Debate sobre la viabilidad ecológica del proyecto de ampliación
de la paraestatal Exportadora de Sal hacia la laguna
de San Ignacio, Baja California Sur


 

A cinco años de que la empresa paraestatal Exportadora de Sal (ESSA) emitiera ante las autoridades ambientales un estudio de impacto ecológico –mismo que fue rechazado por el Instituto Nacional de Ecología (INE) en febrero de 1995– para ampliar sus actividades extractivas hacia la laguna de San Ignacio, ubicada en la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno, en Baja California Sur, y en vísperas de que la salina presente un segundo examen, el proyecto ha despertado controversia no sólo por el carácter de Patrimonio Mundial decretado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO) que tiene la zona en cuestión, sino porque está en riesgo el hábitat de numerosas especies de flora y fauna, muchas de las cuales se encuentran amenazadas o en peligro de extinción, como es el caso de la ballena gris.

Preocupada por la conservación de los ecosistemas del país, la Cámara de Diputados, a Iniciativa del Grupo Parlamentario del PRD, decidió integrar una Comisión Investigadora para determinar la viabilidad ambiental del plan de expansión de ESSA. Para tal fin, organizó un seminario en el que han expuesto sus puntos de vista los distintos sectores de la sociedad involucrados en el tema: directivos de la paraestatal, organizaciones civiles, especialistas en derecho ambiental, académicos y autoridades mexicanas.

Bajo la premisa de hacer valer nuestro marco jurídico en materia de desarrollo sustentable, los legisladores de los distintos grupos parlamentarios han debatido e intercambiado información con los invitados a Palacio Legislativo con el propósito de encontrar una solución consensada al problema.

 

Antecedentes

Exportadora de Sal, S.A. de C.V. fue constituida en 1954 por el naviero estadounidense Daniel K. Ludwig con el propósito de explotar las reservas mineras nacionales localizadas en la laguna de Guerrero Negro, Baja California Sur, y producir sal marina para exportarla a consumidores industriales de Estados Unidos y Canadá. En los años sesenta, Japón empezó a importar en forma creciente cloruro de sodio para producción de sosa cáustica, cloro y carbonato de sodio, materias primas intermedias demandadas por sus renacientes industrias de la posguerra.

Además de la sal adquirida a México, para garantizar sus importaciones, Japón empezó a desarrollar varias salinas en Australia. De esta forma quedó constituido el mercado internacional de la sal en la zona del Pacífico, integrado por el triángulo Japón –principal importador de sal en el mundo–, Australia y México –principales exportadores de sal–. En abril de 1973, Mitsubishi Corporation, una de las más importantes comercializadoras japonesas que no había podido desarrollar salinas en Australia, compró a Daniel Ludwig el 100 por ciento de las acciones de ESSA.

Dentro del esquema de mexicanización de la minería, la Comisión de Fomento Minero adquirió, en octubre de 1973, el 25 por ciento de las acciones de ESSA. El 20 de noviembre de 1976 se completa el proceso de nacionalización, cuando la Comisión de Fomento Minero adquirió un 26 por ciento adicional de las acciones, lo que convirtió a ESSA en una empresa de participación estatal mayoritaria.

Durante el sexenio 1988-1994 fueron privatizadas todas las empresas mineras de las que el Gobierno Federal era accionista, con la única excepción de ESSA, que se encontraba en poder de la Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento. En agosto de 1992, el Ejecutivo Federal canceló las acciones que tenía la Comisión de Fomento Minero en las salinas de Guerrero Negro para la exploración y explotación de sal, al asignarle los derechos a ESSA, a cuya directiva se le confió también el derecho de explotar las salinas de San Ignacio, Abreojos y Ramales, en Baja California Sur.

