Ley para el Fomento de la Investigación
Científica y Tecnológica

Sen. Francisco Xavier Salazar Sáenz             


 

Resumen

La Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, enviada por el Ejecutivo Federal el 15 de diciembre de 1998 y aprobada por la H. Cámara de Senadores el 27 de abril de 1999, abroga la Ley para Coordinar y Promover el Desarrollo Científico y Tecnológico.

Su objeto es regular los apoyos que el Gobierno Federal está obligado a otorgar para impulsar, fortalecer y desarrollar la investigación científica y tecnológica en general en el país; y será reglamentaria de la fracción V del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En sus aspectos y lineamientos generales, destacan los siguientes puntos:

• La obligatoriedad del Ejecutivo Federal para apoyar la investigación Científica y Tecnológica.
• La regulación en la aplicación de los recursos.
• La participación de las comunidades científica, académica y tecnológica.
• La creación de incentivos fiscales.
• La solución de las necesidades del país.
• La constitución del Foro Permanente de Ciencia y Tecnología como órgano autónomo de consulta.
• Instauración del Sistema Integrado de Información.
• La integración final del Programa de Ciencia y Tecnología.
• Los Fondos serán constituidos y administrados mediante la figura del fideicomiso.
• El establecimiento de programas y apoyos de carácter regional y local, dándole prioridad a aquellos que propongan un uso racional, eficiente y ecológicamente sustentable de los recursos naturales.
• Se fortalece la autonomía técnica, operativa y administrativa de los Centros Públicos de Investigación.
• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo sólo intervendrán para fiscalizar la utilización de los recursos financieros, evaluar la gestión financiera y administrativa, y garantizar el flujo oportuno de recursos fiscales.

 Objetivo y justificación

El desarrollo del conocimiento científico y tecnológico es tema trascendental de este fin de siglo y de milenio. Su alcance y su impacto son tan amplios y profundos que sin el avance de la ciencia y la tecnología en un país se limitan, no sólo el futuro crecimiento y desarrollo, sino la posibilidad de mantener el nivel de vida actual.

En la actualidad los procesos de generación de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos ocurren a velocidades extraordinarias a las cuales no estamos acostumbrados, por lo tanto, la obsolescencia del conocimiento científico y tecnológico representa un reto formidable en el proceso de desarrollo integral de una nación.

El desarrollo científico y tecnológico cuando se traduce en desarrollo y crecimiento para el país, contribuye a elevar el nivel de vida de los individuos al lograr que la población obtenga beneficios colectivos de gran importancia. La actividad científica y su resultante tecnológico son uno de los medios más eficaces para lograr mejores tasas de progreso y un arma fundamental para resolver los problemas de la pobreza, las enfermedades y el deterioro ambiental. Por eso es necesario fomentar de manera decisiva estas actividades.

Es claro que gran parte del mundo actual está ya inmerso en una fase de alta competitividad en el terreno económico, en el cual la disponibilidad y utilización de conocimiento científico y tecnológico se vuelve un elemento de poder y en un factor determinante en el desarrollo social.

En la Constitución mexicana, el Estado tiene el compromiso de apoyar la investigación científica y tecnológica, para asegurar nuestra independencia tanto política como económica y la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, asimismo promover y atender todos los tipos y modalidades educativos necesarios para el desarrollo de la nación a través de educación, investigación, difusión y determinación de planes y programas. Este compromiso significa la disposición y obligación por parte del Estado a precisar los alcances y formas para su cumplimiento.

Es fundamental que el desarrollo de la ciencia y la tecnología tengan una presencia relevante dentro de los programas políticos, educativos y económicos del país. De ahí que sea necesario contar con un marco legal que pueda dar vigencia efectiva al mandato constitucional de apoyo del Estado a las actividades científicas y tecnológicas, y es a través de ésta Ley que se busca definir y establecer los principios e instrumentos que conformarán las bases de un nuevo sistema de apoyo público federal para la promoción de la investigación científica y tecnológica en el país.

Esta Ley surge como respuesta a la necesidad de un compromiso por parte del Gobierno de reestructurar los programas científicos dentro de un plan estratégico nacional, apoyar la investigación científica y tecnológica de calidad tanto en la academia como en la industria, establecer bases más claras y modernas para fomentar el desarrollo de la investigación, así como de canalizar mayores recursos a esta actividad.

