Resultados del Foro Nacional
"La Educación Básica Ante el Nuevo Milenio"


 

Los pasados días 5, 6 y 7 de agosto, en la ciudad de Guadalajara, Jal., por convocatoria de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en coordinación con las comisiones de educación de las legislaturas de los estados, se llevó a cabo el Foro Nacional "La Educación Básica Ante el Nuevo Milenio".

El principal objetivo fue recabar de autoridades, expertos y de la sociedad en general, puntos de vista, diagnósticos y propuestas para actualizar el marco jurídico y normativo de la educación básica para el bienestar de las próximas generaciones de mexicanos, a través de la discusión de los temas Federalismo Educativo; Financiamiento y Gasto Educativo; Políticas para la Educación Básica con Calidad, la Evaluación en la Educación Básica y Condiciones en que se Desarrolla el Trabajo Docente (ver número anterior de Crónica Legislativa).

En la inauguración se contó en el presidium con la presencia del secretario de Educación, Miguel Limón Rojas, del gobernador del Estado, Alberto Cárdenas Jiménez; del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Profr. Tomás Vázquez Vigil; del secretario de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco, Lic. Miguel Agustín Limón Macías; y de la mesa directiva de la Comisión de Educación: Dips. Armando Chavarría Barrera (presidente), Cupertino Alejo Domínguez (secretario por el PRI), Ricardo Fernández Candia (secretario por el PAN) y Carmen Escobedo (secretaria por el PRD).

En el desarrollo de los trabajos, participaron como conferenciantes magistrales Mtro. Olac Fuentes Molinar, subsecretario de Educación Básica; la Mtra. Martha Scarpato, de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura; el Dr. Luis Morfín, director del Centro de Estudios Educativos; y el Dr. Alec Gerzberg de la Internacional de la Educación.

En las mesas de trabajo de legislaturas locales, se contó con la presencia de representaciones de 19 legislaturas de otras tantas entidades federativas: Quintana Roo, Puebla, Nayarit, San Luis Potosí, Tlaxcala, Guanajuato, Durango, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Hidalgo, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Morelos, Sonora, y Veracruz. Éstas presentaron las síntesis de las posiciones y propuestas que sobre cada tema recogieron en sus estados en los eventos que convocaron.

En los paneles de expertos, participaron 40 ponentes en dos paneles por cada tema. Entre ellos, funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dentro de los que destacó la participación del subsecretario de Planeación y Coordinación Educativa, Lic. Carlos Mancera Corcuera, en el tema Financiamiento y Gasto Educativo (esta ponencia, por el interés que representa, se reproduce en la sección Análisis de este número de Crónica Legislativa); autoridades educativas locales e investigadores de diferentes instituciones de todo el país, como la Dra. Lorenza Villa Léver, la Dra. Aurora Loyo Brambila, el Dr. Manuel Ulloa Herreromoro y un nutrido grupo de investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional.

En lo que se refiere a trabajos libres, fueron recibidas más de 600 ponencias por parte de maestros y educadores, investigadores de distintas instituciones educativas y de investigación, de organizaciones sociales y de personas interesadas en el tema. De ellas fueron presentadas en el foro, por razones de tiempo, sólo 160. La totalidad de las ponencias recibidas será publicada en la Memoria.

El evento contó con una gran concurrencia, dentro de la que cabe destacar la presencia permanente de más de mil profesores, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) procedentes de todas las secciones del país, además de 300 docentes más del Estado de Jalisco.Todos ellos enriquecieron significativamente el contenido del foro con participaciones, preguntas y observaciones que plantearon a lo largo del desarrollo de los trabajos.

Estuvieron presentes también autoridades educativas de todos los estados, y representantes de diferentes instituciones y organizaciones sociales interesadas en el desarrollo educativo.

El trabajo de organización de todo el aspecto técnico y académico del foro fue asumido por la Universidad Pedagógica Nacional, encabezada por la rectora de esa institución, Dra. Silvia Ortega. El acervo documental que arrojó el evento, será editado por esta institución, para ser utilizado por los legisladores para ayudar a definir criterios que guiarán el trabajo legislativo en la materia, así como por autoridades, investigadores y, en general, todas las organizaciones e instituciones interesadas.

