-EL DIP. CESAR AUGUSTO SANTIAGO RAMÍREZ: Buenas tardes, señora Presidenta.

Compañeras y compañeros diputados:

No soy ajeno a las condiciones de esta sesión y a las prisas seguramente de muchos de nosotros, pero les quiero rogar que me permitan dar lectura a este texto, que ya corrí el riesgo de constituirse en un asunto añejo para nosotros, pero tremendamente angustiante para la gente por la que vengo a hablar esta tarde.

Quiero proponer un punto de acuerdo para que la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Legislatura se reúna pronto y acuerde exigir al Secretario de Agricultura dé cumplimiento a una resolución de la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de fecha l5 de mayo del año 2000, que le ordena reinstalar a 188 trabajadores en su lugar de trabajo, la planta para la erradicación del gusano barrenador del ganado en las márgenes del rio Grijalva del Municipio de Chiapa de Corzo.

Formulo esta petición y anticipo una explicación a todos ustedes amigos, que justifique por qué irrumpo en medio de la grandilocuencia que ha llenado la Cámara desde el pasado 1º de Septiembre.

En las comparecencias y en los grandes discursos es común encontrar los compromisos retóricos con la gente, el respeto a la ley, la postulación de los grandes valores de la política, todos hablamos del humanismo, nos interesa acabar con la pobreza extrema, opinamos de la globalización, tenemos el detalle de los grandes asuntos, de las grandes naciones.

Pero frente a toda esta preocupación y elocuencia evidentes, yo quisiera pedirles que por unos minutos hiciéramos un esfuerzo todos para ubicarnos en la perspectiva de estos trabajadores chiapanecos y cuando menos escuchar su reclamo.

Comento pues los hechos que sustentan mi propuesta, creo muestran injusticia o cuando menos sugieren palpable incongruencia política. En 1972 se creó la Comisión México Norteamericana para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado, se acordó instalar una planta en las márgenes del río Grijalva para producir los insectos que combatirían eficazmente esa plaga.

Afirman que ha tenido éxito y por eso el 12 de Abril de 1999 un simple Director de la Secretaría de Agricultura con un simple oficio también, ordenó el cierre de la planta porque según él ya no tenía razón de ser. El 15 de Abril de ese mismo año, la eficientísima Secretaría de Agricultura ordenó el cierre de la planta sólo para que al día siguiente el día 16 se reabriera nuevamente cuando ya los trabajadores incómodos supuestamente estaban en proceso de liquidación.

Y desde ahí la incongruencia, la injusticia o quizá la torpeza. Ante las nuevas contrataciones los trabajadores exigen su reinstalación que no consiguen de ninguna manera, por eso no les queda otro camino que acudir ante las autoridades laborales , demandar sus derechos y obtener un fallo favorable pues no podía ser de otra manera, cualquiera con dos dedos de frente advierte que no podían perder el juicio jamás.

El 15 de Mayo del año 2000 la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje ordena la reinstalación de los 188 trabajadores que suscribieron la demanda y esta es la fecha en que esa determinación no ha podido ser cumplida.

La Secretaría ha argumentado diversas trivialidades, que ha perdido en distintos juicios de amparo, evidentemente improcedentes; la propia Sala en dos ocasiones ha ordenado la ejecución del laudo y ha fijado fechas precisas en la que la Secretaría debería haber reinstalado a los trabajadores despedidos, pero nada prospera.

El Sindicato exige y pide , los trabajadores protestan en todos lados y nadie hace posible que el Gobierno cumpla una determinación del propio Gobierno.

El Gobierno anterior en Chiapas giró tímidos oficios de Subsecretarios para que Agricultura cumpliera, no pasó de ahí pero el nuevo Gobierno de Chiapas, el llamado Gobierno de la Esperanza, no solamente no ha enviado esas tibias comunicaciones sino que increíblemente también se ha puesto a favor del incumplimiento.

En una de tantas protestas que los trabajadores hicieron en las inmediaciones de la planta, ordenó la policía retirarlos, cosa que hicieron violentamente, varios golpeados y varios encarcelados, más de 2 acusados de secuestro porque al Ingeniero de la planta estuvo en su interior mientras la protesta se daba, qué les queda a los trabajadores señoras y señores del Congreso, el Gobierno está decidido a proteger a los empresarios, el Secretario de Economía hace unos días aquí en esta tribuna lo afirmó en su comparecencia y nos quiso hacer cómplices a todos.

La autoridad judicial no puede hacer cumplir sus determinaciones a pesar de las prédicas gubernamentales de respeto a la división de los Poderes.

El Gobernador del Estado evidentemente quiere congraciarse con el Secretario y es un valladar contra los derechos de sus paisanos que ven esas ambivalencias muy peligrosas.

El problema, señoras y señores diputados, es que todos protestamos aquí cumplir y hacer cumplir la Constitución, no queda a criterio de un Secretario ni de un gobernador cumplir las determinaciones de otro de los Poderes de la Unión. Sí queda a criterio nuestro pedir que este asunto se resuelva de manera práctica e inmediata, reinstalando a los trabajadores, eso sí está a criterio nuestro.

Es posible señores, que la grandilocuencia sigue ocupando los grandes debates y los grandes espacios de la política pero si nunca nadie reconoce que en la base están los derechos, están las demandas, está la angustia de la gente, habremos pervertido irremediablemente el sentido de la política y nos habremos desprestigiado como políticos.

Les pido pues señoras y señores de todos los partidos, que no le demos a este trámite, por favor, el usual destino de la congeladora y que por elemental sentido de responsabilidad tengamos una intervención decidida que se sume a recuperar el gran valor de la política que prefiere a la gente y se compromete con la gente.

Eso es todo señores. Muchas gracias. ( aplausos )

LA C. PRESIDENTA: Muchas gracias señor diputado Santiago Ramírez.

----- TÚRNESE A LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL