Debate sobre la obligatoriedad de
la educación preescolar

Dip. Jaime Hugo Talancón Escobedo        


 

Uno de los debates más importantes durante el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LVII Legislatura, sobre todo por el alcance del tema discutido, es el que se dio en torno a la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del PAN, para reformar el artículo 3º constitucional y considerar la educación preescolar como básica y obligatoria.

En la discusión en comisiones, el Grupo Parlamentario del PRI manifestó su acuerdo, pero señalamos la urgente necesidad de hacer una revisión exhaustiva de la Iniciativa con el fin de superar importantes deficiencias de carácter jurídico y de técnica legislativa contenidas en la misma, y evitar consecuencias negativas de carácter pedagógico y sociológico que supondrían su aprobación en los términos presentados.

Presentamos un análisis exhaustivo con nuestras observaciones y sugerencias que fueron tomadas en cuenta, desde luego, por el Grupo Parlamentario del PAN, que sin continuar las consultas y discusiones introdujo modificaciones y presentó un nuevo documento que, a nuestro juicio, adolecía igualmente de deficiencias y errores. Ante esta circunstancia, el Grupo Prlamentario del PRI preparó y presentó una iniciativa que, recogiendo la original, supera los problemas encontrados en la exposición de motivos, en la propuesta de decreto y en los transitorios, con el fin de ser integrada al dictamen que se presentaría al Pleno.

La imposibilidad que se presentó para la discusión e integración de este documento, hizo que fuera presentado como una nueva iniciativa, misma que fue turnada a comisiones para ser discutida por la próxima legislatura, y los documentos en los que se hacen los señalamientos mencionados entregados a la prensa y a la Mesa Directiva para ser integrados en actas, con el fin de que conste cuál es nuestra posición en el debate. Mientras, el dictamen sobre la iniciativa original, no alcanzó la mayoría calificada, necesaria para modificaciones constitucionales.

Desde la instalación e inicio de las funciones de la Comisión de Educación Pública de la Cámara de Diputados de la presente Legislatura, los miembros de los diferentes grupos parlamentarios que la componemos, desarrollamos un compromiso serio por sacar adelante, de la mejor manera, los trabajos que tenemos encomendados, teniendo siempre –antes que los intereses y posiciones partidistas– como objetivo prioritario de la educación de la niñez y la juventud mexicanas.

El asunto que nos ocupa, la extensión de la obligatoriedad de la educación básica, ha sido, desde hace muchos años, una sentida demanda social, una posición que nuestro partido ha defendido, y una exigencia del magisterio nacional, expresada ésta en sus distintos congresos nacionales.

Es, además de un derecho fundamental de los mexicanos, una necesidad estratégica del país, para asegurar una educación de calidad que permita enfrentar de mejor manera los retos y desafíos que imponen las condiciones de los escenarios nacional e internacional en el siglo que comienza.

Desde que esta iniciativa fue presentada al Pleno de la Cámara, mismo que nos lo remitió para su estudio y dictamen, la hemos visto con la mayor simpatía. Lo anterior lo ha expresado también el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Por ello, desde entonces, hemos venido presentando varias observaciones de carácter pedagógico y sociológico, que es necesario tener en cuenta para evitar que una buena intención pudiera trastocarse en un gran problema para millones de mexicanos, en las actuales circunstancias nacionales.

Además, hay consideraciones jurídicas que podrían convertirse en serias fallas de técnica legislativa que obligarán a regresar la iniciativa a comisiones para ser revisada, o, incluso, podría generar el riesgo de ser desechada por el Pleno, con el consiguiente perjuicio que esto tendría para el logro del objetivo que nos aglutina.

Siendo un asunto de nuestro mayor interés, recogimos el exhorto que nos plantearon al final de la iniciativa quienes la presentaron, y procedimos a hacerla objeto de un análisis consciente y riguroso. Producto de estas reflexiones surgieron numerosos de puntos de vista, enriquecidos con los de instituciones e investigadores en diversas disciplinas a que consultamos.