A continuación se presenta, por el interés que reviste, la relatoría de los principales aspectos destacados en los trabajos del foro sobre cada uno de los temas.

Relatoría

Mesas

1. Federalismo educativo

Panel de especialistas

Los expertos se refirieron al marco jurídico que norma el proceso de descentralización y destacaron la importancia del proceso.

Se analizaron aquellos aspectos que inhiben el desarrollo de la federalización y se aportaron fórmulas para lograr una mayor armonía entre los proyectos regional y federal. También se subrayó la importancia de dar seguimiento sistemático al comportamiento del gasto educativo a fin de determinar su efectividad e impacto.

Se propuso alentar el diseño e implantación de modelos regionales de educación fundados en planes y programas de estudio particulares y en materiales educativos propios.

Se destacó que la integración funcional de los sistemas federal y estatal ha propiciado una distribución más equitativa del gasto educativo. Se enfatizó además, que el proceso debe tener impactos sustantivos en la escuela y facilitar la toma de decisiones en las comunidades.

Ponencias libres

Algunos ponentes caracterizaron la actual etapa de federalización educativa como la descentralización radical de la educación básica y normal. Se observó que previsiblemente diversas entidades requerirán de una ampliación de gasto educativo y de recursos adicionales para sostener la formación docente. Por ello, se comentó, es conveniente que las participaciones federales se determinen considerando variables como: el tamaño de la matrícula, el ritmo de crecimiento de la población, y la contribución estatal al Producto Interno Bruto (PIB). Estos criterios habrán de complementarse con consideraciones relativas a la compensación de las desigualdades y al estímulo a la calidad y la eficiencia.

Algunos ponentes se concentraron en ciertas insuficiencias del proceso de descentralización y convinieron que es muy importante lograr cambios sustantivos en la organización escolar y las relaciones maestro-alumno.

Se consideró necesario promover la participación de los municipios en estos procesos y fortalecer la investigación educativa en los estados. También se sugirió evaluar el desempeño de los consejos de participación social y avanzar en la constitución del Consejo Nacional como instancia de consulta, colaboración e información y con facultades para proponer políticas que incrementen la calidad de la educación y promuevan una ampliación de la cobertura.

Por otra parte, se asentó la conveniencia de perfeccionar los mecanismos de coordinación entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los gobiernos estatales.

El avance en el proceso de descentralización requiere de información estadística e investigación de calidad sobre todos los niveles de la educación, por lo que se sugirió promover la formación de investigadores de las regiones y ampliar el financiamiento para la investigación.

Algunas comunicaciones consideraron problemas especiales tales como la autonomía de los estados en la negociación salarial, la adecuación de un calendario escolar que considere las condiciones regionales, así como otros relacionados con los esquemas de capacitación otorgada por la federación a los maestros en servicio.

Los participantes destacaron la importancia de dar continuidad a los programas educativos de calidad e hicieron propuestas específicas sobre temas como libros de texto gratuito y formación de docentes para la educación básica.

En general, las distintas propuestas se orientaron a lograr la educación laica, científica, democrática y nacionalista que prevé la Constitución.

 

Tema 2. Financiamiento y gasto educativo

Panel de especialistas

Los expertos se concentraron en dilucidar cuestiones relacionadas con el volumen de los recursos públicos asignados a la educación, la eficiencia del gasto; su distribución por estado y por nivel educativo, así como las diferencias en la proporción del gasto federal y del gasto estatal según entidad. Asimismo, se abordaron las dificultades para conciliar cifras y las posibilidades de interpretación, según sean construidos los indicadores.

En cuanto a la asignación de los recursos financieros por parte de la federación hacia los estados, se sugirió que los montos deberían definirse con arreglo a indicadores de desempeño, lo que permitiría tener criterios claros para tal asignación. También se destacó la importancia de utilizar eficientemente los recursos públicos, por lo que se propuso promover un ejercicio continuo de evaluación con objeto de asegurar que estos recursos se ejerzan en tiempo y forma para los objetivos establecidos. Se convino que para determinar la eficiencia en el gasto sería deseable revisar las fuentes de financiamiento, la distribución del gasto por región, el nivel educativo y los mecanismos de asignación de los recursos.

