20 de marzo de 2001

POBLACIÓN

 

MIGRACIÓN

 

COMAR

 

La esperanza de vida de los mexicanos, que actualmente es de 75 años, aumentará a:

78.1 años en el año 2010,

81.8 años en 2030, y a

83.7 años en 2050.

La evolución futura de la fecundidad, que en este año 2000 es de 2.4 hijos por mujer será de 2.1 en el 2005, para continuar descendiendo gradualmente en los años siguientes hasta alcanzar 1.68 hijos, gracias a la continua difusión de las prácticas de planificación familiar.

La tasa de crecimiento natural (tcn) pasará de 1.74 por ciento en la actualidad a:

1.48 por ciento en el año 2005,

1.27 por ciento en 2010,

0.93 por ciento en 2020, y a

0.59 por ciento en 2030.

Por otra parte, México alcanzará en el tercer trimestre del año 2000 alrededor de 100 millones de habitantes y se prevé que como consecuencia de la evolución de la mortalidad, la fecundidad y la migración internacional, el país contará con una población de:

112 millones en el año 2010,

122 millones en 2020,

129 millones en 2030, y

alcanzará la cifra de 131 millones en 2050.

Se estima que para esos años en tan sólo cinco entidades: el estado de México, el Distrito Federal, Veracruz, Jalisco y Puebla, residirán alrededor de cuatro de cada diez mexicanos.

El cambio demográfico se ha producido con tal velocidad que hoy nos encontramos ante la necesidad de atender los efectos del alto crecimiento poblacional del pasado y de preparar las respuestas institucionales y sociales para encarar los desafíos presentes y futuros que representa el envejecimiento demográfico, en particular, la demanda de servicios de salud y seguridad social.

En la actualidad la población de personas de 65 años y más es de 4.8 millones de personas y aumentará de la siguiente manera: 

7 millones en el año 2010

17 millones en el 2030 y

32.4 millones en el 2050.

 

La población de 65 años y más aumentará de uno de cada veinte mexicanos en la actualidad a uno de cada cuatro en el año 2050.

El potencial demográfico de las próximas décadas se encontrará en las edades potencialmente activas (15-64 años). Actualmente 61.5 por ciento de la población nacional se encuentra en edades laborales (15-64 años), 4.7 por ciento está por encima de 65 años y 33.8 por ciento esta por debajo de 15 años.

Para las próximas décadas, se prevé que la situación cambiará drásticamente:

La edad media de la población aumentará de cerca de 27 años en el año 2000 a:

29 años en el año 2010

37 años en el 2030 y

a más de 45 años en 2050.

 

La población económicamente activa (pea) actualmente es de 43.8 millones de personas, y se prevé que en los próximos años ascenderá a:

49.5 millones en el 2005,

54.6 millones en el 2010 y

64 millones en el 2020.

Asimismo, el 61.5 por ciento de la población nacional se encuentra en edades laborales (15-64 años), 4.7 por ciento está por encima de 65 años y 33.8 por ciento esta por debajo de 15 años. Para las próximas décadas, se prevé que la situación cambiará drásticamente:

Por otra parte, se estima que en los siguientes dos lustros, se necesitarán crear al año más de un millón doscientos mil empleos. A su vez, el número de empleos adicionales que la economía deberá generar para satisfacer la demanda entre el 2010 y el 2030 se encuentra en un rango de entre 10.8 y 16.4 millones. Sobra decir que los desafíos no se restringen a la cantidad de los puestos de trabajo, sino también a la calidad de los mismos.

De no avanzar con firmeza en esta dirección, nuestro país seguirá experimentando una cuantiosa emigración de trabajadores al vecino país del norte. Si hoy residen en Estados Unidos entre 7.9 y 8.2 millones de personas nacidas en México, en el año 2020 veremos duplicar el tamaño de esta población. La fuerza de las cifras previstas exige identificar opciones de acción y soluciones integrales para garantizar que nuestros compatriotas encuentren oportunidades de empleo y desarrollo personal en el país.

