Este nuevo plan abarca nueve estados del sur del país y las naciones de la región centroamericana. Consiste en la creación de una gran plataforma de desarrollo económico que coadyuve a superar las desigualdades sociales en México, principalmente en las zonas indígenas, con recursos de diferentes secretarías y del sector privado para fincar infraestructura, carreteras, puertos, corredores industriales y aeropuertos.

En aquella región, sur-sureste del país, la mitad de la población vive en comunidades de 2 mil 500 habitantes; hay una población muy dispersa, sin acceso a servicios básicos y en algunos pueblos no hay electricidad, ya no hablemos de agua entubada o drenaje. El salario promedio de la región es la parte del salario de un obrero de Monterrey, que tiene un promedio de dos salarios mínimos, en tanto que el de la sur-sureste es de medio salario. El grado de analfabetismo está en promedio en 26 %, por lo que tiene un grado elevado de pobreza, porque además es donde están asentadas la mayoría de las etnias de México, desde Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y otras entidades.

Es un programa que cruza transversalmente la federación y, por lo tanto, se habrá de coordinar estrechamente con todas las secretarías. Es intergubernamental porque abarca los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal; es multisectorial, porque se trata también que se amarre con el sector privado, con el sector social, con Organizaciones No Gubernamentales y es un programa dimensional, porque no solamente tiene una sola dirección, como infraestructura de vías de comunicación, sino que también tiene que ver con la macro y mediana industrias. Será un programa gestor, promotor, facilitador, de crear las condiciones para que haya inversión privada. El objetivo es crear las condiciones para que haya un desarrollo que vaya abatiendo las desigualdades sociales entre el norte y el sur del país.

-¿Cómo entusiasmar a empresas privadas que inviertan en esas zonas?- Mediante una serie de medidas: primero, con infraestructura, pues de los contrario no habrá maquiladoras, empresas, industrias, turismo; no habrá fuentes de empleo duraderas. En segundo término, homogenizar las legislaciones de los estados, es decir, evitar todas las cuestiones regulatorias que dificultan la instalación de empresas y de inversión privada. Además, propiciando que haya certeza jurídica, procurando que los bienes que adquieran los empresarios les sean respetados, que estén protegidos por la Ley, a fin de no estar sometidos a despojos, presiones, sino que un proyecto que incide se cumpla puntualmente. Cuarto aspecto: que haya seguridad pública para personas y sus bienes.

Por ello, el Plan Puebla-Panamá debe arrancar con dos o tres obras de tal envergadura que a su vez estimulen el desarrollo regional a través de microindustrias, de empresas comunitarias, de que se aprovechen las potencialidades locales tanto en términos de habilidades como artesanos o como que tengan un más rápido acercamiento de los productos de la agricultura hacia los mercados, con vías de comunicación más rápidas.

Respecto a las inversiones en la región, el Plan debe ser rector en términos de definir las obras que deben ejecutarse en la zona sur-sureste, pero los recursos tendrán que aplicarse con cargo a las secretarías correspondientes. No somos ejecutores, los recursos que vamos a disponer son para elaborar la gran estrategia, ser promotores, gestores y desde luego, con una gran capacidad de promoción.