Nuevas Normas para Combatir
la Violencia Intrafamiliar


 

Una de las formas más soterradas pero no menos frecuentes de la violencia es la que ocurre al interior de la familia, la llamada "violencia intrafamiliar", aquélla que sufren las mujeres frente a su cónyuge o los hijos a manos de los padres; agresiones entre consanguíneos que, lamentablemente, permanecen impunes las más de las veces. Este tipo de violación de los derechos humanos encuentra principalmente sus víctimas en las mujeres, niños, ancianos y discapacitados, formándose de esta manera, una minoría que pocas veces clama por justicia, ya sea por el desconocimiento de sus derechos o por el miedo a las consecuencias que la denuncia puede atraerle El asunto, grave socialmente, no había tenido el tratamiento legal adecuado, dirigido expresamente al establecimiento de sanciones para este tipo de conductas.

Una iniciativa legal en este sentido era una preocupación compartida por todos los partidos, puesto que es difícil oponerse a una causa humana de esta naturaleza, pero al momento de traducir en ley este altruista sentimiento, las cosas no se presentarían tan sencillas.

El 8 de noviembre de 1997 se recibió en Cámara, procedente del Ejecutivo, la Iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a los Códigos Civil y Penal y a los procedimientos en ambas materias, cuyo ámbito de validez son el Distrito Federal y toda la República en el fuero federal. Turnada la Iniciativa a la Comisión de Justicia se procedió a integrar un grupo de trabajo para analizar y formular el dictamen correspondiente. En éste se reconoce que la propuesta a discusión se presenta "en forma conjunta por el Ejecutivo y por las diputadas y senadoras del H. Congreso de la Unión" y es "producto del trabajo conjunto de sociedad y gobierno". Se destaca la tarea que ha venido realizando el Grupo Plural Pro Víctimas, A.C, que de tiempo atrás ha venido realizando esfuerzos en "favor de la sensibilización de los problemas de la violencia familiar; la difusión de elementos para su prevención y atención; la elaboración de propuestas tendientes a su solución y la articulación de consensos en la comunidad para avanzar en propuestas como la que contiene este proyecto de reformas la orden jurídico vigente"

Las consideraciones del dictamen discurren sobre la importancia de combatir, por todos los medios, el problema de la violencia familiar, cómo se le ha enfrentado en otras latitudes y cuál es el compromiso del Estado mexicano para adoptar medidas contra este tipo de actitudes sociales cuyas víctimas son las mujeres y los niños. La lucha contra este tipo de nocivas conductas sociales, se ha venido dando en diversos foros internacionales, como la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, convocada por la Organización de las Naciones Unidas, celebrada en Pekín, China en septiembre de 1995, en la que el tema de la violencia contra las mujeres mereció recomendaciones a los países participantes para que "impulsaran nuevos textos legales o reformas a los ya existentes con el objeto de fortalecer medidas preventivas y punitivas" ante el fenómeno de la violencia contra las mujeres. Se menciona también la "Conferencia Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer", suscrita por México, como país miembro de la Organización de los Estados Americanos", en la Convención de Belén Do Para, Brasil, aprobada por el Senado de la República en noviembre de 1996.

Otro de los antecedentes citados por las consideraciones del Dictamen se refieren al Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, al Programa Nacional de la Mujer y a la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, aprobada en abril de 1996 por la entonces Asamblea de Representantes del D.F. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, elaboró el estudio "Cotejo de las Normas Federales y de los Estados con la Convención para la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y de la Convención de los Derechos de los Niños", con el "objeto de alentar la modificación de los marcos legales de la federación y de los estados para lograr que la eliminación de todo precepto que implique discriminación, segregación o desventaja para las mujeres, en particular aquéllas disposiciones que toleren la violencia". Los datos apoyan los argumentos: según el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar", dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hasta el 15 de octubre de 1997, se habían atendido un total de 108 mil 392 personas, de las cuales el 85 % eran del sexo femenino y el resto correspondía a menores.

El Dictamen concluye con un llamado para que al tratar este complejo problema no se haga "utilizando sólo la razón simple y llana, sino que es indispensable tener sensibilidad y colocarnos en la persona de la víctima", ya que existe la posibilidad de que alguien cercano y querido a nosotros, madre, hijas o hijos, pudieran sufrir este flagelo.

