Impacto político, económico y social de la Ley Federal
de Juegos con Apuesta, Sorteos y Casinos

Dip. Luz del Carmen López Rivera                 


 

La idea de abordar el tema del juego con apuesta surgió de un recorrido que los miembros de la Comisión de Turismo realizaron por los principales destinos turísticos del país al inicio de la presente LVII Legislatura, con el propósito de escuchar en forma directa las opiniones, demandas y propuestas de los representantes del sector, para integrarlas a su programa de trabajo.

En este primer acercamiento de legisladores con empresarios y prestadores de servicios turísticos hubo muchas voces que tocaron el tema y propusieron que el asunto del juego con apuesta se incluyera en la agenda de trabajo de la Comisión. En tal virtud, se creó la Subcomisión de Casinos con el objetivo de pulsar en la sociedad nacional las posturas que existen sobre el particular.

Así fue que la Subcomisión se dio a la tarea de llevar a cabo una consulta nacional con representantes de la comunidad mexicana.

En el ámbito nacional la Subcomisión consultó a organismos con representación en todo el país, mediante reuniones en el seno de la Cámara de Diputados. Al nivel estatal, entrevistó a gobernadores, congresos locales, presidentes municipales, prestadores de servicios turísticos, organizaciones sociales, autoridades eclesiásticas y educativas, así como ciudadanía en general. Para ello se organizaron reuniones abiertas en las que participaba todo tipo de público.

Por otro lado, se registraron las posturas que los actores sociales han manifestado por conducto de los medios informativos, en los cuales se ha venido desarrollando un amplio debate. También realizó comparativos de las legislaciones de varios países que cuentan con casinos.

Con base en todo ello y sustentados en que la consulta resultó favorable fue que se elaboró la Iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuesta, Sorteos y Casinos.

 Problemática

Los trabajos realizados por la Comisión y la consulta de la Subcomisión de Casinos revelaron una realidad del sector turístico que demanda un urgente trabajo de reposicionamiento por la importancia que tiene para la economía del país.

Es inocultable que México ha ido perdiendo competitividad en materia de turismo: ocupa el decimotercero lugar en captación de ingresos y sus expectativas de mejorar esa ubicación sólo crecerán en la medida en que, con la participación de los sectores público, social y privado, sea capaz de diseñar y ejecutar las políticas públicas necesarias para dar un mayor valor agregado a su oferta turística.

Las preferencias, hábitos y perspectivas de los visitantes se han diversificado notablemente. A éstos les resulta insuficiente el atractivo de playa y sol que ha sido sustento tradicional de la actividad turística mexicana durante los últimos 30 años.

Algunos países del Caribe, competidores naturales del nuestro, han desarrollado un dinamismo mayor para adecuar su oferta a los requerimientos de los nuevos mercados, poniéndose en ventaja comparativa en apenas dos o tres lustros. En particular, han privilegiado la complementación de atractivos, introduciendo casinos y variantes de entretenimiento, cultural o ecológico, para los turistas de mayores ingresos, quienes constituyen el principal foco de atención por el volumen de recursos que representan y la duración ampliada de sus estadías.

Después de más de 50 años, la actual Ley ha sido rebasada por la realidad haciéndose indispensable un nuevo orden legal que cubra el fenómeno del juego en toda sus variantes, con enfoques actualizados de acuerdo con las necesidades y la evolución de la sociedad mexicana, así como con las experiencias internacionales en la materia, que permita eliminar sus efectos nocivos y traslade beneficios a la sociedad en el ámbito económico.

Los fenómenos de crisis y turbulencias financieras, sumados a nuevos factores de desorden económico, han erosionado las bases sociales de numerosos países que, como México, se esfuerzan por atender rezagos crónicos y problemas de coyuntura con una cada vez más escasa disponibilidad de recursos y con una estructura aún insuficiente de ahorro.

En nuestro caso, el impacto que ello representa en términos de empleo, capacitación para el trabajo y perspectiva para grandes sectores de la población, mayoritariamente jóvenes, ha ido generando una deuda social que es factor determinante de los márgenes de seguridad en que se desenvuelve la vida cívica del país. Esta deuda con la sociedad puede afectar, asimismo, la consolidación de la democracia como el mejor instrumento para el desarrollo.

El desarrollo regional y las necesidades de ampliación de la infraestructura, tanto básica como de servicios, constituyen uno de los grandes resortes de la modernización que requiere el país para expandir la disponibilidad de recursos y la captación de divisas que apoyen la inversión con una orientación de beneficios hacia los estados, municipios y comunidades.

La Iniciativa no propone la solución única y definitiva de los problemas del país, pero contiene un conjunto de medidas que, sumadas, contribuirán a la definición de políticas públicas de Estado con una clara perspectiva de desarrollo general.

