Las recientes reformas al
Poder Judicial de la Federación

Dr. Juventino V. Castro y Castro    


 

Los artículos94, 97, 100 y 107 constitucionales han sido reformados recientemente, y fueron puestos en vigor según Decreto publicado en el Diario Oficial del 11 de junio de 1999.

Estas reformas fueron vivamente propuestas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vista la necesidad de clarificar las relaciones entre la propia Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal que nació en 1995, así como para obtener para la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación atribuciones que le permitan cumplir con su cometido de Tribunal de Constitucionalidad.

Ambos cambios transcendentales requieren de explicación especial ya que no parecen captarse con sencillez, ya no sólo por la opinión pública sino, inclusive, por los especialistas en Derecho.

A fines de 1994, y para empezar a regir en 1995, el Poder Judicial de la Federación sufrió una transformación muy destacada. Hasta 1994, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cabeza del Poder Judicial de la Federación, tenía un doble desempeño: el jurisdiccional propiamente dicho, como última instancia en el Juicio de Amparo, si bien limitado desde 1988 para resolver únicamente cuestiones de constitucionalidad –o sea las de evaluación de las leyes impugnadas como inconstitucionales, o para llevar a cabo la interpretación directa de la Constitución–, dejando para los Tribunales Colegiados de Circuito las cuestiones de legalidad (o sea aquellas cuestiones en que no se impugna por inconstitucional una Ley, sino simplemente una indebida aplicación de la Ley al caso concreto). Al propio tiempo, la Suprema Corte se ocupaba de la administración de todos los órganos y bienes del Poder Judicial Federal.

Para dejar a la Suprema Corte de Justicia en la libertad de dedicarse fundamentalmente al aspecto jurisdiccional como Tribunal de Constitucionalidad, se ideó a fines de 1994, la creación de un Consejo de la Judicatura Federal, con la misión de administrar a todo el Poder Judicial, con excepción de la propia Suprema Corte de Justicia que, a través de su presidente, ha conservado la administración de la Corte; nombrar y remover a magistrados y jueces; promover la carrera judicial; inspeccionar, vigilar y sancionar cualquier irregularidad por parte de dichos magistrados y jueces; y otras funciones anexas y relacionadas con ellos.

Por otra parte, la propia reforma de 1994 alcanzó al Artículo 105 Constitucional, en donde se fortalecieron las controversias constitucionales que desde sus inicios estableció la Constitución de 1917, para permitir ahora las controversias promovidas por o en contra de los municipios y del Distrito Federal; y creó las acciones de inconstitucionalidad, que pueden ser promovidas por las minorías parlamentarias en contra de leyes aprobadas por la mayoría pero que aquéllas juzguen que son inconstitucionales; y finalmente, contra las leyes electorales, según nueva reforma de 1996, y bajo promoción de las partes ya mencionadas o bien los partidos políticos con registro nacional.

Así, se fortaleció a la Suprema Corte de Justicia –única competente para conocer de esas controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad–, con la posibilidad de invalidar leyes que juzgue contrarían a la Constitución. Pero también la reforma durante sus primeros cuatro años de vigencia, llegó a provocar malos entendidos al pretender algunos que el Poder Judicial de la Federación, mediante la reforma de 1994, en adelante tendría dos cabezas, o sea dos órganos supremos que desempeñarían las funciones propias del Poder Judicial de la Federación, es decir el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Aunque en realidad resultaba claro que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia es la única cabeza visible del Poder Judicial de la Federación.

Como esto no tenía una indicación constitucional expresa, y la polémica avanzaba para crear malos entendidos, la Suprema Corte de Justicia se empeñó en que hubiera un reforzamiento en las modificaciones de 1994, para dejar bien establecido este mandato. Por eso destacó en primer lugar la reforma de este año de 1999, que puso en su lugar tanto al Tribunal como al Consejo de la Judicatura.

Debo añadir a todo lo anterior, que también preocupó dentro de los cuatro años de la reforma, el caso sensible de los numerosos asuntos puestos al cuidado del Tribunal de Constitucionalidad de nuestro país, imponiéndole una tarea que no sólo la comprometía mucho, sino que podría llegar a frustrar la calidad de las resoluciones que tomara.

Para superar estos aspectos negativos, la reforma de 1999 otorgó una autorización a la Suprema Corte para con la finalidad de conservar su resolución los asuntos que juzgara de especial importancia, mandando a los Tribunales Colegiados de Circuito los que no revistieran esas características, pero al no poder resolver uno por uno los asuntos planteados a su competencia, sino mediante acuerdos generales que previeran y explicaran lo ordenado en las resoluciones del propio Tribunal Pleno.

Esta reforma no es menor a la que me he referido en el inicio de este mensaje. De hecho, para plasmarla mucha inspiración se obtuvo de las prácticas norteamericanas, en donde nació el llamado certiorari, pero que se diferencia del nuestro precisamente porque la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos sí examina y particulariza a cada uno de los asuntos que se le envían para su discusión, y no actúa a través de acuerdos generales.

Otra diferencia notable entre la Constitución norteamericana y la mexicana: Mientras el desechamiento de un asunto por parte de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos significa dejar firme la resolución impugnada, la facultad de selección recientemente otorgada a nuestra Suprema Corte de Justicia no significa otra cosa que señalar que el asunto desechado deberá ser del conocimiento del Tribunal Colegiado de Circuito competente. Gracias a ello, no se comete ninguna denegación de justicia en la reforma que comento.

De manera breve doy noticia y reflexiones sobre la reforma que he comentado en estas líneas.

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Dr. Juventino V. Castro y Castro. Magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.