Con tales facultades, el director general de ESSA presentó en julio de 1994 ante la Secretaría de Desarrollo Social –encargo transferido posteriormente a la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap)– el estudio de impacto ambiental para obtener la autorización para desarrollar la nueva salina de San Ignacio; y fue rechazado en febrero de 1995 por el Instituto Nacional de Ecología (INE), que estimó insuficiente la información presentada en la manifestación.

Con la transferencia del despacho de asuntos mineros a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), en 1994, el recién nombrado titular de la dependencia, Herminio Blanco Mendoza, asumió a la vez el cargo de nuevo presidente del Consejo de Administración de ESSA y, en marzo de 1995, apeló la decisión del INE, comprometiéndose a presentar un nuevo estudio de impacto ambiental para la apertura de la salina de San Ignacio.

 

El ex director de ESSA

El primer invitado a exponer su postura sobre el proyecto "Salitres de San Ignacio", a petición de la Comisión Investigadora, fue el Ing. Francisco Guzmán Lazo, ex director de la paraestatal, quien consideró innecesaria la propuesta de ampliar las actividades de ESSA en virtud de que "no existe en el mercado internacional de sal una demanda adicional que justifique el incremento de la oferta con una producción agregada de siete millones de toneladas anuales", como establece el plan de trabajo expuesto por ESSA.

El desarrollo de la salina, dijo, sólo podría justificarse con el cierre de la salina de Guerrero Negro –que actualmente produce siete millones de toneladas de sal al año–, la suspensión de actividades de las salinas de Australia o el incremento de la demanda de Japón. Y abundó: "El cierre de la salina de Guerrero Negro es improbable porque es una empresa altamente rentable y su producción es suficiente para la demanda de Japón; es también impensable el cierre de las salinas australianas porque las más importantes empresas comercializadoras japonesas son socias, y la demanda de Tokio se ha mantenido constante a lo largo de la década y no hay señales de que pueda incrementarse".

Ante la falta de argumentos económicos para inaugurar otra salina en la Biosfera del Vizcaíno, tanto desde el punto de vista del mercado internacional como al interior de la empresa –ya que según la documentación proporcionada por el director de ESSA, los salitrales de la laguna de Guerrero Negro tienen 23 años de ser una empresa altamente rentable que no ha requerido financiamiento, en virtud de que ha hecho frente a todas sus necesidades con recursos propios–, Guzmán Lazo estimó que el proyecto de San Ignacio constituye una "cortina de humo" para disfrazar la posible participación de un tercer socio, "con lo que se estaría consumando una privatización oculta de ESSA".

En 1994, año en que se emitió el estudio de impacto ambiental de la ampliación de ESSA, el capital contable de la paraestatal era ligeramente inferior a 120 millones de dólares, cifra expuesta por los directivos como la inversión requerida en la laguna de San Ignacio. "La participación de un tercer socio –explicó Guzmán Lazo– que aportaría esa inversión le daría automáticamente a éste el control mayoritario de la empresa, lo que derivaría en el monopolio del mercado interno de sal" en tanto que son micro y pequeñas industrias las que satisfacen la demanda interna de cloruro de sodio.

Al preguntarse cuál ha sido la posición de los socios actuales de ESSA ante la posibilidad de ampliar sus actividades, el Ing. Guzmán estableció que Mitsubishi Corporation no se manifestó interesada en participar, toda vez que su actual participación del 49 por ciento –o del 25 por ciento en el caso de concretarse el proyecto de los salitrales de San Ignacio–, le basta para cubrir su demanda estratégica de sal. "Sin embargo, los japoneses, principales importadores de sal en el mundo, no se oponen al nuevo proyecto, ya que de inundarse el mercado internacional de sal con una nueva oferta de siete millones de toneladas, los precios internacionales del producto se derrumbarían", puntualizó.

