Funciones y perspectivas de la nueva Entidad de
Fiscalización Superior de la Federación

Lic. Edgar J. Nolasco E.        


  • Antecedente
  • Las orientaciones del control y la evaluación en los poderes legislativo y ejecutivo
  • La nueva función de control legislativo a los poderes de la unión
  • Perspectivas del fortalecimiento de la función reguladora de la nueva entidad de fiscalización
  • Cuadro anexo


Antecedente

El 30 de julio de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que modifica los artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo fundamental da origen a la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados.

Esta nueva entidad, consolida la función de control externo, también denominada ex-post, que el Poder Legislativo históricamente ha tenido en nuestro país, sobre los aspectos de ingresos, egresos y custodia y aplicación de fondos y recursos federales. Si bien las funciones de control legislativo siempre han existido, su delimitación ha evolucionado conforme a las necesidades de control exigibles, fundamentalmente, al Poder Ejecutivo.

La importancia que reviste la nueva Entidad de Fiscalización radica en cinco características principales:

A) La autonomía técnica y de gestión del nuevo órgano.

B) La cobertura explícita sobre el control extendido a los poderes de la unión, incluyendo la aplicación de recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.

C) Las facultades de revisión domiciliaria, y de imposición de sanciones administrativas, así como la gestión de procedencia para otro tipo de delitos.

D) La extensión del control hacia los aspectos de evaluación de la gestión pública y de los programas asociados a su desempeño.

E) Los cambios en la periodicidad de la información –semestral– para evaluar resultados y corregir situaciones de excepcionalidad.

Para las atribuciones de la nueva Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, se reformaron cuatro artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 73, 74, 78 y 79.

Específicamente, se adicionan con un segundo párrafo y ocho fracciones el Artículo 78, con una Sección V el Capítulo II del Título Tercero, así como el Artículo 74 fracción IV, párrafo quinto; se reforman los artículos 73, fracción XXIV, 74, fracción II y 79; y se deroga la fracción III del Artículo 74.

Las adiciones y modificaciones en su contenido, se refieren a:

Las reformas a la fracción XXIV del Artículo 73 Constitucional, que faculta al Congreso de la Unión para expedir la ley respectiva del nuevo órgano, aunado al cambio de trascendencia en lo que se refiere a la expedición de leyes que normen la gestión, control y evaluación de los poderes de la unión y las entidades públicas federales.

La reforma a la fracción II del artículo 74 Constitucional, que se refiere a la coordinación y evaluación de las funciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación por parte de la Cámara de Diputados.

La adición, al contenido de la fracción IV del Artículo 74 Constitucional, en el párrafo que establece que para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se apoyará en la entidad de fiscalización superior de la Federación, respetando el resultado del examen que realice esta entidad, así como la aplicación de las sanciones de acuerdo a la Ley de responsabilidades.

El contenido del Artículo 79, es con la reforma, la Sección V, del Capítulo II del Título III de la Constitución, denominada: De la Fiscalización Superior de la Federación. Cuyo contenido se refiere a las funciones y atribuciones de esta Entidad de Fiscalización, entre las cuales destacan por ejemplo: su autonomía técnica y de gestión; la fiscalización de los ingresos y egresos tanto en el ámbito federal como de los recursos económicos que envía la Federación a las entidades federativas y municipios; la designación y duración de su titular; entre otros.

En anexo, se presenta un comparativo del contenido de los artículos 73, 74, 78 y 79, antes y después de las reformas de fecha 30 de julio de 1999.

 

Las orientaciones del control y la evaluación en los poderes legislativo y ejecutivo

Atendiendo a los criterios de clasificación del control, según la función u órgano del Estado, enmarcados en la división de poderes, el control legislativo se diferencia del judicial, que se avoca más a aspectos de constitucionalidad y legalidad de los actos de gobierno, y se distingue del control administrativo, en tanto éste es de carácter preventivo o concomitante y que se ejerce a través de las atribuciones propias del Ejecutivo Federal, en las diferentes entidades y dependencias de la administración pública.

Al Congreso de la Unión le competen, en su función de control tres diferentes instrumentaciones:

La primera, a través de leyes o decretos que establecen una regulación de planes, manejo de recursos económicos y conducta de los servidores públicos.

La segunda, referente al control presupuestal desde su aprobación inicial hasta su ejercicio y;

La tercera, que se traduce en el control político de exigir a los secretarios de Estado y titulares de organismos y empresas de participación estatal para que comparezcan ante éste a informar sobre sus ramos. Se incluye la facultad de constituir comisiones especiales para investigar actos, ejercicios de recursos y cumplimiento de programas de la Administración Pública Federal (Artículo 73, 74, 90 y 93 de la Constitución General de la República, así como leyes orgánicas del Congreso de la Unión y de la Contaduría Mayor de Hacienda).