 

Las reformas

El alcance de las modificaciones propuestas en la Iniciativa a la legislación civil y penal del Distrito Federal y de competencia federal para toda la República, tocaba sendos capítulos y un buen número de artículos de estos ordenamientos. Se define la violencia familiar como el "uso de la fuerza física moral, de manera reiterada o en contra de un miembro de la familia, por otro de la misma que atente contra su integridad física o síquica, independientemente de que pueda o no producir lesiones; siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio y exista una relación de parentesco, matrimonio o concubinato".

El Título Sexto del Libro Primero del Código Civil, se adicionaría para denominarse "del parentesco, de los alimentos y de la violencia familiar". Al artículo 267 del Código Civil se le agregaría una fracción XIX, para que el comportamiento violento del cónyuge tipifique como una causal de divorcio y, además, el incumplimiento del cónyuge generador de la violencia familiar a las determinaciones administrativas o judiciales que se emitan para corregir sus actos de agresión física o síquica en contra de sus hijos, también sería considerada como causal de violencia.

La obligación de los jueces para escuchar a los progenitores y a los menores antes de dictar las sentencias de divorcio, se establecería en el artículo 283 del Código Civil que también sería modificado para registrar nuevas reglas para determinar la patria potestad. Una innovación importante es el reconocimiento del derecho que tienen los hijos a la convivencia con sus ascendientes, que no podrá impedirse sino por causa justa y mediante declaración judicial. Por otra parte, se establece que la obligación de educar convenientemente a los menores no sea sólo de quienes tengan la patria potestad para extenderla a quienes tengan la custodia de los menores. Otro de los temas sobre los que se legisla es el relacionado con la exposición y abandono de menores, para lo cual se dispone que los ascendientes que prostituyan, corrompan o abandonen a sus descendientes, quedarán incapacitados para adquirir por testamento o por intestado respecto de los ofendidos.

En lo que corresponde al ámbito del derecho penal, se plantearon diversas modificaciones al Código Penal para el Distrito Federal en Materia del fuero común y para toda la República en Materia de Fuero Federal. Entre otras, merecen destacarse, las siguientes: la obligación de que el responsable de ilícitos penales contra la libertad y el normal desarrollo sicosexual de la víctima, también pague los tratamientos sicoterapéuticos que requiera ésta para su rehabilitación;

en el caso de corrupción de menores e incapaces, se amplía el universo de sujetos activos y el incremento de la pena. Lo que sería uno de los temas más debatidos se refiere a violación que también puede presentarse entre cónyuges y concubinas, estableciendo la pena privativa de libertad en lo que se refiere a ese delito. Otra innovación importante en esta materia, es considerar como bien tutelado la convivencia armónica dentro del hogar entre los integrantes de la familia, así como de aquellas personas que por cohabitar en un mismo espacio físico mantienen una relación similar a la existente entre aquéllos.

 

El debate

Una vez que los partidos se reservaron diversos artículos para su discusión en lo particular, se iba a recoger la votación en lo general pero el procedimiento fue impugnado por el diputado Pablo Gómez, de la fracción perredista, dando lugar a un intercambio de opiniones sobre la votación, interviniendo el Presidente de la Mesa Directiva, Juan José Cruz Martínez, para señalar que la Gaceta Parlamentaria no había recogido el proyecto de dictamen y tampoco se había distribuido entre los grupos parlamentarios, por lo que en virtud de un acuerdo entre éstos, dicho proyecto se discutiría y votaría en lo general en esa sesión y en la inmediata siguiente se haría lo propio en lo particular. Superada la discusión sobre el procedimiento, en la que intervinieron la diputada Carolina O´Farril y el diputado Américo Alejandro Ramírez, se procedió a recoger la votación en lo general, emitiéndose 340 votos a favor y ninguno en contra.

