Sinopsis Curricular

Es profesor de Educación Media y Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Es miembro de la Comisión Nacional Permanente del Movimiento Democrático Nuevo Sindicalismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y miembro de la Coordinación Permanente de Trabajadoras y Trabajadores al servicio del Estado.

Es miembro Comité Nacional de Acción Política del SNTE.

La iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR) enviada por el Lic. Vicente Fox a la H. Cámara de Diputados el 3 de abril del presente año, responde de manera puntual a las recomendaciones hechas por el Banco Mundial al actual gobierno mexicano. Dicho documento señala que "México enfrenta una serie de pasivos públicos contingentes que, si se descuidan, pueden trastornar su posición fiscal. Existen tres pasivos que son de especial preocupación: el desequilibrio actuarial del ISSSTE, las operaciones financieras no sostenibles del INFONAVIT y FOVISSSTE, y la viabilidad de los 31 sistemas de pensiones a nivel de estado".

Continúa el documento: "Además de fortalecer la industria bancaria, otra área decisiva del sector financiero es la reforma del sistema de pensiones (ISSSTE) y sus vínculos con el fondo público de vivienda (FOVISSSTE). Le corresponderá a este sexenio presidencial proporcionar una fuente más confiable de ahorros a largo plazo a los empleados federales, que permita la conversión de su plan de pensiones actual al mismo esquema de aportes definidos, capitalizados y administrados de forma privada usado por los trabajadores del sector privado. Esto generará un costo fiscal adicional (puede ser de hasta 1% del PIB por dos décadas"-agrega el documento).

Preguntamos, ¿por qué en lugar de pagar el alto costo de la reforma no se piensa en invertir esos recursos al Instituto?. Señala el Banco Mundial que lo anterior "puede ser compensado con creces por el efecto del nuevo sistema en el desarrollo de mercados financieros a más largo plazo y, en definitiva, en la tasa de crecimiento a largo plazo de la economía".

Desde la óptica de quienes dirigen el Banco Mundial, las reformas al sistema de pensiones de los empleados públicos, deberán facilitar la ampliación de los mercados de capital, a partir de permitir a las Afores invertir en valores extranjeros, pero además, es necesario, menciona el documento, reformar o eliminar los fondos de vivienda (INFONAVIT y FOVISSSTE), y privarlos del subsidio federal.

La iniciativa propuesta por el Gobierno Federal, plantea la transferencia de los fondos del SAR de los trabajadores al servicio del Estado al esquema de Afores, bajo el argumento de que en éste lograrán mayores rendimientos que en el esquema actual, pero además, sienta las bases para la gradual unificación de los sistemas de pensiones existentes en nuestro país, uniformando tanto sus aspectos normativos como operativos, con la consecuente, simplificación y optimización en el funcionamiento de dichos sistemas.

El documento del Banco Mundial citado previamente, también señala que además de las pensiones, existen otros pasivos a los que el Gobierno Federal ya no debe seguir subsidiando: el FOVISSSTE y el INFONAVIT y los 31 sistemas de pensiones de las entidades federativas.

Por ello la iniciativa en cuestión, plantea incorporar en forma gradual al esquema de Afores, además de los servidores públicos federales comprendidos dentro del régimen establecido en la Ley del ISSSTE, a los trabajadores de las entidades estatales y municipales, además de trabajadores independientes.

Tomando en cuenta lo anterior, consideramos que:

1. Las recomendaciones que el Banco Mundial hace al Gobierno Federal, presupone la inminente certeza de que, de aprobarse las reformas a la Ley de los SAR’s se terminará por imponer la privatización de las pensiones del ISSSTE, por lo que es imperativo que los trabajadores al servicio del Estado defendamos nuestras conquistas históricas, mismas que han sustentado un sistema de seguridad social que hoy nos plantea el Banco Mundial se privatice para "consolidar las ganancias macroeconómicas" y "acelerar el crecimiento a través de una mayor competitividad" que sólo beneficia a los dueños del gran capital, principalmente extranjeros.

