Tercera Edad
"Sigamos Activos Para Envejecer Bien"¹


 

I. Antecedentes

En el marco del año internacional del anciano, es muy gratificante pertenecer al panel de discusión de la tercera edad, y compartir los avances en legislación así como en políticas públicas que en México se están instrumentando; …"Seguimos activos para envejecer bien"...

El descenso de la mortalidad, así como los adelantos tecnológicos y médicos, han contribuido a desencadenar una auténtica, verdadera y silenciosa revolución demográfica no sólo en México, sino en varios países de América Latina.

El envejecimiento demográfico, expresado en el incremento de población de 60 años o más y en la proporción representada por ella respecto de la población total es realmente importante.

En el mundo, hay cerca de 580 millones de personas mayores de 60 años y 355 millones viven en países en desarrollo. Para el 2020, la primera cifra habrá crecido a mil millones de personas, y la segunda a más de 700 millones.

Ante estas cifras que podrían parecer frías, se plantea la prerrogativa de que sólo la mitad de los mayores de edad gozan de asistencia médica en las instituciones de seguridad social.

Lo anterior, significa que se excluye a esta población de diversos servicios, como podría ser la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud correspondiente a inmunizar a todos los mayores de 60 años contra el tétanos, la difteria, la neumonía y la gripe.

Frente a las insuficiencias de la seguridad social, una parte sustancial de la responsabilidad de proteger a los adultos mayores en situación de dependencia ha tendido a recaer en los hogares y en las redes sociales de apoyo.

En México, el porcentaje de población de 60 años o más se estima actualmente en 4.5 millones y de acuerdo a las proyecciones económicas aumentará a 4.7 millones en el año 2000 y a 7.0 millones en el 2010, mientras que el número de personas de la tercera edad lo hará en 73 por ciento al cabo de los próximos 15 años, es decir, en el supuesto de que la población aumente en 22 por ciento, es decir de 91.6 millones en 1995 a 111.7 millones en el 2010. 2

Este rápido envejecimiento demográfico, es uno de los problemas emergentes que México, al igual que todos los países de América Latina requiere enfrentar, lo que implica el compromiso y responsabilidad inédita para la sociedad y el gobierno.

Esta situación, tendrá profundas consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales, además que requerirá de una nueva orientación de las políticas de salud orientadas a prestar más y mejores servicios y atención a las personas de la tercera edad, cuyas demandas son múltiples y diversas.

Entre las consecuencias del envejecimiento de la población, destaca el desbalance creciente entre la población trabajadora y la de edades avanzadas, lo que impondrá fuertes presiones a los sistemas de seguridad social.

En la actualidad, se estima que la población mexicana jubilada y pensionada alcanzó la suma de 2.1 millones de personas, lo que significa un incremento de 23.5 por ciento con relación a la registrada en 1994.

Derivado de lo anterior, es necesario mencionar que México, al igual que otros países como Chile, Argentina y Colombia entre otros, realizó una profunda reforma al sistema de pensiones, que entró en vigor en julio de 1997.

Hoy, este nuevo sistema de pensiones que opera bajo el esquema de capitalización individual, es una realidad para más de 14 millones 265 mil 3 trabajadores que ya tienen una cuenta individual para su retiro.

Dicha reforma se instrumentó con el objeto de mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos que terminan con su vida laboral además de garantizar el equilibrio financiero de las instituciones de seguridad social, en específico del Instituto Mexicano del Seguro Social, institución que atiende a más del 55 por ciento de la población total del país 4. Cabe mencionar que esta reforma aún no se ha efectuado para los trabajadores del Estado ni para las fuerzas armadas.

II. Perspectivas de la población adulta mayor

El rápido envejecimiento de la población en países como el nuestro, con una plena transición demográfica y epidemiológica, constituye una preocupación persistente en el quehacer legislativo y del compromiso del gobierno en los programas de salud pública, ya que el cambio de nuestra estructura poblacional implicará una cuantiosa reasignación de recursos hacia los servicios de salud. Además, demandará importantes transformaciones en la organización y estructura de las familias, ya que muchos problemas que acompañan al envejecimiento serán trasladados a este ámbito. Estos aspectos, sugieren la necesidad de explorar las consecuencias e implicaciones del envejecimiento demográfico, reconocer los costos y beneficios sociales que le acompañan, y preparar propuestas legislativas, así como planes y programas institucionales para hacerle frente a sus manifestaciones de corto, mediano y largo plazos.