 

Los grupos ambientalistas

Para el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el proyecto de los salitrales de San Ignacio es incompatible con los objetivos de conservación del área, toda vez que se encuentra en la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno, considerada Patrimonio Mundial por la UNESCO, y pone en riesgo la existencia de varias especies vegetales y animales bajo categorías de protección legal especial, como es el caso de la ballena gris, mamífero marino en peligro de extinción que vería interrumpida su trayectoria migratoria por las costas del Pacífico con la instalación de muelles y el tráfico de embarcaciones que se derivarían de la instalación de una nueva extractora de sal.

A través del especialista Carlos Baumgarten García, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental citó los artículos 48 y 49 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente los cuales prevén la posibilidad de zonificar y dividir a las reservas de la biosfera en zonas núcleo –que ameritan una protección especial, por lo cual sólo pueden desarrollarse actividades encaminadas a la preservación, investigación y educación ecológica, prohibiendo todos los aprovechamientos que alteren el ecosistema– y zonas de amortiguamiento, las cuales rodean las zonas núcleo y donde sólo se autorizan las actividades productivas emprendidas por las comunidades que ahí habiten y que sean estrictamente compatibles con los objetivos, criterios y programas de aprovechamiento sustentable.

"La expansión de ESSA hacia la laguna de San Ignacio, que pretende establecerse en la zona de amortiguamiento de la Biosfera del Vizcaíno, es un proyecto que contraviene la Ley de Equilibrio Ecológico y los tratados internacionales de conservación de la biosfera. En primer lugar, porque los empresarios de la industria salina no deben considerarse como 'comunidades originarias del lugar', como lo establecen las normas para permitir el desarrollo de actividades productivas en la zona de amortiguamiento, y en segundo lugar, porque el proyecto de ESSA se ubica muy cerca de la zona núcleo, donde según nuestro marco jurídico, queda prohibido verter o descargar contaminantes al suelo, subsuelo y acuífero, así como desarrollar cualquier actividad contaminante", planteó Baumgarten.

En su oportunidad, el investigador y catedrático de la Universidad de California, Estados Unidos, Mark Spalding, representante del Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales, sostuvo que de construirse una planta extractiva en la laguna de San Ignacio "se puede destruir la reserva de la biosfera más grande de América Latina". Aseveró que la laguna en cuestión "es el principal destino de las ballenas grises migratorias, y es el lugar donde éstas dan a luz a sus crías, dado que se trata de una zona sin actividad humana, sin ruido y sin contaminación urbana".

Spalding informó que en junio de 1998, el grupo Pro Esteros, el Grupo de los Cien, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Internacional Fund for Animal Welfare y Natural Resources Defense Council enviaron una carta al Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO sobre el santuario de las ballenas del Vizcaíno con el fin de que se designara a este lugar como Patrimonio Mundial en Peligro, toda vez que "está comprobado que la ampliación de ESSA representaría una disminución en la población de especies amenazadas –como es el caso de la ballena gris y el berrendo– u otras especies de valor universal y un severo deterioro de la belleza natural".

El profesor en Derecho y Política Ambiental Internacional de la Universidad de California recordó que las reservas de la biosfera del Vizcaíno no pueden considerarse como otras áreas protegidas, ya que cuenta con una zona núcleo, donde no se permite otra actividad humana que no sea la investigación, y una zona de amortiguamiento, las cuales sólo admiten actividades humanas encaminadas a la educación ambiental, esparcimiento pasivo y ecoturismo. "Según los estándares internacionales –puntualizó–, alrededor de las zonas de amortiguamiento existen 'áreas de transición' en las que puede haber explotación racional de los recursos naturales, por lo que, de ajustarse a la norma la nueva salinera debería salir de la laguna de San Ignacio, que se encuentra en zona de amortiguamiento".

Por su parte, la organización no gubernamental Pro Esteros tomó como referencia las actividades de ESSA en la laguna de Guerrero Negro para alertar sobre los efectos de una nueva planta en la reserva del Vizcaíno. Patricia Martínez Ríos, representante de la agrupación, dijo que "ESSA ha alterado la zona núcleo en la marisma del complejo lagunar Guerrero Negro, creando diques e inundando con salmuera amarga –desperdicio resultante de la extracción de sal a través de evaporación de agua– un humedal rico en recursos naturales y un hábitat muy importante para especies de flora y fauna, algunas de ellas en peligro de extinción o especies migratorias compartidas".

