Iniciativas y Puntos de Acuerdo
Iniciativa del 20 de marzo del 2002
Punto de acuerdo por el cual el diputado independiente, Jaime Martínez veloz, exhorta a este Congreso de la Unión para que dentro del acuerdo político se promueva un frente común nacional por la seguridad pública contra el crimen organizado y así México ofrezca alternativas en un contexto globalizado de interrelaciones en el cual preservemos la soberanía y autonomía de nuestras políticas de estado en seguridad pública.
Diputada Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura
Compañeras DiputadasCompañeros Diputados
Honorable Asamblea
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Deseo llamar a todos ustedes, compañeros legisladores, para que valoremos la conveniencia de reflexionar acerca de las ventajas de que el Congreso de la Unión se consolide como una de las fuerzas políticas que están fortaleciendo a las demás instituciones del país. Las transformaciones políticas de los últimos años, se han caracterizado por manifestarse como cambios vertiginosos que fueron gestados en momentos históricos previos, y el poder legislativo no puede desfasarse.
La consolidación de este equilibrio republicano de poderes es un proceso gradual, que nada tiene de automático ni de sencillo. La dinámica inercial que nos envuelve, y la debilidad de muchas instituciones, ocasiona que por momentos parezca extrañarse melancólicamente la mítica fortaleza adjudicada al presidencialismo. En esas circunstancias, es cuando la responsabilidad del Congreso de la Unión adquiere mayor significado, a fin de constituirnos en agente activo de la buena marcha de las instituciones.
Con el ocaso de la presidencia omnipotente, otras fuerzas políticas adquieren relevancia; una de esas fuerzas es el poder legislativo, este Congreso de la Unión. La independencia y autonomía de este poder de la unión, sin embargo, debe mantenerse y sustentarse día a día, momento a momento; no basta con exigir respeto al poder ejecutivo federal, ese respeto debe hacerse valer, debe ganarse.
Una de las maneras de hacerlo valer, de ganárselo, es asumiendo con responsabilidad los deberes que la investidura nos exige, y que la sociedad nos encomendó. Y dentro de las formas de asumir la responsabilidad, la colaboración y coordinación institucional juegan un papel destacado.
El 7 de octubre del año pasado, el poder ejecutivo tuvo a bien convocar a un gran Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional, que es el marco institucional en el cual se sustenta parte de la propuesta que pongo a su consideración. A este Acuerdo Político se sumaron fuerzas y grupos con representatividad social en el país. Los firmantes originales fueron los partidos políticos; posteriormente, este Congreso de la Unión se sumó a este esfuerzo.
En los considerándoos del Acuerdo Político, se advierte textualmente "Que la situación actual reclama la construcción de acuerdos básicos a fin de que México enfrente con éxito los retos planteados por el entorno internacional prevaleciente. Un entorno caracterizado por nuevas normas, agresiones y amenazas a la seguridad nacional de los Estados,..."
Más adelante, dentro del Ámbito Social de la Agenda del Acuerdo Político, el numeral once establece la necesidad de "Impulsar una política integral de seguridad pública que comprenda: la revisión del marco normativo de prevención del delito; la procuración y administración de justicia; el sistema penitenciario; la reparación del daño; la readaptación social y, en general, los delitos y las penas".
Por lo que respecta al Ámbito Internacional de la Agenda del Acuerdo Político, se pretende, según el numeral dos, "Fortalecer nuestra soberanía, la seguridad nacional y la integridad territorial, para hacer frente a las amenazas que provienen del exterior". Asimismo, el numeral cinco dice: "Colaborar en el diseño y aplicación de una política contra el terrorismo y el crimen organizado, siempre en el marco de los acuerdos de los organismos internacionales y con el estricto apego a los principios de la política exterior mexicana y a la soberanía del país".
En lo referente a las Acciones Inmediatas sugeridas en el Acuerdo Político, quiero destacar el numeral doce, referido a "Mejorar el intercambio de información y de los servicios de inteligencia con países amigos para hacer frente a las amenazas del crimen organizado y del terrorismo".
En lo que toca al Procedimiento del Acuerdo Político, entre las exhortaciones al Congreso de la Unión se destaca que "La Agenda Legislativa contendrá las prioridades que se derivan de este Acuerdo y tomará en cuenta, en lo conducente, las propuestas del Ejecutivo Federal".
Los alcances del Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional son vastos, y las atribuciones del poder legislativo sólo están limitadas por nuestra voluntad de acción. Entre las precisiones resaltadas que he extraído del Acuerdo Político, he privilegiado las que representan una de las actuales grandes exigencias sociales. Estas grandes exigencias sociales hemos tenido oportunidad todos nosotros de escucharlas, recibirlas, atenderlas, y en ese sentido, debemos proponer medidas de solución a esas justas peticiones ciudadanas.
Entre algunos de los reclamos ciudadanos, deseo resaltar el relacionado a lo que ya se percibe como la institucionalización de la inseguridad pública y la violencia estructural en el país y su focalización en sitios determinados de la geografía nacional.