Es importante aclarar que la Ley no tiene por objeto reglamentar la investigación científica y tecnológica ni las actividades de investigación públicas o privadas. Su objetivo es, en esencia, establecer los principios, elementos e instrumentos conforme a los cuales el Estado podrá, de mejor manera, actualizar cotidianamente y en los hechos, el compromiso constitucional del apoyo a la investigación científica y el desarrollo tecnológico.

 Antecedentes

En la Sesión Ordinaria celebrada en la Cámara de Senadores el 15 de diciembre de 1998, los ciudadanos secretarios dieron cuenta al Pleno de la Iniciativa de Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, enviada por el Ejecutivo Federal.

Al recibir la propuesta las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, Educación y Estudios Legislativos Cuarto de la Cámara de Senadores acordaron indagar la opinión de los ciudadanos interesados en el tema por medio de las siguientes modalidades:

1. Consulta de la Iniciativa a la comunidad científica y tecnológica vía Internet.

2. Celebración de reuniones con representantes de la comunidad científica y tecnológica, con representantes nacionales del sector empresarial, la comunidad académica y con los representantes de las entidades federativas de los Consejos de Ciencia y Tecnología.

3. Participación de los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados.

Posteriormente, se nombró una subcomisión encargada de formular un Proyecto de Dictamen, el cual fue discutido en las Comisiones Unidas y una vez votado, se sometió a consideración del Pleno del Senado de la República.

 Contenido de la iniciativa

La presente Ley se basa en la fracción V del Artículo 3º Constitucional y en ella se establecen los principios, instrumentos, mecanismos, instancias y bases a los que debe sujetarse el Estado para apoyar la investigación Científica y Tecnológica.

 El objetivo central

El objetivo principal de la Ley es regular los apoyos que el Gobierno Federal otorgará al impulso y desarrollo de la investigación Científica y Tecnológica. Cita los principios y detalla los instrumentos del apoyo gubernamental, la coordinación de acciones intersectoriales con las entidades federativas, la participación de la comunidad científica y de los sectores social y privado, las relaciones entre la investigación y la educación, la innovación y desarrollo tecnológico, y propone la creación de los Centros Públicos de Investigación.

 1. Principios Orientadores del Apoyo del Gobierno Federal

Como base inicial se establecen los siguientes principios: el apego a los procesos que establece esta y otras leyes, evaluación de los resultados de los apoyos para posteriores otorgamientos; la consideración de la opinión de todos los sectores implicados; la promoción de la descentralización territorial e institucional, de un mayor rendimiento y calidad en la enseñanza (particularmente en la educación superior) y de las inversiones del sector privado a través de incentivos fiscales; revisión y actualización de políticas y estrategias; la selección de los destinatarios de los apoyos; no se afectará la libertad de investigación científica; la conveniencia de distinguir entre las actividades científicas de las tecnológicas; la promoción de la divulgación; los apoyos deberán ser oportunos y suficientes para garantizar continuidad; la divulgación de actividades científicas y tecnológicas sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual; el reconocimiento a los logros sobresalientes en investigación científica y tecnológica; promoción de la conservación y desarrollo de los Centros Públicos de Investigación; la promoción y fortalecimiento de centros interactivos de ciencia y tecnología; la generación de espacios de expresión y formulación de propuestas científicas y tecnológicas. (Cap. II)

 2. Instrumentos de Apoyo

La Ley considera los siguientes: acopio, procesamiento, sistematización y difusión de las actividades de investigación científica y tecnológica que se lleven a cabo en el país. Integración, actualización y la ejecución del Programa (que más adelante se define). Recursos federales que se otorguen a las universidades e instituciones autónomas de educación superior para la realización de actividades de investigación. Vinculación de la investigación científica y tecnológica con la educación. Creación, financiamiento y operación de los fondos a que se refiere esta Ley. Estímulos fiscales, financieros, facilidades administrativas y de comercio exterior, regímenes de propiedad industrial e intelectual. (Cap. III Sección I.) Las entidades y dependencias gubernamentales se coordinarán con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para conformar y operar el Sistema Integrado de Información que estará a su cargo y expedirá las bases para su organización y funcionamiento. Las instituciones que reciban apoyo deberán proveer la información que se requiera integrándose al Sistema, el cual incluirá el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, así como también instituciones, centros, organismos y empresas que realicen actividades de investigación o estén interesados en recibir los beneficios o estímulos de ordenamientos federales aplicados para actividades de investigación. La constancia de inscripción acredita que el solicitante realiza efectivamente actividades de investigación. (Cap. III. Sección II.)