 En los próximos años, nuestro país profundizará su perfil urbano. En 1995 residían en las ciudades del país alrededor de 69.1 millones de personas —75 por ciento de la población nacional—, en el 2000 lo harán 76 millones (77%) y en 2010 lo harán cerca de 88 millones, es decir 79 por ciento.

 En contraste, se prevé que en las localidades rurales del país —menos de 2 500 habitantes— residirán alrededor de 24.5 millones de mexicanos, que es una cifra un poco mayor que la estimada tanto para 1995 (22.9 millones) como para el año 2000 (23.5 millones).

El número de localidades de entre 2 500 y menos de 15 mil habitantes crecerá de 2 125 a cerca de 2 380 en ese mismo lapso.

A su vez, el número de ciudades de 100 mil habitantes o más se incrementará de 67 en 1995 a un total de 80 en el 2010.

De este total, el número de ciudades de más de un millón de habitantes aumentará de 6 a 11; el número de ciudades de entre 500 mil y menos de un millón de habitantes se mantendrá constante (17 ciudades); y el número de ciudades de entre 100 mil y 500 mil se incrementará de 44 a 52.

La fase de la transición demográfica en la que nos encontramos, al acompañarse de un gradual estrechamiento de la base de la pirámide la población y del desplazamiento de generaciones más numerosas, primero hacia las edades laborales y después hacia la cúspide de la misma, abre una ventana transitoria que, en esencia, se caracteriza por la disminución significativa de la razón de dependencia y, por lo tanto, de una relación más ventajosa entre población dependiente y población potencialmente productiva.

El índice de dependencia, es decir, la proporción que resulta de dividir el número de personas en las edades extremas (menores de 15 y mayores de 64 años) entre el de las personas en edades intermedias (15 a 64) sugiere una situación más holgada y de menores obligaciones para la población del grupo de edad intermedia. El menor número de dependientes por cada persona en edad laboral creará las condiciones demográficas más propicias para favorecer el financiamiento de mejores sistemas educativos y de salud, así como aumentar la formación de ahorro interno.

El aprovechamiento efectivo de esta ventana de oportunidad o "bono" demográfico tiene ciertas restricciones y condicionantes. Los más importantes tienen que ver con la necesidad de:

fortalecer la inversión en capital humano y

garantizar la incorporación al trabajo productivo —con remuneraciones adecuadas— de las futuras generaciones de jóvenes y adultos.

La conjunción de estos dos factores podría contribuir a fortalecer un círculo virtuoso entre empleo, ahorro e inversión, y fincar las bases de un futuro crecimiento sostenido.

Si no se aseguran las condiciones sociales, económicas e institucionales apropiadas para aprovechar este "bono" demográfico, la oportunidad terminará por desperdiciarse y se correrá el riesgo, además, de transformarla —paradójicamente— en una verdadera pesadilla social, toda vez que el empleo informal de baja productividad y el desempleo podrían alcanzar límites sociales intolerables, nuestras carencias y desigualdades se reproducirán e intensificarán —aunque esta vez en una escala mayor— y, lo que es peor, estaríamos condenados a convertirnos en un país de viejos y pobres.

Fuente de la sección: fnuap, La Población Mundial, 1999.
^a conapo, Proyecciones de la población de México, 1996-2050, 1999. 

Retos prioritarios de la política de población

La nación mexicana se caracteriza por una estructura económica heterogénea y un cuerpo social plural y complejo, lo cual ha derivado históricamente en una amplia diversidad de circunstancias económicas, sociales y culturales. Recientemente asistimos a la emergencia de una sociedad civil más activa y participativa. Por su parte, la reforma del Estado y los esfuerzos por renovar y fortalecer el carácter federal de la República redundan, entre otras nuevas realidades, en el fortalecimiento de la autonomía y soberanía de los poderes de la unión, así como de los estados y municipios del país.