Con relación al gasto educativo, según los distintos niveles, se destacó que el destinado al ciclo básico beneficia principalmente a la población de menores recursos económicos, en contraste con los niveles medio superior y superior en que los beneficiarios son los estratos que disfrutan de mayores ingresos. Así, se sugirió la conveniencia de que las aportaciones de quienes se encuentran inscritos en la educación superior deberían ser mayores, de modo que hicieran posible liberar recursos públicos, y los cuales, a su vez puedan ser derivados a la educación básica para el beneficio de los sectores más pobres de la población. De esta forma, los jóvenes de menores recursos estarán en condiciones de continuar su educación media superior y superior.

Se argumentó también que el significado del peso del servicio a la deuda generada por el rescate de la banca y de los sectores carretero y azucarero es comparable con el gasto en educación. En esta lógica se propuso un cambio en los criterios de asignación presupuestal a fin de volverlos más consistentes desde la perspectiva del beneficio social.

Finalmente, los expertos, independientemente de la diversidad de sus puntos de vista, coincidieron en que es primordial avanzar en la ampliación de los recursos necesarios para sostener un sector educativo en expansión.

Ponencias libres

La principal preocupación de los ponentes se refirió a la necesidad de lograr un aumento sostenido en el gasto educativo. En este marco, fue abordado con especial interés el tema de la inequidad en la asignación de los recursos económicos hacia los estados. También, se destacó que el financiamiento para programas críticos, tales como la educación especial y la educación indígena, presentan un financiamiento insuficiente, además de que existen limitaciones en el rubro denominado "provisión de servicios profesionales", las cuales son más agudas en algunas regiones. Además, se hizo referencia a las dificultades relativas a la operación del convenio de coordinación hacendaria.

Si bien se ofreció evidencia de que el Gobierno Federal ha propiciado un aumento en términos reales de los recursos destinados al sector educativo, se subrayó el deseo de un incremento en la proporción del PIB.

Las limitaciones económicas, se señaló, afectan principalmente a la población más desvalida económicamente, a aquélla que presenta algún tipo de desventaja física, a quienes se encuentran aislados geográficamente y, en general, a quienes presentan algún tipo de requerimiento compensatorio. En esta misma lógica se inscriben los señalamientos relacionados con la mejora en los salarios de los docentes.

En cuanto a las estrategias para incrementar el financiamiento para la educación se propusieron alternativas como la creación de fondos gubernamentales y no gubernamentales destinados a este sector así como la participación de los padres de familia en la asignación de los recursos, a través de consejos estatales y escolares de participación social.

 

Tema 3. Políticas para la educación básica con calidad

Panel de especialistas

Los especialistas debatieron, en primer lugar, las políticas educativas relacionadas con la formación y actualización de los maestros. Algunos consideraron que la actual política en esta materia, basada en las recomendaciones de los organismos internacionales, está marcada por la tendencia a homogeneizar a los docentes sin considerar sus aportaciones.

Se destacaron las características del Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio, creado en 1994, que cuenta con una estructura flexible y tiene la aspiración por desarrollar las competencias profesionales básicas de los profesores. Se apreció un impacto significativo en el magisterio nacional y se delinearon los retos que enfrenta actualmente la actualización magisterial, a saber: la institucionalización del servicio y su acercamiento a la escuela.

Otra preocupación expresada por los especialistas fue la relativa a los mecanismos y a los actores responsables de la definición de las políticas educativas. Se consideró que los avances de la reforma planteada en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica han sido insuficientes debido a los factores de diversa índole. Se consideró necesaria una mayor participación de la sociedad en su conjunto y particularmente de los maestros en el debate sobre sus objetivos y características, así como de su implantación.