El aumento en el promedio de vida en México es de 71.4 años para los hombres y para la mujer de 77.5. Se estima que en los próximos años seguirá aumentando para ser de 80 para las mujeres y de 76 para los hombres.

La ventaja femenina en cuanto a esperanza de vida varía de cinco a ocho años. Sin embargo, vida más larga no es necesariamente sinónimo de vida más saludable. La longevidad de la mujer la hace más proclive a contraer enfermedades crónicas que por lo común se relacionan con la vejez como el caso de la osteoporosis.

Aunado al aumento en la esperanza de vida, y la situación socioeconómica que prevalece, ha surgido un fenómeno que ha ocasionado la aparición de hogares monoparentales y familias trigeneracionales, lo que origina que actualmente en nuestro país, más del 30 por ciento de los hogares sean sostenidos por mayores de 65 años. 5

Los adultos mayores se han convertido en cabezas de estos hogares, llegando a cumplir dobles jornadas de trabajo, que van desde la aportación de un ingreso, el cuidado de niños y la realización de labores domésticas, perfilándose así la nueva familia del próximo milenio conviviendo bajo el mismo techo y en condiciones no siempre óptimas.

Un gran porcentaje de este sector mantiene su capacidad, sus facultades y su deseo de participar, las personas que cumplen 60 o 65 años, no se encuentran limitados para desempeñar roles sociales productivos y creativos, debemos rescatar toda la experiencia de su vida y aprovechar la sabiduría que el tiempo les ha dejado y fortalecer así, la gran cadena generacional y responder con justicia a los esfuerzos que ellos han realizado en su vida para combatir la exclusión.

Frente a esta realidad, se han iniciado a nivel nacional e internacional, movilizaciones que han llevado a la organización de diversos foros internacionales, en los que se han generado compromisos que nuestro país ha adquirido, como la Asamblea Mundial sobre Envejecimiento celebrada en 1982 en Viena, la Cumbre Mundial sobre Derecho Social que tuvo lugar en Copenhague en 1995, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena en 1993 y las Conferencia Mundial sobre Población que se celebró en el Cairo durante 1994, entre otras.

En dichos foros, México quedó obligado a crear un entorno económico, social, político, cultural y jurídico que permitiera el logro del desarrollo social de las personas en edad avanzada.

III. Garantizar el derecho a la salud para la población de la tercera edad, una tarea de todos y para todos

• Políticas públicas

En lo que se refiere a las políticas públicas que se han instrumentado para este grupo de población, el Sistema Nacional de Salud promueve colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a ancianos desamparados y minusválidos, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social.

En este sentido y fundamentado en la combinación con éxito del control de múltiples enfermedades infecciosas y los profundos cambios en el estilo de vida que han impactado en este fenómeno cambiando el patrón de mortalidad y morbilidad en nuestro país, las personas de la tercera edad padecen las enfermedades que pertenecen a las primeras causas de muerte de la población general.

Derivado de lo anterior, el Sector Salud, a través del Programa de Salud del Adulto y del Anciano 19952000, con el objetivo de prevenir las enfermedades crónico degenerativas y elevar la calidad de vida de la población adulta y de los ancianos ha prestado especial atención a las enfermedades como la diabetes. En torno a este padecimiento, se han llevando a cabo campañas de prevención, instrumentando la necesidad de su detección temprana, control y tratamiento oportuno de los casos, la educación a la población sobre los factores de riesgo, y el apoyo a grupos civiles de apoyo a los que padecen esta enfermedad, además de la capacitación al personal de salud. Lo mismo se ha instrumentado para la hipertensión arterial, la cirrosis hepática y la vacunación de otras enfermedades.

