Fobaproa: Paso a Paso


 

 

1 de Septiembre de 1982. Nacionalización de la banca. Tras la devaluación del peso (26 a 47 pesos por dólar), ante la insuficiencia de las reservas internacionales del Banco de México para hacer frente a la demanda de dólares y la cancelación de créditos a México por parte de la banca internacional para subsidiar la cartera vencida del sistema financiero nacional, el gobierno de José López Portillo decretó la expropiación de las instituciones bancarias y el control generalizado del tipo de cambio. La Federación tuvo que desembolsar tres billones de pesos (viejos) para adquirir las instituciones de crédito comerciales y privadas, cuya deuda ascendía a 25,000 millones de dólares.         

1983 Ficorca. Creación del Fideicomiso de Cobertura de Riesgo Cambiario (Ficorca). En el marco de la recesión económica derivada de la crisis de 1982, el gobierno de Miguel de la Madrid obtuvo un préstamo del exterior para financiar el déficit fiscal, la deuda externa y la actividad productiva. Dichos recursos sirvieron para crear el Ficorca, fondo que se empleó para salvar de la quiebra a 20 grandes empresas al asumir pasivos por 12, 000 millones de dólares mediante garantías del Banco de México (Proceso 1131). Comenzó la privatización de empresas paraestatales.

1987 Crack de la Bolsa   Mexicana de Valores . Crack de la Bolsa Mexicana de Valores. Luego de la nacionalización de los bancos, se desarrolló en México una banca paralela mediante casas de bolsa, arrendadoras financieras, aseguradoras y sociedades de inversión cuyos dueños adquirirían posteriormente los bancos durante la reprivatización. Para atraer capitales, el sistema financiero nacional elevó las tasas de interés para los inversionistas en la bolsa a costa de la deuda pública interna y de que la inversión se convirtiera en especulativa. La crisis en la Bolsa de Valores de Nueva York provocó el desplome del sistema bursátil nacional y la devaluación del peso frente al dólar.

1990 Fobaproa. Creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Con el antecedente de sucesivas crisis económicas que, entre otros efectos, llevaba a la falta de liquidez del sistema bancario, y tras el anuncio de la desincorporación de las instituciones de crédito, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari instituye el Fobaproa, un fondo de contingencia para enfrentar problemas financieros extraordinarios. Ante posibles crisis económicas que propiciaran la insolvencia de los bancos por el incumplimiento de los deudores con la banca y el retiro masivo de depósitos, el Fobaproa serviría para asumir las carteras vencidas y capitalizar a las instituciones financieras.

1991 Reprivatización   de la banca. Reprivatización de la banca. En el marco de la desincorporación de empresas del sector público para reducir los gastos de la administración e involucrar a la iniciativa privada en el proceso productivo, fueron vendidos 18 bancos. De acuerdo con el texto La política económica en México, 1950-1994, de los 61,600 millones de pesos obtenidos por la venta de 409 empresas paraestatales durante el sexenio salinista, 37,800 millones de pesos provinieron de la venta de bancos.

Diciembre 1994 Crisis económica de 1994-1995. Tras seis años de sostener una lucha a ultranza contra la inflación, el tipo de cambio se sobrevaluó y repercutió en déficit comercial, endeudamiento externo, reducción de las reservas internacionales y especulación desmedida en el marcado de valores. La combinación de estos factores con diversos acontecimientos políticos provocaron una abrupta devaluación del peso y una inusitada alza en las tasas interés. Varias empresas dejaron de cumplir con sus obligaciones ante los bancos y se registraron retiros masivos de capital por la desconfianza hacia las instituciones de crédito. Los bancos dieron visos de insolvencia y se temió el colapso financiero.

1995 Aplicación del Fobaproa. A finales de 1994 tuvo lugar la crisis económica más grave de la historia contemporánea mexicana. Entre otras reacciones, la crisis provocó el sobreendeudamiento de las empresas y familias ante los bancos y el cese de pagos por parte de los deudores. Una eventual quiebra de los bancos habría hecho imposible el acceso a créditos y los ahorradores no hubieran podido disponer de sus depósitos, lo que habría colapsado la infraestructura productiva, por lo que el Gobierno Federal aplicó el Fobaproa para absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores. Los pasivos del Fobaproa ascendieron a 552,000 millones de dólares por concepto de cartera vencida que canjeó por pagarés ante el Banco de México. Dicho monto equivale al 40% del PBI de 1997, a las dos terceras partes del Presupuesto de Egresos para 1998 y el doble de la deuda pública interna.

Enero 1995 Procapte Se creó el Programa de Capitalización Temporal (Procapte) mientras culminaban las operaciones para que el Fobaproa absorbiera la cartera vencida a los bancos, el gobierno federal recurrió a la creación del Procapte, un instrumento alternativo para sanear el sistema financiero con el acceso rápido y en mayor volumen de capital extranjero y recuperar la solvencia de los bancos. Adicionalmente, la administración de Ernesto Zedillo propuso a los deudores de la banca reestructurar sus deudas por medio de unidades de inversión (Udis). Según la propia reglamentación del Fobaproa, la adquisición de deudas por parte del fideicomiso se realizó a condición de que los accionistas de las instituciones de crédito inyectaran recursos frescos.

1996 Ucabe Creación de la Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario Empresarial (Ucabe). A consecuencia de la crisis de 1994-1995, muchas empresas se vieron imposibilitadas de pagar sus deudas, por lo que reestructuraron sus débitos a través de la Ucabe, que funcionó con recursos fiscales a instancia de la Secretaría de Hacienda. Acorde con datos de la propia dependencia, el Ucabe sirvió de aval para el rescate bancario y benefició a 54 empresas por un monto de 9,700 millones de dólares.

