Dip. José Ramírez Gamero,

Presidente de la Comisión de

Trabajo y Previsión Social,

E d i f i c i o .

La Diputada Adela de¡ Carmen Graniel Campos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fecha 5 de diciembre de 2000, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de¡ año 2001, se considere un incremento a las partidas correspondientes al gasto social, en relación a la demanda de los trabajadores de la salud.

De conformidad con la versión estenográfica, el trámite dictado por la Presidencia es el siguiente: "Túrnese este Punto de Acuerdo a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Desarrollo Social, de Trabajo y Previsión Social, Comisión de Vigilancia y demás señaladas por la Diputada Adela de¡ Carmen Graniel Campos. (Educación Pública y Servicios Educativos, de Salud y de Seguridad Social)".

México, D. F., a 29 de mayo de 2001.

ANEXO: Duplicado del Exp. No. 328.

1. Para el Partido de la Revolución Democrática, los últimos gobiernos neoliberales son socialmente responsables de provocar los despidos masivos, la baja en los salarios y la disminución de su poder de compra. La privatización y desincorporación de empresas públicas han tenido significativos efectos sobre la estructura productiva y las fuentes de trabajo. Además de que en los últimos años la apertura comercial acelerada y el encarecimiento del crédito han quebrado a un gran número de empresas nacionales. Esta situación ha llevado al estancamiento del empleo formal con el consecuente crecimiento de las actividades laborales informales, por lo cual es condición fundamental iniciar la recuperación de los salarios y su poder adquisitivo, así como modificar las graves distorsiones en las relaciones laborales, particularmente de los trabajadores al servicio del Estado. El salario en el sector público también se ha deteriorado el empleo ha tendido a su estancamiento.

2. El gobierno ha instrumentado una política de Gasto Social que disminuye la protección y los derechos sociales y cuya premisa es la de racionalizar los gastos y localizar los beneficios, para algunos grupos de pobres a cambio de su apoyo electoral. Dicha política ha deteriorado a las grandes instituciones públicas de bienestar, lo cual ha justificado la transferencia de los fondos sociales de pensiones, salud y vivienda a los grupos financieros privados. La política económica que se instrumento en los últimos seis años, continuó privatizando empresas e instituciones públicas, así como entregando en concesión un mayor número de áreas de acción pública al sector privado. A pesar de que el gasto social como proporción del gasto programable se ubicó en alrededor del 60 por ciento, se debe recordar que con relación al Producto Interno Bruto (PIB) no significó siquiera el 10 por ciento. De manera que respecto al PIB, el gasto en salud fue del 2 por ciento; el de educación 4 por ciento y de uno por ciento para vivienda. Los resultados de estas políticas sociales no se han traducido en una distribución más equitativa del ingreso, lo que significa que las condiciones de vida de las mayorías se han estancado, generando más pobres, en contraste con el enriquecimiento de pocas familias. El incremento del gasto social por sí solo es insuficiente para revertir las condiciones de injusticia que ha generado la política económica. Es preciso rescatar el sentido solidario y de promoción del bien colectivo de las instituciones públicas.

3, En este contexto, a los Grupos Parlamentarios representados en la Cámara de Diputados se acercaron recientemente, un grupo de trabajadores, sindicalistas, jubilados y pensionados del sindicato de la Secretaría de Salud, Comisión Nacional del Deporte, Gobierno del Distrito Federal, ISSSTE, Centro de Investigación Estudios Avanzados, SEMARNAP, para plantearles distintos problemas, que se enumeran enseguida:

Incrementar el Gasto Social, rechazo a la privatización de los servicios públicos y a la mercantilización de los derechos sociales de los mexicanos.

Aumento salarial emergente del 30 por ciento, así como aguinaldo de 90 días y bono sexenal de diez mil pesos.

La basificación y recodificación del personal eventual y con funciones de base, así como descongelamiento de plazas que se requieren en los trabajos sustantivos de los ser-vicios públicos

reducción del personal de confianza, escalafón y mejoramiento para jubilados.

Actualización de catálogos de puestos, tabuladores de puestos y profesiogramas.

Impulsar la capacitación bilateral con valor curricular y desarrollar un sistema de méritos y ascensos en puestos de base.

Derogación del Manual de Sueldos de Mandos Medios y Servidores Públicos Superiores.

·Revisar y en su caso realizar una auditoria del ejercicio presupuestal de 1999 y 2000, particularmente en la aplicación de 328 mil millones de pesos asignados al ramo 1000 "salarios y servicios personales", con la participación de trabajadores y organizaciones sociales.

4. Las demandas de éstos trabajadores coinciden con las preocupaciones del Partido de la Revolución Democrática, en el sentido de que las reformas a las leyes de las instituciones de salud tienden a desmantelar y privatizar el sistema de protección social. Existen coincidencias también en el sentido de que la política presupuestaria constituye uno de los elementos más importantes de la política económica y como tal, puede inducir en el crecimiento de la economía, el empleo, al mismo tiempo que orientar el sentido social del desarrollo. Por ello, es urgente incrementar el presupuesto público asignado al sector salud, para detener el proceso de deterioro de su infraestructura y financiar los servicios de salud proporcionados por el gobierno. El país requiere de un sistema de salud universal, equitativo y con carácter gratuito para poder proteger a quiénes no puedan acceder a la atención privada de la salud.

5. Varias de las peticiones de estos trabajadores tienen un impacto presupuestal directo y convendría que la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales meditará la pertinencia de reflejarlas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001. Otras de las inquietudes de los sindicalistas tienen que ver con su situación laboral y con la relación que guardan con las respectivas Secretarías de Estado, por lo que la Cámara de Diputados, sin alejarse de sus facultades constitucionales, podría coadyuvar a su pronta y adecuada solución.

Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los diputados suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proponemos el siguiente:

PRIMERO La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda turnar la demanda de los trabajadores de la salud en materia de incremento al Gasto Social a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Desarrollo Social, Educación Pública y Servicios Educativos, Salud y Seguridad Social, para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001, consideren un incremento sustantivo a las partidas correspondientes, y con ello atiendan su solicitud.

SEGUNDO Asimismo que la solicitud de auditoria del ejercicio presupuestal de 1999 al ramo 1000 'salarios y servicios personales" se turne a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, para su estudio y aprobación.

TERCERO Igualmente que las demandas laborales se turnen a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para que, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuve a su pronta solución.

CUARTO Recomendar, en forma respetuosa, a las dependencias involucradas el pago del bono sexenal en el monto y las condiciones que los traba adores lo demandan.

Palacio Legislativo de San Lázaro, diciembre de 2000.