EL C. DIP. JUAN CARLOS REGIS ADAME (PT): Con la venia de la Presidencia.

Compañeras y compañeros Diputados: El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Uni6n, sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía, con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente punto de acuerdo, para que sea turnado a una comisi6n ordinaria de dictamen, en la cual se solicita la comparecencia ante el pleno de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y la del Trabajo y Previsión Social, ambas de esta Honorable Cámara de Diputados, al doctor Antonio Puig Escudero, Presidente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

El propósito de su comparecencia es con el fin de que explique por qué razón incumpli6 con normas constitucionales y laborales que causaron daño y perjuicio a los trabajadores del citado instituto, además de la acusación que le hacen los trabajadores de que existió desvío de recursos federales dentro del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos, conocido como PROCEDE.

El problema laboral que viven los trabajadores del INEGI no es nuevo, se remonta a la reforma al Artículo 27 Constitucional que exigía para su implementación la contratación de una suma considerable de empleados que ejecutaran los trabajos técnico operativos con el fin de realizar un levantamiento topográfico de las tierras ejidales y solares urbanos dentro del país cuya finalidad consistía en conseguir la certificación de los citados núcleos agrarios,

Con la incorporación de los empleados que realizaron el citado levantamiento se les informó que quedaban a disposición del INEGI las 24 horas del día por períodos hasta de 90 días continuos; sin embargo, las autoridades del Instituto omitieron deliberadamente el pago de diversas prestaciones laborales, entre ellas se encuentra el tiempo extraordinario, las primas sabatinas y dominicales así como el incumplimiento de las condiciones generales de trabajo al grado de dejarlos en el desamparo del régimen obligatorio del ISSSTE con lo cual no tienen el derecho a jubilaciones y pensiones ni al Fondo de la Vivienda, todas ellas consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

El monto aproximado por dejar fuera de los servicios de Seguridad Social a los empleados rebasaría en este momento una cantidad de 2,500 millones de pesos, por citar solo una cifra conservadora.

A partir del 23 de Junio del 2000 el Titular del INEGI ofreci6 incorporar a los trabajadores del PROCEDE al Programa de Retiro Voluntario consistente en el pago de tres meses de salario más 20 días y a cambio de la incorporaci6n al Programa de Pensión de Apoyo Económico se obligaría a los trabajadores a la de una renuncia además del desistimiento de toda acción legal o demanda interpuesta por los trabajadores en contra de la institución.

Posteriormente esos trabajadores manifestaron la voluntad de recibir dicho Programa sin que se obligue al desistimiento de las acciones emprendidas en contra d e la institución por diversas prestaciones omitidas durante el tiempo en el que laboraron para el INEGI, toda vez que los derechos laborales son irrenunciables y las acciones legales emprendidas en materia laboral son independientes de la adscripci6n al Programa de retiro Voluntario.

Por lo anterior resulta evidente que el recurso del cual se pretende disponer por parte del INEGI para el Programa de Retiro Voluntario ya ha sido asignado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; sin embargo estos recursos no se han materializado en los bolsillos de los trabajadores que hoy reclaman dicha prestación.

Ante la incertidumbre y el destino de estos recursos, es necesaria la presencia del Titular del INEGI al cual se le deberán formular los siguientes cuestionamientos para precisar las condiciones de modo y tiempo, de dónde provienen los recursos que el Titular de la entidad señalada está ocupando para liquidar trabajadores del INEGI, bajo qué fundamentos legales el Presidente del INEGI obliga a los trabajadores que pretendan adherirse al Programa de Retiro Voluntario a desistirse de las demandas laborales que en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se ventilan.

Creemos que esas son preguntas indispensables, se asienta en la base en la cual debe desarrollarse la comparecencia en el Titular del INEGI Dr. Antonio Puig Escudero ante el pleno de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y la del Trabajo y Previsión Social, porque con ello esta Soberanía tendrá los elementos necesarios para poder definir su postura con respecto a este grave problema laboral y presupuestal que afecta no solo a los empleados activos y despedidos del INEGI sino también aclarar el asunto de desvío de recursos que pesa sobre el Titular del citado Instituto.

Compañeras y compañeros Diputados, por todas las consideraciones expuestas, esta Soberanía mediante las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y la de Trabajo y Previsión Social, para solicitar la comparecencia del Dr. Antonio Puig Escudero ante el pleno de las Comisiones referidas; por ello el grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicitan a esta Asamblea, con fundamento en lo que dispone el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente punto.

ARTICULO UNICQ La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, cita a comparecer ante le pleno de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y la del Trabajo y Previsión Social, al Presidente del INEGI el Dr. Antonio Puig Escudero para que explique ampliamente las irregularidades que en materia laboral se han presentado en el personal de dichos dependencia, así como la sistemática violación a los derechos laborales y desvío de recursos públicos federales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de noviembre del año 2000.

Atentamente, por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Coordinador, diputado Alberto Anaya Gutiérrez; Vicecoordinador, diputado José Narro Céspedes; compañeros diputados Rosalía Peredo Aguilar, Jaime Cervantes Rivera, Rosa Delia Cota Montaño, Félix Castellanos Hernández, Jorge Alberto Rodríguez Pasos y su servidor, Juan Carlos Regis.