La regulación del juego siempre se ha perdido en discusiones de moral pública. Se ha considerado, erróneamente, como un fin en sí misma y no un medio para promover mejoras en la economía y en los ámbitos social y político. Paradójicamente, se insiste en que los diversos males sociales, existentes con independencia del juego y sus derivaciones, se verán multiplicados al establecerse un orden legal concebido precisamente para contribuir a su erradicación. Ante estos falsos argumentos, en necesario reafirmar que la Ley, y no su ausencia, constituye el mejor instrumento para conducir las relaciones entre los individuos, las instituciones y las naciones. El juego no es enemigo de la moral, la cultura y el desarrollo.

A lo largo y ancho del país se realizan ferias y palenques que se mueven en amplias zonas de indefinición legal, no pocas veces propiciadas por la falta de mecanismos efectivos de control y supervisión por parte de la autoridad en medio de un relajamiento de la Ley que es superada cotidianamente por los hechos.

En México se cuentan por miles los establecimientos clandestinos, irregulares y a veces hasta insalubres y peligrosos, donde se efectúan juegos de azar con apuesta, que constituyen una expresión de total ilegalidad y que lesionan el interés público.

La Ley debe propiciar, ante todo, que al salir de la clandestinidad y la simulación todas estas actividades produzcan bienestar económico a la comunidad, paguen impuestos y generen empleos permanentes bien remunerados.

En este sentido es muy importante precisar que la Iniciativa de Ley no tiene como fin permitir la instalación de casinos; ni tampoco su único objetivo es regular a este tipo de centros de entretenimiento. La propuesta de ordenamiento es una Ley integral que contempla el juego y los sorteos en sus otras variantes.

Con este marco de referencia y luego de evaluar los resultados de la consulta realizada por la Subcomisión de Casinos, es que se decidió elaborar la Iniciativa que, según los análisis y estudios realizados, tendría los impactos sociales, económicos y políticos que a continuación se señalan.

 Impacto social

Distribución del ingreso

Si bien el mercado dará pautas para que la autoridad defina el establecimiento de casinos, vía licitación, corresponderá siempre a las autoridades municipales y estatales recomendar la procedencia de tal definición si así conviene al interés de las comunidades en cada caso.

Los efectos de redistribución del ingreso favorecerán en gran medida a las comunidades donde se realicen estas actividades, la autoridad deberá cuidar, en todo momento, las condiciones del mercado y asegurar la competencia.

Debido a que el proceso que establece el Proyecto de Ley para solicitar la instalación de casinos surge desde la célula municipal, esto favorecerá las perspectivas de generar un importante equilibrio social y regional.

 Protección a la sociedad

La Iniciativa señala una expresa prohibición de acceso a los casinos a los menores de 21 años, en atención a que la práctica del juego en México debe evitar las experiencias negativas que, al respecto, han cometido otros países donde se ha extendido el juego entre adolescentes con elevados ingresos, incrementándose entre ellos los riesgos de consumo de alcohol y drogas.

También se incluyen en la Iniciativa prohibiciones similares a quienes, con su presencia, puedan afectar el espíritu de entretenimiento familiar o de juego responsable.

Para la autoridad, la meta en el otorgamiento de licencias nunca deberá ser la generación o el incremento de ingresos, sin importar el costo social, sino la multiplicación de recursos para que, al fluir hacia municipios y entidades federativas, se atiendan rezagos en materia social, particularmente educación, salud y asistencia pública.

 Seguridad Pública

Se ha comprobado a través de análisis, reportes y estudios que, en una importante cantidad de ciudades en los más de 110 países en que operan casinos, el índice de criminalidad común ha descendido.

Esto es natural si se observa que los controles y regulaciones del juego afectan los nichos en que anida el crimen organizado. Por ello, los efectos que este Proyecto de Ley podría inducir deben ser considerados como un elemento benéfico adicional para que el Estado trace las estrategias correspondientes de su quehacer en la materia.

La intención legislativa consiste en separar el juego de los ámbitos asociados con la delincuencia, de modo que éstos no la contaminen.

El crecimiento económico es el mejor elemento de prevención ya que produce beneficios sociales que se expresan en mejores niveles de desarrollo, lo que incide en la ampliación de las oportunidades de educación y trabajo, con lo cual se ataca en los hechos las causas estructurales de la criminalidad.

 Influencia Económica

Los centros de entretenimiento constituyen fuentes de ingresos con un alto nivel de especialización y diversificación económica. Lo mismo involucran los sectores de la construcción de infraestructura básica que los de equipamiento urbano y prestación de servicios. Propician, además, actividades intensivas en mano de obra calificada y se insertan en las áreas de la producción y el consumo. A ello se debe añadir que, en sus modalidades más actualizadas, también se relacionan fuertemente con las industrias culturales de mayor expansión y perspectivas.