Presentamos, primeramente, la iniciativa que el Grupo Parlamentario del PAN propuso a esta soberanía en diciembre de 1999. Asimismo, comentarios sobre la misma, las reflexiones a que llegamos y una serie de sugerencias de acción, con el fin de discutirlas en el tiempo más breve posible y llegar a las acciones que se crea conveniente para poder salir delante de la mejor manera con el compromiso que hicimos al inicio de esta Legislatura.

Iniciativa de ley que se propone para hacer una adición al artículo 3º constitucional, en apoyo a la educación preescolar que se imparte por el Estado

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la redacción actual de la ley en el artículo 3º constitucional, establece la obligación fundamental del Estado que consiste en ejercer la educación gratuita y obligatoria, haciendo énfasis solamente en la educación primaria y secundaria.

La etapa de los cuatro y cinco años resulta en los pequeños sumamente significativo. No son pocos los pedagogos mexicanos y extranjeros que desde finales del siglo pasado han investigado, estudiado y demostrado que en la etapa mencionada el cerebro muestra una disposición natural para recibir estímulos e iniciar procesos mentales que favorecerán su socialización, su creatividad, su disposición al trabajo intelectual y cognoscitivo. O sea, que favorecerá definitivamente al desarrollo cualitativo del niño y su educación; actualmente, al no considerarse como obligatorio, muchos padres de familia desconocen la importancia de llevar a sus hijos al preescolar.

Para el pequeño resulta altamente estimulante en esta edad el acudir al jardín de niños para interactuar con compañeros de la misma edad e iniciar su proceso escolar en la etapa que por naturaleza es lo indicado.

Según investigaciones, está comprobado el aumento de las posibilidades reales de un mejor aprovechamiento de la educación básica cuando es precedida por la educación preescolar.

En esta etapa en los jardines de niños se trabaja con ellos para sensibilizar, despertar, iniciar diferentes destrezas tanto físicas como intelectuales. Es la edad en la que se inicia fuertemente la socialización, comienzan a saber compartir, a convivir en su pequeña sociedad.

En esta sección, las educadoras inician el proceso para la maduración de la prelectura y preescritura.

Además, al hacerse obligatorio habrá mayor conciencia de las madres para que sus hijos no pasen esta etapa importante de su vida sin recibir estos servicios que resultarán de mucha utilidad para el desarrollo integral de su educación.

Es importante y necesario que el preescolar tenga el carácter de obligatorio y no de optativo, en el III Informe de Gobierno en el rubro de educación básica, se nos informa que se brindó atención preescolar a 3 millones 238 mil 337 niños o sea que 89 por ciento de los niños de cinco años recibieron educación preescolar. Por lo tanto, creemos que si de hecho está cubierto un porcentaje elevado de atención, con la obligatoriedad se aumentará la cobertura y la calidad en el sistema del preescolar mejoraría.

Las escuelas de educación media exigen más calidad en la educación primaria y, si nuestros niños llegan al primer grado de primaria con la madurez necesaria, las probabilidades de éxito aumentarán.

Los niños de cuatro y cinco años aprovecharán seguramente con creces cualquier presupuesto que se designe especialmente a este rubro.

El impacto que se espera obtener es en el "desarrollo integral" que les permitirá desarrollar sus habilidades y posibilidades para el ingreso al sistema de educación primaria y su mejor desempeño en la vida. Para obtener buenos resultados se deberá aplicar un programa de desarrollo integral que incluya el conocimiento y cuidado de los niños.

Con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Los suscritos diputados federales del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, durante ésta LVII Legislatura sometemos a consideración de este honorable Congreso, la siguiente:

Iniciativa de decreto que adiciona al articulo 3º constitucional

Único. Se adiciona al artículo 3º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3º. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, estados y municipios– impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria son obligatorias.

