Antecedentes. 1o. Durante el período comprendido entre 1992 y 1994 la economía mexicana presentó signos de estabilidad financiera, que contribuyó para que se diera una expansión del crédito para diversas actividades, entre las que se encontraba la adquisición de viviendas.

2o. De esta manera las instituciones bancarias y el Infonavit, entre otros, otorgaron financiamiento para la adquisición de vivienda, que aseguraban la amortización de los créditos en períodos entre 10 y 20 años a una tasa de interés, que permitía a los acreditados hacer frente de manera holgada a sus obligaciones, en virtud de que dichas obligaciones representaban un porcentaje que no rebasaba el 20go de los ingresos de los usuarios de los créditos.

3o. Hacia finales de 1994 la economía mexicana enfrentó una crisis sin precedentes que se agudizó en 1995, provocando con ello que las tasas de interés pasaran en cuestión de pocos meses, de niveles cercanos al 20% a niveles que alcanzaron el 120%.

4o. Los efectos de la crisis no sólo fueron observados en los mercados financieros, la economía se contrajo en aproximadamente 7%, los salarios reales se desplomaron y el desempleo alcanzó niveles sin precedentes.

5o. En suma, el nivel de vida de la población se vio tan gravemente deteriorado, que aun hoy en día los salarios no recuperan los niveles registrados en los años que precedieron a la crisis y los problemas de cartera vencida de millones de personas aun no están solucionados.

6o. En síntesis, el problema de los deudores de Infonavit se origina en el año de 1992, en razón de que se modifica el esquema de pago para vivienda, con el pretexto de no descapitalizar al Instituto, lo que genera un cobro excesivo y un adeudo injusto e impagable.

Como muestra tenemos a la vista un estado de cuenta elaborado por el propio Instituto, donde se demuestra que en sólo seis años el saldo de la deuda se incrementa en un 336%, es decir un incremento anual promedio del 56%, toda vez que el valor inicial del crédito fue de 87,1 93.80 pesos, y a la fecha se ha pagado al Instituto 101,277.97 pesos y resulta que se adeuda todavía la cantidad de 192,041.71 pesos, lo que resulta incongruente para un trabajador que vive de su salario.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que el Infonavit es una institución creada para promover el bienestar económico de los trabajadores, particularmente de aquellos de menores ingresos.

SEGUNDO. Que muchos de ellos fueron víctimas de la crisis financiera, y hoy en día mantienen créditos que no han podido liquidar, debido al impacto de las tasas de interés y la caída de salarios real.

TERCERO. Que la única manera de resolver el problema de la cartera vencida y hacer pagable los créditos otorgados por el INFONAVIT, es que las obligaciones derivadas de dichos financiamientos no representen un porcentaje cada vez mayor de los ingresos de los usuarios del crédito.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Honorable Presidencia se turne la siguiente proposición con punto de acuerdo:

PRIMERO. Que las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Vivienda y de Trabajo y de Previsión Social, analicen la viabilidad de instrumentar un programa de apoyo para los deudores de vivienda del INFONAVIT.

SEGUNDO. Que las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Vivienda, de Trabajo y Previsión Social, analicen la necesidad modificar la Ley del IFONAVIT en sus artículos 42 fracción segunda y 44, con el objeto de evitar que las amortizaciones de los créditos que realizan los beneficiados, sean mayores del 20% de sus salario, implicando revisión de los intereses, de las fuentes financieras y la revisión de las zonas económicas donde los trabajadores no alcanzan a cubrir su pago de amortización.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 31 días del mes de octubre del 2000. Firman el presente acuerdo: por el Partido de la Revolución Democrática el diputado Alfonso Liberio Elías Cardona, el diputado Tomás Torres Mercado, el diputado Félix Salgado Macedonio, el diputado Bonifacio Castillo; por el Partido del Trabajo el diputado José Narro Céspedes, el diputado Jaime Cervantes, el diputado Juan Carlos Regis; por el Partido de Convergencia por la Democracia el diputado José Manuel del Río; por el Partido Revolucionario Institucional el diputado Silverio López Magallanes y quien lo está presentando.