Por otra parte, es de destacarse que cerca de medio millón de adultos mayores está afiliado al Instituto Nacional de la Senectud, organismo creado por Decreto del Ejecutivo Federal el 20 de agosto de 1979, con el fin de "proteger, ayudar y orientar a las personas en edad senil, por medio de instituciones adecuadas para aliviar sus padecimientos y enfermedades, así como sus necesidades económicas más apremiantes, cuando no cuenten ni con medios económicos suficientes ni con los servicios de los sistemas de seguridad social y sanitaria ya establecidos".6

Dicha institución tiene como objetivo estudiar los problemas derivados de la senectud y otorga una tarjeta gratuita a sus afiliados, previa presentación de un documento oficial que verifique su edad y dos fotografías, la cual permite la identificación de la persona e implica el aumento de su poder adquisitivo, obteniendo bienes y servicios de primera necesidad con importantes descuentos que con espíritu solidario y de compromiso social otorgan comerciantes y prestadores de servicios previo convenio con el INSEN. De la misma forma, proporciona un folleto informativo en donde vienen detallados los servicios médicos en los cuales tienen servicio, el cual es repartido por dicho organismo gratuitamente a todos sus afiliados.

Es importante mencionar además que la población atendida en asilos y centros de desarrollo comunitario en México alcanzó en 1998 un total de 10,920 personas. Asimismo, los clubes de la tercera edad se han venido incrementando, así como los servicios de atención médica. Es importante mencionar que las instituciones de seguridad social llevan a cabo programas de atención integral para el adulto mayor, que además de otorgar atención médica, buscan fortalecer su autoestima y su integración a la familia y la comunidad.

Porque en México "Seguimos activos para envejecer bien", se instaló en agosto de 1998 el Comité Nacional de Atención a la Salud de los Ancianos.

• Legislación

En lo que respecta al marco legislativo, se contemplan principalmente los siguientes aspectos:

• Se establece como servicios básicos de salud la asistencia social a los grupos más vulnerables, entre ellos, los ancianos.

En este sentido, en México se define asistencia social en el marco de la Ley como el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

Dentro de las actividades básicas de asistencia social se contempla la atención en establecimientos especializados a ancianos en estado de abandono o desamparo, la promoción del bienestar del senescente y el desarrollo de acciones de preparación para la senectud y la prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social, a ancianos sin recursos.

Es de destacarse que el Estado deberá dar atención preferente e inmediata a los ancianos sometidos a cualquier forma de maltrato que ponga en peligro su salud física y mental.

Lo anterior es básicamente lo que se establece dentro de la Ley General de Salud, sin embargo, en el marco de que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establecen las garantías individuales como un conjunto de derechos elementales e inherentes a la persona humana, que la protegen incluso cuando pertenece a un sector vulnerable, sin distinción de edad, sexo, raza o creencia religiosa o política y previendo la necesidad de contar con un cuerpo legal que busque generar una cultura de respeto e integración que evite el abandono del Adulto Mayor, que haga explícitos sus derechos humanos y ciudadanos así como los compromisos de la sociedad y autoridad especificando tareas, desde una perspectiva en que se considere a la familia como centro preferente de solidaridad. Este año, en el marco del Año Internacional del Anciano, se ha presentado una Iniciativa de Ley de Apoyo a los Adultos.

Dicha Ley busca promover el desarrollo social de las personas de sesenta y más años de edad y establece que la política local sobre el envejecimiento poblacional tiene por objeto promover sus derechos sociales, señalando acciones referentes al desarrollo y bienestar social, salud, educación, trabajo, previsión social, vivienda, urbanismo, justicia, cultura y deporte.

La Ley de Apoyo para Adultos se encuentra en proceso de análisis, y tiene una aplicación para el Distrito Federal, sin embargo, es un inicio para que se propague en todas las entidades federativas.

En términos generales divide al adulto mayor en tres grandes grupos:

• Al adulto autosuficiente, creativo, productivo y que desea continuar participando en las diversas actividades de la vida pública, familiar y social.

• En el segundo y tercer grupo se contemplan aquellos que por diversas características de deterioro físico o mental que por diversas circunstancias de abandono, pobreza o contingencias dejan de ser autosuficientes y requieren de un apoyo especial de la sociedad, convirtiéndose en sujetos de asistencia social.