2. Es preciso que los trabajadores del sector público nos opongamos al conjunto de reformas y adiciones a la Ley de los SAR’s que plantea la iniciativa en cuestión dado que:

• Entrañan la desaparición del carácter solidario del esquema pensionario actual, al plantear un esquema sustentado en un sistema de capitalización individual.
• Hasta hoy, los trabajadores al servicio del Estado, contamos con un plan pensionario público y la iniciativa propone un esquema privado de pensiones, lo que significa que los trabajadores tendremos que financiar nuestro propio sistema de pensiones.
• Lo anterior, al suponer mayores riesgos, justifican la necesidad de que el Estado se haga cargo de la cuota social, igual que ocurre con los trabajadores del IMSS y, en caso de que el saldo de la cuenta individual resulte insuficiente para contratar una pensión vitalicia o un retiro programado y un seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios, el Gobierno Federal cubra la pensión garantizada en los mismos términos que prevé la Nueva Ley del Seguro Social con recursos complementarios a los de las cuentas individuales.
• Mientras que los trabajadores se verán sujetos a un régimen de mayor exigencia, incluso negándoseles el derecho a incidir en la definición de las comisiones, situación que resulta del todo absurda dado que éstos son los dueños del dinero, se otorgan mayores facultades y discrecionalidad a la CONSAR, lo cual supone se incrementen los riesgos de errores y corrupción, contrario a la necesidad de mayor transparencia y apego a la Ley.
• La iniciativa propone la eliminación del concepto de nexo patrimonial y en su lugar, deja a la CONSAR la facultad discrecional para definir los criterios para determinar cuando existe nexo patrimonial.

Derivado de lo anterior y considerando el conjunto de riesgos que implica la iniciativa que se analiza, los trabajadores al servicio del Estado manifestamos lo siguiente:

1. Nuestro rechazo total a la iniciativa de reforma y adición a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro presentada por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados el pasado 3 de abril del presente año, y demandamos se discuta de conjunto las características del modelo único y privado de pensiones que con dichas reformas se pretende inducir.

2. Exigimos se abra un periodo de discusión, análisis y consulta a los más de 2.3 millones de trabajadores que cotizamos al ISSSTE y a los demás trabajadores independientes y los que están al servicio de los poderes de los estados y municipios.

3. La iniciativa en cuestión, al formar parte de las recomendaciones hechas al actual Gobierno por el Banco Mundial, considerando su contenido, así como por la reciente experiencia en otra de las instituciones principales de la seguridad social en nuestro país (IMSS), implícitamente se presenta como el primer paso para la privatización del sistema de pensiones público y, posteriormente, del resto de los servicios del ISSSTE.

4. Por lo anterior, nos pronunciamos por el mejoramiento, conservación y universalización del sistema de pensiones público, solidario y redistributivo que prevalece en la Ley del ISSSTE, dado que constituye una conquista histórica de los trabajadores y sus familias.

5. Como lo establece la Ley correspondiente, desde la creación del SAR-92, los fondos de retiro del sector de los trabajadores al servicio del Estado han sido administrados por instituciones financieras (bancos) señaladas por la propia Ley. Sin embargo, hasta ahora no se hace del conocimiento público cuál a sido el manejo y destino de esos recursos, por lo que exigimos un informe al respecto, en los términos que lo establece la Ley de los Sistemas de Ahorro para el retiro, para transparentar su situación.

6. Los trabajadores al servicio del Estado, no podemos aceptar que nuestros fondos del SAR sean transferidos a la industria de las Afores, por lo que, además de oponernos a ello, demandamos un informe pormenorizado sobre los resultados reales que éstas han arrojado a los trabajadores cotizantes al IMSS.

7. Los trabajadores nos oponemos a la idea del modelo privado único de pensiones la necesidad de construir un sistema solidario único de pensiones para todos los trabajadores públicos federales, estatales y municipales.

8. Demandamos se practique una auditoría actuarial y financiera externa a través de la Cámara de Diputados a todos y cada uno de los fondos del ISSSTE, para contar con un diagnóstico que permita plantear alternativas a su problemática.

9. Los trabajadores al servicio del Estado, nos pronunciamos por una política activa de empleo y mejoramiento salarial del sector público para fortalecer los ingresos del ISSSTE y, particularmente, el fondo médico y de pensiones.

10. Finalmente, nos pronunciamos porque los fondos del SAR sean transferidos a nuestros fondo de pensiones o en su caso, se inviertan en las empresas estratégicas del Estado, señaladas en el Artículo 28 Constitucional, a saber: PEMEX y CFE.