Asimismo, de acuerdo con el Artículo 74 de la Constitución, una de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, lo es "examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la cuenta pública del año anterior"... "la revisión de la cuenta pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas".

Es en este ámbito, donde la función de control se focaliza, e inclusive con las nuevas reformas, amplía su cobertura a aspectos de "verificación de programas, auditoría de desempeño, eficiencia, eficacia y economía incluyendo legalidad y cumplimiento", tal y como dicen las consideraciones del Dictamen sometido a aprobación por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales el 14 de diciembre de 1998 y donde el mismo, señala que estas orientaciones se darían dentro del marco normativo correspondiente, motivo por el cual habría que esperar la expedición de la Ley respectiva del nuevo órgano fiscalizador.

Conviene por lo mismo, hacer énfasis en los aspectos substanciales a considerar para evaluar el desempeño del Sector Público en su conjunto, que si bien de alguna forma se preveía en el cuarto párrafo de la Fracción IV del Artículo 74 de la Ley Fundamental, al señalarse el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, ha sido considerada como una función exclusiva en términos de legalidad, cumplimiento financiero y cuantificación de metas obtenidas en los programas autorizados.

En este sentido, la evaluación del desempeño al Sector Público en su conjunto, incluyendo ahora a los Poderes de la Unión y a entidades federativas y municipios que manejen recursos federales, tanto en su parte de origen de ingresos como destino de egresos, recobra una importancia trascendental en términos de los intereses máximos buscados por la nación y en términos de una nueva cultura económico-administrativa orientada hacia la satisfacción del interés público y los objetivos del desarrollo.

Por esta razón, se hace importante la definición de aspectos metodológicos relacionados con la evaluación de la gestión pública, mismos que deberán considerar la evolución histórica de la actividad estatal, el papel de ésta en el seno de la sociedad y las consideraciones objetivas que asocian la relación de los actos de gobierno con su contribución a la satisfacción de las necesidades públicas. Esto sólo es posible entenderlo, bajo una idea clara de la dinámica económico-social en la que se desarrolla la gestión administrativa y que representa en la actualidad un alto grado de complejidad, crecimiento de demandas sociales y limitación de recursos, en un contexto de integración y competitividad internacional.

En este sentido, podríamos señalar, que la dinámica de la actividad estatal ha obedecido en el periodo posrevolucionario a diferentes tipos de énfasis que han tenido que ver con la presencia del Estado en la economía y la sociedad. Estos tipos de énfasis han sido producto de la definición del rol del Estado por los diferentes gobiernos. En una primera etapa, la tarea de reconstrucción nacional llevó a la necesidad de establecimiento de instituciones que ayudaran a consolidar la capacidad de regulación del Estado y el fomento de las actividades productivas, creando la infraestructura colectiva y fortaleciendo la estructuración de los diferentes mercados en la economía nacional, sin embargo el fortalecimiento de las instituciones públicas fue acompañado de un control preventivo disperso y de una rendición de cuentas al Legislativo prácticamente en su perspectiva contable.

El proceso de industrialización y la presencia activa del Estado entre los años 70 y 82, fue acompañado a su vez, de una nueva organización administrativa que permitió reactivar la función preventiva del control desarrollado por el Ejecutivo y que se consolidó el 14 de diciembre de 1982, a través de la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, cuya actividad se fue amoldando a requerimientos más explícitos de evaluación, dentro de una cultura administrativa amparada en patrones de comportamientos burocráticos, que obedecen al modelo conocido como "racional-legal", el cual privilegió, durante todo este siglo, la conformación de un patrón de gestión pública preponderantemente fundamentado en el ámbito normativo y legal de la acción pública. Todo ello, orilló a que la dinámica del Gasto Público fuera realizada en términos de una proliferación abundante en normas, con un alto grado de centralización y control por parte del Ejecutivo, lo que dio origen al concepto conocido como rigideces institucionales, las cuales han representado un obstáculo importante para el desempeño de una administración flexible y apropiada a las circunstancias actuales.

Este modelo fue acompañado de esquemas de administración del Gasto Público provenientes de una concepción más estática del contexto económico y social, de hecho, la consolidación del presupuesto por programas a partir de la responsabilidad ejercida por la Secretaría de Programación y Presupuesto en 1976, como responsable de vincular el proceso de planeación, programación y presupuestación, ha seguido vigente en su esencia hasta la presente administración sexenal, misma que ha dado un paso trascendental para mejorar la calidad de la gestión pública a través de indicadores del desempeño de los programas públicos y la satisfacción de usuario final.