Compañeros diputados: tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, pido a todos ustedes analizar conscientemente esta iniciativa de ley que, a través de sus servidores, sometemos a su consideración, por lo que solicitamos al presidente de la Mesa Directiva del pleno de la Cámara, lo turne a la Comisión de Educación a fin de que se estudie y dictamine laconveniencia de ser sometida a la consideración de ésta soberanía. El C. Dip. presidente: Túrnese a las comisiones unidas de Educación Pública y Gobernación y Puntos Constitucionales.

 

Observaciones y comentarios del Grupo Parlamentario del PRI en la Comisión de Educación,
sobre el texto de la iniciativa de ley que propone el Grupo Parlamentario de Acción Nacional,
para hacer obligatoria la educación preescolar

Título

El título no corresponde al contenido de la iniciativa que se propone. No se trata de un apoyo, sino de aumentar al artículo un precepto para hacer obligatoria la educación preescolar que imparte el Estado, no la que "se imparte por" el Estado.

 

Exposición de motivos

Párrafo 1

El Estado no "ejerce" la educación gratuita y obligatoria, ni el artículo 3° Constitucional hace énfasis en nada específico, sino que señala cuáles son los niveles constitucionalmente obligatorios para él, impartir, los padres para enviar a sus hijos y los ciudadanos a cursar como básicos, entendidos éstos como mínimos a cursar obligatoriamente para todos los ciudadanos mexicanos.

De hecho, la obligación fundamental del Estado, si pudiera considerarse que hay alguna que se pueda denominar de esa forma, no es la que se señala: ésta es una de las obligaciones del Estado Mexicano, por cierto no menor, definida en los términos de su Constitución Política

Párrafo 2

Todas las edades, con y por sus propias características, son importantes en el desarrollo de las personas; por ello, no queda claro qué se quiere decir con el concepto "significativo", ni por qué se tiene que aludir a los niños, en un texto de esta naturaleza, con el adjetivo de "pequeños".

La disposición natural del cerebro a que se hace alusión, es propia de de la especie humana, independientemente de la edad, aunque de acuerdo con la experiencia cotidiana y con los resultados de la psicología diferencial y del desarrollo, varían con ella disposiciones a ciertos tipos de estímulos para estructurar en las personas, formas definidas de percibir el mundo. En todo momento de la vida, mediante diferentes métodos y diferentes formas de percepción es posible estructurar –no el cerebro, que es un órgano, y como tal no se puede estructurar, por lo menos en el sentido del término que se utiliza en el texto, sino la mente– para permitir, facilitar o potenciar, según el caso, funciones actuales o potenciales.

El desarrollo y las funciones intelectual y cognoscitiva no se pueden igualar a un concepto tan incierto como "desarrollo cualitativo", o por lo menos no se podría reducir a eso, ya que, por ejemplo, el desarrollo físico también es cualitativo. De hecho cualquier desarrollo, aparejado o no a un crecimiento (concepto cuantitativo, mensurable en términos de cantidad), es cualitativo.

No es debido a que la educación preescolar no sea obligatoria, que los padres de familia desconocen (suponemos que en términos científicos) la importancia de llevar a sus hijos a preescolar; y si la desconocen, no podría eso querer decir, necesariamente, que por ello no estén interesados en llevar a sus hijos a las escuelas del nivel; cualquier investigación empírica podría demostrar que la mayor parte de los padres, de cualquier escolaridad, posición social o económica, "sabe" que la educación preescolar es importante para sus hijos, aunque no sepan a ciencia cierta "por qué", y si no los llevan, no se puede atribuir la omisión a una falta de conocimiento de la importancia, derivado de que no sea un nivel constitucionalmente obligatorio, sino a que no existe oferta educativa o a que carecen ellos de condiciones sociales y económicas para hacerlo.

Párrafo 3

El adjetivo "pequeño" resulta incierto para definir al grupo de individuos dentro de la sociedad a que se quiere hacer alusión.

