Comentarios sobre la Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes


 

Dip. Angélica de la Peña Gómez

Integrante de la Comisión de Equidad y Género por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

 

En la sesión del día 27 de abril pasado, la Cámara de Diputados aprobó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Minuta se envió a la Cámara de Senadores, misma que fue aprobaba el 28 de abril. Se concreta así, el esfuerzo y el trabajo legislativo que nos habíamos propuesto en esta LVII Legislatura para garantizar la prevalencia de los derechos de la niñez y adolescencia mexicanas.

Este proyecto se ha caracterizado por una verdadera militancia en favor de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, de quienes lo hemos impulsado. Premisa para la aprobación de la ley fue la reforma al párrafo sexto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El nuevo párrafo del artículo 4º constitucional quedó como sigue:

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

La Constitución ahora reconoce que el mundo infantil está integrado por niñas y por niños. El avance en el reconocimiento de los géneros implica resolver desde la Carta Magna la discriminación que padecen particularmente las niñas. Si hay carencias o insatisfacciones, no tendrán un desarrollo integral y la responsabilidad de lograrlo compete no sólo al padre y a la madre, también a sus familiares y, eventualmente, a custodios y tutores. El compromiso del Estado y sociedad para proveer y coadyuvar en este cometido implica que la niña, niño o adolescente, independiente de sus circunstancias, no estará solo o abandonado, tampoco estará excluido de los beneficios de los programas gubernamentales y estará presente en la definición de las políticas públicas. Con esta reforma a la Constitución el Congreso de la Unión sentaba las bases para el diseño de la ley reglamentaria.

En medio de la vorágine de temas financieros y políticos, resulta estimulante que nos unamos distintos y tan diversos diputados y diputadas, senadores y senadoras, en este objetivo común: reconocer expresamente en la Constitución los derechos de la infancia y adolescencia, y la promulgación de una ley, novedosa, original y vanguardista como la que aprobamos. Si analizamos los ordenamientos jurídicos y legislativos de los países latinoamericanos en esta materia, se coincidirá conmigo en que esta nueva ley mexicana para la protección de los derechos de la niñez y adolescencia es muy avanzada en sus conceptos legales y filosóficos.

Este tema nos ha permitido aprender muchas lecciones: lo importante y productivo del trabajo en equipo, la disposición de los interlocutores para escuchar y debatir las diferentes ideas con respeto y apertura, el deslinde oportuno y coyuntural en la discusión particular de otros asuntos que nos confrontan y el proselitismo permanente para sumar esfuerzos, experiencias, aportaciones, incluso el logro de conversiones de los ortodoxos hacia conceptos novedosos como es el reconocimiento de la equidad de género, la existencia de las formas de discriminación, que existe un problema cultural que lacera la convivencia entre hombres y mujeres, entre niños y niñas contra el que hay que luchar para lograr lo más importante: que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho y no objetos, a quienes a veces en nombre del amor los anulamos y minimizamos.

Estamos hablando de que esta ley va dirigida a un tercio de la población de este país menor de 18 años. Se sustenta en los conceptos derivados de la Doctrina de la Protección Integral diseñada por expertos latinoamericanos a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, misma que ocupó el lugar de la doctrina de la situación irregular imperante hasta antes de la Convención. Los principios rectores de la Doctrina de la Protección Integral nos señalan que el interés superior de la infancia implica que las políticas, las acciones y la toma de decisiones relacionadas con este periodo de la vida tiene que darse de tal manera que, en primer término, y antes de cualquier consideración, se busque el beneficio directo del infante y del adolescente y que proyecte mas allá del ordenamiento jurídico, las políticas públicas y la consolidación del desarrollo de una cultura más igualitaria y respetuosa de los derechos de todas las personas.

Este principio es una limitante del ejercicio abusivo de cualquiera de los derechos de los adultos en detrimento de los derechos de niñas, niños y adolescentes; se reconoce igual valor a los derechos de quienes cursan la infancia y la adolescencia que a los de los adultos.

Otro principio rector de esta ley, es el de la igualdad, que establece que toda niña, niño o adolescente sin excepción, debe gozar de los derechos consagrados en la Ley Fundamental es combatir y erradicar desde temprana edad las costumbres y prejuicios alentadores de una pretendida superioridad de un sexo sobre otro.

Se contempla en la ley, el principio de la no discriminación y el respeto sin distinción de raza, color de piel, sexo, edad, idioma o lengua, religión, opinión política, origen étnico nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquier otra condición del infante, adolescente o de sus progenitores, familiares o representantes legales.

Es importante mencionar que en la Plataforma de Acción de la Conferencia de Pekín se aceptó que las niñas y las adolescentes suelen ser discriminadas o descuidadas en varios aspectos como el de la educación, salud y nutrición entre otros; esta ley plantea eliminar estas formas de discriminación.

También pensamos en quienes se encuentran en situación de abandono o en estado de peligro por razones de violencia en cualquiera de sus formas, quienes están afectados de alguna deficiencia física, emocional o intelectual, quienes trabajan, quienes sufren consecuencias de tráfico de personas o explotación, quienes están parte del día en la calle o viven en ella; llamamos la atención de no criminalizar la pobreza, hicimos esta ley pensando en resolver los rezagos de quienes requieren atención para lograr su pleno desarrollo como seres humanos.

