría del pueblo yucateco, víctima
del maltrato y la explotación, encontraba en las ideas de Felipe Carrillo Puerto una gran
atracción y simpatía; por ello, cuando se realizan las elecciones para gobernador de
Yucatán en 1921, obtiene un triunfo arrollador.
En los tres años que estuvo como
gobernador, logró modificar sustancialmente el sentido de la forma de gobierno en
Yucatán; y además, logró cimentar las primeras bases para el fortalecimiento de una
cultura política moderna, progresista y sin ataduras de tipo moral. Es a él a quien
debemos que en Yucatán nuestra legislación sea en muchos aspectos más adelantada de la
que actualmente tenemos en el nivel nacional.
Para dar sustento a la anterior
afirmación, rescato las principales reformas que hizo en diversas materias:
Equidad de género
Antes de que la legislación nacional le
diera a la mujer la facultad de participar en las elecciones y de que se le considerara
como ciudadana en 1953, en Yucatán ya se había establecido ese derecho en 1923. Desde
los congresos feministas promovidos por el general Alvarado en Yucatán, Carrillo Puerto
estaba decidido a reinvindicar a la mujer; por eso, como gobernador promovió ante el
Congreso local una amplia reforma a la Constitución local, para otorgar derechos civiles
a las mujeres. En su gobierno, Rosa Torres G. fue la primera mujer en el país que tuvo un
puesto de elección popular como regidora del Ayuntamiento de Mérida. También fueron
electas tres diputadas locales: Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche.
No sólo fueron ampliados los derechos
civiles de la mujer, sino que además se trató de formar una nueva concepción sobre la
maternidad. Organizó una campaña de planificación familiar y ordenó que en las
oficinas del Registro Civil a las parejas que contraían matrimonio se les entregara
literatura referente a la regulación de la natalidad. Carrillo Puerto afirmaba que la
procreación forzada era uno de los principales males sociales de Yucatán.
Campesinos y obreros
Los campesinos y obreros también eran
motivo de preocupación para Carrillo Puerto. En su gobierno hizo dotaciones de tierra y
enseñó el uso de distintos instrumentos de labranza. Llevó ingenieros agrónomos que
capacitaron al pueblo en nuevas técnicas de cultivo. Fraccionó los latifundios, fundó
la Comisión Local Agraria, abolió la servidumbre del campesino en las haciendas, creó
cooperativas de producción y consumo, promulgó la Ley de Hacienda, de Catastro y de
Tierras Ociosas y socializó la producción de los ejidos.
De este mismo modo, y hay que remarcar que
estas medidas las implementó en la década de los veinte, expidió la Ley del Salario
Mínimo, fortaleció a los sindicatos, defendió el derecho de huelga y promulgó la Ley
del Trabajo.
Organizó la Comisión Exportadora de
Yucatán y formó en los Estados Unidos la Sisal (Sales Corporation), cuyos fines eran
promover la venta de henequén en ese país y servir como proveedora de créditos para la
Comisión Exportadora. También impulsó la creación de la Liga de Medianos y Pequeños
Productores de Henequén.
Educación
Inauguró la Universidad Nacional del
Sureste, inició una campaña alfabetizadora y estableció la obligación de fundar y
sostener escuelas populares por los hacendados, empresarios, ligas de resistencia y
sindicatos.
Con la Ley de Educación Racional implantó
la escuela racionalista, dejando atrás el método memorista, y abrió el camino a la
enseñanza científica del pueblo. Además de la reforma al sistema educativo, también
multiplicó el número de escuelas primarias que existían, creando en un año doscientos
centros rurales. Estableció escuelas técnicas y organizó escuelas nocturnas costeadas
por las ligas de resistencia.
Infraestructura y comunicaciones
Carrillo Puerto sabía muy bien que
Yucatán tenía grandes limitaciones en sus comunicaciones terrestres, por ello fue
promotor de una gran transformación de los medios de comunicación en el estado.
Construyó la carretera de Mérida a Kanasín, la de Mérida a Chuburna y la de Dzitás a
Chichén Itzá. Además impulsó el sistema de transportes, principalmente los
ferrocarriles. Las transformaciones que realizó en su gobierno, todavía son funcionales
en Yucatán y este estado es uno de los mejores comunicados de la república.
Artes, ciencia y arqueología
Felipe Carrillo Puerto consideraba muy
importantes el arte, la ciencia y la arqueología, prueba de ello es que en su gobierno
fundó la escuela de Música y Bellas Artes, creó el Museo Arqueológico e Historia de
Yucatán, instaló la Escuela Vocacional de Artes y Oficios y fundó la Academia de la
Lengua Maya.
Interés social
El llamado "Benemérito del Estado de
Yucatán" se preocupó por los derechos humanos de aquellos que se encontraban en
prisión. Efectuó reformas a los reglamentos de cárceles para que a los presos se les
impartiera un trato más humano; prohibió las bartolinas y permitió que éstos salieran
a cultivar la tierra a fin de que les diera el aire y el sol.
También se preocupó por los estragos que
producía el alcoholismo en la comunidad yucateca. Sostenía que éste era uno de los más
terribles azotes del pueblo y el instrumento más eficaz de los terratenientes para
adormecer la voluntad del trabajador. Por lo tanto, reunía a los indios y les predicaba
acerca de los estragos de la embriaguez.
Reformas de impacto nacional
Dentro de su ideario y quehacer político,
estuvieron algunas modificaciones que fueron fundamentales para el pueblo yucateco y que
hoy en día son aspiración de todo el pueblo mexicano, como es la revocación del mandato
público de los funcionarios de elección popular –incluido el presidente–,
cuando fuera solicitada por el propio pueblo.
En su gobierno, antes que en el resto del
país, se estableció la ley del divorcio. También sobresalen las reformas que hizo en
materia de inquilinato y de expropiación por causa de utilidad pública.
Hay que rescatar que a pesar de haber
recibido una formación socialista y de haber sido influenciado por los textos de
Proudhon, jamás su pensamiento fue demasiado radical o incendiario. Era un hombre
centrado, que sabía escuchar y trató de buscar la mejor forma de gobierno para su
estado.
Participó en el primer Congreso Socialista
Obrero, realizado en la ciudad de Motul en 1918, y en el segundo, realizado en Izamal en
1921. En este segundo congreso se demuestra que él estaba a favor de un socialismo
humanista, que no estaba atado al comunismo internacional y que tomaba de las doctrinas
sólo lo que podía ser viable para una sociedad como la nuestra. Jamás su pensamiento
socialista lo cegó para adecuar sus ideas a la experiencia histórica concreta de
México.
Hoy, a 126 años de su nacimiento,
reiteramos nuestro reconocimiento a Felipe Carrillo Puerto, hombre visionario y
progresista que logró transitar hacia una forma de gobierno parecida a la de 2000,
estando en 1920. Reconocemos en Carrillo Puerto a un hombre brillante que se adelantó a
su tiempo y como uno de los elementos forjadores de la nación, sin el que no se
entendería el México de hoy.
Comentarios sobre el desacato a las
resoluciones
del Trife por el Congreso del Estado de Yucatán
28 de noviembre de 2000
Ya en una sesión anterior, una buena
cantidad de diputados de las tres principales bancadas en la Cámara de Diputados,
habíamos presentado el proceso, que a nuestro juicio resultaba poco apegado a derecho,
para nombrar al Consejo Electoral del Estado de Yucatán. Señalamos en esa ocasión, que
a nuestro juicio y a juicio de diferentes sectores y partidos, el Congreso local había
violado su propia norma al elegir un consejo electoral que no reunía los requisitos y que
no se apegaba al procedimiento establecido por el Código Electoral del Estado de
Yucatán.
Pero eso es historia. Una nueva
impugnación ante el Tribunal Federal Electoral dio como resultado un nuevo mandamiento
para reponer el procedimiento, de acuerdo con el derecho establecido en la ley electoral
estatal. Después de aproximadamente 10 días, el Congreso local no ha acatado el
resolutivo del Tribunal Federal Electoral.
Estamos en estos días, en estas horas, en
los límites marcados por el Tribunal para que su dictamen sea acatado. Por lo tanto, el
Congreso local está al borde del desacato total de este mandamiento del Tribunal Federal
Electoral.
El argumento de algunos miembros del
Congreso local es que se violenta la soberanía estatal al emitir el Tribunal por segunda
ocasión, un mandamiento de reposición del procedimiento. Sin embargo, el artículo 99 de
la Constitución es muy claro: establece que el Tribunal Federal Electoral es el órgano
máximo en los procesos electorales en el país y que tiene atribuciones para intervenir
en procesos electorales estatales.
Si los señores diputados de Yucatán no
están de acuerdo con este mandamiento legal de la Constitución y de la ley electoral
federal, tienen dos caminos: iniciar un juicio de inconstitucionalidad de dicha ley o
preparar una iniciativa de ley para reformar la Constitución y la ley electoral. Pero el
actual resolutivo del Tribunal Federal Electoral, como lo establece la propia
Constitución, es inatacable y por lo tanto tiene que ser acatado.
El pacto federal se basa en el acatamiento
del marco de derecho que rige al país y eso es para todos los mexicanos, incluidos los
diputados yucatecos y los gobernantes del estado de Yucatán.
La bancada del prd quiere dejar clara su
posición de que no existe más discusión sobre este tema: el resolutivo debe ser
acatado, y en ese sentido yo quisiera convocar a las tres fracciones parlamentarias del
Congreso local a hacer un último intento por lograr un acuerdo que permita el
nombramiento del Consejo Electoral Estatal, no en el sentido de tener personeros, es decir
que ni el prd ni el pan ni el pri tengan personeros en el Consejo Electoral Estatal, sino
que realmente –como lo establece la propia ley– sea un consejo electoral
ciudadano, que garantice transparencia, legalidad y legitimidad al proceso electoral.
Si esto no fuera así, yo quiero
pronunciarme por que esta soberanía vigile que los que se nieguen a acatar el resolutivo
del Tribunal Federal Electoral sean sancionados con todo el rigor que la ley y los
procedimientos jurídicos establecen en este caso.
Excitativa a las comisiones de Puntos
Constitucionales
y de Presupuesto y Cuenta Pública
20 de marzo de 2001
El 12 de octubre del año pasado ante
el pleno de esta cámara se presentó una iniciativa de reforma al artículo 74, fracción
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los artículos 20 y
25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, con objeto de buscar
el fortalecimiento del Poder Legislativo, que fue turnada para su estudio y dictamen a las
comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Puntos Constitucionales.
La iniciativa de reforma, a la vez que
busca un fortalecimiento del Poder Legislativo en materia económica, atiende también a
los tiempos de presentación por el Ejecutivo Federal de iniciativas de Ley de Ingresos,
el proyecto de Presupuesto de Egresos, los Criterios Generales de Política Económica y
la Cuenta Pública; elimina las partidas secretas; considera la previsión en caso de no
aprobarse las iniciativas de ingreso y gasto; prohíbe el ajuste y transferencia de
recursos; prevé el destino de montos presupuestarios no devengados en las variaciones que
rebasen el 10% y los condiciona a la aprobación previa de la Cámara de Diputados.
Con fecha 16 de noviembre del año 2000, el
diputado Ramón León Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, presentó al pleno de esta cámara una excitativa para que se dictaminara la
iniciativa a que se alude en el punto anterior, poniendo de relieve el que transcurrido en
exceso el plazo establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones unidas de Presupuesto
y Cuenta Pública y de Puntos Constitucionales no hubieran cumplido con su obligación de
expedir el dictamen correspondiente.
Exposición de motivos
En el marco de la reforma del Estado tantas
veces anunciada pero no emprendida por el Ejecutivo Federal, nuestro partido, consciente
de la importancia que revisten las iniciativas que tienden a poner al día las
instituciones con el avance logrado en el terreno electoral por la sociedad mexicana, se
ha abocado a promover, desde el inicio de la LVIII Legislatura, iniciativas y acciones con
el ánimo de contribuir al fortalecimiento del Poder Legislativo.
Fue así que se consideró que era
necesario revisar las fases de presentación, discusión, negociación y aprobación de
los proyectos de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos; y concederle facultades a
la Cámara de Diputados para autorizar la asignación de recursos en exceso, no
devengados, transferencias y límites a las variaciones presupuestales.