No parece más afortunado el concepto de que "por naturaleza" la edad de cuatro o cinco años sea la edad indicada para iniciar la vida escolar. Esto estaría en contradicción con muchas otras posturas al respecto, que indican que esta edad sería a los tres años (como era por ejemplo en México anteriormente la educación preescolar oficial); o quienes niegan que exista alguna edad indicada para todos los niños, y la edad indicada sería el momento en que individualmente muestren ciertas características de madurez que les permitan desenvolverse en cierto tipo de instituciones, y a quienes trabajan con ellos, brindarles la atención que requieren sin descuidar a los demás y sin dejar de llevar el desarrollo curricular en circunstancias más o menos homogéneas.

Párrafo 4

La educación preescolar es parte de la educación del tipo básico, al igual que la inicial, la especial, la de adultos, la primaria y la secundaria, de tal forma que no puede ser un antecedente de sí misma.

Siempre será mejor tener un antecedente de preparación para la etapa siguiente, en el mismo sentido de la primaria para la secundaria. Lo importante aquí, sin embargo, es lograr que la educación preescolar tenga, además de los relacionados con lo que le sigue, objetivos en sí misma que deben derivar de un proyecto curricular definido de manera general, en cuanto se trate de un nivel constitucionalmente obligatorio.

Párrafo 5

Un grupo de edad no se puede considerar una sociedad, ni pequeña ni grande. Son eso, un grupo de edad dentro de un conglomerado social. La escuela, de ningún tipo o nivel, es tampoco una sociedad, sino una institución de la misma, que tiene como uno de sus propósitos la socialización de cierto tipo de los individuos (entre otras razones, por eso la educación básica es "básica"; es decir, no lo es, o al menos no solamente, en el sentido de "elemental", sino de "mínimo común", de comunizadora, de socializadora dentro de un cierto marco paradigmático "básico" que es "deseable" que todos los individuos de un grupo social estén inmersos y compartan como identificador comunal).

Es precisamente en esta lógica que la Constitución Política, en el Capítulo II "De Los Mexicanos", en que se establecen los requisitos para tener y mantener la nacionalidad, señala en su artículo 31 como obligación de los mexicanos enviar a sus hijos a recibir la educación primaria y secundaria obligatoria.

Párrafo 6

Conviene considerar que también hay "educadores" a los que no habría que desestimar, so pena de incurrir en una discriminación de género.

Es necesario aclarar el concepto de "sección", toda vez que no queda claro a que se refiere, ya que el sistema educativo nacional no tiene secciones, sino tipos, niveles y modalidades.

Hay que tener en cuenta que los objetivos que se mencionan (el desarrollo de la "preescritura" y la "prelectura", no son ni los únicos ni los más importantes de la educación preescolar. De ser así, resultaría un nivel muy instrumental para ser constitucionalmente obligatorio, que hoy por hoy se identifica más con los objetivos de los planteles privados del nivel (que tienen la mayoría de ellos, ahora, como atractivo de venta de sus servicios, que al egresar los alumnos sepan leer, escribir y aritmética elemental) que con las realidades que se viven en los planteles públicos.

Párrafo 7

La obligatoriedad constitucional no es factor o, al menos, no es el más importante a considerar, que hace que sean las madres (¿por qué no también los padres?) dejen de llevar a sus hijos a la escuela en el nivel preescolar. Es más importante en este sentido la falta de oferta educativa de estos servicios, "cuyos efectos –se diría mejor– resultarán "de mucha utilidad" para el desarrollo de la persona y el éxito de la carrera educativa en los niveles posteriores".

Párrafo 8

Que la educación preescolar no sea obligatoria, no significa que sea optativa, porque en ese caso lo serían también la primaria y la secundaria, cuya obligatoriedad no tiene como contraparte medios coercitivos que la hagan efectiva.

Ésta es una definición importante, que invita a revisar con mayor cuidado la iniciativa, y ver que este nivel es, de acuerdo con la reforma de 1993 al artículo 3º, obligatorio para el Estado impartirlo –y desde entonces mucho se ha avanzado en la cobertura–. Para quien no es obligatorio, es para los padres enviarlos, de acuerdo con los términos del artículo 31, y es por ello que en el 3º no aparece así junto con los otros dos niveles de la educación básica.