No es nada exagerado llegar a afirmar que el crimen parece haber desbordado la capacidad de las instituciones para controlarlo. El crimen organizado dispone de recursos monetarios casi ilimitados, de armamento sofisticado, utiliza tecnología de punta, tiene a su servicio a cuadros profesionales que trabajan en muy diversos campos y que se encargan desde el lavado de dinero hasta de la defensa y organización de estas vastas redes ilícitas.
El crimen organizado es capaz de infiltrarse y utilizar cualquier estructura partidaria, política y organizacional. El crimen organizado penetra y pervierte a las instituciones; el crimen ocasional o por motivaciones socioeconómicas atemoriza y aumenta la desconfianza en la capacidad gubernamental para combatirlo eficazmente. Entre ambos, lesionan la unidad social y a la larga amenazan la estabilidad y gobernabilidad.
La globalización de la economía, nuestra cercanía como país al mercado de consumo de drogas y de mano de obra más grande del mundo traen aparejados efectos indeseados, entre ellos la internacionalización del crimen organizado, que opera en forma profesional con territorialidad propia aunque en permanente disputa por las zonas de influencia.
Del inmenso mercado de drogas que caracteriza a los Estados Unidos se ha derivado una serie de tragedias a otros países; uno de los ejemplos más crudos es la violencia endémica que envuelve a Colombia. En esa nación hermana, se conjugan diversos elementos de descomposición de su tejido social, pero la institucionalizada producción de enervantes para el consumo norteamericano ha contribuido jerárquicamente a la tragedia de ese país.
¿Cuál es la situación en cuanto al consumo de drogas en Estados Unidos? Según la Encuesta Nacional sobre Uso y Abuso de Drogas en los Hogares de ese país, en el año 2000, catorce millones de norteamericanos eran consumidores regulares de enervantes. Un consumidor regular es quien consumió drogas el mes anterior a la fecha de ser encuestado.
Ese cifra significa que el 6.3% de la población norteamericana es consumidora regular de narcóticos. El 10% de los jóvenes norteamericanos entre los 12 y los 17 años consume drogas regularmente. Para ese rango de edad se descubrió la misma tasa de uso de drogas entre hombres y mujeres; es decir, hombres y mujeres consumen sustancias ilegales en la misma proporción.
Se estima además que entre los jóvenes norteamericanos alcohólicos, el 65% de ellos también consume drogas ilícitas de manera regular. El 15.4% de los adultos desempleados es consumidor habitual de sustancias ilícitas. Un poco más de nueve millones de consumidores son trabajadores de tiempo completo o parcial.
Siete millones de norteamericanos admitieron haber conducido un vehículo bajo los influjos de droga el año anterior al levantamiento de la encuesta. El 55% de los norteamericanos considera que es fácil o muy fácil conseguir marihuana; el 30% considera que es sencillo obtener cocaína; el 30% piensa que es fácil obtener crack, y el 20% considera relativamente sencillo comprar heroína.
De los catorce millones de consumidores norteamericanos, el 59% dijo consumir sólo marihuana; el 17% aseguró usar marihuana junto con otra droga; el 24% de los consumidores afirmó usar drogas distintas a la marihuana.
Un millón doscientos mil norteamericanos son consumidores habituales de cocaína. Un millón de consumidores usa alucinógenos. Para el año 2000, unos seis millones cuatrocientos mil norteamericanos habían usado el éxtasis al menos una vez en su vida. Para el mismo año, 130 mil estadounidenses eran consumidores regulares de heroína.
El 13% de las embarazadas entre 15 y 17 años de edad fueron consumidoras regulares de droga en el año 2000. El 6% de las embarazadas entre 18 y 25 años informó ser usuaria regular de sustancias ilícitas.
Como podemos darnos cuenta, el consumo drogas en Estados Unidos es muy grave y es reflejo de un lamentable proceso de degradación y descomposición social. Sufrimiento, dolor, muerte, pérdidas económicas y sociales, y vidas arruinadas Esa situación necesariamente genera impactos negativos en países como México, utilizados como sitios de tránsito en el tráfico de estupefacientes, lo que ha traído como consecuencia, el despliegue de una enorme red de tráfico de estupefacientes y lo que es más, el consumo de drogas ya es una siniestra realidad en muchas regiones de México.
Pero ha sido desgraciadamente la demanda norteamericana, la que ha generado las condiciones para que en nuestro País, el narcotráfico constituya una organización criminal, que ha contaminado el desarrollo de la sociedad.
Las noticias de los últimos años en México, nos informan acerca de la detención de algunos de los capos que dirigen los Cárteles de la droga; sin embargo, el tráfico, y las acciones criminales ligadas con este cáncer, se repiten y se incrementan.
¿Entonces qué es lo que pasa?
Lo que pasa es que la demanda del consumo norteamericano no cesa. Millones de dólares de la economía más poderosa del mundo, se utilizan para consumir estupefacientes.
