PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO PARA CELEBRAR LA
IV CONVENCIÓN NACIONAL HACENDARIA |
C. Diputado Ricardo García Cervantes
Presidente de la Junta directiva de la H. Cámara de
Diputados:
Con fundamento en el Artículo 71, fr. II,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, arts. 55, 58 y 59 del
Reglamento para el gobierno interior del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
los suscritos CC. Diputados miembros de los distintos grupos parlamentarios sometemos a
esta soberanía un conjunto de consideraciones y una proposición relativas a la reforma
fiscal integral entregada por el ejecutivo federal, para lo cual no apoyamos en las
siguientes:
C o n s i d e r a c i o n e s
Antecedentes
En 1925, 1933 y 1947 se llevaron a cabo
convenciones nacionales fiscales cuya finalidad fue estructurar un sistema de
coordinación impositiva entre los gobiernos estatales y el gobierno federal y aprovechar
al máximo las fuentes tributarias. Se pretendía delimitar los campos impositivos de los
tres órdenes de gobierno, simplificar impuestos, evitar múltiples pagos de los
contribuyentes por una misma actividad y establecer mecanismos para financiar los
presupuestos de los tres órdenes de gobierno. De manera paralela se realizaron también
convenciones fiscales de causantes quienes como parte intervinieron también en la
definición de dichas políticas.
Los resultados de esas políticas sirvieron
básicamente para que los gobiernos estatales renunciaran a exigir un impuesto y recibir a
cambio una parte de los ingresos que se obtuvieran. Este mecanismo diseñado para lograr
una política económica común culminó en el abandono de la autonomía financiera de los
estados y la aprobación por el gobierno central de la soberanía de los recursos.
Este fenómeno ocurre, no de manera
gratuita, para fortalecer la construcción, desde sus inicios, de un estado nacional
posrevolucionario cuya hegemonía era ejercida por un régimen que centralizó todos los
órdenes de la vida nacional, uno de cuyos ejes fue la concentración de recursos y la
subordinación de estados y municipios. Un régimen de partido de estado, que perduró
hasta hace poco y un sistema de coordinación fiscal aún vigente.
Los límites del Sistema de Coordinación
Fiscal
El grado de dependencia de los gobiernos
estatales y municipales llegó a tal punto en que no es posible continuar con el actual
sistema. La dependencia financiera de los estados respecto del gobierno federal es de un
60% de sus ingresos, mientras en otros países llega a 43%. La deuda pública de estados y
municipios, incluido el Distrito Federal asciende a poco más de 90 mil millones de pesos.
Ciertamente, las transferencias a estados y municipios han crecido en los últimos años,
pero ello ha acentuado el grado de dependencia de los estados y municipios. Existe un
proceso de descentralización con el que no estamos de acuerdo porque se han transferido
responsabilidades a las entidades sin concluir su ciclo de financiamiento pues las
entidades aportan parte de esos gastos sin tenerlos, sin embargo, las políticas y las
normas continúan definiéndose por el gobierno federal. Por ello debe revisarse y
establecer políticas conjuntas. Para poner solo un ejemplo: Del total del ramo 33 el 65
por ciento de ese gasto se destina a educación. Sin embargo, ¿son convenientes los
criterios hasta ahora utilizados para distribuir ese recurso? ¿Cuál es el impacto que
debe tener en el desarrollo regional y nacional? ¿Cuál es el papel que los gobierno
estatales y municipales debemos jugar en el proceso educativo nacional? Consideramos que
debe ponerse un tope al alto grado de centralización de los recursos pro parte del
gobierno federal, si las participaciones han sido un mecanismo de distribución del
ingreso deben revisarse en su porcentaje, en su composición y en las fórmulas de
distribución de estas.
El actual sistema somete a nuestro gobierno
a una situación de rigidez par definir nuestros presupuestos pues dependen como ya hemos
señalado de los recursos del gobierno central, los contribuyentes desconocen en qué se
gastan sus impuestos; cualesquier alteración a la baja en la recaudación federal genera
un impacto sensible en las finanzas estatales; cuando se ha generado una amenaza contra
las entidades llamada de la suma cero: cualesquier modificación al mecanismo de
distribución de los ingresos para favorecer a lagunas entidades y los municipios. Ha
generado mayor pobreza nacional que ha subordinado el desarrollo regional y ha acentuado
la desigualdad.
Asumimos que para recuperar la autonomía
financiera de estados y municipios, debemos poner más atención en fortalecer los
recursos propios; debemos redefinir sus potestades tributarias, hacer más eficiente el
rendimiento de las fuentes tributarias locales, pero también consideramos que es
necesario precisar las relaciones fiscales entre los poderes públicos, particularmente
con el gobierno federal, consideramos necesario renovar nuestra visión del desarrollo
nacional par definir cual es el objetivo de incrementar la recaudación.