Hay que hacer notar que la gente (al menos en términos de generalidad, aunque haya, sin duda, casos excepcionales) deja de enviar a sus hijos o de acudir a los planteles educativos porque opte por hacerlo o no hacerlo, sino porque no hay adónde, o familiarmente no cuentan con las condiciones para enviarlos. Es difícil pensar en, estos tiempos, en una familia con condiciones para hacerlo y lugar para enviar a sus hijos a la escuela, de cualquier nivel, que opte por no enviar a sus hijos a la escuela. Se podrían enumerar, en cambio, infinidad de comunidades y familias que buscan contar con planteles educativos para sus hijos y tener manera de enviarlos, y esto como un derecho, no como una opción.

Párrafo 9

Una indudable verdad que se podría extender hacia otros factores dentro y fuera del sistema educativo como una cadena de condiciones para el éxito de las tareas de enseñar y aprender.

Párrafo 10

Los niños en esta edad no están en posibilidades de entender el concepto económico de "presupuesto", ni su aprovechamiento; que, por lo demás, no se puede tratar como un presupuesto cualquiera, sino de uno suficiente para la construcción y equipamiento de infraestructura, de dotación de materiales (que en este nivel son muchos, variados e indispensables), para la formación de personal docente, etcétera, con el fin de que el servicio resulte de calidad y equitativo.

Párrafo 11

El desarrollo integral que se pretende de los educandos sujetos de la educación preescolar, no depende de que sea obligatoria o no, sino de que su desarrollo curricular y las condiciones en que ocurra sean adecuados o no para el concepto de "integralidad" que se defina como objetivo a alcanzar en este nivel educativo. Lo que sí se puede esperar de introducir la obligatoriedad, es un importante elemento de presión para la ampliación del subsistema, y con ello la siempre deseable posibilidad de que más niños estén en posibilidad de ser sujetos de una escolaridad más amplia que les permita mejores condiciones para su desarrollo escolar y personal. Pero la integralidad depende de otras cosas, no de la obligatoriedad o del programa que se menciona.

 

Iniciativa (comentarios pedagógicos y sociológicos)

El texto, en los términos que se propone, por un lado abre la posibilidad de un derecho, y por otro mete en problemas a otro que ya existe, o por lo menos resta posibilidades en su ejercicio a amplias capas de la población.

Preescolar se convierte en un antecedente obligado de la primaria, dentro del marco de unas condiciones en las que la mayor parte de las comunidades existe algún tipo de oferta de primaria, pero no de preescolar, por lo que resultaría que la intención se convertiría en problema real para los niños de estas comunidades, que no estarían en posibilidad legal de acceder a la opción educativa con la que sí cuentan.

Además, al ser antecedente constitucional y obligatorio, habría que tener una definición de lo que se tomará formalmente como "educación preescolar", ya que será antecedente parte de una carrera curricular definida que deberá contemplarse en la Ley General de Profesiones, y Las leyes de Profesiones y de Educación de cada una de la entidades federativas, no sólo como definición, sino también en lo que se refiere a las condiciones de su desarrollo para que pueda considerarse como la definición prescriba.

Como se encuentra hoy, por educación preescolar se estaría definiendo cualquier cosa que ocurra antes de la carrera escolar formal, que en el contexto del discurso, el término implica que comienza en la primaria, cuando en rigor, muchas modalidades anteriores a la primaria son escolarizadas, y otras que se consideran como preescolar no lo son.

Hoy existe una gran variedad de currículos oficiales y privados en este nivel, que van desde los programas de un año (a los cinco de edad) en la mayoría de los jardines de niños oficiales, pasando por los currículos tradicionales de tres años y a los comunitarios de los programas compensatorios, que en nada se parecen entre sí, pero se llaman igual de manera genérica y se incluyen en las mismas estadísticas, sin contar los muy diversificados currículos de los planteles privados, en los cuales la diversidad viene del criterio comercial de los dueños de las escuelas, y del poder adquisitivo y la idea de educación preescolar que se encuentre vigente entre los padres [clientes] de un plantel específico.

