La transformación del sistema de partido hegemónico y la eventual transición hacia un régimen democrático pleno, implica una serie de retos que en México se deben de afrontar si es que no se quiere correr el riesgo de abortar ese proceso y de sufrir una regresión hacia algún tipo de régimen autoritario. Históricamente está demostrado que los regímenes políticos no siempre cambian para mejorar.

Los excesos de que fuimos testigos en el reciente proceso electoral federal en el que se eligieron al próximo titular del Poder Ejecutivo y a los diputados y senadores de la LVIII Legislatura al Congreso de la Unión, sobre todo en lo relativo a los enormes gastos en los que incurrieron los partidos políticos y al descomunal desgaste a que fueron sometidos los electores por el adelanto de los tiempos electorales, considerando que existieron casos en los que algunos de los candidatos iniciaron precampañas al interior de sus institutos políticos mucho antes del inicio formal del proceso electoral, nos hablan de la urgente necesidad de regular algunos aspectos medulares del naciente sistema de partidos competitivo para evitar que derive en una especie de partidocracia tan autoritaria como el sistema de partido hegemónico que se pretende superar.

Entre ellos destacan: la introducción en la esfera constitucional de la obligación de los partidos de regirse por principios democráticos, estableciendo en la ley reglamentaria los mecanismos y procedimientos mínimos para hacerlos efectivos; la reducción de los tiempos y gastos de campaña, así como la regulación jurídica de las precampañas, principalmente en lo relativo a sus límites temporales y económicos y a sus fuentes de financiamiento; y por último, otorgar a la Cámara de Diputados la facultad para fiscalizar de manera directa, por medio del órgano superior de fiscalización de la federación, los recursos económicos públicos que emplean los partidos políticos, sobre todo porque la mayoría de ellos provienen del erario federal.

Sólo de esta manera se justificaría la enorme inversión que ha representado el proceso de transición política en México y sólo así estaremos contribuyendo efectivamente al fortalecimiento de un sistema de partidos verdaderamente democrático, transparente, responsable y sobre todo modesto, en el que la política no sea reducida a simple mercado, sino que se configure como ese espacio por excelencia en el que se constituye el imaginario y el bienestar colectivos.

Con base en lo anteriormente expuesto se propone:

Que el Congreso de la Unión, en uso de sus facultades constitucionales, realice una profunda revisión de la legislación político-electoral, para:

1. Introducir en el artículo 41 de la Constitución, la obligación de los partidos políticos de regirse en su organización interna por los principios elementales de la democracia, así como establecer en la ley reglamentaria, los aspectos mínimos para ello, por ejemplo, en el caso de la selección de candidatos.
2. Modificar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para reducir los tiempos y gastos de campaña, así como para establecer los tiempos, formas, modalidades y financiamiento de las precampañas.
3. Reformar el artículo 79, fracción I, párrafo segundo, para que la entidad superior de fiscalización de la Cámara de Diputados, pueda fiscalizar los recursos federales que ejerzan, no sólo las entidades federativas, los municipios y los particulares, sino también los partidos políticos, en el entendido de que la mayor parte de su financiamiento proviene del erario federal.