La iniciativa presentada se propone
contribuir a la construcción de un dique al funcionamiento del sistema político
mexicano, que hasta ahora se caracteriza por una excesiva concentración de facultades del
Poder Ejecutivo Federal. Dicha concentración se encuentra apuntalada por un sistema de
leyes que dota de capacidades y amplios márgenes de discrecionalidad al Presidente de la
República, con los cuales se rebasa el ámbito pertinente de sus funciones,
permitiéndose la invasión de ámbitos propios del Poder Legislativo y Judicial.
La política tributaria y la
presupuestación han constituido históricamente instrumentos fundamentales de la
política económica y social del Estado mexicano. Sin embargo, la normatividad que ha
regido su desempeño ha adolecido de importantes insuficiencias y limitaciones que han
impedido hasta el presente que estas actividades se realicen en el ámbito de una efectiva
división de poderes o que deberían coordinarse efectivamente con las metas establecidas
en el Plan Nacional de Desarrollo.
Se ha propiciado en cambio que las
políticas de ingreso y presupuestarias se lleven a cabo en el contexto de una amplia
discrecionalidad del Ejecutivo Federal, la cual ha demostrado ser del todo inconveniente
para la buena marcha de la economía de nuestro país.
Estamos ciertos de que la aprobación de la
iniciativa en cuestión ayudaría para avanzar en la dirección de superar estas trabas,
para reforzar la efectiva división de poderes que dispone la Constitución y evitar que
por omisión o debilidad de las leyes secundarias o por inercias antidemocráticas el
Ejecutivo Federal pueda seguir concentrando parte de las funciones que constitucionalmente
le corresponden al Poder Legislativo, lo que se expresa en una alta discrecionalidad en el
proceso de la presupuestación y en el ejercicio del gasto público.
Por todas estas razones presentamos la
iniciativa de reformas a la Constitución y a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público Federal ya aludida.
En síntesis, la iniciativa motivo de esta
excitativa que hoy presentamos tiene el propósito fundamental de contribuir a la reforma
democrática del Estado mexicano, mediante el fortalecimiento de la división de poderes,
mejorando sustancialmente el proceso de presupuestación y haciéndolo más participativo
y transparente, por lo que
Considerando
1. Que el 12 de octubre del año
2000 presenté ante este pleno una iniciativa de reformas al artículo 74, fracción IV,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 20 y 25
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y que fue turnada para su
estudio y dictamen correspondiente a las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta
Pública y de Puntos Constitucionales.
2. Que con fecha 16 de noviembre del
año 2000, también ante este pleno el diputado Ramón León Morales presentó una
excitativa a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Presupuesto y Cuenta Pública
para que se dictaminara la iniciativa a que se alude en el párrafo anterior.
3. Que no obstante el hecho anterior
los diputados que integramos la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución
Democrática en esta legislatura vemos con extrañeza que ha transcurrido en exceso el
plazo que el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos establece como término para expedir el dictamen
correspondiente a una iniciativa presentada y turnada para su conocimiento.
Por todo lo anterior, expuesto y fundado,
el suscrito, diputado a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, y 45, párrafo sexto, inciso e, de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracción XVI,
y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicito al señor presidente
de la Mesa Directiva se sirva excitar a las comisiones de Puntos Constitucionales y de
Presupuesto y Cuenta Pública, para que presenten el dictamen correspondiente.
Manifestación en contra de la decisión del
Ejecutivo Federal
de rechazar la Ley de Desarrollo Rural, aprobada
por el Senado de la República el 28 de diciembre de 2000
21 de marzo de 2001
Las y los diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del PRD en la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión nos
manifestamos en contra de la inexplicable decisión del Ejecutivo Federal, de rechazar la
Ley de Desarrollo Rural que el 28 de diciembre del año 2000 fue aprobado en el Senado de
la República. Esa decisión del Ejecutivo Federal coloca a seis millones de campesinos en
una situación de incertidumbre y de indefinición en cuanto a las políticas que para el
desarrollo rural aplicará la presente administración.
Es conveniente resaltar que la mencionada
ley no fue una ocurrencia de los diputados de las dos legislaturas anteriores; ha sido una
de las iniciativas de mayor consenso social, dado que durante varios años se trabajó en
el Poder Legislativo con los diferentes sectores del campo, en foros y reuniones de
trabajo, a fin de plasmar justamente las necesidades del desarrollo rural integral.
La Ley de Desarrollo Rural que ha rechazado
el presidente fue aprobada por todos los partidos políticos en los diferentes momentos
del proceso legislativo. Es una ley que recupera el desarrollo productivo, económico,
tecnológico, comercial e industrial del campo. Toda la legislación anterior, sobre todo
del periodo salinista-zedillista, liberalizó el mercado y otorgó condiciones de
privilegio a los grandes empresarios agrícolas, sobre todo a los vinculados a la
exportación.
En ese tenor quiere continuar el actual
secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, favoreciendo al grupo del que él forma parte
y que no constituye ni 2.5 por ciento de los productores del campo. Escucharon bien: ni
2.5 por ciento de los productores del campo.
La ley rechazada por el Ejecutivo pone
énfasis en los derechos productivos de los productores, diseña los instrumentos para que
ellos cuenten con recursos económicos y financieros, garantiza las formas para conseguir
la soberanía y la seguridad alimentaria. En segundo lugar, la Ley restablece el principio
de rectoría del Estado, es decir, la responsabilidad de la autoridad para organizar y
conducir el desarrollo rural.
La ley que al secretario de Agricultura no
le gustó, es sin lugar a dudas una vuelta al derecho social, porque le da mayor
importancia a los intereses de la colectividad que a los intereses particulares. Es
también un marco de protección económica y jurídica de la producción por la menor
rentabilidad monetaria, por menores rendimientos de nuestros productores frente a los
socios comerciales. Dicha ley establece condiciones para asegurar la competitividad
mercantil a través de apoyos que igualan los que reciben los campesinos mexicanos a los
que reciben los campesinos de los Estados Unidos y Canadá.
Compañeros diputados:
La ley que fue rechazada por el presidente
de la república representa el primer intento mexicano para definir una política de
mediano y largo plazos, en la medida que contiene instrumentos que deben ser vigentes en
periodos de cinco a 10 años, tanto en lo presupuestal como en los objetivos de alcanzar
esa política. Es una legislación que busca otorgar las condiciones para la seguridad
alimentaria, para el mejoramiento económico y social, para incrementar el empleo en el
campo y para que el campo deje de ser una actividad no rentable y conduzca al bienestar de
los campesinos.
Debo destacar un punto que es de extrema
importancia en la Ley de Desarrollo Rural: es el hecho que establece los instrumentos de
participación de los campesinos a través de los cuales debe hacer valer los derechos:
son los consejos estatales agropecuarios y el Consejo Nacional de Desarrollo Rural.
Los objetivos fundamentales de la
mencionada ley se centran en comprometer al Ejecutivo a destinar más recursos al campo
mexicano, a legalizar la participación de los productores en la toma de decisiones y a
garantizar las políticas públicas de Estado en el mediano y largo plazos y no sujetos a
los caprichos de los secretarios de Agricultura, a los sexenios y ahora a los partidos
políticos. Ésa es la verdadera razón y no otra, de rechazo: el temor de ver reducida la
discrecionalidad del Ejecutivo y de su secretario de Agricultura.
El Ejecutivo y el secretario de Agricultura
ofenden al Congreso en su conjunto, porque pese a que la Ley fue discutida y aprobada por
la LVI, LVII y LVIII legislaturas, son capaces de afirmar que 95 por ciento de la ley
tiene observaciones.
Por otra parte, el Ejecutivo no está dando
cumplimiento a lo señalado por la Constitución, ya que lejos de mandarnos sus
observaciones, nos manda un veto total y una nueva ley, una nueva iniciativa precedida de
comentarios generales con grandes imprecisiones, figura que no existe en la legislación
mexicana.
Por eso el Grupo Parlamentario del PRD se
suma al punto de acuerdo traído a esta tribuna por el pri, para que sea regresado el
documento al Poder Ejecutivo y nos aclare cuál es el fundamento de su nueva iniciativa,
cosa que desde nuestro punto de vista no procede.
Debate respecto a la reforma tributaria
propuesta
por el Ejecutivo Federal
9 de abril de 2001
El Partido de la Revolución
Democrática acepta el debate de altura planteado por el pan; pero el debate de altura no
significa aceptar la propuesta del presidente Fox, que –hay que decirlo– es una
de las acciones más impopulares, rechazada por 89 por ciento de la población, de acuerdo
con varias encuestas realizadas.
Cuando el 2 de julio el pan ganó las
elecciones presidenciales, la población ciertamente votó por una alternancia en el
poder. Votó por profundizar la democratización del sistema político mexicano, pero
también votó en medio de una esperanza de cambio en las condiciones de vida, en la falta
de calidad de vida, habría que decir, de lo que habían dejado para cerca de 70 por
ciento de la población los 18 años de gobierno neoliberal.
Muchos dijimos durante la campaña que en
realidad detrás de la piel de Fox no había un cordero sino un fox. Y eso
significa, señores, querer engañar a la población al decir que se paga la deuda con los
pobres de este país con 108 pesos mensuales; es prácticamente la reiteración de una
frase expresada por el entonces secretario de Salinas, Pedro Aspe, en torno al salario
mínimo. Si no me creen, revisen la hemerografía. Por lo tanto, señores legisladores,
señores diputados del pan, nosotros ciertamente pensamos que se debe dar un debate de
altura, que se debe pensar en un proyecto de nación, pero un proyecto de nación que
incluya a 100 por ciento de los mexicanos, que no esté pensando en el cinco por ciento de
la población más rica de este país, que no esté pensando en esa utopía neoliberal
diseñada por Milton Friedman y que está siendo revisada en todo el mundo.
Nosotros empezamos 10 años después el
proceso de transformación neoliberal del país y estamos ya a varios años de distancia
cuando en todo el mundo, particularmente en el mundo más desarrollado, se ha empezado a
revisar esa utopía conservadora y de derecha.
¿Dónde quedaron aquellas declaraciones,
incluso de algunos que hoy son miembros del gabinete, que decían que Fox encabezaba la
tercera vía? No existe la tercera vía. Existe una profundización del modelo económico,
que tiene por objeto hacer más ricos a los más ricos y más pobres a los más pobres.
Por eso yo quisiera decir y convocar a
todos, a que elevemos el nivel de miras, discutamos el proyecto de nación que México
requiere para el siglo xxi, pero que incluya a todos los mexicanos. Es tiempo de resarcir
a los que han sido más golpeados por el neoliberalismo de los últimos 20 años. Este
país no resiste más neoliberalismo, no resiste más pobreza, porque entonces, esos
sectores marginados y pobres se volverán en contra del país en su conjunto.
Pronunciamiento respecto al proyecto de
reforma tributaria
que envió al Congreso el gobierno federal
9 de abril de 2001
Señoras y señores diputados:
La propuesta de reforma fiscal de Fox es la
propuesta de Hood Robin, con la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Fox, se
pretende que las cosas vayan mejor, excepto para 95 por ciento de la población, porque el
eje de la propuesta foxista es reducir los impuestos a los ricos y aumentar los impuestos
a los pobres y a las clases medias.
La propuesta de Fox reduce las tasas
máximas del impuesto sobre la renta para las personas físicas de 40 a 32 por ciento y de
34 a 32 por ciento para las personas morales, mientras que se le impone el iva a los
alimentos y a las medicinas. Ésa es la esencia de la iniciativa foxiana, transformar la
base de la tributación en México de los impuestos a las ganancias a los impuestos al
consumo.
Cuando se analizan los documentos de la
Nueva Hacienda Pública, no deja de sorprender la visión que tienen nuestros funcionarios
hacendarios respecto a la recaudación relacionada con el impuesto sobre la renta. Dicen:
"una estructura fiscal ideal debiera prescindir de toda recaudación relacionada con
la creación misma de la riqueza". Escucharon bien: "de toda la recaudación
relacionada con la creación misma de la riqueza". "...porque casi cualquier
acción en este frente, implica una distorsión." En realidad no sé a qué
distorsión se refieren.
No fue posible ahora eliminar la tasa del
impuesto sobre la renta, pero seguramente lo intentarán después.
