Los jubilados de Ferrocarriles
Nacionales de México

Dip. María del Socorro Aubry Orozco      


 

En la Sesión celebrada el 13 de noviembre de 1997, la Dip. María del Socorro Aubry Orozco, (PRD-Ver.) solicitó a los diputados de esta Legislatura su apoyo para que se haga justicia a los trabajadores ferrocarrileros jubilados antes de 1982, y se cumpla con el convenio suscrito el 30 de septiembre de 1981, por el que quedarían incorporados al régimen obligatorio del Seguro Social y con ello, habrían de recibir una pensión digna.

A continuación se reproducen los puntos sobresalientes de la intervención de la diputada respecto a la situación de los jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México:

El derecho a la seguridad social y a los beneficios derivados de la Ley del Seguro Social ha constituido a lo largo de más de 53 años uno de los pilares fundamentales de la vertiente social del Estado mexicano.

El derecho a la seguridad social en nuestro país fue el resultado de largas luchas de los trabajadores mexicanos por el mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo.

De tal magnitud fue esta visión progresista y la lucha sin tregua de los obreros y servidores de la empresa privada, que los beneficios de la seguridad social fueron extendidos a los familiares de los trabajadores.

En el largo camino de las luchas obreras por el derecho a la seguridad social, solidaria e integral, la lucha incansable de los trabajadores ferrocarrileros fue bastión fundamental. Sin duda, los trabajadores ferrocarrileros, con sus luchas y demandas, forman parte de las páginas de la historia del movimiento obrero, democrático e independiente, por alcanzar más y mejores condiciones de vida y de trabajo. Sin embargo, hoy la paradoja es que un sector importante de los ferrocarrileros, el de los jubilados, está en el más amplio olvido y desesperanza. Si el Estado, la sociedad y los trabajadores del país tienen una deuda pendiente, ésta es con los jubilados de ayer y de hoy, que contribuyeron con su esfuerzo y sacrificio a construir el derecho a la seguridad social.

Junto con la reforma estructural de la economía mexicana, iniciada en 1982, y su política de privatizaciones, los trabajadores jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), en especial los jubilados antes del año de 1982, han quedado en el más completo desamparo y abandono, y son presas desde hace varios años de una de las más grandes injusticias: privarlos del derecho a una pensión, ya no se diga digna, sino simplemente a una pensión por vejez que les permita siquiera sobrevivir.

Antes de 1982 habían registrados 26 mil jubilados en la empresa estatal Ferrocarriles Nacionales de México, el 30 de septiembre de 1981, en un acto de plena justicia social con este sector, y por disposiciones del entonces Presidente de la República, Lic. José López Portillo, fue suscrito un convenio entre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Ferrocarriles Nacionales de México y el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, en el que se sentaron las bases a las que se sujetaría la incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social de todos los trabajadores ferrocarrileros, tanto en activo como jubilados.

En dicho convenio del 30 de septiembre de 1981, se establece con toda claridad la incorporación de los trabajadores ferrocarrileros en activo y jubilados, al régimen obligatorio del Seguro Social, y en el caso particular de los jubilados, al régimen de continuación voluntaria, comprometiéndose en ese acto, Ferrocarriles Nacionales de México, a pagar a favor de aquéllos las cuotas obrero-patronales correspondientes.

Los capitales constitutivos para la incorporación de los ferrocarrileros al Instituto Mexicano del Seguro Social, fueron aportados por el Gobierno Federal y ascendieron a 12 mil 500 millones de pesos de 1981, correspondientes, por una parte, a 500 semanas de cotización, exigidas para tener derecho a la pensión del Seguro de Invalidez, Vejez, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, para los trabajos jubilados, y, por otra parte, 150 semanas de cotización para los trabajadores en activo.

