Corporativismo y transición democrática
Democracia y sociedad civil

Dip. Pedro Salcedo García     


 

Una verdadera transformación del sistema político mexicano requiere de ampliar los cauces de la participación social para que se construya una sociedad más fuerte, más unida, mejor organizada y representada, a la vez que se fortalece democráticamente al Estado y se moderniza su andamiaje institucional.

Es decir, se trata de impulsar una modificación sustancial en las relaciones del Estado con la sociedad y con el ciudadano, rompiendo los viejos esquemas corporativos y fortaleciendo a la sociedad civil.

Resulta imprescindible la participación ciudadana para enfrentar el reto del desarrollo económico sustentable y con justicia social. Sin la organización y participación de la sociedad resultará sumamente difícil que se utilicen con eficiencia los recursos existentes para combatir la desigualdad que ha propiciado el empobrecimiento de la mayoría de los mexicanos.

Sin embargo, la desestructuración de los viejos corporativismos y las anacrónicas relaciones políticas parecen haberse truncado por la necesidad de mantener un control necesario que haga posible la imposición de la política económica neoliberal.

El panorama que ofrece este proceso en la actualidad, es el de un Estado que se percibe como antagonista de la sociedad y unos actores sociales, políticos y económicos disgregados e inorgánicos que buscan conquistar mayores factores de poder. Esta situación dificulta en grado extremo la gobernabilidad, pues parece no haber bases para establecer acuerdos y el autoritarismo y la anarquía pudiesen dominar cada vez más el proceso social.

 

Las nuevas formas del corporativismo

Las crisis económicas recurrentes que ha enfrentado el país, pretenden resolverse con medidas que resultan contraproducentes, pues producen el cierre de miles de empresas, el desempleo, la pérdida de la seguridad social y la caída del poder adquisitivo de la población.

Desde el gobierno, se anuncia que es necesario primero generar la riqueza para después pensar en distribuirla. Que la democracia no puede madurar mientras no se alcance un crecimiento económico suficiente. De esta manera, la democratización del sistema político mexicano se reduce, básicamente, a un problema de crecimiento económico, "a como de lugar".

Estas consideraciones, no parten de aceptar la existencia de un pluralismo real en la sociedad y la necesaria confrontación democrática de diferentes fuerzas políticas, sino que pretenden lograr una armonía forzada de los diferentes actores sociales, obligándolos al consenso mediante la concertación corporativa, como lo ilustran los diversos pactos y acuerdos para la recuperación económica que se firmaron en el pasado reciente.

Para lograr la participación de los diversos sectores, se ha seguido el tradicional esquema clientelista que consiste en otorgar diversos y distintos beneficios a las organizaciones sociales a cambio de apoyos al régimen. Esta política tiene el defecto esencial de negociar con cúpulas de líderes que están cada vez más separados de sus "representados", lo que finalmente produce un mayor descontento entre todos los sectores de la sociedad, porque los "acuerdos" se perciben como imposiciones.

Aceptando el deterioro económico y político existente, el gobierno se ha propuesto alcanzar el desarrollo mediante la corporativización de organizaciones y procedimientos, lo que implica la subordinación del interés general al supremo objetivo de la estabilización macroeconómica que según ellos permitirá un crecimiento moderado, pero sostenido.

Se ha conformado un nuevo corporativismo sobre la base de reconocer "organismos representativos" que son creados o tienen existencia gracias al apoyo de las propias autoridades, quienes les otorgan el monopolio de la representación en sus ámbitos de acción respectivos, a cambio de que respeten ciertos controles sobre la selección de sus dirigentes y articulen sus demandas y apoyos a los programas gubernamentales.

De esta manera, ciertos organismos empresariales han sido incorporados a comisiones, comités y consejos en los que se decide a quién beneficia la política económica; quién es excluido del mercado a través de las normas de calidad o los requisitos para participar en licitaciones; o quién está en condiciones para recibir los beneficios de los programas de apoyo a la industria. De esta manera, es el propio Gobierno el que decide quiénes son los "interlocutores válidos" y "verdaderamente representativos" del sector empresarial.

En este mismo sentido, se ha corporativizado la participación política. Se alentó el surgimiento de un número mayor de partidos, sin dejar duda alguna de que fueron las autoridades gubernamentales quienes, en última instancia, definieron a cuáles asociaciones políticas se les permitía la existencia y bajo qué condiciones. Es decir, se ejerce un corporativismo no necesariamente restrictivo, sino de carácter permisivo y de cooptación, para atomizar a las fuerzas opositoras. Para ello, se ha venido fomentando una fragmentación de intereses afines mediante una organización atomizada y promoviendo su rivalidad.

El nuevo corporativismo se opera mediante la política de concertación subordinada, lo que fortalece el papel rector y el dominio de los sectores comprometidos con la política neoliberal. Los acuerdos "consensuados" que han tenido el PAN y el PRI dentro de la Cámara de Diputados para votar juntos en temas como el Fobaproa, ilustran con toda claridad el nuevo corporativismo político.

Se ha dado paso a un pluralismo acotado que abarca no sólo a la sociedad y los partidos políticos opositores, sino también a la propia estructura del partido oficial. El "nuevo PRI" ofrece una democracia dirigida con un candidato oficial y tres comparsas. Y a esto le llama democracia. Se conceden ciertas cuotas de poder a grupos de la vieja clase política priísta de acuerdo con su "relevancia estratégica", pero, finalmente, es en las altas esferas del poder donde realmente se confrontan las fuerzas políticas que deciden quién será el candidato priísta.