En la sesión del 2 de diciembre se discutió en lo particular el Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto para hacer modificaciones diversas a la legislación civil y penal en lo que se dio en llamar el "paquete" contra la violencia intrafamiliar. La diputada Marta Laura Carranza Aguayo, de la fracción priista de Coahuila, en nombre de "la Comisión de Justicia y de conformidad con el consenso de los miembros de todas las fracciones parlamentarias" propuso modificaciones a un artículo del Código Civil y a 6 del Código Penal. Alejandro Ramírez Rodríguez, panista, se inconformó con la propuesta leída, señalando faltas de procedimiento, lo que ocasionó la participación en tribuna del presidente de la Comisión de Justicia, Angel Sergio Guerrero, quien refutó lo dicho por el perredista, avalando la procedencia del procedimiento; de la diputada O´Farril, puntualizando las actividades de la subcomisión responsable del dictamen, misma que se reunió en cuatro ocasiones con legisladores de todos los partidos, y de Laura Itzel Castillo, apoyando el fondo de las reformas ya que se habían logrado "consensos con relación a todos los artículos en reserva, a excepción del 265" del Código Penal, que sería motivo de un especial --y escabroso-- debate. Pablo Gómez, solicitó y obtuvo de la Presidencia una moción para subsanar el procedimiento mediante una invitación para que las diputadas y los diputados que quisieran suscribir la propuesta así lo hicieran.

Mientras los interesados suscribían el dictamen, el panista Rodríguez Ramírez hacía uso de la palabra para oponerse a la redacción de los artículos 265 y 265-bis, aduciendo que en los términos propuestos se estaba tipificando "como delito la cópula entre cónyuges". Esta aseveración hizo que interviniera nuevamente Gómez, del PRD, solicitando al orador clarificar su expresión. El miembro del PAN sustentó su respuesta en una disposición del Código Civil del Distrito Federal: el artículo 147 –explicó--, prohibe expresamente cualquier condición contraria a la perpetuación de la especie, sin especificar si es pacífica o con violencia, apoyando además sus argumentos en tesis de la Suprema Corte de Justicia. El tema dio para un prolongado intercambio de preguntas y repreguntas entre los diputados Gómez y Ramírez.

Francisco Loyo Ramos, coordinador de Veracruz en la Cámara, subió a tribuna para respaldar, con argumentos de índole legal y social, la redacción del discutido artículo 2265-bis, en los términos que lo proponía el proyecto de dictamen. El legislador panista Abelardo Perales condenó la violación desde todos los puntos de vista y pidió ser cautelosos en la definición de la violación entre cónyuge y tipificarla correctamente para no caer en confusiones o en extremos inaceptables. El diputado fue cuestionado por la diputada Lenia Batres Guadarrama, quien preguntó a Perales si no era "un problema de desintegración familiar cuando se da la violación al interior de la pareja"

En general existía consenso sobre la importancia de contar con una legislación moderna y principalmente clara, por lo que los legisladores se avocaron a discutir sobre puntos específicos para dejar el debate agotado y conseguir un consenso al respecto y aunque no se logró esto último, la iniciativa se aprobó con una gran mayoría.

A lo largo del debate sobre las reformas legales destinadas a combatir la violencia intrafamiliar, en cuya importancia de fondo todos los participantes estuvieron de acuerdo pero expresando su disenso en la forma, participaron también los diputados Jorge López Vergara, Patricia Espinosa Torres, Rubén Mendoza Ayala , Carolina O’Farrill, José de Jesús Torres León, Jorge Humberto Zamarripa Díaz, María Beatriz Zavala Peniche, Laura Itzel Castillo y Rubén Fernández Aceves.

Se votaron y se aprobaron los artículos 232-ter del Código Civil; 266, 345-bis, 343-bis, 343-ter, 343-auqter y 350 del Código Penal, siendo aprobados con 374 votos en pro y ocho en contra. Por el artículo 265 se emitieron 364 votos a favor y 18 en contra.

A continuación se inició el debate sobre el artículo 265-bis, que dió inicio con la intervención del representante popular Emilio González Márquez del PAN, quien cuestionó, sustentado en tres hipótesis, la dureza de una tipificación general para distintos tipos de violación.

El legislador Victorio Rubén Montalvo Rojas de la bancada perredista respondió las preguntas del diputado que lo antecedió en la palabra para informarle que cualquier acto de violación estaba penalizado de igual manera.

Se votó el artículo 265-bis y se aprobó por 254 votos en pro y 90 en contra y se turnó al Senado para los efectos constitucionales.

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