La buena intención, que todos compartimos, entraría en conflicto con condiciones reales que no parecen poder subsanarse en el corto plazo, ni siquiera en lo que se refiere a infraestructura necesaria para hacer realidad este derecho, y no meter a una amplísima capa de la población a una situación de "ilegalidad" de facto.

El déficit que existe en este renglón es tal, que la construcción y equipamiento necesarios se llevarían lustros, aun en el supuesto de que llegara a contarse con los recursos económicos (lo cual es altamente dudoso por lo que se ha venido viendo en materia presupuestaria en los últimos años) y se pudiera pensar en algún transitorio que obligara a la próxima o las próximas administraciones a seguirlos suministrando. Baste para ilustrar el caso, que a más de 150 años de establecido el derecho y la obligatoriedad de la primaria (que durante décadas se consideró como toda la educación básica), todavía no es una realidad.

El ritmo de la construcción no tiene como determinante último el financiamiento. No lo tiene tampoco la disponibilidad de personal docente preparado en número suficiente para atender una necesidad constitucional, el ritmo del financiamiento no tiene como prerrequisito que exista constitucionalmente la obligación, y no se podría pensar en seguir sustituyendo lo que entendemos por preescolar, con los cursos comunitarios del Conafe, que son la mayor parte de la extensión de cobertura que se ha generado últimamente (y se informa en las estadísticas), sin que corramos el riesgo de legitimar a la educación como un medio de diferenciación social, y no como el gran igualador que ha pretendido el liberalismo progresista de los últimos siglos.

 

Iniciativa: comentarios de carácter jurídico respecto al concepto de
"obligatoriedad" y de obligatoriedad en el campo educativo

"Obligación" es un término que hace referencia, tanto a una exigencia moral como a una imposición social y a un deber jurídico.

En el ámbito educativo, suele restringirse la obligatoriedad al periodo básico o elemental, pero no se identifica con ningún nivel del sistema. Esta obligatoriedad es universalmente aceptada: El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria, por lo menos en las etapas elementales. (Principio 7 de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1959.)

La obligatoriedad de la educación se refiere a dos hipótesis diferentes que corresponden a igual número de sujetos de naturaleza distinta: uno es el Estado como impartidor de la misma, y otro, integrado por los estudiantes destinados a recibirla.

En el caso de la educación preescolar, desde el punto de vista constitucional, la obligación del Estado para impartirla se encuentra establecida en el primer párrafo del artículo 30 que dice: El Estado... impartirá educación preescolar, primaria y secundaria, (y su correlativo en el artículo 30 de la Ley General de Educación); por lo que toca a los destinatarios, el artículo 31 Constitucional dice que: son obligaciones de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación primaria o secundaria (y su correlativo, en el artículo 40 de la Ley General de Educación).

Atendiendo al principio de la supremacía constitucional, contenida en el artículo 133, para que las modificaciones a los artículos de la ley puedan tener lugar, en primer término debe procederse a la reforma constitucional correspondiente, (en este caso, del artículo 31).

Es pertinente anotar, además, que las disposiciones que establecen la obligatoriedad de la educación preescolar en otros países, se encuentran igualmente establecidas en los correspondientes textos constitucionales: en Colombia, artículo 67; Costa Rica, artículo 78; Guatemala, artículo 74.

 

Colombia:

Artículo 67-. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los 15 años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.

 

Costa Rica:

Artículo 78.- La educación preescolar y la general básica son obligatorias. Éstas y la educación diversificada en el sistema público son gratuitas y costeadas por la nación.

En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al seis por ciento (6 por ciento) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución.

El Estado facilitará la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos pecuniarios. La adjudicación de las becas y los auxilios estará a cargo del Ministerio del ramo, por medio del organismo que determine la ley.