Las nuevas circunstancias económicas, sociales y políticas plantean un enorme reto para la acción social del Estado, sobre todo en la actual coyuntura caracterizada por adversidades económicas y restricciones financieras. En este sentido, es necesario definir estrategias de intervención encaminadas a la universalización de las oportunidades y derechos de participación en el proceso de desarrollo y el disfrute de sus beneficios. Esta orientación debe combinarse con la apremiante necesidad de identificar y apoyar a los grupos y regiones donde la desigualdad social y el rezago demográfico revisten sus signos más críticos y comprometen el presente y el futuro de millones de familias.

La experiencia mexicana en materia de política de población es rica en logros. Sin embargo, a la luz de las nuevas realidades económicas, sociales, políticas y demográficas, resulta necesario reorientar sus principales estrategias y líneas de acción. Un primer paso en esa dirección consiste en identificar los desafíos críticos que -por sus implicaciones de corto, mediano y largo plazos- debe enfrentar la política de población. Del diagnóstico de la situación sociodemográfica actual se desprenden los siguientes retos prioritarios.

Las acciones encaminadas a combatir la pobreza y las orientadas a reducir el crecimiento demográfico se refuerzan mutuamente

La pobreza ha sido un problema persistente en el país durante las últimas décadas. Entre 1960 y 1980, la sociedad mexicana vivió un período de crecimiento económico y de indudable progreso social, lo cual se expresó tanto en el aumento del producto interno bruto, como en la sensible mejoría de las condiciones generales de vida de la población. Fruto de la decidida acción social del Estado, se lograron en esa época avances notables en las condiciones y servicios de la vivienda, educación y salud, hechos que favorecieron la reducción de la mortalidad y el aumento de la esperanza de vida.

A pesar de que el crecimiento económico de la posguerra coincidió con una significativa concentración del ingreso, el progreso social derivó en una sistemática reducción de la pobreza. Así, las privaciones sociales disminuyeron sensiblemente en el período indicado, cuando la población pobre pasó de 77.5 a 48.5 por ciento. Es de subrayar que el avance más significativo se produjo en la reducción del peso relativo de la población en situación de pobreza extrema. Más tarde, la crisis de los ochenta redujo sensiblemente los niveles de vida de la población, con lo cual se revirtió la tendencia histórica de disminución de la pobreza.

La persistencia de la pobreza constituye uno de los principales obstáculos para fincar el desarrollo sobre bases firmes y hacer efectivo el principio de equidad. La pobreza lesiona a las personas no sólo por las carencias materiales que implica, sino porque atenta contra las capacidades humanas básicas, como gozar de una vida larga y saludable y alcanzar una integración plena a la sociedad. Los esfuerzos de combate a la pobreza, además de ser necesarios para procurar la justicia social, deben emprenderse también como un compromiso que reconoce que la solidez de los valores comunitarios y familiares ha operado como amparo ante la adversidad, sin menguar sus prácticas tradicionales de apoyo mutuo y generosidad.

Romper el circulo vicioso entre pobreza y rezago demográfico es un desafío de primer orden

La condición de pobreza, al restringir las oportunidades y delimitar el espacio social, así como el entretejido de redes en las cuales los individuos participan, ejerce una profunda influencia en el comportamiento demográfico de los sectores marginados. Por ello, la pobreza suele ir acompañada de elevados niveles de mortalidad, una edad temprana al matrimonio y la procreación del primer hijo, así como la débil difusión de prácticas de limitación y espaciamiento de los nacimientos. Este patrón demográfico restringe -en la etapa de expansión familiar- las inversiones en capital humano, lo que propicia que los descendientes -en la edad adulta- queden atrapados en la misma condición de pobreza que sus progenitores.