Es aquí donde vemos cómo las acciones de México en materia delictiva, están determinadas por la lógica del consumo de drogas en el vecino país del norte. La exigencia norteamericana para atrapar los capos de la droga en México no va acompañada por un compromiso de Estados Unidos, por disminuir el consumo de la droga en ese País y por perseguir a los distribuidores de drogas en ese país. Cuando menos no han sido tan efectivos, porque el consumo de drogas va en incremento en esa nación.
La enorme cantidad de millones de dólares que se manejan en éste comercio ilícito, han creado una enorme red de complicidades, en un País y en el otro. Por tanto, este fenómeno delictivo tiene que enfrentarse con una visión integral, y estableciendo una relación bilateral México-Estados Unidos, donde cada País asuma la parte que le corresponda y las tareas que le competan. Nunca más México puede, ni debe aceptar una evaluación norteamericana, en este tema, ni en ningún otro que afecte su Soberanía y su libre autodeterminación.
La Instituciones mexicanas, con quien están obligadas es con la sociedad mexicana, con su gente. No queremos saber que una policía defiende a un grupo de narcotraficantes y otra policía esta coludida con otro de los cárteles. No queremos saber más, como nos lo informa Don Jesús Blancornelas, que la policía judicial federal, dificultaba las tareas del Ejército en el combate al Narcotráfico, y que la milicia ha debido prescindir de la colaboración de las procuradurías para luchar contra el flagelo.
En este marco de complejidad, la responsabilidad de las instituciones es proporcional a su capacidad de convocatoria y de acción. Dentro de las instituciones, el poder legislativo debe asumir un papel activo y preponderante, que marque el rumbo y genere impactos multiplicadores, potenciando las capacidades intrínsecas de órganos del Estado y de la sociedad.
Los tres órdenes de gobierno deben participar en todos los ámbitos necesarios y requeridos para entender, frenar, revertir y erradicar causas, manifestaciones y consecuencias de la criminalidad en el país. Los tres poderes que conforman la estructura del Estado deben intervenir por el mismo motivo. Todas las fuerzas organizadas de la sociedad civil tienen asimismo la obligación y el compromiso de aportar esfuerzos y propuestas a la autoridad para enfrentar este flagelo.
La situación que enfrentamos en el país nos lleva a sugerir la constitución de un Frente Común por la Seguridad Pública, considerado como un lugar de encuentro para la acción; como un movimiento amplio cuyo sustento sea una base social plural y organizada, que involucre la actividad y el compromiso, sin titubeos, de los sectores y grupos que la conformen, de las instituciones y de todas las fuerzas políticas en el diseño, ejecución y evaluación de acciones en materia de seguridad pública.
Compañeros legisladores, con distintas funciones y responsabilidades, debemos asumir que la seguridad pública es labor de todos los mexicanos y no sólo de las autoridades. Incorporar a la enorme fuerza de la sociedad como actor protagónico es vital para garantizar el éxito de este Frente Común Nacional por la Seguridad Pública.
Revisemos esta propuesta, cuyos objetivos parten de la idea central de que es necesario proceder a la brevedad en el planteamiento y sobre todo la instrumentación de soluciones factibles y creativas al problema.
La criminalidad daña la democracia y la libertad, al favorecer un endurecimiento de los órganos encargados de la seguridad pública, y al fomentar un clima de incertidumbre, pero sobre todo porque se pone en riesgo la existencia misma de la sociedad y del Estado.
Este Frente Común Nacional por la Seguridad Pública debe ser fruto de una acción coordinada entre instituciones y organismos ciudadanos. Con ello, estaremos contribuyendo a que México continúe siendo un lugar de paz y de esperanza, de trabajo y de progreso.
Asimismo, la consolidación de propuestas efectivas y viables para combatir debidamente al crimen organizado, nos proveerá de argumentos y razones para evitar subordinarnos a las estrategias norteamericanas de enfrentamiento a las amenazas regionales contra la seguridad. México debe preservar su independencia y soberanía en la determinación de políticas autónomas de Estado en lo referente a seguridad nacional.
Impidamos que la ausencia de propuestas ante las políticas norteamericanas sobre seguridad nos fuercen a negociar desde posiciones desventajosas en un tema tan delicado como es la lucha contra la criminalidad.
Con base en lo anteriormente expuesto y con fundamento en el Artículo 58 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se propone a esta Honorable Legislatura el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO ECONÓMICO
Único.- Que esta soberanía considere la pertinencia de convocar a los tres Poderes de la Unión, a las Instituciones de los tres órdenes de Gobierno, a los Gobiernos y Congresos Estatales, a los Partidos Políticos, a las Organizaciones Sindicales y Empresariales, a constituir un Frente Común Nacional por la Seguridad Pública, dentro del marco del Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional, que permita el establecimiento de una negociación sólida y firme frente al Gobierno Norteamericano en condiciones de igualdad, en donde cada País asuma las responsabilidades y las acciones que le competan.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2002