Es cuando, señor Presidente. Gracias.

EL PRESIDENTE: Gracias a usted diputada Socorro Núñez Monreal.

Como lo ha solicitado, la proposición con punto de acuerdo que usted ha presentado se turna a las Comisiones de Hacienda, Vivienda y Trabajo.

Sobre este punto de la vivienda, había solicitado el uso de la palabra el diputado Alberto Cano Cortesano, del grupo parlamentario del PAN, y se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos.

EL DIP. ALBERTO CANO CORTESANO: Con el permiso de la Presidencia y el consentimiento de las compañeras diputadas y diputados:

El artículo cuarto constitucional, en su párrafo quinto, establece una garantía social a favor de la familia, con el objeto de que la misma disfrute de una vivienda digna y decorosa, pero no sólo digna sino también de calidad, y además de contar con áreas de esparcimiento y vialidades necesarias para el desarrollo armónico de quienes la demandan, amén de otros factores.

La Ley Federal de Vivienda reglamentaría dicha disposición como instrumento para alcanzar tal objetivo, en la programación de las acciones públicas en el caso que nos ocupa.

Hoy día existe una demanda de parte de las nuevas generaciones por más de 700 mil viviendas en promedio por año, entre las que necesitan reparaciones y otras tantas que requieren ampliación y desde luego las nuevas. Sin embargo, el problema de vivienda tiene varias aristas: a partir de la crisis económica de 1995, la industria de la construcción se ve seriamente afectada por falta de crédito y apoyos para satisfacer la demanda. Los organismos promotores de vivienda tales como INFONAVIT, FOVISSSTE, VIVA, FOVI, FONHAPO, entre otros, también se ven seriamente afectados por la nula capacidad económica; aunado a la devaluación que llevó a miles de ciudadanos que habían obtenido entonces un crédito para vivienda, se vieron sorprendidos con un incremento de más de tres veces el valor estipulado a la hora de firmar el crédito.

Esta situación generó que diversas unidades habitacionales y fraccionamientos, paralicen actividades por falta de incentivos, actitud que propicia desde luego la ausencia de viviendas, incluso muchas quedaron a medias o más aún con un 80% de avance.

La gravedad del caso con lo anteriormente expuesto y otros tantos acontecimientos omitidos, constituyen hechos para iniciar objetivamente un análisis cuantitativo y cualitativo sobre el tema para trazar líneas que generen acciones que tiendan a resolver la demanda de vivienda.

Para ello es necesario revisar el estado que guardan las condiciones de todos los actores involucrados y así, objetivamente, abordar el problema de fondo y con carácter de inmediato.

Nuestro posicionamiento del grupo parlamentario del PAN, es a favor de solucionar en la medida de lo posible y lo necesario, la demanda de vivienda.

Insistimos en una solución congruente con todos los que intervienen; requerimos voluntad y madurez para obtener soluciones satisfactorias; disposiciones de todos para reconocer errores y aciertos. Es momento de actuar propositivamente en el afán de construir consensos positivos, sin rencores partidistas o ideologías encontradas.

Requerimos, pues, converger en puntos y necesidades comunes que justifiquen nuestro trabajo y la disposición de hacer bien las cosas para no repetirlas; que actuemos con conciencia, honestidad y responsabilidad y entonces, sólo entonces estaremos cumpliendo con la investidura de llamarnos verdaderos y auténticos representantes del pueblo.

En consecuencia, compañeras diputadas y compañeros diputados, actuemos con inteligencia para resolver este y muchos problemas, pero sobre todo, aconsejados con el corazón.

Es cuanto, muchas gracias.

EL PRESIDENTE. Gracias, don Alberto Cano Cortezano.

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