 

La nueva función de control legislativo a los poderes de la unión

Las reformas constitucionales recientes exaltan la facultad del Congreso de la Unión para "expedir la Ley que regule la organización de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los poderes de la unión y de los entes públicos federales".

Esta normatividad aunada a la competencia que faculta la nueva Entidad Fiscalizadora para supervisar los recursos federales ejercidos por las entidades federadas y los municipios, complementan un esquema renovado de la función de control legislativo, sin precedente en el desarrollo de las instituciones gubernamentales en México.

En primera instancia, la legislación secundaria sin duda aclarará el espíritu de la reforma a la Fracción XXIV del Artículo 73 Constitucional, que menciona la ampliación de la facultad legislativa a los ámbitos de gestión, control y evaluación que en principio debe entenderse en términos de la expedición de leyes relacionadas con la fiscalización de las funciones mencionadas y no en el sentido interpretativo amplio que vincularía estas funciones a un control plenipotenciario del Poder Legislativo sobre los otros poderes.

Aclarado lo anterior, las reformas suscitadas revisten importancia en el esquema actual del fortalecimiento del Poder Legislativo y los compromisos constitucionales que comparte en el esquema federal, lo que fortalece los equilibrios regionales y locales orientados por la planeación nacional.

Las revisiones de legalidad, cumplimiento y desempeño que el Poder Legislativo emprenda a partir de las nuevas reformas, deberán contener una concepción amplia de la política económica, las políticas públicas y en específico de los programas gubernamentales, que permita contextualizar la acción pública específica en función de los resultados esperados. Conviene separar por lo tanto los compromisos sustantivos del de cada sector a través de indicadores económicos y sociales ligados a los parámetros del desarrollo buscados, de los indicadores propios de los programas, los cuales, deberán estar asociados y direccionados a los primeros, evitando con ello una evaluación parcial y una pérdida de objetividad de los verdaderos impactos de los programas desarrollados por el Poder Ejecutivo Federal, los estados y los municipios.

Conviene anotar que este cambio de paradigmas en la gestión y evaluación del desempeño, requiere una adecuación a la cultura administrativa vigente y una modificación de las rigideces institucionales aún persistentes, en lo que el Poder Legislativo debe de estar pendiente desde la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual debe de revisarse en términos de indicadores apropiados a la focalización del interés público y del desarrollo nacional en su conjunto.

 

Perspectivas del fortalecimiento de la función reguladora de la nueva entidad de fiscalización

El desarrollo de la nueva función reguladora del Legislativo, enfrenta nuevas tareas que significan un reto para el desarrollo propio de la nueva entidad; la autonomía técnica y de gestión otorgada a ella le permite manejarse con una gran capacidad estratégica y flexible que le permita estar pendiente del cumplimiento de las orientaciones comprometidas para el ejercicio del gasto público.

La nueva entidad deberá desarrollar una capacidad innovadora y técnica que pudiera estar apoyada por otros órganos técnicos de la H. Cámara de Diputados como es el caso de los aprobados en su nueva Ley Orgánica en materia de estudios legislativos, económico-financieros y de capacitación profesional para los servidores públicos, con los cuales se pudiera precisar los aspectos asociados al desarrollo nacional y se pudiera fortalecer, a la par, las capacidades profesionales y técnicas del personal encargado de las auditorías y la evaluación del desempeño de la gestión pública, con un énfasis muy marcado a los intereses del Poder Legislativo.

Asimismo deberá contribuirse a esquemas metodológicos y sistemáticos para que la información de los otros poderes de la unión y de las entidades federativas y municipios a través de las respectivas instancias, sea proporcionada con objetividad, transparencia, regularidad, oportunidad e inclusive, se fomenten esquemas que conjunten información similar al amparo de funciones programáticas y de contabilidades gubernamentales homogéneas.

En una labor conjunta con el Poder Ejecutivo, deberá fomentarse la evaluación de los compromisos entre los diferentes órdenes y niveles de gobierno estipulados a través del presupuesto público, lo que permitiría satisfacer intereses múltiples en los diferentes espacios regionales.

Conviene, por último, señalar que la nueva Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, contribuirá sin excepción al fortalecimiento del Poder Legislativo, al fortalecimiento de la división de poderes y al fortalecimiento del federalismo, y de ella dependerán en el futuro el que la gestión pública sea un compromiso evidente y constante con los intereses nacionales.

 

Cuadro anexo

Comparativo del contenido de los artículos 73, 74, 78 Y 79 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos

ART. 73. El Congreso tiene facultad para:

I a XXIII...

XXIV. Para expedir la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor



XXV a XXX...

ART. 73. El Congreso tiene facultad para:

I a XXIII...

XXIV. Para expedir la Ley que regule la organización de la entidad de fiscalización superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales.

XXV a XXX...