Derivado de lo anterior, se permiten especificar diversos requerimientos y modelos de atención para cada una de las etapas y definir responsables en la Administración Pública, en este caso del Distrito Federal.

• Asimismo, contempla principios básicos de dignidad tanto en su persona como en su patrimonio, el derecho a una vida libre de explotación y maltrato, el respeto de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Además, establece que deben tener tarifas preferenciales, exenciones de pago por hacer uso del servicio público de transporte, y la obligación del Estado de informar sobre estos descuentos.

De la misma forma se plantea que el adulto mayor tendrá derecho a la prestación de servicios de salud, en todas las actividades de atención médica, como son la prevención, curación y rehabilitación, en los niveles ambulatorio, hospitalario y de institutos nacionales y se contará con especialidades médicas encargados de la atención como son la geriatría y la gerontología.

Asimismo, contempla que se le proporcione una cartilla médica de autocuidado, y que las personas de edad avanzada, deberán de ser sujetos de asistencia social cuando por diversas circunstancias de abandono, pobreza, marginalidad o porque ya no puedan valerse por si mismos requieran de una protección especial del gobierno y de la sociedad.

Por último, se establece que queda prohibido cualquier acto de crueldad o violencia, así como el aislamiento no deseado por la persona.

IV. Retos

Estoy cierto que estas acciones han contribuido y seguirán contribuyendo para garantizar una vida no sólo más prolongada para todos, sino una vida plena, sin embargo, aún es largo el camino por recorrer.

Carencias en infraestructura social, médica, legislativa y asistencial, impiden aplicar cabalmente en la actualidad la recomendación internacional promovida por la ONU en torno a la tercera edad.

Las Instituciones de Salud, y en el caso específico de la reglamentación, están haciendo un esfuerzo notable por ampliar los servicios médicos a todas las personas mayores de edad, sin embargo, se afirma que en el país el 50 por ciento de los 6.3 millones de mexicanos mayores de edad carecen de seguridad social y por tanto una garantía para el cuidado de la salud.

De la misma forma, sólo la quinta parte de este grupo de población cuenta con una pensión que en el caso de los jubilados del IMSS es de 918.6 pesos mensuales en promedio y de 1,052 para los derechohabientes del ISSSTE.

Sin embargo, para el 66 por ciento de los 2 millones 100 mil pensionados, dicha cantidad no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas.

Debido a que la población envejecida seguirá creciendo y para el año 2010 se prevé que alcance los 9.8 millones de personas, el Consejo Nacional de Población pronostica que de no existir una respuesta del Estado a las necesidades de salud y bienestar de los mayores, los hogares afrontarán pesadas cargas económicas y domésticas.

Se trata de un futuro cercano para todas las familias, transitamos de una población predominantemente "joven" a otra "entrada en años". Nuestros ancianos merecen una vida digna, de respeto y veneración, la vejez es un proceso biológico irreversible.

El adulto mayor constituye un verdadero baluarte de nuestra nación, por lo que las acciones que emprenda el Estado, así como leyes justas, son una condición indispensable más no única, el respeto a las personas de la tercera edad, y las condiciones esenciales de solidaridad deben ser una realidad cotidiana en todos los sectores de la población. Participemos todos en el diseño de políticas que permitan a las personas sea cual sea su edad su condición gozar de los mismos derechos y oportunidades.

En lo que se refiere a la tercera edad, a la que algún día todos los presentes habremos de llegar (algunos probablemente ya lo hicieron), en nosotros se encuentra un reto al cual debemos de hacerle frente, "¡SIGAMOS ACTIVOS PARA ENVEJECER BIEN!".

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¹ Sen. Samuel Aguilar Solís. Integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Presidente de la Comisión de Salud, en el Senado de la República. Ponencia expuesta en el panel "El nuevo Paradigma en Políticas de envejecimiento y salud", en la Conferencia Interparlamentaria de Salud celebrada en La Habana, Cuba, del 12 al 15 de mayo.