Siguiendo con el razonamiento, los
funcionarios hacendarios dicen: "si no se va a gravar la creación de la riqueza, se
tendrá que gravar al individuo al momento de consumir, que por lo demás es el impuesto
menos distorsionante –escuchen bien– "más equitativo y más
progresivo". Por eso se elimina la tasa cero a alimentos y medicamentos y se grava
con 15 por ciento su consumo. ¡Es el más equitativo, fíjense!
Las crisis de las finanzas públicas se
expresan no sólo del lado del ingreso, sino también del gasto y de la deuda pública. La
caída y luego el estancamiento de los recursos públicos han sido reflejo del bajo
crecimiento económico promedio del país, pero también de la apertura comercial que se
acompañó de indebidos privilegios y de exenciones fiscales; de disminución de impuestos
a las empresas, a maquiladoras y empresas altamente exportadoras, al sector financiero y a
las grandes corporaciones; de injustos convenios para evitar la doble tributación y el
crecimiento de la evasión fiscal y la economía informal, amén de los costos de los
rescates bancarios, carreteros y de otras empresas incluidas en el Fobaproa-ipab, y lo
mismo podemos decir de los costos de la privatización del sistema de seguridad social.
Ésa es la verdadera explicación de las
crisis de las finanzas públicas y no otra; sin embargo, ante el estado crítico de los
ingresos públicos, situación que pone en riesgo el cumplimiento de las funciones
básicas del Estado mexicano, nosotros comprendemos que en el presente es impostergable
una restructuración integral del sistema hacendario mexicano que tome en cuenta no sólo
la parte tributaria o de ingresos, sino también el gasto, la deuda pública, la
rendición de cuentas, la fiscalización y el federalismo fiscal.
Estamos de acuerdo en fortalecer las
finanzas públicas, pero el fortalecimiento no puede hacerse gravando los alimentos y
medicinas porque eso afectará a más de 90 por ciento de la población. En nuestro país,
más de 60 por ciento de la población recibe ingresos menores a los dos salarios
mínimos, es decir, 24 mil pesos anuales; 30 por ciento hasta 240 mil; y solamente el
último decil de ingresos se sale de este esquema.
Vale decir que mientras nuestro país tiene
un ingreso per capita menor a los 40 mil pesos anuales, nuestros socios comerciales
tienen como ingreso promedio 250 mil pesos y aun más.
Por eso, si queremos gravar el consumo
tendremos que desarrollar primero una política económica y salarial que fortalezca el
ingreso a cuando menos una cifra equiparable a la propia de un país de ingreso medio: 125
mil pesos anuales per capita. En la actualidad, mientras que 60 por ciento de la
población gasta más de 50 por ciento de sus ingresos en consumo, el último decil, el de
más altos ingresos, apenas alcanza 10 por ciento de sus gastos. Mientras que a 60 por
ciento de la población la aplicación del iva a alimentos y medicamentos la afectará en
cerca de siete por ciento de sus ingresos, al último decil apenas le afectará en dos por
ciento.
Si bien es cierto que 60 por ciento de la
población representa apenas 24 por ciento del consumo nacional y el último decil 38 por
ciento, eso no debe llevarnos a la conclusión de elevar el iva de manera generalizada,
sino, por el contrario, a no gravar los alimentos básicos y medicinas y gravar los
artículos de consumo suntuario incluso con tasas más altas.
Los mecanismos compensatorios no son
suficientes, porque de acuerdo con los cálculos de aplicación del impuesto al valor
agregado en alimentos y medicinas, ello impactará en promedio a 60 por ciento de la
población en siete por ciento de sus ingresos, lo que significa aproximadamente 168 pesos
en promedio y no 108 pesos, como Hacienda dice. Pero, además, eliminando las
imperfecciones y problemas del Progresa, el programa de la leche y la tortilla únicamente
alcanzará a seis millones de familias de los más pobres, quedando fuera más de seis
millones de familias. Aparte del contenido clientelista y asistencialista de los programas
muy en la visión del Fondo Monetario Internacional, para la administración de la
pobreza, ¿dónde está el copeteo? ¿Dónde está el cambio?
El fortalecimiento de las finanzas
públicas no puede más que provenir de una política tributaria equitativa en la que
todos los mexicanos, de acuerdo con sus ingresos, contribuyan al fortalecimiento de las
finanzas públicas, al crecimiento económico sostenido y sustentable y al desarrollo con
equidad.
Por eso proponemos:
1. Mantener el impuesto sobre la
renta en las tasas actuales.
2. Revisar el régimen de
consolidación fiscal.
3. Revisar el régimen simplificado
para que realmente beneficie a los pequeños productores y micro y pequeños empresarios.
4. Ampliar la base gravable con
especial atención en la economía informal.
5. Combate frontal contra la
evasión y la elusión fiscal, incluso llegando a calificarlas como delito penal.
6. Revisar los impuestos a la
industria maquiladora y las transacciones financieras.
7. Revisar las tasas del iva a
productos no básicos y gravar con tasas mayores a bienes suntuarios.
8. Fortalecer la transferencia en el
ejercicio presupuestal y fortalecer las facultades de fiscalización del órgano superior
de fiscalización de la Federación.
Informe sobre la asistencia al Congreso
"Ágora: Encuentro para la Modernización
Parlamentaria"
México, D.F., 10 de octubre de 2000
Dip. Ricardo García Cervantes
Presidente de la H. Cámara de Diputados
Presente
Dada la importancia que tiene el tema de la
modernización parlamentaria para nuestro país y en atención a la invitación que hizo
el presidente de la Comisión Especial para la Modernización del Funcionamiento
Parlamentario de la H. Cámara de Diputados de la República de Argentina, a esta
honorable Cámara de Diputados. Me permito comunicarle que asistí, atendiendo su
solicitud y en mi calidad de vicepresidente de la Cámara de Diputados, como representante
del Poder Legislativo de nuestro país al Congreso "Ágora: Encuentro para la
Modernización Parlamentaria" .
Dicho evento se celebró en la ciudad de
Buenos Aires, Argentina, los días 3, 4 y 5 de octubre del presente año.
El Congreso "Ágora" tiene como
fin buscar nuevas alternativas para desarrollar óptimamente el quehacer legislativo y la
modernización de sus estructuras y procedimientos parlamentarios, a través del
intercambio de experiencias entre distintos países.
Los temas tratados en dicho congreso fueron
los siguientes:
1. El Congreso y la modernización del
Estado argentino
2. La modernización parlamentaria:
experiencias comparadas
3. La modernización parlamentaria:
experiencias locales
4. Modernización, participación ciudadana
y congreso
5. El Congreso y la comunicación social
Mi participación como único representante
de México asistente al evento, fue en el panel de discusión, La modernización
parlamentaria: experiencias comparadas, en donde presenté la ponencia "Desarrollo,
evolución y perspectivas de la H. Cámara de Diputados en México a principios del siglo
xxi", en la cual se enfatizó la importancia que tendrá el Poder Legislativo, el
reto del fortalecimiento democrático y la transición política que ha vivido nuestro
país. (Véanse pp. 85 a 90 de esta publicación.)
También cabe destacar que los puntos más
relevantes de esta reunión están en relación con el intercambio de experiencias con
diputados y senadores de diversos países latinoamericanos que atraviesan por procesos
similares al nuestro y enfrentan de igual modo un fuerte presidencialismo, lo que trae
serios conflictos al Poder Legislativo.
Sin más por el momento me despido y me
pongo a sus órdenes para cualquier información adicional.
Atentamente
Dip. Éric Villanueva Mukul
Informe sobre la visita al Parlamento
Centroamericano
en Guatemala, Guatemala
Palacio Legislativo, 5 de marzo de 2001
Dip. Ricardo Francisco García Cervantes
Presidente de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
A invitación expresa de Hugo Giraud
Gargano, presidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen), y en atención a las
instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura de la Cámara
de Diputados, asistí a la ciudad de Guatemala, Guatemala, sede de dicha organización,
del 25 al 27 de febrero del año en curso, en visita oficial y en el afán de estrechar
lazos de cooperación entre este congreso y los parlamentarios centroamericanos.
En mi visita a Guatemala, el 26 de febrero
me entrevisté con Carmen Moreno Toscano, embajadora de México en Guatemala, para conocer
las políticas de México con Guatemala, así como la situación actual del Parlacen.
Posteriormente sostuve pláticas con Hugo Giraud Gargano, presidente del Parlacen en las
que se trataron distintos temas, destacando la incorporación de México como observador
del Parlacen, y el Plan Puebla Panamá.
Finalmente, a las 11:30 horas, y siguiendo
con los lineamientos de la invitación, me dirigí a la Asamblea Plenaria del Parlacen a
fin de dar a conocer el interés de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de
México, en su LVIII Legislatura, de integrarse como observador del Parlacen, y también
respondí a algunas inquietudes sobre el Plan Puebla Panamá.
Mi intervención fue bien recibida y los
representantes de los legisladores centroamericanos, Juan Andonie y Ricardo Flores
Asturias de Guatemala, Joaquín Ricardo y Rafael Castro de República Dominicana, Geovani
Disufalo de Nicaragua, Carlos Reyna y Enrique Aguilar Paz de Honduras así lo hicieron
saber en sus intervenciones a la Asamblea. Dichos diputados también me hicieron entrega
de tres proyectos legislativos del Parlacen para que sean analizados e integrados dentro
de los planteamientos básicos del Plan Puebla Panamá. Los proyectos son: la
construcción del corredor ferroviario centroamericano, la construcción de la autopista
centroamericana y la organización de la marina pesquera centroamericana.
Asimismo, se me solicitó informar sobre el
interés y la preocupación de los diputados centroamericanos por el pronto nombramiento
de los observadores de la Cámara de Diputados mexicanos ante el Parlacen. En este
sentido, varios legisladores pronunciaron un ferviente deseo de que México, y
específicamente la Cámara de Diputados, participe activamente con Centroamérica y su
parlamento.
Finalmente deseo informar que debido al
interés manifiesto de la Mesa Directiva del Parlacen, por estrechar los lazos con los
parlamentarios mexicanos, hice una cordial invitación a su presidente Hugo Giraud para
que visite de manera oficial esta H. Cámara de Diputados.
Este encuentro con el Parlacen fue cubierto
por los medios de comunicación guatemaltecos en sus diversas expresiones; también se
concedieron entrevistas a dos televisoras locales, Televisa, la prensa escrita y
estaciones de radio. En mi visita al Parlacen fui acompañado por el Lic. Manuel Enrique
Paniagua Cervantes, asesor del presidente de la Cámara de Diputados.
Se anexan los siguientes documentos: la
invitación formal del Parlacen, el discurso pronunciado ante el Parlacen, tres proyectos
legislativos del Parlacen para el Plan Puebla Panamá y el paquete informativo del
Parlacen.
Atentamente
Dip. Éric Villanueva Mukul
Vicepresidente de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Intervención ante el Parlacen
Guatemala, Guatemala, 26 de febrero de
2001
Honorable Hugo Guirud, presidente
del Parlamento Centroamericano:
Honorables miembros
del Parlamento Centroamericano:
Es un honor para mí estar aquí con
ustedes y ser portador de un saludo afectuoso de los diputados mexicanos y de su
presidente, el diputado Ricardo García Cervantes.
Los legisladores integrantes de la LVIII
Legislatura de la Cámara de Diputados de México compartimos los principios del
Parlamento Centroamericano, lograr la consolidación de un sistema democrático,
pluralista y participativo en los países de Centroamérica y el Caribe a través de una
convivencia pacífica y dentro de un marco de seguridad y bienestar social, es también
importante para nosotros.
México comparte muchos de los problemas
que viven los países que integran el Parlacen –Guatemala, El Salvador, Panamá,
Honduras, Nicaragua y República Dominicana–; compartimos la marginación de amplios
sectores de nuestros pueblos, pero desde luego también las ganas de crecer y
desarrollarnos.
Sin lugar a dudas nos une nuestra
geografía, la historia y nuestra cultura ancestral y en ese ámbito hemos estrechado
nuestras relaciones a través de los años con cada uno de los países que integran este
honorable parlamento.