Marzo 1998   Iniciativas presidenciales. El Ejecutivo Federal envía al Congreso de la Unión un paquete de cuatro iniciativas para crear un marco legal que reduzca las posibilidades de una nueva crisis bancaria, así como para crear mecanismos más eficientes de supervisión a las actividad crediticia y facilitar la capitalización de los bancos. Por tanto, con el objetivo de exigir mayor disciplina en la administración del sistema bancario, el Ejecutivo propuso la creación del Fondo de Garantía de Depósito (Fogade), instancia que protegería el dinero de pequeños y medianos ahorradores e involucraría al Poder Legislativo en la tarea de supervisar los bancos.

Asimismo, propuso la instauración de la Comisión para la Recuperación de Bienes, cuya función consistiría en recuperar, administrar y enajenar bienes y derechos que el Fobaproa y el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores (Fameval) adquirieran como resultado de la crisis. La propuesta que causó mayor controversia y que orilló al Congreso a ordenar una auditoría al Fobaproa fue la de convertir en deuda pública los pasivos de dichos fondos que sirvieron para asistir a los bancos, cuyo monto asciendió a 552,000 millones de dólares. Las iniciativas presidenciales no prosperarán hasta que los legisladores obtengan el resultado de las auditorías y emitan un veredicto.

Las iniciativas son: a) Decreto que abroga la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo; b) Decreto que reforma la Ley del Banco de México; c) Decreto por el que se adiciona la Ley del Banco de México; se expide la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y se reforman las leyes para Regular las Agrupaciones Financieras, de Instituciones de Crédito, General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, del Mercado de Valores, y de Sociedades de Inversión; y d) Decreto por el que se expiden la Ley Federal del Fondo de Garantía de Depósitos y la Ley de la Comisión de Recuperación de Bienes, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes del Banco de México, de Instituciones de Crédito, del Mercado de Valores, para Regular las Agrupaciones Financieras y General de Deuda Pública.

Julio 1998. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, accede a que el Congreso analice las operaciones realizadas en el Fobaproa, mientras los legisladores acuerdan citar a altos funcionarios y exfuncionarios públicos, empresarios y banqueros para esclarecer supuestos fraudes antes y durante el rescate bancario. Con el documento "Fobaproa: El gran atentado contra la economía. Alternativas para impedirlo", el Partido de la Revolución Democrática reafirma su negativa a convertir en deuda pública las pasivos del Fobaproa, exige castigo a funcionarios y empresarios que incurrieron en malos manejos, apoyar sólo a pequeños y medianos ahorradores, restringir inversión extranjera y fijar un mecanismo permanente de supervisión a los bancos.

4 de Agosto de 1998. La lista del PRD. El PRD divulga una lista con los nombres de los principales beneficiarios del Fobaproa ante acusaciones de violación al secreto bancario por parte de la SHCP, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Gobernación. El presidente nacional de ese partido, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que es "inconstitucional" que se pretenda transformar en deuda pública los débitos de empresarios y banqueros.

20 de agosto de 1998 Propuesta del PAN. Con la certeza de que la crisis bancaria de 1994, además de obedecer a factores externos a la economía mexicana, se debió a la "ineficacia y corrupción" en la administración de los bancos, el PAN lanzó su propuesta para solucionar el tema del Fobaproa. Con el documento "Propuestas de solución integral a la crisis bancaria" el PAN propuso la creación de un Instituto para el Seguro de Depósitos Bancarios, organismo supervisado por el Congreso para respaldar el dinero de los ahorradores, para recuperar los activos en poder del Fobaproa. De igual forma, avaló la práctica de una auditoría del Fondo para detectar posibles irregularidades durante el rescate bancario, privilegiar la protección de pequeños y medianos ahorradores, maximizar la cobranza de cartera vencida en poder del Fondo y castigar a aquellos funcionarios que hicieron mal uso de la administración de las instituciones de crédito.

28 de Agosto de 1998. La propuesta del PRI. Que la deuda pública del Fobaproa se reduzca 30%, que los bancos asuman el porcentaje de riesgo al que se comprometieron en la compra de cartera; descuento de hasta 45% para deudores hipotecarios y de hasta 60% a productores pesqueros y agropecuarios; reducir hasta en 45% las dudas de pequeñas y medianas empresas y luz verde a la auditoría al rescate financiero por parte de la Cámara de Diputados. Estas son las alternativas sugeridas por el tricolor que incluyen una exigencia para que los delincuentes de "cuello blanco" no tengan derecho a la libertad bajo fianza y crear un instrumento más riguroso de supervisión bancaria para evitar sucesivas crisis financieras.

14 de septiembre de 1998. Acuerdo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para reformar el sistema financiero. Al cumplirse seis meses de que el presidente Ernesto Zedillo enviara al Congreso el paquete de iniciativas de ley para reestructurar el sistema bancario, lapso en el cual el debate parlamentario estuvo suspendido por iniciativa de los partidos de oposición, quienes consideraron pertinente esclarecer previamente las operaciones del Fobaproa, los líderes de las fracciones parlamentarias del PAN, PRD, PRI, PT y PVEM acordaron junto con los secretarios de Hacienda y Gobernación firmar un "acuerdo marco" para sacar adelante las propuestas presidenciales. El documento contempla: crear mecanismos de supervisión más eficientes sobre la actividad crediticia, estudiar la legalidad de las operaciones del Fobaproa, establecer un marco jurídico para evitar nuevas crisis financieras, castigar a quienes se hayan beneficiado o hayan permitido alguna ilegalidad en las operaciones del salvamento bancario, abatir costos del quebranto financiero, apoyar a pequeños y medianos deudores y buscar la mayor equidad en la distribución de los costos del rescate.

Inicio de Página             Regresar a Contenido No. 2