 

Surgimiento de una mayor participación social

Existe un desfase fundamental entre la política impulsada por el régimen y las acciones y orientación de la sociedad. El Gobierno todavía se desenvuelve, esencialmente, en el marco de respuestas neoliberales a los efectos de la crisis estructural, sin poder ofrecer a la micro y pequeña empresa, expectativas creíbles para la reactivación productiva, ni tampoco para garantizar al conjunto de la sociedad un mayor nivel de empleo y salario.

En el terreno político, los organismos partidarios parecen no haber logrado una mayor penetración en la sociedad para encauzar su energía. La experiencia sugiere que las formas de acción que surgen de la sociedad no son fácilmente adaptables a los canales existentes de participación política y a las formas organizacionales de carácter partidario.

Sin embargo y a pesar de lo anterior, las características de la sociedad se han transformado, tanto en lo que respecta a sus formas organizativas y de acción, como en el contenido y orientación de sus demandas. Se puede advertir que está surgiendo una sociedad más plural y participativa; una sociedad eminentemente urbana que se convierte en un interlocutor multifacético y va ganando independencia respecto de las instancias de control del sistema político, al mismo tiempo que va aumentando su nivel organizativo, su capacidad de gestión y sus demandas.

 

Renovar la representación empresarial:

Es en este contexto donde resulta imprescindible fortalecer el desarrollo de organismos empresariales verdaderamente representativos que puedan encabezar las demandas por la defensa de la planta productiva nacional, constituida esencialmente por micro, pequeñas y medianas empresas.

Los mínimos logros alcanzados durante los últimos años respecto al desarrollo industrial, son particularmente notorios en: la ampliación de las desigualdades competitivas entre un pequeño grupo de grandes empresas exportadoras y la enorme mayoría de micro, pequeñas y medianas empresas que sobreviven a las políticas gubernamentales.

Se observa en la, prácticamente, nula creación de cadenas productivas que a través de la sustitución de insumos importados por nacionales impulsen al resto de la economía y, en la desventajosa posición de amplios sectores productivos que sin protección o apoyo compiten con similares de otros países en mejores condiciones.

Los pobres resultados de las políticas gubernamentales, surgen de su alejamiento de la realidad productiva nacional, de la ausencia de una representación genuina de los distintos sectores empresariales y la subordinación de sus estrategias a modelos que funcionan en contextos productivos radicalmente distintos al nuestro. Es decir, los retos de la globalización se enfrentan negando la realidad nacional y haciendo una copia extralógica de paradigmas que operan eficientemente en otros países.

Los empresarios mexicanos requerimos una nueva representación en los distintos sectores, capaz de impulsar otro modelo de desarrollo económico que brinde oportunidades a todos los empresarios y no sólo a las grandes empresas exportadoras que, generalmente, son compañías multinacionales.

Requerimos una nueva representación capaz de demostrar que la existencia de una amplia gama de MiPyMEs es el cimiento firme de una verdadera competencia que alienta la productividad y la innovación, es decir, la capacidad de incursionar eficientemente en el mercado mundial.

Una representación empresarial democrática que haga posible que nuestras empresas se conviertan en la herramienta esencial para planificar la integración de regiones económicas que permitan un desarrollo integral del país.

Nuevos organismos representativos que demuestren que las micro, pequeñas y medianas empresas son la base para el desarrollo de cadenas productivas a través de diversas modalidades de asociacionismo. Que su contribución al desarrollo de México se realiza en su capacidad para generar empleos, su contribución en las ventas, su aportación al PIB y los impuestos que ingresan a las arcas públicas.

El crecimiento y permanencia de la micro, pequeña y mediana empresas tiene como resultado retribuir, económica y socialmente, a toda la sociedad. Propicia la estabilidad política y dota de legitimidad a la acción gubernamental. Por ello, requerimos romper el actual corporativismo. Para jugar el papel que nos corresponde en la integración, cohesión y desarrollo de México.

Para lograr la renovación democrática de la representación empresarial en los distintos sectores productivos se ha promovido la modificación de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. Éste es tan sólo el primer paso. Requerimos conocer y utilizar los programas de fomento industrial existentes; transformar nuestra concepción de la empresa y el empresario, del trabajo y el trabajador, del mercado y la mercancía.

Es necesaria una reflexión colectiva para elaborar una nueva estrategia de desarrollo porque la experiencia reciente nos muestra que mejorar nuestro entorno económico no depende sólo de la disponibilidad de factores productivos baratos, ni puede ser producto del puro esfuerzo aislado de empresas o industrias, ni mucho menos de la sola acción de las fuerzas del mercado. Lo que México requiere es una estrategia de desarrollo empresarial que articule los esfuerzos de toda la sociedad.

Este foro pretende servir de base para iniciar el análisis, recoger sus puntos de vista y propuestas para elaborar y llevar a la práctica una nueva estrategia de desarrollo empresarial como parte de una política económica comprometida con México.

Para construirnos un mejor presente es necesario romper con el corporativismo empresarial que impide la construcción de un modelo alternativo para el desarrollo de México. La libertad de asociación es nuestro derecho. Pero quien crea tener este derecho debe estar dispuesto a defenderlo. ¡Construyamos una nueva representación empresarial, democrática y combativa!

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Dip. Pedro Salcedo García. Miembro del Comité de Administración, por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.