Para México es indispensable la
cooperación y la amistad con Centroamérica. Sin embargo todos los esfuerzos que se han
dado en realidad no han sido suficientes, porque habíamos dejado de lado una cuestión
muy importante, el libre intercambio comercial, pues no basta reconocer que somos
similares, vecinos y hermanos, es necesario demostrar en los hechos que estamos dispuestos
a correr los riesgos de integrarnos económicamente y de asumir la globalización para
crecer.
De ahí la trascendencia de los tratados de
libre comercio que México ha suscrito con algunos países de Centroamérica, el más
reciente con el triángulo del norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, el cual entrará
en vigor este año.
Estos tratados son sin vacilaciones un paso
significativo para crecer juntos, desde luego respetando nuestras diferencias y los
derechos humanos y considerando e incluyendo a los habitantes más desprotegidos de
nuestros países.
Otro asunto sustancial para dar un nuevo
impulso a la relación México- Centroamérica, será el Plan Puebla Panamá, el cual ya
ha sido presentado por el gobierno mexicano a los presidentes centroamericanos.
Este ambicioso proyecto tiene como fin
crear a través de la cooperación entre los países de la región, las condiciones
propicias para la inversión y el desarrollo del sur-sureste de México y Centroamérica.
El Plan Puebla Panamá es una propuesta que
pretende reducir los contrastes entre el norte y el sur de nuestro país, generando
desarrollo social y crecimiento económico.
Es un proyecto de largo aliento y amplia
cobertura territorial que prevé la participación de los gobiernos de los países
centroamericanos, de los gobiernos estatales y municipales de las entidades de México
involucradas, así como del sector privado, de la sociedad civil y de los organismos
financieros internacionales.
En este programa intervendrán nueve
gobiernos estatales, con una población de 27.5 millones de habitantes: Puebla, Veracruz,
Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; y los siete países
de Centroamérica, con 37.5 millones de habitantes: Guatemala, Belice, Nicaragua,
Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá.
La estrategia se sustenta en la concepción
de que el desarrollo económico y social de la región será posible en la medida en que
las acciones y políticas de gobierno estimulen el concurso de la inversión privada en
apoyo a proyectos productivos del sur-sureste de México y que esto se extienda a
Centroamérica.
El Plan pretende atender tres tipos de
acciones y políticas:
a) Aquellas relacionadas con el
fomento a la inversión productiva;
b) Las relacionadas con obras de
infraestructura, tales como carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles o generación
de electricidad; y
c) Las vinculadas al establecimiento
de condiciones que garanticen la seguridad jurídica de las personas y sus bienes.
Quiero enfatizar que la participación de
Centroamérica será primordial en el desarrollo del Plan Puebla Panamá.
Esta contribución tiene su justificación
en los Acuerdos de Tuxtla, que son el sustento de las relaciones de México y los países
centroamericanos para la atención de sus problemas, y se dará a través de acuerdos para
la integración y el desarrollo de Mesoamérica conforme a los mecanismos de cooperación
regional y desde luego a través de tratados de libre comercio equitativos.
Señoras y señores diputados:
Como ustedes saben, México ha vivido un
proceso de democratización muy intenso que ha visto la culminación de una importante
etapa en las elecciones del 2 de julio del año pasado. Sin embargo aún nos falta mucho
camino por recorrer, estamos ante nuevos escenarios políticos y en esta coyuntura el
Poder Legislativo en México, adquiere un papel relevante en el equilibrio de poderes y la
consolidación democrática.
Si bien es el Poder Ejecutivo el encargado
de establecer las relaciones bilaterales con los distintos países centroamericanos y del
Caribe, nosotros, los legisladores mexicanos, vemos con buenos ojos este estrechamiento de
lazos comerciales y culturales con Centroamérica, y en el nuevo orden político mexicano,
una de nuestras prioridades es apoyar el fortalecimiento de las relaciones con todos los
países centroamericanos y primordialmente con los que integran este parlamento.
La Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados de México considera que el Parlacen ha contribuido de manera importante a
lograr el fortalecimiento democrático en Centroamérica y constituye uno de los
principales motores para impulsar el desarrollo de los países que lo integran, por lo
tanto vemos con satisfacción la invitación de formar parte del Parlacen, como
observadores.
Deseo expresar el compromiso de la Mesa
Directiva del Congreso mexicano, para dar curso a esta iniciativa de ser observadores, la
cual fue propuesta en 1999 y por cuestiones ajenas a la presente legislatura no se ha
podido concretar.
Es nuestro interés integrarnos y trabajar
juntos desde el ámbito legislativo en el fortalecimiento democrático y económico de
nuestros países.
El acuerdo de la LVIII Legislatura de la
Cámara de Diputados de México es hacer todo lo necesario para estrechar las relaciones
con el Parlamento Centroamericano a fin de consolidar proyectos conjuntos que contribuyan
al desarrollo político, social y económico de la región.
De tal forma, proponemos una comunicación
y colaboración constante en las siguientes instancias:
1. Relaciones entre las directivas:
Cámara de Diputados de la República Mexicana-Parlamento Centroamericano.
2. Trabajos conjuntos entre las
comisiones del Parlacen y el Congreso mexicano.
3. Comunicación constante e
intercambio de información a través de las áreas de relaciones internacionales de los
dos organismos.
4. Fortalecimiento de las relaciones
bilaterales entre los parlamentos de México y Centroamérica.
Consideramos impostergable fortalecer la
comunicación y la colaboración entre los legisladores mexicanos y centroamericanos.
Por esto debe quedar claro el compromiso de
la Mesa Directiva del Congreso mexicano de intensificar, defender y mejorar la relación
de México con Centroamérica.
¡Compañeros legisladores: Es tiempo de
vernos a los ojos, hablar y seguir incidiendo en el desarrollo de Centroamérica y de
México, por el bien de nuestros pueblos!
Muchas gracias.
Reporte de las visitas realizadas a las
asambleas
de Panamá y El Salvador
Del 19 al 24 de julio de 2001
Objetivos del viaje
Los objetivos principales que motivaron las
visitas a las asambleas legislativas de Panamá y El Salvador fueron dos: 1)
estrechar los lazos parlamentarios de la Cámara de Diputados con asambleas con las cuales
el contacto ha sido menor a lo conveniente desde las pasadas legislaturas; y 2)
recoger sus opiniones sobre la integración de Centroamérica en general y del papel del
Parlacen para este fin, junto con el ingreso de la Cámara de Diputados de México al
Parlacen.
Panamá
Visita a la Asamblea Legislativa de
Panamá
Fui recibido por el Dr. Francisco A.
Reyes, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa de
Panamá, y el Lic. José Gómez Núñez, secretario general de la Asamblea Legislativa de
Panamá.
Temas tratados: Se expresó que es
necesario un vínculo más estrecho entre la Asamblea Legislativa y la Cámara de
Diputados. Entusiasmó el ingreso de la Cámara de Diputados como observador permanente al
Parlacen. Se comentó sobre la necesidad de mayor vinculación entre el Parlacen y la
Asamblea Nacional.
Acuerdos: Se firmó un convenio de
cooperación y buenas intenciones entre los dos parlamentos que contempla la creación de
grupos de amistad, contacto constante e intercambio de información y asesoría.
Reunión con el presidente de la
Comisión de Derechos
Humanos de la Asamblea Legislativa
El legislador Felipe Cano González,
presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, expuso la
necesidad de cooperación entre los dos parlamentos y específicamente solicitó
información sobre el sistema carcelario, el federalismo, y la descentralización de la
administración pública del Estado. Se comentó que los presidentes de los países de
Centroamérica tendrán que prestarle mayor atención y darle un mejor lugar al Parlacen y
sus iniciativas, ya que hoy le hacen poco caso.
El Salvador
Entrevista con el embajador de México
en El Salvador
Durante la cena ofrecida por Pablo Ruiz
Limón, embajador de México en El Salvador, se expusieron las condiciones económicas,
políticas y sociales de El Salvador. Se expresó la necesidad de los poderes ejecutivo y
legislativo de cooperar permanentemente para que las tareas de la diplomacia se cumplan
cabalmente.
Reunión con la Asamblea Legislativa
Esta reunión fue presidida por Julio
Gamero, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, los tres secretarios, jefes de los
partidos en la Asamblea, presidentes de comisiones y otros diputados. Se afirmó que es un
acierto estrechar lazos entre los dos parlamentos. Cabe destacar que en esta reunión
participaron 24 diputados de la Asamblea Legislativa.
Temas: Hubo mucho interés por
conocer los cambios que se han venido dando en la Cámara de Diputados de México. Como
representante de dicha institución expliqué de manera amplia estos cambios. También se
abordaron temas como el de la migración, el Plan Puebla Panamá y su relación con los
parlamentos y las expresiones de la pluralidad política.
Acuerdos: Se extendió una
invitación para que una comitiva de la Asamblea visitara la Cámara de Diputados de
México próximamente. Esta invitación fue bien recibida y hubo afirmaciones de que
pronto se organizaría la respectiva comitiva. Se solicitó mayor cooperación e
intercambio de información y la formulación de mecanismos para intercambio de personal
técnico y administrativo de los parlamentos. Hubo acuerdo en explorar estas
posibilidades.
Entrevista con diputados salvadoreños
miembros del Parlacen
Esta reunión fue organizada por el
diputado Alfredo Salvador Pineda Saca, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
del Parlacen, quien recientemente visitó México. Estuvieron presentes otros cinco
diputados del Parlamento Centroamericano.
Temas: Se coincidió en que es un
buen momento para la formalización de la Cámara de Diputados como observador permanente
en el Parlacen. Se habló de la historia y organización de ese parlamento. En particular,
se reconoció que el papel del Parlacen no ha sido tan protagónico como se desea, pero
que va adquiriendo mayor relevancia y se debe ser paciente.
Acuerdos: Se aceptó profundizar
más en los temas de integración de la región centroamericana a partir del juramento de
los observadores permanentes de la Cámara el 28 de agosto.
Desarrollo, evolución y perspectivas de la
H. Cámara de Diputados en México, a principios del siglo xxi
Ponencia presentada en el Congreso
"Ágora:
Encuentro para la Modernización Legislativa"
Buenos Aires, Argentina
4 de octubre de 2000
Señoras y señores legisladores
de la Comisión Especial para la Modernización
Parlamentaria de la Honorable Cámara
de Diputados de la República de Argentina:
En representación de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, permítanme expresar
un fraternal saludo a todos los asistentes al Congreso "Ágora: Encuentro para la
Modernización Parlamentaria", cuya finalidad estriba en buscar nuevas alternativas
para desarrollar óptimamente el quehacer legislativo y la modernización de sus
estructuras y procedimientos parlamentarios.
En las últimas décadas hemos asistido al
reconocimiento mundial de la democracia, entendida como la mejor forma de gobierno al que
aspiran las sociedades modernas; paradójicamente, en los tiempos actuales se han
desarrollado de manera paralela la globalización económica y la democracia
política;1 ya que la globalización económica, definida como la más avanzada
etapa del capitalismo, es inherentemente contradictoria con la democracia, cuando ésta es
concebida como una forma de vida, en donde todos los ciudadanos son capaces y libres no
sólo de elegir a sus autoridades, sino de tener una mayor participación de los
beneficios del desarrollo, en todos los sentidos.
Actualmente y para beneficio de las
mayorías, la democracia ha logrado prevalecer dentro de las preferencias políticas en la
mayor parte de las sociedades del mundo. La simple palabra «democracia» legitima todas
las acciones emprendidas para cambiar los procedimientos del régimen político.
Los mexicanos no hemos quedado al margen de
la búsqueda de la democracia. De hecho, las pasadas elecciones del 2 de julio de 2000
marcaron un corte histórico dentro de las acciones que tradicionalmente ha seguido el
sistema político en nuestro país. El cambio del Partido Revolucionario Institucional
(pri), que se mantuvo como poder gubernamental por más de setenta años, no podría
haberse dado si no hubiera sido por la permanente lucha de millones de mexicanas y
mexicanos que durante más de tres décadas buscamos profundizar la democracia.
Hasta recientemente, el sistema político
mexicano le otorgó un mayor peso al Poder Ejecutivo, frente a los otros dos poderes de la
Unión; el Ejecutivo gozó de facultades discrecionales y de mayor trascendencia que las
que ha tenido el Legislativo y/o el Judicial.