(Reforma Constitucional 7676 del 23 de julio, de 1997).

 

Chile:

Artículo 10.- El derecho a la educación. La educación tiene por objeto, el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos.

Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. La educación básica es obligatoria, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso, a ella de toda la población.

Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación.

Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación; 11. La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales.

La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional.

La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna.

Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos.

Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel.

 

Guatemala:

Artículo 74.- Educación obligatoria. Los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria y básica, dentro de los limites de edad que fije la ley.

La educación impartida por el Estado es gratuita.

El Estado proveerá y promoverá becas y créditos educativos.

La educación científica, la tecnológica y la humanística constituyen objetivos que el Estado deberá orientar y ampliar permanentemente.

El Estado promoverá la educación especial, la diversificada y la extraescolar.

 

Japón:

Artículo 26.- Existirá igualdad de enseñanza para todas las personas conforme a sus aptitudes, en la forma dispuesta por la ley. Toda persona que tenga niños o niñas bajo su protección, estará obligada a procurar que reciban la enseñanza común que se determine en la ley. Esta enseñanza obligatoria será gratuita.

 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

1. La iniciativa, en los términos que ahora se encuentra, podría originar efectos indeseables de tipo pedagógico y sociológico. Contiene, también, problemas de técnica jurídica, contradicciones con otros preceptos constitucionales y otros ordenamientos legales que sería necesario modificar junto con el artículo 3º, requisitos sin los cuales, en nuestra opinión, tendría que ser objeto de un dictamen negativo.

2. La iniciativa contiene, desde su título, algunos errores conceptuales que en momentos se convierten en argumentos que no permiten dar un sustento suficiente a una reforma constitucional de la envergadura que se propone. Es, por lo tanto, necesario revisarla con cuidado para evitar que salga una iniciativa con problemas de origen, que no pudiera convencer en sus argumentos de sustento a los numerosos y diversos grupos sociales y sectores de opinión que habrán de revisarla.

3. La iniciativa, de acuerdo con las consideraciones que fueron discutidas en la reforma al artículo 3º constitucional hechas en 1993, y que constan para su revisión en Diario de los Debates, podría tener un error de origen con respecto a los sujetos a que está dirigida y, por ello, podría ser rechazada. Conviene por tanto, solicitar opinión fundada de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con el objeto de tener un punto de vista jurídico más fundamentado respecto a si esta reforma debe ser primero en el artículo 31, en el 3º, o en ambos a la vez y, si es el caso, encontrar el camino jurídico necesario para hacerlo sin violentar el proceso legislativo, pero sin arriesgar la posibilidad de que el tiempo no permita sacarla.

4. Discutir cuidadosamente los efectos que tendrá esta reforma en otros ordenamientos legales correlativos, como son la Ley General de Educación, la Ley de Profesiones de los Estados, los diversos reglamentos que establecen los requisitos de seriación de niveles y grados educativos, con el fin de evitar que se afecte el derecho de quienes no cuentan aún con el servicio –o que cuentan con él, pero no en el sentido que lo establezca la necesaria normatividad curricular que habrá de surgir con la obligatoriedad para definir lo que se quiere decir con "preescolar"– a acceder a la educación primaria. Se sugiere que se discuta y, en su caso, se encuentre una redacción que pueda evitar estos contratiempos que pudieran surgir en el mundo real.

5. Ratificamos nuestro compromiso con la educación, con la niñez y juventud mexicanas y con México. En virtud de este compromiso, invitamos a profundizar la discusión sobre el tema, sobre la base de una mecánica que evite retrasos innecesarios que pudieran evitar que esta iniciativa saliera a tiempo, antes del término de la presente Legislatura. Pero, al mismo tiempo, también a evitar apresuramientos en el juicio, que pudieran llevar a que los tiempos electorales empujen una decisión que podría tener, precisamente, los efectos adversos a los objetivos que a todos nos motivan.

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Dip. Jaime Hugo Talancón Escobedo. Integrante de la Comisión de Educación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.