La transición demográfica se ve retardada en los sectores pobres y marginados. A su vez, el rápido crecimiento demográfico de estos grupos hace más difícil el combate y la erradicación de la pobreza. Por esta razón, se requiere actuar simultáneamente en ambos frentes, ya que existe una sinergia entre las acciones encaminadas a combatir la pobreza con las orientadas a reducir el crecimiento poblacional. Por un lado, las acciones estratégicas dirigidas a combatir la pobreza, como la ampliación de las posibilidades de educación, de acceso al empleo y el mejoramiento de la condición social de la mujer, entre otras, son también factores esenciales para impulsar el cambio demográfico. Por el otro, las acciones orientadas a superar el rezago demográfico no pueden constituir un remedio único y aislado frente a la pobreza, pero pueden complementar, reforzar y potenciar las acciones dirigidas a combatirla. Impulsar este círculo virtuoso constituye un desafío de primer orden que debe enfrentar la política social y de población, tanto por razones éticas y de equidad, como por un imperativo de superación y progreso.

El crecimiento de la población se traduce en presiones sobre el aparato económico y social, pues exige cada vez mayores esfuerzos para satisfacer las demandas de empleo, educación, salud y vivienda, entre otras, que se ligan al volumen de la población. Por ello, la política de población enfrenta el reto de vigorizar sus esfuerzos para impulsar el descenso de la fecundidad y, por esta vía, reducir el crecimiento natural de la población. El diagnóstico de los capítulos anteriores sugiere que para avanzar en esta tarea se requiere:

La política de población enfrenta el reto de impulsar un enfoque integral de planificación familiar y salud reproductiva, que subraya la atención de las necesidades de hombres y mujeres en los ámbitos de la anticoncepción, la sexualidad, la salud y la reproducción. Este enfoque reconoce los estrechos y complejos vínculos entre esas dimensiones, poniendo el acento en el derecho de toda persona a regular su fecundidad en forma efectiva, sin riesgos para su salud, así como tener y criar hijos saludables, comprender la sexualidad, así como ejercerla responsablemente y sin temor a las enfermedades de transmisión sexual.

Hacer comprensibles y evidentes las ventajas que trae consigo un tamaño reducido de familia para el desarrollo individual y familiar

Las preferencias reproductivas están condicionadas por la estructura de oportunidades abiertas a los individuos a lo largo de sus vidas y son moldeadas a través del contacto cotidiano que tienen con grupos primarios u otras instituciones económicas y sociales. La política de población enfrenta el reto de hacer evidentes las ventajas que trae consigo un tamaño reducido de familia para alcanzar un desarrollo individual y familiar pleno. Para ello es necesario actuar simultáneamente en varias áreas. La experiencia demuestra el papel prominente que desempeñan las acciones en materia de educación y comunicación en población, así como las intervenciones dirigidas a fortalecer el desarrollo integral de la familia y las orientadas a ampliar las oportunidades de educación y participación de las mujeres en la actividad económica.

El acceso universal a los servicios de planificación familiar y salud reproductiva reafirma el principio de garantizar en condiciones informadas y con plena libertad el ejercicio de los derechos reproductivos amparados en el Artículo Cuarto de nuestra Constitución. Sin embargo, en las áreas rurales y en las zonas urbanas marginadas del país, todavía persiste una considerable demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos, lo que refleja serias deficiencias en el acceso y calidad de los servicios. Por ello, es imperativo extender la cobertura de los programas de planificación familiar.

Se requiere ampliar la gama de los servicios de planificación familiar, mejorar su calidad y adecuarlos a las necesidades y conveniencias de los diferentes grupos sociodemográficos y contextos del país. Debe destacarse que cuando los servicios de planificación familiar son de calidad, su provisión no sólo satisface la demanda de anticonceptivos, sino que también la propicia.

La población tiene "interconstruido" un impulso para su crecimiento en la estructura por edades, conocido como inercia demográfica. Sus efectos se hacen sentir durante períodos muy prolongados de tiempo. La inercia se expresa en la adición de numerosos efectivos de población, aun en un contexto de desaceleración del crecimiento. Este hecho imprime fuertes presiones de orden económico y social y produce una serie de modificaciones en la magnitud y perfil de la demanda de empleo y servicios (educativos, de salud, seguridad social y vivienda, entre otros).