Los cambios provocados por el 2 de julio
trastocaron las partes medulares del poder en México. Del conjunto de cambios que
resultaron de la voluntad expresada en las urnas, resalta de manera especial el que se da
en torno al Poder Ejecutivo. Sin embargo, no son secundarios los de la composición del
Poder Legislativo, y que no fueron más que la continuación de las transformaciones que
desde 1988 se han venido presentado de manera constante.
No significa lo mismo trabajar en una
cámara de diputados en donde la mayoría está depositada en un solo partido, que
trabajar en donde concurren distintos partidos políticos que al combinar sus fuerzas
logran la mayoría para la toma de decisiones.
La nueva Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos se aprobó en la Cámara de Diputados en agosto de 1999;
en este cuerpo normativo quedaron definidas con mayor precisión las tareas centrales de
todo congreso o parlamento que son: el control del gobierno y la elaboración de leyes.
En nuestro país hasta el pasado reciente
se hacía muy poco por controlar el gobierno, y la labor legislativa quedaba circunscrita
a procesar las iniciativas de ley que remitía el Ejecutivo Federal, quedando además la
triste y amarga experiencia de ver congeladas las iniciativas de ley, sobre todo
las presentadas por los partidos opositores al gobierno.
Hoy, en las postrimerías de la actual
administración la situación, ha cambiado y son cada día más los actos en los que las
llamadas "facultades metaconstitucionales" del presidente mexicano han sido
frenadas por la sociedad civil y los distintos actores políticos.
El actual Congreso de la Unión, y en
especial la Cámara de Diputados, responde a una nueva situación cultural y política. La
sociedad reclama del Congreso, mayores espacios para la discusión y reflexión de la
agenda política nacional. Se parte ahora de perfeccionar la democracia representativa y
de empezar a cimentar firmes pilares para ejercer la democracia participativa. Ante esto,
los esquemas de trabajo que tenían las anteriores legislaturas, ya no responden a las
necesidades actuales.
Los órganos de gobierno internos de la
Cámara de Diputados han tenido que ser concebidos a partir del debate entre las fuerzas
políticas; ya no hay una imposición directa y tajante, de lo que se debe o no hacer en
la Cámara; hoy, todo tiene que pasar por una fase de negociación y consenso.
La pluralidad ha hecho que en los procesos
de instalación y adecuación interna de la Cámara de Diputados se presenten discusiones
internas que pudueron resolverse gracias a la actitud asumida por los diputados mexicanos
de privilegiar la vocación política del órgano Legislativo para buscar y construir
acuwerdos parlamentarios como normas que complementan y amplían el marco normativo del
Congreso.
Tanto la nueva Ley Orgánica del Congreso
como los acuerdos parlamentarios forman parte del proceso de modernización de la Cámara
de Diputados. La Ley fue producto de intensas jornadas de discusión y negociación. El
resultado es un marco normativo moderno, que supera el anterior y que se centra en siete
instancias de la estructura y funcionamiento de nuestro órgano legislativo, como son:
La sesión de instalación y su órgano
conducente que recae en la Mesa de Decanos, encargada de llevar a cabo la instalación de
la primera sesión de cada nueva legislatura.
La Mesa Directiva, que se concibe con mayor
fuerza, eliminando su carácter efímero; su integración no se basa en criterios de
partido sino de institucionalidad con atención a la experiencia y actuación de sus
miembros, dándole además permanencia y continuidad en sus trabajos al ampliar la
duración de su encargo de un mes, a un año.
El fortalecimiento de las funciones y la
representatividad de los grupos parlamentarios.
La racionalización del número de
comisiones, al pasar de 62 a 40, buscando eficientar los trabajos de dictamen legislativo
y aumentar su influencia en la elaboración de las políticas públicas; además de
incrementar la especialización y profesionalización del personal legislativo y del
cuerpo técnico de apoyo.
La Junta de Coordinación Política, que se
integra por los coordinadores de los grupos parlamentarios, funge como el espacio en el
que se construyen los acuerdos para que la Cámara ejerza con puntualidad sus facultades
constitucionales y legales.
La Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos, en la cual convergen la Junta de Coordinación
Política y la Mesa Directiva por medio de su presidente. A la Conferencia le corresponde
la dirección parlamentaria de largo aliento al definir el programa legislativo para el
periodo de sesiones y el calendario para su desahogo.
Respecto a la organización técnica y
administrativa se sustituyó la figura de Oficialía Mayor y Tesorería para crear la
Secretaría General, de la cual dependen los secretarios de Servicios Parlamentarios y de
Servicios Administrativos y Financiero. La medida tuvo por objeto dar una atención
especializada y profesional a cada una de las áreas.
La anterior adecuación al marco normativo
de la Cámara de Diputados sería incompleta sin la toma de medidas para agilizar el
trabajo del órgano legislativo, en tal sentido, la otrora Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política aprobó en enero de 1998 el Programa de Modernización
Administrativa 1997-2000, con el objetivo fundamental de fortalecer el Poder Legislativo,
mediante la ejecución de cinco estrategias básicas: el rediseño organizacional de la
Cámara, la profesionalización de los cuerpos técnicos y parlamentarios, la
actualización tecnológica de las instalaciones, el fortalecimiento de los órganos
técnicos y la optimización de los servicios de asistencia administrativa y
parlamentaria.
Con objeto de construir un Estado
auténticamente democrático y eficiente, se ha buscado que el conjunto de funcionarios y
empleados públicos de la Cámara estén guiados por los principios de legalidad,
imparcialidad y profesionalismo, ya que, ante la avalancha de conocimientos técnicos que
suelen caracterizar a las administraciones públicas, los parlamentos modernos deben
ocuparse de profesionalizar a su cuerpo especializado de apoyo técnico. Ésta es la
esencia del servicio civil de carrera. La ausencia de lo anterior ha sido una de las
causas de la tradicional debilidad del Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo.
Por otra parte, la nueva política de
comunicación social de la Cámara de Diputados considera que la función legislativa debe
acompañarse de una intensa campaña de comunicación social que, además de propiciar un
cambio en su imagen frente a la sociedad, favorezca las condiciones para dignificar el
trabajo parlamentario y para obtener el respaldo ciudadano necesario. En este aspecto ha
jugado un papel fundamental el canal de televisión por cable del Congreso, así como la
internet, con la hoja electrónica de la Cámara de Diputados, en donde el ciudadano puede
encontrar todos los diarios de debates de 1917 a la fecha, así como todas las leyes,
discusiones, acuerdos, etcétera, del órgano parlamentario
Conviene resaltar que ni la adecuación del
marco normativo del Congreso de la Unión, ni las medidas de modernización administrativa
aprobadas, tendrían sentido si no se atiende y responde a los reclamos que la sociedad
civil ha presentado en la última década.
La sociedad fue el factor que empujó las
transformaciones –mediante el sufragio universal– y posibilitó el cambio en la
correlación de las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados. Ahora le toca al
parlamento mexicano darle a la sociedad civil las respuestas a los reclamos añejamente
manifestados y que han quedado pendientes en la agenda política, económica y social del
país, además de continuar el proceso de la reforma del Estado y la consolidación de la
democracia.
Será necesario procesar y aprobar nuevas
adecuaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
ya que en el caso de este último, no ha sufrido modificación desde la década de los
treinta, del siglo que termina, y requiere una urgente actualización, porque ya no
responde a las necesidades parlamentarias vigentes.
Reviste fundamental interés el que se
mejoren los vínculos con la sociedad mediante una adecuación de la normatividad y
funcionamiento del canal legislativo, de tal forma que se convierta en un canal de
frecuencia abierta. De la misma manera, los debates también deberán ser transmitidos por
la radio.
Como legisladores, tenemos la obligación
de impulsar nuevas propuestas que abran mayores espacios de participación social y
consoliden la democracia. A manera de referencia, anotaremos algunas iniciativas referidas
a la Constitución Política y a algunas leyes secundarias:
Culminar la aprobación de la Ley de
Fiscalización Superior de la Federación, que regula la entidad de auditoría superior de
la Federación, encargada de la revisión de la Cuenta Pública y los avances de gestión
administrativa.
La ratificación por la Cámara de
Diputados, del gabinete del Poder Ejecutivo Federal. También la ratificación por la
Cámara de Senadores, de los secretarios de Relaciones Exteriores y de la Defensa
Nacional.
El nombramiento del procurador general de
la república, por el Congreso de la Unión, es decir, por ambas cámaras, le dará al
Ministerio Público la suficiente independencia para defender los intereses de la sociedad
y hacer cumplir la ley, sobre cualquier pretensión particular.
La aprobación del Plan Nacional de
Desarrollo por la Cámara de Diputados, como una facultad sustantiva que complementa a la
facultad de la Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto de Egresos de la
Federación, como instrumento fundamental de la política económica y social del Estado
mexicano.
Reformas a la Constitución y a la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal que permitan una mayor participación
de la Cámara de Diputados en la elaboración y aprobación del Presupuesto de Egresos de
la Federación.
Además de las iniciativas mencionadas,
también se deberán poner en marcha las siguientes propuestas en el camino que se recorre
para la cabal transición a la democracia y hacia un nuevo régimen con mayor estabilidad
política y económica para México en el largo plazo:
• Iniciar la discusión sobre la
conveniencia o no, de que el presidente de la república asuma las funciones de jefe de
Estado, y la Cámara de Diputados nombre a un primer ministro que asuma las funciones de
jefe de gobierno. Dicha atribución deberá recaer en la fracción parlamentaria
mayoritaria que por sí sola o en alianza logre la mayoría absoluta. Es decir, el cambio
de un régimen presidencialista hacia un régimen semiparlamentario.
• Agilizar la reforma fiscal integral,
creando un marco legal en el área laboral y económica que propicie el desarrollo con
igualdad a lo largo y ancho de todo el país, sin excluir zonas, estados ni regiones.
• Dar prioridad a las áreas que
afectan a los que menos tienen y a los que menos pueden.
• Atender la creación de nuevos
instrumentos que promuevan el desarrollo pleno de las personas; incluidos también
aspectos tendientes a lograr la equidad de género y la eliminación de toda forma de
discriminación de cualquier signo.
• Impulsar un nuevo federalismo en el
que el municipio rescate su condición de célula básica de la democracia y modelo de
vida comunitaria; si queremos realmente fortalecer nuestra democracia, tendremos que
fortalecer la vida municipal.
• Debemos propiciar la culminación de
la paz con dignidad en el estado de Chiapas, aprobar el proyecto de reformas
constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas y llevar a la práctica una
nueva relación entre el Ejecutivo Federal y el Ejercito Zapatista de Liberación
Nacional, con el apoyo de la Comisión para la Concordia y la Pacificación, que se creo
ex profeso.
• Reactivar y retomar una intensa
colaboración con los países latinoamericanos, para fortalecer el funcionamiento del
Parlamento Latinoamericano. Este organismo debe coadyuvar a una mejor integración y
desarrollo de la región.
Nosotros entendemos que el Congreso de la
Unión de los Estados Unidos Mexicanos debe ser el espacio en donde se ventilen las ideas,
se genere una visión, un enfoque que presente propuestas y, sobre todo, que ante la
sociedad gane la autoridad para convertirse en un amplio y fuerte promotor de la
democracia del México del siglo xxi.
1 Giovanni Sartori afirma que el sentido
original de la democracia proviene del griego. La democracia quiere decir literalmente poder
del pueblo, que el poder proviene del pueblo. Esta concepción posteriormente se
complica en las sociedades modernas, cuando la connotación de pueblo adquiere
distintas definiciones. Para Norberto Bobbio la democracia es el gobierno del pueblo, de
todos los ciudadanos o bien de todos "aquellos que gozan de los derechos de
ciudadanía, se distingue de la monarquía como gobierno de uno solo, y de la aristocracia
como gobierno de pocos".
La concepción de la democracia contemporánea se ha
modificado con la nueva realidad social; el desarrollo del término ha creado confusión
en torno a su significado y como dice Sartori, la democracia se presta a la
"multivocidad y a la dispersión". En su definición, a la democracia se le han
agregado distintos adjetivos, de tal forma que se puede hablar de democracia económica,
industrial, social, cultural, etcétera, ya que la referencia a la palabra democracia
legitima toda una serie de actividades humanas. Sin embargo, la democracia política ha
sido la que más se ha desarrollado de los otros tipos de democracia. Véase en Giovanni
Sartori, Teoría de la democracia, vol. 1 y 2, Alianza Editorial, México,
1989; y Norberto Bobbio, Diccionario de política, 7ª ed., Siglo
XXI Editores (vol. 1), México, 1991.