Se abordaron también, los temas concernientes a los problemas del financiamiento educativo así como la pertinencia y la relevancia de la educación en un contexto en el cual los sujetos que asisten a la escuela tienen una gran heterogeneidad. Se analizaron los desafíos actuales respecto de la atención pedagógica considerando la diversidad cultural y el contexto internacional, signado por acelerados procesos de articulación económica regional y de globalización cultural, además de la intensificación de movimientos migratorios y la duración de la educación básica en el ámbito nacional, todos estos elementos imprimen una complejidad adicional. Una vez analizadas las tendencias que prevalecen en las políticas educativas respecto de la diversidad en la región latinoamericana, se consideró pertinente examinarlas en México a fin de reconocer la pluralidad que nos caracteriza y los cambios que están ocurriendo. Desde esta perspectiva, sería posible identificar estrategias para aumentar la calidad y promover la equidad educativa, respondiendo a nuestras condiciones singulares.

Ponencias libres

a) Objetivos, estrategias, planes, programas, y métodos.

En las mesas libres, algunos de los ponentes llamaron la atención sobre los nuevos retos que debe atender la política educativa preocupada por la calidad, éstos son: los cambios en las demandas sociales por educación, las modificaciones tecnológicas y organizacionales en los lugares de trabajo, así como el fortalecimiento de la democracia política; factores que exigen el desarrollo de las capacidades, tales como el dominio de los códigos en los cuales circula la información, además de la capacidad para procesarla, resolver problemas, trabajar en equipo, expresar demandas y necesidades, entre otros.

Se cuestionó el concepto de la "educación de calidad" basada en nociones empresariales y se subrayó que los objetivos de la educación no podrían restringirse al ámbito productivo. A partir de ahí, se presentaron varias propuestas centradas en la formación integral de los sujetos. Se subrayó asimismo la necesidad de promover la educación intercultural orientada al desarrollo de la democracia, apegada a criterios éticos, respetuosa de los derechos humanos y de la naturaleza. Hubo quienes abogaron porque se mejorara la enseñanza en ciencia y tecnología además de que se ampliara la participación de los padres de familia y de los medios de comunicación.

Se debatió el problema de la educación para los grupos con necesidades educativas especiales, entre los cuales se destacó a los discapacitados, los indígenas, los adultos y los migrantes. Se analizaron las implicaciones de la política de integración de la educación especial a la educación básica, y se plantearon las dificultades existentes en varios estados para llevarla a cabo. Se consideró que la educación puede jugar un papel fundamental en la transición hacia una sociedad intercultural.

Los ponentes mostraron un interés particular en la enseñanza de los derechos humanos y en la formación ética de niños y adolescentes. Algunos explicaron las características de los programas de enseñanza de valores que se llevan a cabo en sus respectivos estados. Subrayaron que el mundo actual no sólo requiere de una actividad racional sino también de una ética que ponga en armonía lo individual y lo colectivo, lo institucional y lo subjetivo, el poder y la conciencia.

Otro tópico de interés fue el de la enseñanza de los problemas ambientales, relacionados, no sólo con su dimensión ecológica, sino también con la social y con la orientada a promover la internacionalización de concepciones y comportamientos proambientales en todos los sujetos.

Asimismo, se argumentó que las escuelas públicas deberían introducir el inglés como materia optativa, a fin de desarrollar las habilidades de comunicación, interpretación y producción de códigos, con el fin de preparar a los alumnos para el mercado laboral.

b) Formación, actualización y superación profesional

del magisterio.

En este renglón, la principal preocupación fue la falta de articulación entre los programas de formación docente. La desarticulación mencionada se expresa en la existencia de distintas instituciones, programas, organismos e instancias que a nivel estatal trabajan en la actualización de los docentes de educación básica, a pesar de no tener una configuración orgánica.

Con relación a la formación avanzada, se observó que en aras de mejorar su preparación académica, los profesores que buscan cursar posgrados en el área de educación, se han encontrado con una proliferación enorme de iniciativas tales. Lo grave de este asunto es que muchos de estos programas de maestría y doctorado carecen de reconocimiento con validez oficial que acredite tales estudios; son impartidos por docentes con una calificación académica dudosa, y son acreditados por instituciones extranjeras, de las cuales en ocasiones no se tiene mayor referencia. Ante esta situación, los docentes manifiestan un deseo de asegurar honradez, seriedad y reconocimiento, por lo que fue planteada una regulación más severa en estos asuntos, ya que muchas veces ellas realizan una inversión patrimonial importante con recursos económicos propios.