Esta ley destaca la necesaria incorporación de niñas, niños y adolescentes que por circunstancias totalmente ajenas a su voluntad, están excluidos del goce de sus derechos; proponemos, respetando siempre las competencias y facultades que tienen las entidades federativas, se promueva lo necesario para adoptar medidas de protección especial que requieren quienes viven carentes o privados de sus derechos, y una vez logrado, insertarlos en los servicios y los programas regulares dispuestos para quienes no viven con deficiencias o tales privaciones.

Reconocemos que la familia es el espacio primordial para su formación integral, la relación niño-familia y en especial la relación niño-padres es esencial para lograr su pleno desarrollo emocional y de su personalidad; llamamos la atención de que debe crecer en su familia de origen y cuando por alguna circunstancia ésta no funcione, se le busque una familia sustituta.

Niñas, niños y adolescentes deben tener una vida libre de violencia. En muchos de los discursos políticos escuchamos y nosotros mismos planteamos como una premisa la construcción de una nueva sociedad, más justa, más plena. Esta sociedad no puede construirse a partir del voluntarismo o la espontaneidad, el futuro se construye justamente ahora, los futuros adultos los estamos forjando hoy y en la medida en que logremos que quienes nazcan tengan garantizados sus derechos, lograremos que como niños y como adolescentes se formen sin rencores sociales, con derechos satisfechos y en la prevención de futuros problemas.

Lograr la corresponsabilidad de la familia, Estado y sociedad en la protección de los derechos de la infancia y adolescencia nos permitirá avanzar en el camino que tendremos que recorrer para crear una nueva cultura a partir del reconocimiento de los mismos y su satisfacción integral.

La LVII Legislatura del Congreso de la Unión está a punto de concluir; muchas inquietudes y tareas quedan pendientes; la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene el reto de definir el camino por el que deben transitar quienes la aplicarán y quienes la debemos acatar. Su propagandización y la educación en el conocimiento de sus conceptos nos llevará algún tiempo, pero, sin duda, hoy el Poder Legislativo ha cumplido su responsabilidad de legislar a favor de los derechos de la infancia y adolescencia.

Siguen los otros poderes, siguen las tareas pendientes: la aplicación de políticas públicas y no sólo asistenciales, la discusión alrededor del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, la modificación de los consejos tutelares, la defensa de la edad penal a partir de los 18 años, la discusión de alternativas diferentes socioeducativas y en cárceles distintas de los demás adultos para quienes infringen la ley penal de los 18 a 22 años; la inclusión de las organizaciones de la sociedad civil que luchan por los derechos de niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones y apoyo a sus programas, el debido apoyo para que en corresponsabilidad con la Federación, el Distrito Federal, los estados y municipios apliquemos los estipulados de esta ley y se diseñen las 32 leyes estatales, son todas estas cuestiones una semblanza de lo que es el universo de tareas y compromisos.

Aprobar esta ley fue motivo de satisfacción para las diputadas Martha Laura Carranza Aguayo del Partido Revolucionario Institucional, y Patricia Espinosa Torres del Partido Acción Nacional, quienes conmigo, formamos el equipo plural que impulsó directamente este trabajo legislativo permanentemente durante estos dos años y medio.

El apoyo y confianza que recibimos de las compañeras y de los compañeros de la Comisión de Equidad y Género, de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y de la Comisión de Justicia de esta Cámara fue imprescindible.

Sin duda, este proyecto que hacemos realidad después de más de dos años de trabajo ha dado resultados por el trabajo en conferencia con el Senado. De manera especial y personal debo reconocer el trabajo y solidaridad de quien hasta hace poco presidía la Comisión de Asuntos de la Niñez de la Cámara de Senadores, la senadora Laura Pavón, además de los asesores jurídicos de la Presidencia de la Cámara de Senadores. En conclusión, un gran trabajo de lobby se realizó para concretar en la Constitución y en la promulgación de esta nueva ley las garantías y los derechos de esta parte de la población mexicana.

Pero aun con este importante avance, este tema seguirá siendo motivo de preocupación; nosotras sabemos y siempre estuvimos conscientes de la responsabilidad que asumíamos, porque nunca confundimos las consignas con demagogia, ante la sorpresa de muchos manifestamos permanentemente que nos motivaba un ánimo esperanzador porque creemos en el futuro, lógicamente permea en nuestra actuación nuestra naturaleza. Esta ley es un primer paso para la búsqueda de la necesaria justicia que tenemos pendiente para todas las niñas y los niños en todo el país.

La búsqueda de que los seres humanos seamos más humanos, inevitablemente nos señala que es indispensable reconocer que los derechos de las niñas, los niños y las y los adolescentes son derechos humanos y que para hacerlos realidad necesitamos fortalecer el Estado de Derecho, lo que quiere decir luchar por la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales.

El éxito de esta ley que hoy aprobó esta LVII Legislatura, es un éxito compartido. México cumple al aprobarla, con varias de las recomendaciones que ha hecho el Comité de Asuntos del Niño de Ginebra, en función del compromiso que como Estado Parte asumió al aprobar la Convención sobre los Derechos del Niño. Cumple también con los compromisos que adquirió al aprobar otras convenciones; pero lo más importante es que comienza a cumplir con los pendientes que tenemos hacia nuestras niñas y nuestros niños, ésta es la ley para la protección de sus derechos. Sin duda un éxito compartido.

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