En la actualidad, los casinos no pueden considerarse como sitios destinados a jugadores profesionales, excluyentes y cerrados a otras actividades distintas al juego con apuesta, sino como sistemas complementarios en donde se conjugan el turismo, el uso de tiempo libre y la recreación: hoteles, restaurantes, teatros, cines, espectáculos en vivo o zonas comerciales conviven en una oferta variada y complementaria de actividades económicas, que generan una derrama sustantiva de recursos en los lugares donde se han establecido ocho a diez casinos en zonas turísticas, fronterizas y ciudades de gran densidad, se podrán alcanzar montos de inversión inicial que oscilan entre los 2.5 y 3 mil millones de dólares.

Estos ingresos impactarán, de manera directa, al sector de la construcción, detonador de la actividad productiva, y trasladarán beneficios al sector turístico y al de prestación de servicios en general.

 Impacto Fiscal

Las actividades que se realicen al amparo de la nueva Ley producirán un incremento en la recaudación de los impuestos federales y locales, en una cifra estimada que oscilará, de acuerdo con el mismo modelo de ocho a diez casinos, alrededor de los 500 millones de dólares anuales, en promedio.

 Empleo

En una primera etapa, los beneficios directos en materia de empleo irán al ramo de la construcción, la infraestructura básica, turística y el equipamiento urbano.

En las subsiguientes, se incorporará una planta laboral directamente vinculada con los centros de entretenimiento, con un alto componente de capacitación para el funcionamiento de equipos, manejo de instrumentos electrónicos y procedimientos de juego, así como oportunidades en las áreas de servicios conexos y asociados que demandan la hotelería, la provisión de alimentos en restaurantes, las relaciones de consumo en zonas comerciales, la presentación de espectáculos, teatros y cines, entre otras.

De acuerdo con el modelo adecuado para el caso de México, se estima generar, entre unos y otros, alrededor de 150 mil puestos de trabajo.

 Inversión Estratégica

 La Iniciativa busca promover inversión nacional y externa, de alto valor agregado, en áreas geográficas que demandan infraestructura básica, equipamiento urbano para el turismo, construcción y operación de servicios calificados. Sobre todo, el propósito de la autoridad ha de ser en todo momento el de complementar el ahorro interno con la inyección de recursos del exterior, con un sentido de productividad común que aleje riesgos de sustitución económica e incorpore una adecuada planeación estratégica.

 Impacto Político

 Descentralización

La regulación se inscribe en el marco de una colaboración y distribución de responsabilidades del gobierno en sus tres niveles, con objeto de propiciar que los particulares se incorporen en forma resuelta a la ejecución de tareas relacionadas con el desarrollo regional, tomando en cuenta las asimetrías, los distintos grados de evolución económica y social, así como la heterogeneidad cultural de las comunidades.

 Federalismo

Son precisamente las regiones interesadas las que, en función de sus propias iniciativas, pondrán en marcha en cada caso los procedimientos que señala el proyecto de Ley para el otorgamiento de las licencias.

 Control de la autoridad

La Iniciativa establece una detallada y rigurosa normatividad para la supervisión, control y monitoreo de movimientos financieros por encima de los 10 mil dólares, con reglas análogas a las de bancos o casas de bolsa, a fin de evitar operaciones ilícitas vinculadas con el lavado de dinero.

Además, se elimina toda discrecionalidad en el otorgamiento de las licencias para establecer casinos, puesto que lo condiciona, en forma categórica, a la realización de una licitación estrictamente controlada, que asegura la participación de inversionistas identificados con toda claridad, con requisitos de honorabilidad amplia y probada solvencia tanto moral como económica.

La autoridad ha de propiciar la disponibilidad de recursos, a cargo de los eventuales licenciatarios, con objeto de estructurar un sistema de vigilancia en corredores de seguridad, que cubra las avenidas de acceso y desahogo a los casinos, a fin de brindar protección a los asistentes, empleados y vecinos, así como garantizar la integridad de las operaciones de los establecimientos.

También incorpora en una estructura de controles los requisitos que debe cumplir el licenciatario, la provisión de información constante a las autoridades hacendarias, de procuración de justicia y, desde luego, a la encargada de la aplicación de la Ley, así como una relación puntual de las causas de revocación de las licencias. Se busca homologar la operación de los casinos mexicanos con los más altos niveles, reglas y estándares de los mejores establecimientos ubicados en América y Europa.

 Conclusión

La Iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuesta, Sorteos y Casinos es el resultado de un trabajo serio y profesional que realizó la Subcomisión de Casinos, la cual se encuentra sujeta al estudio y análisis de los diputados, así como dispuesta a ser enriquecida por las propuestas de sectores e individuos que tengan que aportar.

La propuesta se elaboró con la premisa de que el objetivo superior es México y con la convicción de que la Ley es el mejor instrumento para defender el hogar y el futuro del país.

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Dip. Luz del Carmen López Rivera. Secretaria de la comisión de Equidad y Género, por la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.