También se aludió a la falta de preparación pedagógica de quienes ejercen como docentes del ciclo secundario, la cual se ha encontrado entre una proporción importante. El hecho es que, por diversas razones, también fue motivo de consideración un número substancial de docentes que no tienen formación en pedagogía ni en educación, debido a que son profesionistas o egresados de distintas disciplinas de las universidades o institutos tecnológicos, es decir, cursaron programas académicos que no tenían como primer objetivo el formar docentes. Esto, además de propiciar bajos niveles en la calidad de educación, ha derivado en un desarraigo dentro del sector.

Para luchar contra estos problemas se sugirieron, entre otras acciones: la integración de un sistema estatal de formación de docentes que norme las acciones y reestructure a las instituciones involucradas en ello; dar todas las facilidades para que los profesores de primaria puedan contar con una licenciatura que les permita un ejercicio docente más pertinente y que posibilite la elevación de la calidad en el servicio que prestan; prestigiar la profesión magisterial mediante una formación exigente, y otorgar a ciertas instituciones –como la Universidad Pedagógica Nacional– la posibilidad de acreditar estudios pedagógicos (en nivel de posgrado), especialmente orientados a proporcionar conocimientos pedagógicos a los docentes de secundaria.

c) La participación social.

Los señalamientos realizados en esta temática, abarcaron muy distintos aspectos de la educación: ausencia de participación social en los procesos de evaluación educativa, ausencia de renovación de los consejos de participación social en distintos niveles, un déficit en los servicios educativos de educación inicial y un rezago en la formación básica de los individuos mayores de 15 años que las comunidades demandan, un cuestionamiento de la decisión oficial de ofrecer educación sexual por parte del Estado a los alumnos de quinto año de primaria, la falta de impacto educativo por la ausencia de utilización de los medios masivos de comunicación y la falta de consideración de las características presentadas por la población, objetivo para la conformación de programas compensatorios.

Entre las respuestas para resolver estos problemas destacan las relativas a los consejos de participación escolar, estatal y federal, puesto que se prevé que estas instancias faciliten la participación activa de los padres de familia en la acción educativa. Otra propuesta que resalta es la de los padres de familia que piden sea decisión de ellos permitir que sus hijos asistan a los cursos de educación sexual, ya que consideran un derecho de los padres esta determinación. Los demás problemas carecen de una propuesta que pueda permitir abordar sus problemáticas.

El tema de la formación de docentes fue motivo de especial interés. Al respecto se manifestaron preocupaciones relacionadas con la falta de articulación de las secciones, proyectos, programas e instituciones dedicadas a esta función.

 

Tema 4. Evaluación en educación básica

Panel de especialistas

Las consideraciones de los expertos se concentran en tres ejes: los diversos programas compensatorios impulsados en los estados de unión, las propuestas para mejorar la calidad de la educación básica y la construcción de un modelo nacional de evaluación.

De acuerdo con el programa, las líneas de discusión planteadas por los especialistas fueron las siguientes: primero, "Las políticas necesarias para asegurar la calidad y equidad en educación"; se analizaron brevemente los avances logrados en cuatro estrategias para la equidad impulsada en esta década, a saber: la asignación de recursos económicos a las entidades federativas, la diversificación de la oferta educativa, la cobertura de educación inicial y preescolar y los programas compensatorios. En segundo lugar, se presentó un análisis de las experiencias de reformas educativas exitosas en un contexto sociocultural comparables al nuestro, a partir de las cuales pueden identificarse los componente esenciales y los factores determinantes del éxito del cambio educativo.

En otro orden de ideas, se reflexionó sobre las "políticas compensatorias o compensación de las políticas", teniendo como objetivo demostrar la necesidad del desarrollo de una capacidad crítica para poder impulsar políticas compensatorias frente a la equidad y a la pertinencia, tales que permitan disminuir efectivamente el rezago educativo. Para ello se reconstruyeron las trayectorias de los programas compensatorios desarrollados en Europa y Estados Unidos a partir de los años cincuenta a manera de recuperar los elementos constitutivos de éstos. Se argumentó que su aplicación en México requiere una reflexión crítica que recupere la heterogeneidad de la nación, y se concluyó con una propuesta basada en tal recuperación.