La reforma hacendaria en puesta como se ha
planteado desde el gobierno anterior debe analizar postemas del ingreso, del gato, la
deuda pública, y el patrimonio. Desde ahora manifestamos nuestra disposición a
participar activamente con el concurso de todos los actores políticos. Debemos trascender
la idea de que se trata de una simple reforma para incrementar impuestos y obtener mayor
recaudación. Para nosotros, significa desarrollar la reforma del estado nacional, la
renovación de nuestra visión del desarrollo nacional y restablecer en nuestro país la
vigencia de un verdadero estado democrático, federalista, acorde a la realidad que se
construye en nuestro país.
El federalismo hacendario, un asunto de
todos
Un federalismo renovado tiene que
caminar sobre la base de la cooperación y la solidaridad de todas sus partes y con el
objetivo de fortalecer a la unión federal.
Para avanzar en el federalismo hacendario
como lo requiere el país debemos asumir las siguientes premisas:
En la integración de los poderes públicos
de nuestro país la pluralidad sin una mayoría dominante ofrecen la gran oportunidad para
transitar de un régimen centralizado a otro donde se devuelva el poder a los ciudadanos y
a sus gobierno locales; arribar a un auténtico régimen federal que es aspiración
histórica de la lucha democrática del pueblo de México.
Se trata de un proceso de reforma del
estado y no sólo de una política de incremento de recursos al erario público.
Por lo tanto, el tema de la reforma
hacendaria no puede resolverse solo entre el poder ejecutivo y el poder legislativo.
Pretender llevarlo a cabo de esa manera produciría inconformidad. Por el contrario, será
posible bajo un acuerdo con los poderes locales constituidos y con el mayor número de
actores posible.
Los propios gobiernos estatales requieren
su propio acuerdo pues aunque es común su problemática, entre ellos existen diferencias
de apreciación. Es indispensable generar el espacio adecuado, para que sin diferencias de
corte partidario apostemos al mandato de nuestros gobernados de fortalecer nuestras
soberanías estatales y fortalezcamos el federalismo de que somos parte.
La reforma hacendaria implica reconocer la
desigualdad en la distribución de los recursos y afecta a todas las entidades, pero que
tome en cuenta también la recuperación de las zonas más atrasadas, que el proceso de
descentralización requiere una estrategia y una política común. Se requiere un a cuerdo
común para decidir qué hacer con la deuda pública y con nuestro patrimonio.
CONVOCATORIA A LA IV CONVENCIÓN NACIONAL
HACENDARIA
De acuerdo a los hechos históricos, la
celebración de las convenciones fiscales sirvieron para fortalecer a un estado nacional y
duró hasta el cierre de su ciclo la historia de nuest4ro país que aún con concluye.
Consideramos conveniente la realización de la IV Convención Nacional Hacendaria la que
por su carácter democrático buscaría arribar a acuerdos nacionales que se traduzcan
posteriormente en instrumentos legales válidos para todos. Con una realidad política
plural, con el crecimiento de una ciudadanía que exige cada vez más de sus gobernantes,
con un ejercicio democrático cotidiano y que se profundiza, a este encuentro nacional
deben acudir los gobierno estatales, municipales, lo representantes de las legislaturas
estatales y del Congreso de la Unión así como el poder ejecutivo y el poder judicial.
Esta IV Convención Nacional podría celebrarse durante el mes de mayo del presente año.
Desde ahora, exhortamos al H. Congreso de la Unión y al Jefe del ejecutivo considerar
esta propuesta a fin de que en su agenda legislativa pudiesen programar las labores y el
calendario de actividades en función de esta iniciativa. Lo propio se haría
consecuentemente en los honorables Congresos estatales.
La agenda de esta IV Convención Nacional
Hacendaria podría, sin ser exhaustiva, la siguiente:
¿Qué país queremos? ¿Qué federalismo?
¿Cómo concebimos el desarrollo nacional?. Coherencia entre visión del desarrollo
regional y nacional y la asignación de los recursos públicos.
Nuevas relaciones entre los poderes
públicos. Potestades tributarias, descentralización, política de gasto, coordinación
hacendaria.
Deuda pública y patrimonio, distribución
de los recursos públicos.
Con ello contribuiríamos destacadamente en
la construcción del consenso nacional, de la legitimidad y por tanto a la transición
política y democrática que nuestros compatriotas demandan.
Por lo antes expuesto, y con apoyo en el
artículo 58 del Reglamento General de los Estado Unidos Mexicanos, proponemos a esta
Honorable Asamblea, el presente
Punto de acuerdo
Primero.- La H. Cámara de diputados del
Congreso de la Unión convoca a los poderes de los tres niveles de gobierno: Federal,
Estatal y Municipal, así como a los funcionarios fiscales de todo el país, para celebrar
en el mes de mayo a la IV Convención Nacional Fiscal, en los términos expuestos en los
considerandos del presente.
Palacio Legislativo de San Lázaro abril de
2001.