La importancia de la educación y los
criterios
para la asignación del presupuesto en la unam
Conferencia dictada en la unam
el 5 de junio de 2001
Notas de soporte sobre aspectos
financieros
del sistema universitario de educación superior
Modelo de asignación del subsidio
publico
El sistema universitario público de
educación superior, cuya atención está a cargo de la Subsecretaría de Educación
Superior e Investigación Científica, se compone de:
1. Universidades públicas federales
2. Universidades públicas estatales
3. Universidades tecnológicas
4. Universidades públicas estatales
con apoyo solidario y
5. Otras instituciones
El subsidio anual a cada institución de
los subsistemas 1 a 3 se asigna a partir del cálculo del costo de cada uno de los rubros
que componen su presupuesto, es decir:
Costo de nóminas de personal autorizado
Gasto de operación
Aplicaciones de infraestructura
Costo de aplicación de oferta educativa,
en su caso
Importes de proyectos incluidos en
programas especiales
Para las instrucciones de los subsistemas 4
y 5, en cambio, el gobierno federal sólo asigna un apoyo solidario convenido cada año
con la institución y el gobierno del estado respectivo.
Subsidio público total a las
universidades federales,
estatales y tecnológicas
El subsidio federal está integrado por
tres grandes componentes: el subsidio ordinario, el extraordinario y el asociado a la
ampliación de la oferta educativa. El subsidio estatal, por su parte, está integrado por
el subsidio ordinario y el asociado a la ampliación de la oferta.
Subsidio ordinario
El subsidio ordinario cubre el gasto
corriente que se destina al sostenimiento de la operación de las instituciones de
educación superior: cada año se asigna un presupuesto irreductible igual al costo
operativo del ejercicio del año anterior, más un incremento para cubrir el aumento de
costos asociados tanto a servicios personales como a gastos de operación.
Los aumentos relacionados con servicios
personales son autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con base en
la política salarial del gobierno federal.
El incremento de los gastos de operación
incorpora al menos el índice de inflación esperado para el periodo en cuestión.
Las aportaciones federal y estatal al
subsidio ordinario de cada universidad se establecen y formalizan a través de un convenio
tripartita anual suscrito por el gobierno federal, el gobierno estatal y la universidad
correspondiente.
Subsidio extraordinario
El subsidio extraordinario asigna
recursos destinados a incrementar la calidad de la educación superior mediante:
El Programa de Mejoramiento del Profesorado
(Promep), que se propone alcanzar entre 1996 y 2006 estándares internacionales en la
formación y desempeño del personal académico de carrera
El Fondo para la Modernización de la
Educación Superior (Fomes), cuya finalidad es mejorar el equipo de laboratorios y
talleres, y el acervo bibliográfico o los medios de información académica
El Programa de Apoyo al Desarrollo
Universitario (Prodau), que apoya acciones puntuales de colaboración nacional e
internacional de los cuerpos académicos
La mejora de la infraestructura física con
que cuentan las instituciones de educación superior, mediante construcciones con recursos
del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (capfce) y del
Fondo de Aportaciones Múltiples (fam)
Ampliación anual de la oferta
educativa
Las necesidades de ampliación de la
oferta educativa en cada estado son objeto de planeación por el gobierno estatal con la
participación de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, y la
sep contribuye a dicho proceso con lineamientos generales y apoyo técnico.
Como resultado de lo anterior, cada entidad
federativa propone a la sep las opciones por implantar cada año en cuanto a modalidad
educativa, institución que la impartirá, carrera por ofrecer y nueva matrícula que se
atenderá. El apoyo para este fin destinado a equipamiento, gasto de operación y nuevas
plazas académicas, se otorga mediante convenios de coordinación firmados entre el
gobierno federal, el gobierno estatal y las instituciones de educación superior.
En un somero análisis de la participación
federal y estatal en el subsidio ordinario a universidades en el año 2000 se puede
observar lo siguiente, que en el caso de la Universidad de Nayarit el subsidio federal
alcanza un porcentaje de 94.1 y le corresponde por consiguiente a la participación
estatal 5.9 por ciento; caso contrario al de la Universidad Veracruzana, que recibirá
46.4 por ciento de subsidio federal y el estado aportará 53.6 por ciento. Para las 34
universidades públicas estatales se alcanza un promedio de subsidio federal de 67.7 por
ciento, y de 32.3 por ciento de aportación estatal.
Es prudente destacar que el Programa para
el Desarrollo de la Infraestructura para las 34 universidades públicas estatales en el
año 2001 tenga asignados recursos del orden de 100 millones de pesos, lo que nos da un
promedio de 2.9 millones de pesos por universidad.
Presupuesto de la unam para el año 2001
(millones de pesos)
Concepto Gasto corriente Gasto de
capital Gasto total
Educación media superior 1 585 132
1 717
Educación superior 5 488 348
5 836
Educación de posgrado 1 007 171
1 178
Ciencia y tecnología
(apoyos a la educación) 58 - 58
Investigación científica
y tecnológica 2 202 - 2 202
Desarrollo cultural 153 - 153
Total 10 493 651 11 144
En el análisis de este cuadro se comprueba
que el rubro de gasto corriente absorbe 94 por ciento del presupuesto universitario y
queda únicamente seis por ciento para gastos de capital, lo que refleja que no existirán
recursos para el equipamiento universitario, sobre todo en el rubro de investigación
científica y tecnológica, para el que no podrá comprarse ni siquiera un microscopio, y
en el caso del desarrollo cultural ocurre lo mismo.
Educación
Existe un reconocimiento generalizado sobre
el papel central que la educación desempeña para incrementar la capacidad y
potencialidad de los mexicanos. La revolución cibernética y la globalización de las
comunicaciones y de la economía impulsan veloces y profundas transformaciones en los
órdenes laboral, cultural, social, humano y político. La educación promueve la igualdad
de oportunidades y el desarrollo individual y comunitario, ya que en los próximos años
la sociedad experimentará múltiples cambios, por lo que la educación deberá tener la
flexibilidad suficiente para adaptarse a estos cambios y responder con efectividad y
oportunidad a las nuevas necesidades.
La población en edad de cursar la
educación básica –entre seis y 14 años de edad–, empezará a disminuir en el
ciclo 2006-2007. El grupo de jóvenes de entre 15 y 24 años que demandará servicios de
educación media y superior, alcanzará su nivel máximo en ese periodo.
En el año 2006 se estará atendiendo a
poco más de 6.5 millones de jóvenes en la educación media superior y superior, y en el
nivel de licenciatura se pasará de una matrícula de 1.733 millones de alumnos para el
ciclo 2000-2001 a la cifra de 2.332 millones en el ciclo 2006-2007. En posgrado se pasará
en el mismo periodo de 127 mil a 188 mil.
Es prudente anotar que en la educación superior, a pesar
de las elevadas tasas de crecimiento de la población atendida que se han observado
durante las últimas décadas, la cobertura es todavía insuficiente en comparación con
la de nuestros socios comerciales de Norteamérica y Europa.
ALCA y poder legislativo
Ponencia presentada en el Foro "Acuerdo
de Libre Comercio de la Américas"
Palacio Legislativo de San Lázaro
12 de junio de 2001
Si tuviera que escribirse la historia
de los intentos de integración de los países latinoamericanos y realizar un balance de
las organizaciones construidas, pocos resultados positivos encontraríamos, y en algunos
casos tendríamos que aceptar el fracaso de los intentos de cooperación.
Así, vemos que en la primera mitad del
siglo pasado los países latinoamericanos decidieron embarcarse en el proyecto de
construir un bloque comercial que los cohesionara, impulsara el desarrollo regional y les
diera un peso específico en su relación con el resto del mundo, por lo que de esta
manera en 1960 se creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc).
Otros intentos de integración subregional
los tenemos con la creación del Mercado Común Centroamericano, el Grupo de Río (de la
Plata), el Grupo Andino, el Sistema Económico Latinoamericano (Sela), y la más
importante organización que fue la Alalc, cambió su nombre por el de Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio (Aladi).
Las causas de los fracasos son múltiples y
de diversa naturaleza, como la falta de capacidad de organización, la oposición de las
oligarquías locales a perder sus mercados, la falta de un transporte eficiente y de
adecuadas vías de comunicación para cubrir las enormes distancias, una industria poco
competitiva y oposición en algunos casos de gobiernos locales –entre otras de las
muchas causas. Pero algunos estudiosos de los asuntos latinoamericanos no dejan de
subrayar que el obstáculo real para la integración de los países latinos ha sido el
choque de intereses con Norteamérica, refiriéndose en particular a los Estados Unidos.
En nuestro país, años después de estos
intentos, en el marco de la globalización y bajo su influjo, el gobierno mexicano
definió una estrategia para celebrar tratados de libre comercio con diversos países,
como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), en enero de 1994; los
suscritos con Colombia y Venezuela en junio del mismo año (Grupo de los 3); con Bolivia y
Costa Rica en enero de 1995; con Nicaragua en diciembre de 1997; el celebrado con Chile en
abril de 1998; y los suscritos en el mes de junio del año pasado con el triángulo del
norte, integrado por Honduras, Guatemala y El Salvador.
Por otra parte, fuera del continente
americano también el gobierno mexicano ha celebrado tratados como el de Israel, en marzo
de 2000, y el suscrito con la Unión Europea en julio del mismo año.
Es preciso mencionar que la integración
subregional de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en el llamado "Mercosur",
que entró en vigencia en el mismo año del tlcan, ha sido un ejemplo de cooperación no
sin problemas.
La actual administración federal, que
encabeza el presidente Vicente Fox, despliega una intensa promoción en el exterior para
la celebración de acuerdos comerciales y de integración continental y transcontinental
–recuérdese la reciente visita a China, Japón y Corea–; así como también
otorga decidido y entusiasta apoyo a la iniciativa de los Estados Unidos de integrar una
zona libre de barreras al comercio y la inversión a través del Acuerdo de Libre Comercio
de las Américas (alca), el que después de múltiples intercambios y negociaciones
entraría en vigor en el año 2005.
Sus promotores han considerado que el alca
es el elemento orientador en el esfuerzo colectivo para promover el crecimiento económico
y una mayor prosperidad en las Américas. En este largo camino de la integración
continental se han celebrado tres reuniones con los representantes de 34 naciones del
hemisferio, en otras tantas ediciones de la llamada "Cumbre de las Américas",
que han integrado una agenda para sentar bases sólidas para la cooperación hemisférica,
considerando en primera instancia que el fortalecimiento de la democracia y la
integración económica han llegado a identificarse como los pilares gemelos del proceso
de esas reuniones cumbre.
En tal sentido, se ha dicho que para
fortalecer la democracia hay que continuar e incrementar la cooperación en derechos
humanos y en áreas de cooperación potencial como son la administración de justicia y la
seguridad.
Respecto a la creación de prosperidad, se
ha acordado la definición de estrategias destinadas a mejorar los sistemas de transporte
hemisféricos y el desarrollo de enfoques comunes frente a los temas de la energía;
también, que puede respaldarse la cooperación en el sector de las telecomunicaciones;
que el comportamiento privado de las empresas debe respaldarse en principios de una buena
gestión y de la responsabilidad social; que ya está en marcha el proceso de cooperación
para considerar las condiciones de trabajo, las normas laborales y la cooperación en
torno a migración.
Se ha convenido también que las
iniciativas ambientales constituyen al parecer un elemento de una mayor cooperación
hemisférica y que pueden darse nuevas iniciativas en la esfera de la regulación
financiera que promuevan el objetivo global de incrementar la prosperidad del hemisferio.
La visión de la futura integración
hemisférica respecto a la realización del potencial humano sostiene que en una economía
mundial basada en el conocimiento es esencial que las personas posean las aptitudes
necesarias para competir, ya que la tecnología de la información crea perspectivas para
ampliar la calidad de la educación en todas nuestras sociedades. La cuestión fundamental
es nuestra calidad de vida. El mecanismo más eficaz para reducir las desigualdades
consiste en ampliar el acceso a la educación y mejorar su calidad.