Asimismo, fueron presentados los notables avances en las acciones emprendidas por la SEP en lo referente al programa global de educación compensatoria, describiendo las políticas, los lineamientos y las acciones de fortalecimiento de los programas de educación compensatorio que se llevaron a cabo en Sonora. Aquí se obtuvieron logros significativos en la elevación de la calidad educativa en casi toda la población ubicada en los sectores de pobreza y pobreza extrema, permitiendo incluir a dicha población las ventajas de una educación de calidad, a través de una política social y educativa consistente, pertinente y adecuada a sus necesidades.

Por otro lado, a partir de una sistematización de las políticas y lineamientos que definen a la educación básica en el programa de desarrollo educativo, se consideró necesario impulsar una política de evaluación permanente que logre la construcción de una cultura de la evaluación la cual garantice avances en los propósitos de calidad, cobertura y equidad en el sistema educativo. De esta manera, se definió a la evaluación como el juicio de valor que se explica en cuanto a la producción como resultado de un proceso social específico cuyas etapas son susceptibles de observación. Esta concepción implica que se preste atención a las diversas propuestas y juicios de todos los que intervienen en la práctica educativa con el fin de generar mayor información para todos los actores del sistema educativo, única manera de recuperar los logros y redefinir las políticas para el fortalecimiento del sistema educativo al que se aspira.

Por su parte, otros especialistas se abocaron a dar elementos para contribuir a la construcción del concepto de calidad, el cual es la base para definir las políticas e indicadores de evaluación. La calidad fue definida entonces, de manera sistemática en la relación que se establece entre los procesos, los insumos y los productos del sistema educativo y en concordancia con las necesidades específicas que se desarrollan con arreglo a los objetivos definidos. La correspondencia que se establece entre los productos y los insumos da noticia de una relación de eficiencia, relevancia y eficacia. Por otro lado, a esta conceptualización se le introdujeron dos dimensiones adicionales que implican la perspectiva del análisis de los resultados a largo plazo, el cual especifica el impacto de la acción en términos cuantitativos y cualitativos y la dimensión distributiva expresada en la equidad dadas las desigualdades que caracterizan a la sociedad mexicana.

También se planteó que es importante alentar la generación de una cultura de evaluación a partir de investigaciones pertinentes que lleven a la recuperación de las experiencias acumuladas en México y que significan una riqueza invaluable de aprendizajes institucionales. La idea es lograr un sistema integrado de evaluación, en el nivel nacional y vertebrado en el ámbito de entidades federativas y municipales, hasta llegar a los núcleos fundamentales de la educación, para lograr los avances que nuestro país demanda en materia educativa.

La construcción de un sistema educativo de calidad, con pertinencia y equidad requiere dar una atención privilegiada a los sectores sociales con carencias culturales y socioeconómicas; brindar mayor apertura y atención a grupos rezagados o con atención deficiente, así como ampliar y fortalecer la descentralización educativa a manera de dar posibilidades de autogestión a las localidades para que generen proyectos educativos adecuados a su realidad y problemas. Se consideró que otro elemento de fundamental importancia para el fortalecimiento del sistema educativo es la construcción de un sistema de información cualitativo y cuantitativo de la educación en su conjunto. También se propuso impulsar un sistema de formación permanente ligado a las universidades para la evaluación y por último, se marcó como una condición necesaria para la construcción de la calidad educativa, el diseño de un sistema más completo de indicadores de cobertura, equidad, eficiencia, relevancia y eficacia, el cual deberá satisfacer los siguientes criterios: consistencia técnica, disponibilidad, utilidad e interés para poder instalar procesos de mejoramiento permanente.

Ponencias libres

La temática de las ponencias libres se desarrolló en torno al análisis de los logros en experiencia de implantación de programas de mejoramiento educativo a través de los diversos programas compensatorios que se llevaron a cabo en los estados. Los programas considerados reportan logros a partir de indicadores claramente establecidos. Se argumentó a favor de ampliar y generalizar estos programas, y de una política presupuestaria que cubra las necesidades de ampliación de dichos programas.

Otra línea de interés fue la construcción de un sistema nacional de evaluación de cobertura global, mismo que permita la circulación abierta y amplia de la información, recupere los logros alcanzados en las innovaciones educativas desarrolladas en el nivel local y proponga correctivos en la implantación de las políticas educativas para alcanzar, de manera progresiva mayores niveles de calidad en el sistema nacional de educación básica.

 

Tema 5. Condiciones técnicas y pedagógicas del trabajo docente

Panel de especialistas

A partir del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, se contempló la necesidad de conformar un sistema estatal de formación de docentes. Al señalarse éste como una tarea inconclusa, se propuso la creación de un sistema integral de formación de docentes en educación básica que contempló la formación inicial, la nivelación, la actualización y el posgrado. Todo ello, considerando un plan rector y un consejo estatal que promuevan la integración al sistema de educación superior.

Por otra parte, se aludió a la necesidad de concentrar esfuerzos en el mejoramiento de las tareas esenciales que se realizan en la escuela, ya que es ésta la unidad base y la organización clave. Se señaló que las políticas educativas, deben prestar atención a la escuela para ayudarla a ser una organización más eficaz, e impulsar en todas las esferas de decisión el que en las escuelas se adopte un estilo de trabajo en colaboración e intercambio. Debe propiciarse una cultura de esfuerzos compartidos que sea reforzada por la política educativa y de paso a una mejor formación de los maestros. Tal formación debe entrelazarse con las necesidades reales del trabajo docente y la renovación de la escuela.

Por otra parte, se abundó acerca de las condiciones de trabajo y de la formación docente en la educación indígena. Sobre la base de un diagnóstico cuantitativo y cualitativo se propuso: primero, revalorar el trabajo del maestro de educación indígena a partir de mejorar su salario, y, segundo, que en el sistema educativo nacional se impulse una nueva manera de mirar y entender lo indígena.

Se ofrecieron reflexiones conceptuales sobre cómo entender las condiciones del trabajo docente a partir de considerar su contexto sociohistórico. Se observó que en este momento, el principal desafío para la educación es desarrollar las habilidades y capacidades que les permitan entender, actuar y decidir en el mundo contemporáneo a las nuevas generaciones.

Fue presentado un diagnóstico de las condiciones de trabajo de los docentes como elemento a considerar para entender su desempeño. Y, con base en un estudio de actitudes y una tipología de las escuelas, se propuso impulsar: el incremento diferenciado de recursos y su utilización efectiva, la flexibilización de la actualización y formación docente, la democratización del trabajo docente, la revisión de los criterios de contratación profesional, el impulso a modelos educativos innovadores y orientados a las escuelas unitarias y marginadas, un mayor apoyo a la investigación educativa, la autogestión escolar, y una mayor participación social en la educación.

Por último, se aludió a la necesidad de repensar la función de supervisión escolar en el contexto actual, tanto al nivel nacional como internacional, puesto que se trata de un elemento en la planeación estratégica y evaluación de los programas educativos. La supervisión puede ser generadora de micropolíticas educativas que vinculen el quehacer cotidiano de la escuela con la macropolítica estatal.

Ponencias libres

Se presentó un análisis del trabajo desarrollado por los supervisores en el marco de la política educativa actual. Señalándose que los retos de una nueva gestión, orientada a la calidad, generan interrogantes que deben ser consideradas en la formulación de las estrategias de intervención que realice el supervisor para la construcción de una escuela diferente.

Se comentó la aplicación de programas compensatorios en el Estado de Tabasco con el PAREB, a partir de un nuevo modelo institucional y no a través de acciones compensatorias que por sus características son necesariamente temporales.

Fueron expuestas algunas reflexiones sobre la práctica docente en el medio rural indígena del Estado de Guerrero, se propuso, como meta, que cada maestro rural alcance los dominios técnicos y operativos que le permitan promover la investigación y el aprendizaje de los alumnos, así como recuperar su contexto comunitario.

Se subrayó la necesidad de propiciar la participación de los padres de familia en la gestión escolar ya que a partir de construir una cultura de compromiso, corresponsabilidad y colaboración hacia la tarea educativa pueden constituirse en un instrumento eficaz para mejorar la calidad educativa e incidir en el mejoramiento del desempeño de los alumnos y maestros.

Por otra parte, se señaló la importancia del papel del directivo dentro del colectivo escolar, visto como generador de la calidad educativa.