El Programa de Ciencia y Tecnología será considerado un programa especial, cuya integración, aprobación, ejecución y evaluación se realizará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; la Ley de Planeación y por esta Ley. La formulación estará a cargo del Conacyt. Su integración final se realizará conjuntamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Conacyt, quienes consideraban en ella los anteproyectos de las dependencias y entidades gubernamentales. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se consignará la información consolidada de los recursos destinados a Ciencia y Tecnología. La SHCP determinará durante el mes de Enero de cada año la aplicación de los estímulos fiscales. La aprobación final del Programa corresponderá al Presidente. (Cap. III. Sección III.)

 3. Fondos

La Ley contempla la creación, el financiamiento y la operación de cuatro Fideicomisos Públicos denominados: Fondos Institucionales, los Sectoriales, los Mixtos y los de Cooperación. En los Fondos Institucionales y los de Cooperación Internacional, el fideicomitente será el Conacyt pudiendo recibir aportaciones del Gobierno Federal y de terceras personas. Los fideicomisarios serán las instituciones, universidades públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas o personas dedicadas a la investigación. El Conacyt determinará el objeto, reglas y elementos de cada Fondo. Las secretarías de Estado previa autorización de la SHCP, podrán celebrar convenios con el Conacyt para el establecimiento de fondos Conacyt. Los fondos se sujetarán a las siguientes disposiciones: el fiduciario será la institución de crédito que elija el fideicomitente, contarán con un Comité Técnico y de Administración, sólo podrán destinarse a la finalidad previamente establecida conforme al contrato y reglas, estarán sujetos a medidas de control y autoría gubernamental e informarán trimestralmente, los recursos autogenerados, de origen fiscal que ingresen a los Fondos, no revertirán al Gobierno Federal. El establecimiento y operación de los Fondos estará reglamentados. Las aportaciones de personas físicas y morales serán deducibles para efectos del ISR. La SHCP determinará anualmente los criterios. Los Fondos Sectoriales serán constituidos y administrados mediante la figura del fideicomiso, siendo el fideicomitente el Centro Público de Investigación, y cuyos recursos serán los autogenerados por éstos y el beneficiario ellos mismos. El objeto de éstos Fondos es financiar o complementar el financiamiento de proyectos específicos de investigación, así como la creación, mantenimiento de sus instalaciones, su equipamiento, el suministro de materiales y el otorgamiento de incentivos extraordinarios. El Centro Público de Investigación establecerá las reglas del Fondo.

Asimismo, la cuantía y disponibilidad de estos Fondos no dará lugar a la disminución, limitación o compensación de las asignaciones presupuestales de la Federación. En los Fondos Mixtos, el Conacyt podrá convenir con entidades federativas y con los municipios el establecimiento y operación de estos fondos y se integrarán y desarrollarán con aportaciones de las partes en la proporción que en cada caso se determine. En los convenios se determinará el objeto del Fondo, reglas, elementos fundamentales, objetivos criterios, procesos e instancias de decisión y seguimiento. Solamente las personas inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas podrán ser mediante concurso beneficiarias de estos Fondos. Los recursos de estos fondos deberán provenir tanto de los recursos autorizados del Conacyt, como de recursos de la Entidad federativa de que se trate. Podrán integrarse con aportaciones complementarias de instituciones, organismos o empresas del sector público, social o privado. Estos Fondos contarán en todos sus casos con un Comité Técnico y de Administración y por un representante del Conacyt. (Cap. IV)

 4. Coordinación y Descentralización

Buscando la descentralización de la investigación científica y tecnológica el Ejecutivo Federal a través de la SHCP, las secretarías de Educación Pública, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Salud, Energía u otras dependencias según corresponda o del Conacyt podrán celebrar convenios con los gobiernos de las entidades federativas para establecer programas de apoyo regional y local. El Conacyt podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas y con los Municipios el establecimiento y operación de Fondos Mixtos de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica. Estos Fondos estarán reglamentados. (Cap. IV.)