En cuanto a la asistencia sanitaria, los
diagnósticos señalan que existe escasez de recursos para atenderla debidamente y que el
uso de la tecnología de la información y las comunicaciones ofrece nuevos horizontes
para incrementar el acceso a una asistencia de calidad.
En los propósitos de integración también
se resalta el hecho de que nuestro mundo está siendo transformado por las tecnologías de
la información y de las comunicaciones. El acelerado ritmo de la innovación y el cambio
y la así llamada conectividad, son un medio, no un fin; constituyen un instrumento para
el desarrollo humano, pero no representan la solución de todos los problemas humanos.
Un compromiso general con el desarrollo
puede y debe abarcar no sólo esfuerzos para satisfacer las necesidades básicas, sino que
también debe asegurar que los beneficios de las tecnologías nuevas sean ampliamente
compartidas y que se expandan las oportunidades de participar en economías basadas en el
conocimiento. Se ha destacado en el proyecto integracionista que el desarrollo y la
propagación acelerados de la tecnología de la información y la conectividad encierran
la promesa de oportunidades sin precedentes para el desarrollo económico, político y
social del hemisferio.
Lo señalado en los párrafos anteriores
constituyen los compromisos de cooperación existentes logrados en las diversas ediciones
de la Cumbre de las Américas y como preludio de la entrada en vigor del alca en el año
2005.
En el marco de esta tendencia
integracionista el gobierno federal ha presentado el denominado Plan Puebla-Panamá y ha
creado en forma oficial su coordinación general (Diario Oficial, 5 de junio de
2001).
Se trata de dar un nuevo impulso a la
relación México-Centroamérica, que será a través del Plan Puebla-Panamá, el cual ya
ha sido presentado por el gobierno mexicano a los presidentes centroamericanos.
Este ambicioso proyecto tiene como fin
crear a través de la cooperación entre los países de la región, las condiciones
propicias para la inversión y el desarrollo del sur-sureste de México y de
Centroamérica.
El Plan Puebla-Panamá es una propuesta que
pretende reducir los contrastes entre el norte y el sur de nuestro país, generando
desarrollo social y crecimiento económico.
Es un proyecto de largo aliento y amplia
cobertura territorial que prevé la participación de los gobiernos de los países
centroamericanos, de los gobiernos estatales y municipales de las entidades federativas de
México involucradas, así como del sector privado, de la sociedad civil y de los
organismos financieros internacionales.
En este programa intervendrán nueve
gobiernos estatales con una población de 27.5 millones de habitantes: Puebla, Veracruz,
Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; y los siete países
de Centroamérica, con 37.5 millones de habitantes: Guatemala, Belice, Nicaragua,
Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá.
La estrategia se sustenta en la concepción
de que el desarrollo económico y social de la región será posible en la medida en que
las acciones y políticas de gobierno estimulen el concurso de la inversión privada en
apoyo a proyectos productivos del sur-sureste de México y que esto se extienda a
Centroamérica.
El Plan tiene como prioridad atender tres
tipos de acciones y políticas:
Aquellas relacionadas con el fomento a la
inversión productiva
Las relacionadas con obras de
infraestructura, tales como carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles o generación
de electricidad
Y las vinculadas al establecimiento de
condiciones que garanticen la seguridad jurídica de las personas y sus bienes
En la presentación del Plan Puebla-Panamá
se señala:
El rezago y los problemas de desarrollo
socioeconómico de la región Sur-Sureste de México se asemejan a los correspondientes de
los países de Centroamérica. Un esfuerzo conjunto de desarrollo entre Centroamérica y
dicha región mexicana, en un marco respetuoso de concertación, entendimientos y
consensos, resulta así fundamental para poder elevar la calidad de vida de los habitantes
de la región de Mesoamérica.
La acción coordinada entre los gobiernos
de los países centroamericanos y el de México potenciará y multiplicará las
posibilidades para aprovechar mejor, colectivamente, sus nuevas oportunidades y enfrentar
sus nuevos y viejos retos y, respetando las decisiones soberanas de cada uno de los
Estados, darle una nueva dinámica económica a la región. México tiene que salir de sí
para reposicionarse creativamente en el mundo del siglo xxi. El Plan Puebla-Panamá aspira
a desatar ese proceso.
Lo anteriormente dicho nos lleva a
reflexionar en que durante varias décadas México estuvo en la vanguardia de la política
exterior, en particular como promotor de la unificación de los países de América Latina
y el Caribe en torno a objetivos comunes de desarrollo y políticas culturales. Pero en
los últimos tiempos, la actitud subordinada a intereses trasnacionales por parte de los
gobiernos neoliberales ha llevado a que se pierda tal capacidad de iniciativa. En cambio,
se concentraron esfuerzos en la asimilación con los países del norte del continente, en
una relación cuyo desequilibrio la hace poco favorable a los intereses de los mexicanos.
Las características de los bloques
regionales que se han formado nos dan una idea de lo que requiere una verdadera alianza de
naciones. Mientras asociaciones como la Unión Europea muestran una gran equidad entre sus
miembros y oportunidades para su desarrollo, la que representa el tlcan es extremadamente
inequitativa y asimétrica para México.
Nuestro país debe recuperar lo mejor de su
tradición diplomática y poner en juego su peso demográfico y económico, para lanzar
iniciativas que le devuelvan su papel de liderazgo a escala continental. No sería un
liderazgo basado en la imposición o el regateo político. Por el contrario, el acuerdo
debe salir de la capacidad de crear consensos entre países que tengan el objetivo común
de mejorar la situación de sus respectivas poblaciones.
La trascendencia de los cambios ocurridos
en el terreno electoral que han conducido a una ampliación de la vía democrática exige
a los partidos y a los legisladores y legisladoras la oportunidad de adelantarse y dar
respuestas en lugar de reaccionar ante hechos consumados. Los acuerdos hemisféricos que
ponen en marcha grandes pactos comerciales o políticos son regulados por la carta magna
como tratados internacionales comunes que celebra el Ejecutivo Federal y ratifica el
Senado, siendo que en ellos se ponen en juego principios fundamentales de la Nación y,
como sucede en algunas democracias europeas, merecen ser sometidos a referéndum.
Esto porque ante las ideas que campean
sobre la globalización, ideologizada y asumida como destino indiscutible, sin tener en
cuenta sus contradicciones, es utilizada para explicar los fenómenos que ocurren en todas
las naciones y para justificar cualquier decisión de los órdenes nacional e
internacional. Se repite sin cesar que en la globalización el concepto de soberanía
nacional debe ser anulado o redefinido.
El concepto de soberanía nacional no puede
ser dejado de lado en aras de una ideología globalizadora según la cual el libre mercado
es el único agente autorizado para decidir sobre los destinos de poblaciones y países.
Como es de sobra conocido los efectos contradictorios de la globalización obligan a una
intervención estatal regulada sobre aquellos aspectos económicos y políticos del medio
internacional que pueden resultar nocivos para nuestro desarrollo y nuestra soberanía.
Por estas razones ha sido muy oportuna la
iniciativa de decreto por el que se crea la Ley para la Autorización de Negociaciones
Comerciales con el Exterior, presentada en el Senado de la República por el Grupo
Parlamentario del PRD y que en su parte sustantiva contiene los siguientes puntos.
Es necesario y conveniente que el
Ejecutivo, antes de iniciar una negociación de cualquier tipo de instrumento de carácter
económico con el exterior, tenga el respaldo que le puede otorgar la fuerza y jerarquía
del Senado ante sus interlocutores de otras naciones.
Por ello, en los términos de la ley
propuesta, el Ejecutivo recabará la autorización expresa del Senado antes de entablar
cualquier tipo de negociación.
El Senado de la República no debe aprobar
ninguna negociación o renegociación de tratados, convenios o acuerdos comerciales o
económicos que no conoció.
México es el país que cuenta con el mayor
número de tratados de libre comercio en vigor y el mundo continúa su avance en esa
dirección, por lo que no están lejanos otro tipo de acuerdos o tratados de mayor
complejidad técnica y extensión geográfica como el alca y la gran negociación con
China cuando ésta ingrese a la Organización Mundial de Comercio.
Por lo anterior, la Iniciativa de ley no se
refiere sólo a tratados de libre comercio, sino que incluye todo tipo de acuerdos,
tratados o convenios en materia de comercio de mercancías, servicios, inversiones,
transferencia de tecnología, propiedad intelectual, doble tributación, cooperación
técnica y demás materias.
La Iniciativa cuenta además, con un
catálogo de objetivos generales y particulares que buscan recoger la posición del pueblo
mexicano ante la integración económica y la globalización. Por lo tanto, el proceso de
análisis y discusión de la Iniciativa, propuesta por nuestro partido, será un espacio
para que todos los partidos representados en el Congreso de la Unión, las organizaciones
sociales, empresariales y los pueblos indígenas, lleguen a una gran consenso que contenga
los propósitos de México en el marco económico internacional.
Respecto a las negociaciones del alca, como
mexicanos, y en general como latinoamericanos, debemos sugerir a los socios potenciales ir
más allá de las cifras que arroja el comercio regional y realizar una detallada
valoración de los efectos negativos de una integración asimétrica y bajo reglas que
distorsionan estructuralmente a las economías débiles, desarticulan la industria local
debilitando sus cadenas productivas, marginan al agro no exportador, imponen reglas
financieras y monetarias perniciosas, desplazan a las empresas comerciales locales
imponiendo el dominio de los corporativos trasnacionales, y trasladan aceleradamente el
control económico de los países débiles a los centros mundiales de decisión.
Finalmente, en el caso del Plan
Puebla-Panamá, México tiene la obligación de impulsar, en su papel de país de
economía más grande, proyectos de desarrollo y de integración regional, particularmente
con Centroamérica; así mismo, diversificar nuestro mercado hacia el territorio de la
segunda frontera, como una estrategia de disminuir su dependencia comercial con
Norteamérica; igualmente, acrecentar nuestra presencia política y diplomática, al
nombrar de manera definitiva a 20 diputados mexicanos como miembros permanentes del
Parlamento Centroamericano.
México no puede seguir soslayando a Centroamérica y
seguir rehuyendo su papel de líder en la región.
Pronunciamiento en torno a la Ley de
Desarrollo Rural
Coordinación de Comunicación Social del
GPPRD
Palacio Legislativo de San Lázaro
14 de marzo de 2001
Los diputados integrantes de la
fracción parlamentaria del prd en esta LVIII Legislatura nos manifestamos en contra de la
inexplicable decisión del Ejecutivo Federal, de no ordenar la publicación en el Diario
Oficial de la Federación, para su acatamiento y vigencia legal, de la Ley de
Desarrollo Rural que el 28 de diciembre del año 2000 fue aprobada en el Senado de la
República.
Esta situación coloca a los actores del
campo mexicano, los campesinos, en una situación de incertidumbre y de indefinición en
cuanto a las políticas que para el desarrollo rural aplicará la presente administración
federal.
En la Ley de Desarrollo Rural aprobada, ya
fueron definidos con precisión los organismos, sistemas, servicios y comités que en 11
títulos y 223 artículos precisan las competencias y responsabilidades de los tres
órdenes de gobierno, recayendo la coordinación en la ahora Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
La publicación de la Ley de Desarrollo
Rural es una cuestión de respeto entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, respeto que
no debe perderse por razonamientos de intereses económicos caprichosos y sin fundamentos
reales. Esta ley fue concebida con el fin de evitar los vaivenes sexenales y sobre todo la
discrecionalidad de los programas federales que sirvieron hasta el pasado reciente para
fines electorales y control político.
La Ley de Desarrollo Rural viene a cubrir
el vacío provocado por la falta de una legislación básica e integral para el sector
agropecuario y prevé la generación de empleo y bienestar de los habitantes del campo y
la seguridad en las inversiones productivas.
Los legisladores del prd no podemos
permitir que asuntos tan importantes como el desarrollo rural pasen a segundo plano en la
agenda del presidente Vicente Fox Quesada. Tenemos la impresión de que hay temor de ver
acotada la discresionalidad que tienen el Ejecutivo Federal y su brazo operativo, la
Secretaría de Agricultura, respecto a las políticas para el campo.
Asimismo manifestamos preocupación por la
actitud del Partido Acción Nacional en descalificar la Ley de Desarrollo Rural que ellos
mismos apoyaron el 27 de abril de 2000, cuando fue votada por la anterior legislatura, y
ahora que son partido en el gobierno desconocen el voto de 107 diputados panistas.