ART. 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I...

II. Vigilar por medio de una comisión de su seno el exacto desempeño de las funciones de la Contaduría Mayor.

 

III. Nombrar a los jefes y demás empleados de esa oficina.

IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior.

...

...

...

 

 




V a VIII...

ART. 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I...

II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación, en los términos que disponga la Ley.

III. Derogada

IV...

 


...

...

...

Para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se apoyará en la entidad de fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley.

V a VIII...

Sección IV.

De la Comisión Permanente.

 

ART. 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 serán diputados y 18 senadores, nombrados por sus respectivas cámaras la víspera de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto.

Sección IV.

De la Comisión Permanente.

 

ART. 78 Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 serán diputados y 18 senadores, nombrados por sus respectivas cámaras la víspera de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto.

La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:

I. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional en los casos de que habla el artículo 76 fracción IV;

II. Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la República;

III. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de Ley y proporciones dirigidas a las cámaras y turnarlas para dictamen a las comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones;

IV. Acordar por sí, o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias;

V. Otorgar o negar su ratificación a la designación del Procurador General de la República, que le someta el titular del Ejecutivo Federal;

VI. Conceder licencia hasta por treinta días al Presidente de la República y nombrar el interino que supla esa falta;

VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la Ley disponga, y

VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores.

 

 

ART. 79. ...(El contenido de este artículo pasa a formar parte del artículo 78, como una adición de reforma)

Sección V.

De la Fiscalización Superior de la Federación.

ART. 79. La entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la Ley.

Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo:

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.

También fiscalizará los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.

Sin perjuicio de los informes a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, en las situaciones excepcionales que determine la Ley, podrá requerir a los sujetos de fiscalización que procedan a la revisión de los conceptos que estime pertinentes y le rindan un informe: Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la Ley, se podrá dar lugar al fincamiento de las responsabilidades que corresponda.

II. Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados a más tardar el 31 de marzo del año siguiente al de su presentación. Dentro de dicho informe se incluirán los dictámenes de su revisión y el apartado correspondiente a la fiscalización y verificación del cumplimiento de los programas, que comprenderá los comentarios y observaciones de los auditados, mismo que tendrá carácter público.

La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes a que se refiere este Artículo; la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición.

III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos, y

IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Cuarto de esta Constitución, y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrán la intervención que señale la Ley.

La Cámara de Diputados designará al titular de la entidad de fiscalización por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La Ley determinará el procedimiento para su designación. Dicho titular durará en su cargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la Ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta Constitución.

Para ser titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación se requiere cumplir, además de los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, los que señale la Ley. Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.

Los Poderes de la Unión y los sujetos de fiscalización facilitarán los auxilios que requiera la entidad de fiscalización superior de la Federación para el ejercicio de sus funciones.

El Poder Ejecutivo Federal aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refiere la fracción IV del presente Artículo.

  Transitorios

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en los siguientes transitorios:

SEGUNDO.- La entidad de fiscalización superior de la Federación iniciará sus funciones el 1º de enero del año 2000. La revisión de la Cuenta Pública y las funciones de fiscalización a que se refieren las fracciones I a IV del Artículo 79 reformado por este Decreto, se llevarán a cabo, en los términos del propio Decreto, a partir de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al año 2001.

La entidad de fiscalización superior de la Federación revisará la Cuenta Pública de los años 1998, 1999 y 2000 conforme a las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de este Decreto.

Las referencias que se hacen en dichas disposiciones a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, se entenderán hechas a la entidad de fiscalización superior de la Federación.

TERCERO.- En tanto la entidad de fiscalización superior de la Federación no empiece a ejercer las atribuciones a que se refiere este Decreto, la Contaduría Mayor de Hacienda continuará ejerciendo las atribuciones que actualmente tiene conforme al artículo 74, fracción IV, de la Constitución, su Ley Orgánica y demás disposiciones jurídicas aplicables vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto.

Los servidores públicos de la Contaduría Mayor de Hacienda no serán afectados en forma alguna en sus derechos laborales con motivo de la entrada en vigor de este Decreto y de las leyes que en consecuencia se emitan.

Una vez creada la entidad de fiscalización superior de la Federación, todos los recursos humanos, materiales y patrimoniales en general de la Contaduría Mayor de Hacienda, pasarán a formar parte de dicha entidad.

CUARTO.- El Contador Mayor de Hacienda será titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación hasta el 31 de diciembre de 2001; podrá ser ratificado para continuar en dicho cargo hasta completar el período de ocho años a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución.

Regresa Inicio           Regresar a Contenido No. 10          Lista de Sesiones


Lic. Edgar J. Nolasco E. Director de Estudios del Presupuesto y Gasto Público de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados.