1. La facultad para iniciar leyes está limitada a órganos de gobierno.
2. La ciudadanía cuenta con una garantía de rango constitucional que se traduce en el derecho de petición, pero sin que se constituya o se traduzca en la potestad de activar la maquinaria legislativa.
3. El derecho de iniciar leyes es privilegio único de los poderes Ejecutivo y Legislativo, despreciando justificadamente al Poder Judicial por la naturaleza de sus funciones.
4. Se prevén para el Poder Ejecutivo mecanismos de rechazo para los instrumentos legales (veto)

1. La facultad para iniciar leyes es única del Poder Legislativo o Congreso.
2. Se excluye, a diferencia del sistema mexicano, al Presidente, pero se fortalece su derecho de veto, para salvaguardar y mantener el equilibrio de poderes que emanan de la Constitución.

Si bien el estudio comparado se concretó a la Constitución Americana ello no significa que las instituciones ahí previstas presenten la propuesta de este trabajo; en primer lugar, la consideramos por la influencia que representó, en su momento, por nuestra Carta Magna; y en segundo lugar por constituir el extremo opuesto de nuestra propuesta.

Es decir, mientras las Instituciones Americanas mantienen y fortalecen el monopolio de la potestad para iniciar leyes en el Congreso, sin descuidar los mecanismos de contrapeso ejecutivo (veto); nuestro país se inclina más por la participación ciudadana en los asuntos públicos, de tal suerte que se ciudadanizan instituciones con autonomía de los poderes y funciones de Estado, se promueven y apoyan la asociación de particulares para la toma de decisiones públicas, entre otras; en este sentido, las tendencias sobre la conformación y aplicación de las políticas públicas en nuestro país, difieren de las adoptadas por el vecino país.

Por lo tanto, siguiendo con la tendencia de abrir a la participación ciudadana las decisiones públicas, se propone elevar a nivel constitucional la figura de la iniciativa popular, sujeta a los mecanismos de la ley secundaria para garantizar el ejercicio adecuado del derecho. Es decir, no menospreciamos los argumentos que los tratadistas Mariano Coronado y Elisur Arteaga exponen en sus recpectivas obras, sino que como lo refiere el segundo autor citado, las tendencias doctrinarias se orientan a la participación ciudadana.

Asimismo, cabe apuntar que la apertura constitucional que se propone debe respetar las facultades exclusivas personales y materiales de la función, a efecto de garantizar la estabilidad y seguridad de las instituciones del sistema jurídico del país, acotando la previsión a los ordenamientos o asuntos que no tienen facultad personal exclusiva para iniciar.