Se dice que se viola la autonomía de los
estados y municipios por cuanto en la ley se dispone que las entidades federativas
deberán aportar un mínimo de 10 por ciento de sus participaciones federales al
desarrollo rural, así como también que deberán aportar una cantidad similar de dichos
recursos, esto en consideración a que hay estados que se desentienden de presupuestar
para atender el desarrollo rural y se limitan a canalizar lo aportado por la Federación.
En cuanto a la objeción de que se pretende
acotar la facultad del presidente para la celebración de tratados y acuerdos comerciales
cuando dispone que la negociación deberá observar la guarda de la soberanía nacional y
la seguridad alimentaria del país, en la ley no se acota ninguna facultad sino que se
atiende una preocupación de la sociedad, en su carácter de soberanía popular, en cuanto
al riesgo de aumentar la dependencia alimentaria respecto al exterior.
Se dice también que dicha legislación no
faculta a la Sagarpa ni la dota de los instrumentos y recursos presupuestales. Esta
secretaría en el presente ejercicio fiscal funcionará con los recursos presupuestales y
su actual estructura orgánica modificada por la actual administración, y las nuevas
unidades que se establecen en la Ley se asimilarán a las que están funcionando sin
afectar el presupuesto ya que en el siguiente ejercicio fiscal se harán las adecuaciones
necesarias.
También se afirma que en la Ley no se
prevé un desarrollo rural integral, lo cual es falso porque en la Ley existen
disposiciones explícitas para el desarrollo rural integral, lo cual se especifica en su
título segundo.
Se ha mencionado que el Congreso de la
Unión no tiene facultades para ordenar la asociación de agentes privados, lo cual es
absolutamente falso, pues en la Ley se señala en el segundo párrafo de su artículo
segundo, que es el Estado quien impulsará la organización de los productores y las
formas de asociación económica determinadas en las leyes vigentes; tampoco en dicha ley
se dice que las organizaciones rurales deban pertenecer al Consejo Mexicano para el
Desarrollo Rural, ya que el artículo 16 no obliga a la pertenencia al mismo, sino que
destaca su carácter abierto e incluyente a todos los productores del sector.
Una objeción más es el señalamiento de
que el Ejecutivo Federal otorgue financiamiento al sector rural con tasas preferentes
menores a las que operan en el mercado. Se dice que esto contraviene el protocolo de la
Organización Mundial de Comercio, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el
acuerdo marco suscrito con los Estados Unidos, los cuales –hay que decirlo– se
refieren a aquellas actividades que estimulan la exportación; y en este sentido es que
las tasas preferentes se otorgarán a productores de granos básicos o de bajos ingresos
que por su naturaleza no concurren al mercado de exportación.
Asimismo es conveniente resaltar que la
mencionada ley ha sido una de las iniciativas de mayor consenso social, dado que durante
varios años se trabajó en el Poder Legislativo, con los diferentes actores del campo, en
foros y reuniones de trabajo.
Ante el argumento de que la Ley de
Desarrollo Rural pone en riesgo la nueva política de desarrollo rural integral de la
presente administración, los integrantes de esta fracción parlamentaria nos preguntamos
cuál es esa nueva política de desarrollo rural integral que a cien días de gobierno
aún no se ha presentado.
Finalmente hacemos un llamado al Ejecutivo Federal para que
cumpla con el mandato de la Constitución de publicar de manera inmediata la Ley de
Desarrollo Rural y desde luego cumpla en los hechos, que tanto pregona, el compromiso
presidencial que hizo en su toma de posesión ante el pleno del Congreso de la Unión de
que es el Poder Legislativo quien dispone.
Por una cuestión de respeto entre el Poder
Ejecutivo
y el Poder Legislativo, debe publicarse
la Ley de Desarrollo Rural
Coordinación de Comunicación Social del
GPPRD
Palacio Legislativo de San Lázaro
9 de marzo de 2001
Es impostergable un cambio verdadero
para el campo mexicano. Por esto, como luchador social, como campesino, como investigador
de la economía rural y desde luego como diputado federal, y antes de que esto se
convierta en un reclamo social a través de movilizaciones campesinas, hago un llamado al
Ejecutivo Federal para que cumpla con el mandato de la Constitución de publicar de manera
inmediata la Ley de Desarrollo Rural y desde luego cumpla también la promesa que hizo en
el pleno del Congreso de la Unión de que es el Congreso quien dispone.
La publicación de la Ley de Desarrollo
Rural es una cuestión de respeto entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, respeto que
no debe perderse por razonamientos caprichosos y sin fundamentos.
Debemos recordar que en el afán de cubrir
el vacío provocado por la falta de una legislación básica e integral para el sector
agropecuario y para prever la generación de empleo y bienestar de los habitantes del
campo y la seguridad en las inversiones productivas, el 28 de diciembre de 2000 el Senado
de la República aprobó la Ley de Desarrollo Rural, la cual hasta la fecha no ha sido
publicada en el Diario Oficial, lo cual causa incertidumbre tanto a los miembros
del Congreso de la Unión como a los campesinos mexicanos que se verán beneficiados por
dicha norma.
Los legisladores no podemos permitir que
asuntos tan importantes como el desarrollo rural queden en segundo término para el Poder
Ejecutivo. Todos los mexicanos sabemos de las carencias que tienen las comunidades
campesinas de este país: es en el ámbito rural donde se concentran los mayores índices
de marginación, es por eso urgente que el Ejecutivo Federal promulgue la mencionada ley a
fin de impulsar el desarrollo en el campo, pero sobre todo es indispensable que cumpla con
su obligación de respetar la Constitución, que en su artículo 89, fracción I, señala
que el presidente de la república debe promulgar y ejecutar las leyes que expide el
Congreso de la Unión.
Los legisladores del prd no sabemos el
porqué de la decisión del presidente Fox y del secretario de Agricultura, Javier
Usabiaga, de congelar la publicación de una disposición que va a beneficiar a la
población más pobre de este país.
Cabe destacar que la Ley de Desarrollo
Rural ha sido una de las iniciativas de mayor consenso social, dado que durante varios
años se trabajó en el Poder Legislativo con los diferentes actores del campo:
organizaciones sociales, campesinos independientes, empresarios, representantes
gubernamentales, en foros y reuniones de trabajo en las que participaron también
investigadores y especialistas en el desarrollo rural.
En lo particular, considero que esta ley es
un avance muy importante para el desarrollo integral del campo mexicano, pues obliga al
Estado a considerarlo como prioritario. Tal vez es a esto a lo que tiene miedo el gobierno
de Fox: a que sean los campesinos quienes se desarrollen y no los empresarios.
Los puntos más importantes de la Ley se
pueden resumir en su artículo 31: el impulso a la investigación y al desarrollo
tecnológico agropecuario y forestal; la organización agraria y económica de los
productores; la inversión pública y privada para la ampliación y el mejoramiento de la
infraestructura hidroagrícola; la electrificación y los caminos rurales; el fomento a la
inversión de los productores para la capitalización, actualización tecnológica y
reconversión de las unidades de producción; el fortalecimiento de los servicios de apoyo
a la producción como el financiamiento, el aseguramiento, el almacenamiento, el
transporte, la producción y el abasto de insumos; el impulso a la agroindustria y la
integración de cadenas productivas, así como la información económica y productiva
agropecuaria.
¡Como representante popular reitero mi
compromiso con los campesinos de este país!
Dip. Eric Villanueva
Dejar el desacato y cumplir la ley, por el bien de Yucatán
Coordinación de Comunicación Social del
GPPRD
Palacio legislativo de San Lázaro
29 de noviembre de 2000
El desacato de la bancada del PRI en el
Congreso Local de Yucatán ha llegado al límite de poner en riesgo el proceso para elegir
gobernador en este estado del sureste mexicano. Por dos ocasiones el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación ha resuelto que la elección de consejeros
electorales en Yucatán no cubre los requisitos legales necesarios y ha pedido que se
reponga la elección. A dicha reposición se han negado los diputados priistas de ese
estado y han puesto en riesgo la credibilidad del proceso electoral que debe tener lugar
en mayo de 2001.
Ante el desacato de los priistas en el
Congreso local, el tepjf tomó la iniciativa de hacer cumplir la ley electoral; por tanto,
integró todos los expedientes de los aspirantes al Consejo Electoral de Yucatán y los
remitió al Congreso para que hicieran la insaculación. Sin embargo, los diputados
priistas –que por lo demás hacen mayoría– siguieron en desacato y fue entonces
que el tepjf hizo la insaculación.
Hasta el momento el Congreso local se ha
negado a tomar protesta a los nuevos consejeros electorales y el 15 de diciembre vence el
plazo para acatar esta resolución del tepjf, por lo cual el conflicto toma nuevas
dimensiones.
El riesgo que se vive en Yucatán es el de
que las elecciones no se realicen en la fecha establecida, el 27 de mayo, o bien se
realicen en un ambiente de credibilidad lastimada, lo cual sería un franco retroceso para
la democracia en ese estado y en el país. El capricho de los diputados priistas puede
llevar a una situación extrema en Yucatán: la ingobernabilidad y, por lo tanto, la
desaparición de poderes. El prd y los legisladores de este partido en la Cámara de
Diputados respaldamos la resolución del tepjf y a los consejeros nombrados por éste,
consideramos que Yucatán no puede ser rehén de grupos retrógradas que no se han dado
cuenta de que este país ha cambiado y siguen pensando en mantener el poder a cualquier
costo.
Consideramos que es importante hacer un
llamado a la presidenta del Congreso Local de Yucatán, diputada Mirna Hoyos, a los
diputados locales del pri y al gobierno para que, por el bien del estado, de la
ciudadanía y del proceso democrático, regresen a la cordura, dejen de lado el desacato y
tomen la protesta correspondiente a los nuevos consejeros electorales, de tal forma que no
lleguemos a la ingobernabilidad.
De seguir las cosas como van, los diputados
federales tendremos que iniciar un juicio político contra los diputados locales que se
niegan a respetar las leyes, en perjuicio de la ciudadanía.
Dip. Éric Villanueva Mukul
Reunión del diputado Éric É. Villanueva
Mukul
con representantes de organizaciones
campesinas
Ley de Desarrollo Rural
Coordinación de Comunicación Social del
GPPRD
Palacio Legislativo de San Lázaro
22 de noviembre de 2001
Con el fin de delinear un presupuesto
de alternativa para el desarrollo del campo y estrategias de acción para su
fortalecimiento, este miércoles 22 de noviembre, el diputado Éric Villanueva Mukul se
reunió con organizaciones campesinas del país.
En dicha reunión se acordó presentar al
gobierno foxista una propuesta concreta de presupuesto de alternativa para el campo, el
próximo miércoles, ocasión en la que también se fijará la postura de las
organizaciones campesinas ante el nuevo secretario de Agricultura.
Las organizaciones integrantes del Pacto de
Unidad Obrero, Campesino Popular, que estuvieron presentes en la reunión son: Unión
General de Obreros y Campesinos de México (ugocm), Coordinación de Organizaciones
Campesinas y Populares (cocyp), Unión General Obrera, Campesina y Popular (ugocp), Unión
de Campesinos Emigrantes de México (ucem), Coordinación Nacional de Organizaciones
Sociales y Productivas (Conospro) y campesinos independientes. Las organizaciones aquí
mencionadas tienen representación en 27 estados de la república mexicana.
Dirigentes campesinos:
J. Refugio Bernal Pérez (ugocm), E.
Fuentes de la Fuente (cocyp), Narciso León Martínez (Conospro), Rafael Jacobo García
(cocyp); Alfredo López Domínguez (ugocp); Camilo Rojas Suárez (ejidatario); Rolando
Sánchez Solórzano; Juan Herrera Moro (ugocm); Pascual Pin Meléndez (ugocem); Cipriano
Martínez (ejidatario); Salvador Ilim Bernal; Fermín Pineda Rosas; Gustavo Pineda
Miranda; Enrique Mercado; Arón Cabañas (ucem); Mary Carmen Ramírez (ucem); Ana María
Ramos Miranda; Enrique Ávila Pineda.
También estuvo presente el diputado
Rodrigo Carrillo Pérez.