 5. Participación

Un aspecto fundamental de la Ley es la constitución del Foro Permanente de Ciencia y Tecnología integrado por representantes de organizaciones e instituciones de carácter nacional reconocidas por sus tareas de investigación y por su representatividad en los sectores social y privado. Su objeto será el promover la expresión de la comunidad científica y tecnológica, además de los sectores social y privado. Tendrá criterios de pluralidad, renovación periódica, representatividad y equilibrio entre regiones. Se convocará cuando menos cada seis meses. El Conacyt se encargará de otorgar los apoyos necesarios, las bases y el funcionamiento del Foro. (Cap. V.)

 6. Vinculación con el Sector Productivo, Innovación y Desarrollo Tecnológico

Existirán apoyos para impulsar la modernización, innovación y desarrollo tecnológico, otorgados por las dependencias y entidades gubernamentales a proyectos que promuevan la modernización, la innovación y el desarrollo tecnológicos que estén vinculados con empresas o entidades usuarias de tecnología y propongan lograr un uso más eficiente y ecológicamente sustentable de los recursos naturales. Los apoyos se otorgarán de acuerdo a los objetivos, contenidos y tiempos del proyecto. Se plantea que los Centros Públicos de Investigación, colaboren con las autoridades en las actividades de promoción de la metrología, la determinación de estándares de calidad y certificación apegándose a lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. (Cap. VI.)

 7. Relaciones entre la Investigación y la Educación

Para fomentar las relaciones entre la investigación y la educación el Gobierno Federal buscará que la investigación científica y tecnológica contribuya significativamente a desarrollar un sistema de educación y de capacitación de alta calidad. Para integrar investigación y educación los Centros Públicos asegurarán la participación de sus investigadores en actividades de enseñanza. Se reconocerán los logros sobresalientes de quienes realicen investigación científica y tecnológica y que contribuya a fortalecer la calidad en educación. Todos los Centros Públicos de Investigación tendrán entre sus funciones la de impartir educación superior. El Gobierno Federal promoverá el diseño y aplicación de métodos y programas para la enseñanza y fomento de la ciencia y tecnología en todos los niveles de educación, en particular la educación básica. (Cap. VII.)

 8. Centros Públicos de Investigación

Se crean los Centros Públicos de Investigación, que serán las entidades paraestatales que tengan como objeto predominante realizar actividades de investigación Científica y Tecnológica. Serán reconocidas por el Conacyt, quien será la dependencia coordinadora, tomando en consideración la opinión de la SHCP. Gozarán de autonomía técnica, operativa y administrativa. La Ley Federal de Entidades Paraestatales se aplicará para los Centros Públicos en todo lo que no se contraponga con esta Ley. Los ingresos que generen los Centros serán destinados a los proyectos autorizados por sus órganos de gobierno. Contarán con sistemas integrales de profesionalización. La organización, funcionamiento y desarrollo de estos sistemas se regirán por las normas que establezca la SHCP y las específicas de cada Centro. Los órganos de gobierno de los Centros tendrán las facultades que les confiere la Ley Federal de Entidades Paraestatales y esta ley. Fungirán como miembros de estos órganos personas reconocidas por sus actividades sustantivas propias del Centro y de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. En el ejercicio de su autonomía los Centros regirán sus relaciones con la Administración Pública federal y el Conacyt a través de convenios de desempeño para mejorar las actividades de dichos Centros, alcanzar mayores metas y resultados. La SHCP y la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo intervendrán sólo para la gestión financiera y fiscalización. La Dependencia Coordinadora de Sector intervendrá para asegurar la congruencia de los programas sectoriales y apoyar la gestión de los Centros. Los convenios de desempeño, los dictámenes de comités técnicos y los estados financieros de los Centros deberán incorporarse al Sistema Integrado de Información. (Cap. VIII.)

