El debate sobre la competencia del derecho interno y el internacional; el sistema de incorporación de la normatividad internacional a la nacional; el proceso de toma de decisiones, determinación y ejecución de la conducta internacional de un país; y, concretamente, el conflicto entre las leyes nacionales y los tratados internacionales, representan un conjunto de temas jurídico-políticos que no escapan al universo o, mejor dicho, pluriverso de concepciones en contienda sobre la armonía que, entre la vida interna e internacional, deben encontrar los Estados.

En esta época de síntesis en que la teoría pierde la simetría arquitectónica y se acerca a peligrosas relativizaciones doctrinales, los anteriores, se convierten en temas obligados para nuestro Congreso General y para todos aquellos que deseen incrementar las perspectivas internas e internacionales de nuestro país.

Por ello, partiré de la realidad que impone el actual contexto internacional a través de conceptos como el de la soberanía, y de su relación con nuestro país en términos de las tesis jurídico doctrinales que fundamentan la actuación de México en el escenario internacional, para después, centrarme más allá de los principios y los conceptos, en algunas consideraciones en torno al papel que debería jugar nuestro Congreso General para mejorar la eficiencia jurídica y la presencia internacional de nuestro país.

En esencia, el objetivo fundamental es argumentar un punto de vista disidente a la teoría de la supremacía constitucional a ultranza y conservadora en una época que ya no admite impunidades disfrazadas de soberanía.

Así mismo, argumentare la necesidad de replantear el articulo 133 constitucional, disposición que vincula al sistema jurídico mexicano con el sistema jurídico internacional a través de los tratados y las convenciones internacionales, por considerar que, además de representar un retroceso para nuestra evolución jurídica, aún es impreciso sobre los rangos y las competencias existentes entre las normas jurídicas Federales, locales y los tratados internacionales.

Quizá, el principal reto de nuestro Congreso General, será el abrir el debate sobre la mayoría de nuestras concepciones de la vida internacional y del como estas repercuten en nuestra vida interna. En estos tiempos de redimensionamiento político, económico, social y cultural, es imposible y muy dañino seguir aplicando conceptos de una manera descontextualizada y absoluta como, en el caso de nuestro país, se ha hecho en detrimento de la responsabilidad Estatal.

Por ello, evolucionar y desarrollar una postura internacional más abierta y acorde a los verdaderos intereses del país, requiere de un estudio jurídico a fondo sobre las propias limitaciones que nuestra ley nacional impone.

Lo anterior, dentro de la búsqueda constante de un verdadero interés nacional, como elemento fundamental para la consolidación de la transición democrática y en estricto apego a la necesidad de hacer del ámbito externo, el adecuado instrumento de desarrollo que nuestro país requiere.

Lo que falta, además del reconocimiento de esta circunstancia, son mecanismos jurídicos que más allá de la supremacía, garanticen la eficiencia y el fin último del derecho. El texto vigente, consagra, con base en la teoría monista, la primacía del derecho interno y, esto, en los tiempos modernos, no puede ser visto mas que como un verdadero retroceso.

Por ello, reformar la Constitución y el Artículo 133 específicamente, significaría contemplar la realidad actual y dotar de seguridad jurídica al ejercicio de una soberanía acorde a los compromisos, los retos y la dinámica de las relaciones internacionales contemporáneas.