Al incorporar este aspecto en su formulación, la política de población reconoce que, para hacer frente a la evolución de los fenómenos demográficos, no es posible descansar en medidas aisladas de carácter coyuntural o de corto plazo, sino que sus estrategias y acciones deben ser multisectoriales y de largo plazo.

No obstante, es posible paliar los efectos de corto y mediano plazos de la inercia demográfica afectando la nupcialidad y la natalidad por la vía de la postergación de la edad al matrimonio y el primer embarazo, así como la ampliación de los intervalos entre nacimientos. Una edad más tardía de inicio de la vida reproductiva tiene como consecuencia cierta reducción del período reproductivo. Asimismo, el espaciamiento de los nacimientos tiende a reducir la natalidad en el corto plazo, aun cuando las preferencias por un tamaño dado de familia cambien con lentitud.

La política de población debe otorgar atención prioritaria a la tarea de mejorar la posición de la mujer en la sociedad y en la familia, procurando incrementar su potencialidad en áreas fundamentales para el logro de la equidad e igualdad entre géneros. Este propósito supone eliminar las prácticas de discriminación contra la mujer, buscando asegurar su acceso a la educación, los recursos productivos, el empleo remunerado y los sistemas de prevención y seguridad social, en condiciones de igualdad con los hombres. A su vez, el mejoramiento de la condición social de la mujer debe contribuir a garantizar el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos, así como la obtención de autonomía, así como poder personal y social.

Las consecuencias positivas derivadas del mejoramiento en la posición social de la mujer y de relaciones más equitativas entre géneros se verán reflejadas, en el corto y mediano plazos, en el bienestar y la calidad de vida de la población; asimismo, darán lugar a patrones más igualitarios de división intrafamiliar del trabajo y a decisiones familiares compartidas; y, por último, estimularán cambios en los procesos de formación y expansión familiar (postergación de la edad al matrimonio y concepción del primer hijo, reducción del tamaño de la prole, e incremento de los intervalos ínter genésicos, entre otros).

La familia es el ámbito donde el individuo interioriza cotidianamente las normas y valores relativos al comportamiento social. La familia tiene una importancia crucial para el desarrollo integral de sus miembros: ésta moldea el carácter y el afán de logro de las personas e inculca modos de pensar, vivir y actuar. La familia es semilla para el desarrollo, es el espacio privilegiado para la transmisión y arraigo de los principios que guían y nutren a las generaciones y enriquecen la vida cultural, las tradiciones y las instituciones del país. La vida familiar implica la definición de responsabilidades, obligaciones y derechos de sus integrantes con arreglo a las normas culturales, las líneas de parentesco y los atributos de sus miembros, según género y edad. Asimismo, en su seno se reúnen y distribuyen los recursos para satisfacer las necesidades básicas e invertir en el capital humano de sus integrantes. En las familias también se adoptan decisiones en respuesta al entorno económico, social, cultural y político, y se despliega un conjunto de estrategias tendientes a elevar el bienestar de los miembros del grupo.

En el país existen múltiples y diversas formas de convivencia familiar y en cada una de ellas se procesan experiencias diferentes de acuerdo a las peculiaridades del contexto socioeconómico, cultural y étnico, lo que implica la necesidad de adecuar cualquier acción a estas realidades. La formulación de las estrategias y la implementación de las líneas de acción de la política de población deben acompañarse de medidas dirigidas a promover el desarrollo integral de las familias; prestar especial atención a sus integrantes más vulnerables (niños, mujeres, ancianos); y promover una distribución justa de obligaciones y responsabilidades entre todos los miembros.

Como resultado de una serie de situaciones inherentes al desarrollo económico y social del país, México exhibe una tendencia histórica hacia la concentración de la población en grandes zonas metropolitanas y a su dispersión en extensas superficies del territorio nacional. Si bien la distribución de la población y los problemas derivados de este fenómeno han despertado un creciente interés en los ámbitos de la política de población y del desarrollo urbano y regional, estos esfuerzos todavía no se reflejan en la puesta en práctica de estrategias integrales de acción.