No obstante, y como se comprobó posteriormente, al Instituto Mexicano del Seguro Social sólo le fue cubierto el importe correspondiente a 150 semanas de cotización, tanto para trabajadores jubilados como a trabajadores en activo, violándose con ello las disposiciones del convenio referentes al pago de 500 semanas de cotización para los jubilados, lo que en los hechos dejó sin efecto el reconocimiento del derecho a una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez para los jubilados.

En virtud de que el Instituto Mexicano del Seguro Social no recibió la totalidad de los capitales constitutivos, considera que los ferrocarrileros jubilados sólo tienen derecho a un seguro facultativo y no como se establece en el convenio del 30 de septiembre de 1981, que dispone que los jubilados de antes de 1982, tendrían derecho a los beneficios contenidos en los seguros de enfermedades y maternidad y de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte.

Han transcurrido 16 años desde el incumplimiento del convenio de incorporación de los jubilados ferrocarrileros al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, y muchos de los casi 26 mil jubilados ferrocarrileros que serían beneficiados han quedado en el camino, han muerto, y los que aún sobreviven lo hacen en la más absoluta miseria, sin pensión para ellos, sin pensión de sobrevivencia para sus familiares y sin derecho a los servicios médicos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En lugar de cubrir las restantes 350 semanas de cotización, y por esa vía validar el derecho a la pensión de vejez o cesantía para los jubilados de antes del año de 1982, se recurrió a una serie de irregularidades que ha dejado sin efecto este derecho.

Tal es el caso del Fideicomiso No. F/321068, constituido ante Banca Somex, con 500 millones de pesos, recursos con los cuales se procedió a liquidar a los jubilados ferrocarrileros por una cantidad de 3 mil pesos. En su desesperación, muchos jubilados firmaron estos finiquitos, que en los hechos los obligaban a renunciar a sus derechos constitucionales y laborales, sobre todo a una pensión y a la pensión de sobrevivencia para sus familiares, derechos a los que se habían hecho acreedores con el Convenio de Incorporación al Régimen Obligatorio del Seguro Social, suscrito el 30 de septiembre de 1981.

Durante 16 años, las justas demandas de este sector o lo que queda de él, no han sido atendidas ni resueltas por ninguna instancia del Poder Federal, Judicial y Legislativo.

Este es un hecho inconcebible en un país que transita hacia la democracia.

Este hecho, señores diputados y diputadas, refiere a una gran insensibilidad social; este hecho es el resultado de graves irregularidades legales y judiciales.

Los diputados de esta Legislatura debemos tomar cartas en el asunto y coadyuvar a la solución de este añejo problema.

Los jubilados ferrocarrileros se han acercado una vez más al Congreso de la Unión para solicitarnos nuestra intervención.

El PRD hace suyas las justas demandas de los jubilados ferrocarrileros y la petición que han hecho llegar a todos los grupos parlamentarios de esta Legislatura para la solución de las bases establecidas en el convenio para su incorporación al Seguro Social, firmado el 30 de septiembre de 1981.

Que se deslinden las responsabilidades correspondientes y se cubran los capitales constitutivos faltantes, es decir, las 350 semanas de cotización, para que se hagan efectivos los derechos de los ferrocarrileros afectados, recursos que por disposición presidencia, debieron haberse entregado al Instituto Mexicano del Seguro Social, para incorporar a los jubilados ferrocarrileros al régimen del Seguro Social. Después de 16 años de injusticia, éste sería un acto mínimo de justicia y de sensibilidad social, ésta es la demanda de los jubilados ferrocarrileros que hoy sobreviven.

No esperemos, señores diputados y señoras diputadas, a solucionar este problema hasta que fallezca el último de los jubilados.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados federales, sometemos a consideración de este Pleno, la siguiente propuesta de turno.

ÚNICO.- Se turne a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social de esta Cámara, el examen de la situación de los jubilados de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, cuya situación se ha expuesto con el objeto de que ambas comisiones coadyuven, en el ámbito de sus atribuciones, a la solución definitiva de sus demandas.

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