 

Las autoridades

En su comparecencia ante la Comisión Investigadora, la secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Mtra. Julia Carabias Lillo, dejó en claro que en el momento que la dependencia a su cargo reciba el estudio de impacto ambiental del proyecto Salitrales de San Ignacio, éste se evaluará "con toda seriedad y, si se llegara a demostrar que existe la posibilidad de un daño a nuestro ecosistema, de ninguna manera será aprobado, no importa el beneficio económico que pudiera representar". Aclaró que "lo que no podemos es evaluar percepciones no comprobadas y a partir de ahí rechazar de antemano un proyecto que todavía no manifiesta su viabilidad ecológica con fundamentos científicos".

Respecto a la propuesta dirigida a la UNESCO para decretar a la Biosfera del Vizcaíno como Patrimonio Mundial en Peligro, la secretaria Carabias estableció que tal solicitud, lejos de incentivar nuestra política ambiental, sería desconocer el esfuerzo que ha realizado el gobierno para proteger a las especies en peligro de extinción como la ballena gris. Y explicó: "El Comité Ballenero Internacional ha felicitado a nuestro país en diversos momentos por la labor de protección de la ballena gris, especie que en un lapso de diez años dejará de estar en peligro de extinción. Esto demuestra la eficacia de nuestros instrumentos de conservación, por lo que decretar a la Biosfera del Vizcaíno como zona en peligro estaría desacreditando el reconocimiento internacional al trabajo del Gobierno: México nunca fue cazador de ballena y nunca lo será".

La titular de la Semarnap admitió que durante décadas las reservas ecológicas de nuestro país fueron decretos sin el suficiente marco legal para protegerlas y procurar su desarrollo sustentable, pero sostuvo que "a partir de la administración del presidente Ernesto Zedillo se ha puesto especial interés en sobrepasar esta situación y ahora contamos con una normatividad que salvaguarda el equilibrio de los ecosistemas". Por lo tanto, aclaró, las autoridades ambientales han instruido a un Comité Técnico para evaluar el impacto ecológico del proyecto de ampliación de ESSA para confrontarlo con la manifestación de la propia empresa y tomar una decisión seria y con sustento científico y legal.

Por su parte, el procurador federal de Protección al Ambiente, Antonio Azuela de la Cueva, reconoció que los integrantes del Comité Técnico que estudian la viabilidad del proyecto de la laguna de San Ignacio no han descifrado los efectos de la salmuera en las especies de flora y fauna de la zona, uno de los reclamos más sentidos por parte de los grupos ambientalistas. "Seguramente en las más de tres décadas en que se descargó cotidianamente salmuera a las lagunas de Guerrero Negro y Ojo de Liebre hubo algún tipo de afectación. También creo que podemos estar esperanzados en que al suspenderse la descarga, como se venía dando, habrá una recuperación de los ecosistemas, pero las acciones a seguir y las posibles sanciones se determinarán hasta que concluyan los estudios científicos sobre los efectos de la salmuera", indicó.

El procurador ambiental informó que la Comisión del Agua ha instruido la realización de un estudio para determinar los efectos nocivos de la salmuera –desecho para el cual, según organizaciones ecologistas, no existe tecnología para confinarse sin dañar al ambiente– y aseguró que a partir de una ola de demandas en contra de las actividades de ESSA en la Biosfera del Vizcaíno, la dependencia a su cargo ha ordenado a la empresa en cuestión suspender la descarga del residuo, desde 1997, hasta que los científicos determinen las posibilidades de confinar la salmuera al mar y en qué proporción.

Inicio de Página              Regresar a Contenido No. 8           Lista de Sesiones