Adicionalmente, se comentó sobre tres agentes claves para lograr la calidad educativa: los directivos, el liderazgo académico y el proyecto escolar.

También se expresó la necesidad de fortalecer el hecho educativo y los sectores que lo conforman en las escuelas secundarias generales, a partir de indicadores como: el funcionamiento de la escuela, los maestros, los alumnos así como la relación de la escuela y la comunidad. Considerando aspectos que van desde la planeación y administración hasta las condiciones ambientales del aprendizaje.

Se presentaron los avances de un proyecto –aplicado en cuatro estados en un inicio y dos más posteriormente– para desarrollar la calidad de la educación al mejorar el funcionamiento de las escuelas. El proyecto ha logrado que el proceso de innovación de la gestión escolar involucre a supervisores y directores, mostrando la urgente necesidad de una simplificación administrativa que reoriente su perfil en actividades pedagógicas.

En relación con la calidad y la gestión escolar se plantearon algunas reflexiones sobre la importancia que adquiere la calidad en la educación cuando se analiza bajo la perspectiva de indicadores como la equidad y pertinencia. Esto, referido específicamente a la instrumentación del tema de calidad en las escuelas normales del Estado de México.

Se propuso una mayor democratización de la gestión en las escuelas secundarias de la entidad, tomando como método pedagógico la participación y como órgano de gobierno colectivo al consejo escolar. En otro caso, se propuso la alternativa de la gestión a través de la participación directa del docente, estableciendo acciones desde el nivel mismo de la escuela con la asociación de padres de familia, la supervisión escolar y con los comités de participación social de la comunidad y del Municipio, para así generar un Proyecto Escolar de Centro.

Respecto del nivel de educación primero, se presentaron aportaciones para ubicar al Consejo Técnico en el contexto escolar. Como contribución al diagnóstico de la educación básica, se presentó un estudio sobre la problemática social del trabajo docente en el Estado de Baja California.

En relación con los estudios descriptivos y cualitativos acerca de los maestros en servicio, se presentó el caso de los profesores de primaria en Puebla.

Se planteó un panorama general de los antecedentes de la educación preescolar en México, así como algunos aspectos generales que caracterizan al sector docente que atiende este nivel, se expuso lo sucedido en los planteles escolares a partir de la modernización educativa, además algunas reflexiones acerca de su participación sindical. También se mencionó la necesidad de reflexionar en torno a los procesos administrativos y normativos que impactan a la educación preescolar.

Con relación a la infraestructura física de los planteles escolares, se hizo una propuesta específica para el Estado de Oaxaca, de asignación de infraestructura, construcción y equipamiento de los centros de enseñanza ocupacional. También en este rubro, se planteó la necesidad de constituir un organismo autónomo e imparcial que evalúe y vigile la construcción de centros escolares en el Estado de Colima. Asimismo, se mencionó la necesidad de reconsiderar los procedimientos y criterios para la asignación del gasto educativo, la implantación de un censo nacional de instalaciones educativas de educación básica con el fin de conocer las condiciones que guardan los edificios escolares, hasta la implantación de un programa nacional para acabar con el rezago.

A partir de un estudio de caso ubicado en la ciudad de Toluca, Estado de México, se describieron algunas de las condiciones en las que los maestros de secundaria que desarrollan su práctica profesional, enfatizando en el estado de salud y las condiciones laborales y su impacto directo en el desempeño profesional. Se expusieron las deficiencias del servicio médico proporcionado al magisterio que, aunadas a las condiciones laborales de los docentes, propician el desarrollo de padecimientos físicos y psicológicos, tales como las infecciones en vías respiratorias, estrés, gastritis, úlceras, etc.; mismas que aún no son consideradas enfermedades profesionales, por lo cual se aconsejó revisar la legislación laboral en la materia.

 

A modo de conclusión:

Una vez presentados los temas y contenidos principales abordados y discutidos en este foro, resta solamente, a modo de conclusión general, reconocer la pluralidad de actores, asuntos y tratamientos que esta convocatoria logró reunir y aspirar a que esta voluntad de encuentro y diálogo nos acerque al horizonte educativo a que aspiramos como nación.

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