 9. Transitorios

- El Registro Nacional de Empresas Tecnológicas, a cargo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, se transferirá a Conacyt para su integración en el registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas. Asimismo el Conacyt expedirá dentro de un plazo de seis meses a partir de la vigencia de esta Ley, las bases de organización y funcionamiento del Sistema Integrado de Información y del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas. En tanto se expiden dichas bases continuarán aplicándose las disposiciones que regulan ambos registros que se encuentran vigentes al momento de que la presente Ley entre en vigor.

 - Las entidades paraestatales interesadas en ser reconocidas como Centros Públicos de Investigación, en un plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley deberán revisar, actualizar, formular y celebrar el correspondiente convenio del que hace referencia esta Ley, en coordinación con la dependencia coordinadora y el Conacyt.

 - La SHCP y de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, conjuntamente con las demás dependencias, estudiarán y determinarán la posibilidad de descentralizar las actividades de investigación, mediante la conformación de entidades paraestatales que como tales pueden llegar a reconocerse como Centros Públicos de Investigación.

 - Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, la SEP, por conducto del Conacyt deberá convocar a las instituciones y personas que habrán de integrar el Foro Permanente de Ciencia y Tecnología, a fin de que éste se constituya. Dicho Foro expedirá las bases de su funcionamiento.

 Conclusión

La Iniciativa que presentó el Presidente de la República para el Fomento de la Ciencia y la Tecnología fue ampliamente discutida, fue sujeta a una amplia consulta entre todos los sectores involucrados en procedimientos novedosos, como la inserción de la Iniciativa en las páginas electrónicas de Internet, además se recibieron varios centenares de opiniones de investigadores de todos los sectores académico, productivo y oficial. Las opiniones que se recogieron enriquecieron a los integrantes de las comisiones participantes y también sirvieron para enriquecer la propuesta del Presidente de la República.

Se tuvo la oportunidad de escuchar opiniones de compañeros legisladores de la Cámara de Diputados en un proceso que por decisión de los integrantes de las Comisiones Unidas lograron la anuencia de los compañeros diputados de las Comisiones de Educación y de Ciencia y Tecnología.

Lo más importante durante este proceso de análisis de la Iniciativa, fue que entre los integrantes de las Comisiones Unidas se llegó al convencimiento de la importancia que tiene para el país el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, porque es el recurso humano, el recurso estratégico más importante que puede tener cualquier país.

Quedó la convicción de que para desarrollar el recurso humano hay que enriquecer su capacidad intelectual y solamente a través de la educación y del desarrollo de la ciencia se puede avanzar en las nuevas fronteras del conocimiento y en su aplicación. La ampliación en el saber, que es el conocimiento, y la ampliación y aplicación del saber hacer, que es la tecnología.

La Ley ha logrado consolidar los intereses y resolver las inquietudes de los tres sectores involucrados en la ciencia y la tecnología: los investigadores de Conacyt, el Consejo Consultivo de Ciencias y la Academia Mexicana de Ciencias, los Investigadores de Provincia que fueron ampliamente escuchados y que tenían una serie de inquietudes acerca de la centralización de todas las decisiones que sobre este rubro se estaban dando en el pasado, pero también el sector académico, las universidades e instituciones de nivel superior y sobretodo el sector aparentemente olvidado y desvinculado, el sector productivo.

De los sectores productivos, la Ley recoge su inquietud de cómo poder incentivar las inversiones en este terreno y cuáles serán los mecanismos para vincularlos con la academia y con los investigadores, pero sobre todo cómo revertir ese aislamiento que tanto daño hace a los tres sectores, las universidades investigando por su lado, los investigadores sin vinculación con la tecnología y el aterrizaje final del conocimiento y la industria aparentemente desvinculada de ambos.

En el Foro Permanente para la Ciencia y la Tecnología, en el cual los investigadores, sin importar si vienen de la academia, del sector investigador o del sector productivo, tendrán un medio de expresión y de conjunción para poder oír sus intereses.

Esta Ley le permitirá a nuestro país, integrarse en la comunidad mundial con mayor independencia tecnológica, con mayores ventajas competitivas para el sector productivo pero sobre todo para poder resolver los graves problemas sociales que hoy se tienen con beneficio para la población más necesitada.

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Sen. Francisco Xavier Salazar Sáenz. Integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional. Presidente de la Comisión de Ciancia y Tecnología, en el Senado de la Republica.