El Gobierno Mexicano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la tortura aún es una práctica reiterada en México

El Gobierno Mexicano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la tortura aún es una práctica reiterada en México y la existencia de deficiencias para investigar los casos en los que se denuncia, informaron organizaciones no gubernamentales.

Durante las reuniones que se sostuvieron en la CIDH, con sede en Washington la semana pasada, a las organizaciones se les dio a conocer un informe en el que se revela que México, ocupa el segundo lugar en casos presentados ante este organismo por violación a los derechos humanos, tan sólo después de Argentina y también el segundo en la emisión de medidas cautelares (10) después de Colombia, lo que es señal de la grave situación que se vive en el país en esta materia.

En conferencia, los representantes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Acción de Cristianos para la Abolición de la Justicia dieron a conocer que dos casos mexicanos (Alfonso Martín del Campo, acusado de asesinato de su hermana y cuñado, así como el de Miguel Orlando Muñoz desaparecido en 1993 en el 26 Batallón del Ejército Mexicano) podrían ser los primeros en llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si el gobierno no cumple con las recomendaciones.

Nahyeli Ortiz Quintero, asesora jurídica de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), informó que durante la reunión ante la CIDH, el representante gubernamental de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan José Gómez Camacho, admitió que aún no se cuenta con peritos médicos psicólogos especializados para investigar las denuncias de tortura.

Con lo anterior, el Gobierno reconoce, puntualizó Nahyeli Ortiz, la gravedad del problema que representa la tortura en el país.

“Y más –agregó– que tratar de documentar con términos técnicos la tortura, se cuestionó la práctica y los desahogos de los peritajes. Aquí se planteó el conflicto existente entre quienes la practican y la investigan por ser las mismas autoridades”.

Se destacó que es la primera ocasión en que se presenta a una audiencia de la CIDH un representante del Ejército Mexicano para presentar su informe por el caso del soldado Miguel Orlando Muñoz. En este asunto, dijo, no se tuvo avances, únicamente se ratificó lo ya establecido, que éste joven militar desapareció en un día franco, por la tanto, la responsabilidad es de las autoridades civiles que se encargan de la seguridad fuera de los cuarteles.

Al respecto Sylvia Aguilera de la CMDPDH consideró que aún existe un obstáculo en México para juzgar a los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos, porque se les aplica la justicia militar y no la civil.

En lo que consideró se obtuvo un avance, es en los trabajos del caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, en este caso, las autoridades se comprometieron a entregar un informe mensual del avance de las investigaciones.

De la mesa de trabajo en relación con los sacerdotes Loren Laroye, Riebe Star, Jorge Garón Guttlein argentino y Rodolfo Izal Elorz expulsados de Chiapas en 1995, se trató, dijo, que el gobierno mexicano no ha cumplido la totalidad del informe que emitiera la CIDH en 1999, está pendiente la reparación del daño, lo único que hace falta en este caso, agregó Nahyeli Ortiz “es voluntad política” para resolverlo.

Y en el caso de Gregorio Alvarez, un maestro desaparecido hace 6 años en Guerrero, se logró establecer una mesa de negociaciones con representantes estatales y federales para tratar de resolverlo lo antes posible.