Para consolidar las tendencias desconcentradoras, es necesario aprovechar las oportunidades y ventajas comparativas que abre la apertura comercial, promoviendo una distribución de la población que esté en armonía con las posibilidades del desarrollo regional y nacional, así como con la nueva orientación exportadora. Para ello es necesario poner en marcha un conjunto de acciones que, a la par que promuevan la regulación del crecimiento metropolitano, estimulen proyectos de desarrollo sustentable en las zonas rurales, lo cual posibilitará la retención de la población en sus lugares de origen, así como impulsar la reorientación de flujos migratorios hacia las ciudades pequeñas y de tamaño intermedio. Estas acciones deberán ser fortalecidas mediante programas de desarrollo de infraestructura productiva y social, modernización de su estructura administrativa, así como la descentralización de recursos y decisiones.

La problemática ambiental se relaciona en diversos grados y formas con el tamaño, dinámica, estructura y distribución territorial de la población. Los vínculos entre ambiente y población están mediados por múltiples factores de orden económico, social, cultural e institucional. Se reconoce, sin embargo, que el acelerado crecimiento demográfico y la desequilibrada distribución de la población en el territorio, combinados con otros factores, pueden imponer una pesada carga y daños irreversibles al medio ambiente, contribuyendo a socavar la base de recursos naturales y poniendo en peligro la sustentabilidad del desarrollo. Por ello, la población y el ambiente son dos dimensiones que requieren ser consideradas de manera conjunta a fin de armonizar su evolución.

El acelerado proceso de urbanización y el alto grado de concentración metropolitana han estado acompañados por el deterioro del medio ambiente, circunstancias que han ocasionado problemas de aprovisionamiento de agua, drenaje y saneamiento, contaminación del aire y eliminación de desperdicios tóxicos y de alto riesgo. Estos y otros problemas similares han dado lugar a un complejo círculo de degradación de los recursos naturales y ambientales en las ciudades, que afecta más severamente a la población pobre. La concentración urbana también contribuye a generar serios problemas ambientales en las regiones aledañas y en sus áreas de influencia, acelerando la destrucción del paisaje natural y la erosión del suelo.

Las áreas rurales del país también afrontan problemas tales como la deforestación, la erosión del suelo y la desertificación. El problema de la deforestación es crítico y los factores que más contribuyen a ello son los desmontes con fines agrícolas y ganaderos, el uso de la leña como combustible, el impacto producido por la expansión de las empresas madereras y papeleras, así como las acciones de colonización espontánea. Por su parte, la erosión y desertificación del suelo es considerable en gran parte de la superficie apta para la agricultura en México.

La política de población enfrenta el reto de contribuir a armonizar la evolución de los fenómenos demográficos y las exigencias de un desarrollo sustentable, de modo que las generaciones actuales puedan contribuir a ampliar las opciones de las generaciones futuras, en lugar de limitarlas. El estudio de las interrelaciones entre los procesos demográficos y ambientales debe recibir mayor atención, así como profundizar en el conocimiento de los vínculos existentes, de modo que este conocimiento sirva de base para la formulación de estrategias y acciones integrales.

Los individuos a lo largo de sus vidas adquieren conocimientos que les permiten interactuar y comprender el mundo que les rodea. Dichos conocimientos también trascienden a la esfera de las actitudes y los valores e influyen en los comportamientos. La política de población busca desarrollar una cultura demográfica con el objeto de promover la comprensión de la naturaleza y causas de los fenómenos poblacionales y crear conciencia acerca de la importancia que éstos tienen en el bienestar del individuo, la familia y la sociedad. El fortalecimiento de una cultura demográfica debe propiciar en los individuos actitudes de mayor compromiso y participación en la solución de los problemas que afectan su calidad de vida.