RESUMEN EJECUTIVO.

Un sistema político verdaderamente democrático se sustenta en una arquitectura constitucional que permita a cada uno de los órganos de gobierno, ejercer plenamente las funciones y atribuciones que el pueblo, en su ejercicio soberano, le ha dado a través del Poder Constituyente Permanente.

De esta manera, la soberanía popular se ejerce por medio de un sistema de gobierno en el que cada poder constituido, colabore con los otros en la consecución de los fines del Estado, pero a la vez, sirva de contrapeso para evitar los excesos de un poder sin límites. Este ha sido el objetivo básico del sistema constitucional mexicano, ya que desde 1917 estableció un mecanismo de división de funciones y colaboración de poderes.

Sin embargo, las transformaciones económicas y sus consecuencias sociales, obligan a buscar nuevos diseños institucionales que permitan fortalecer la vida democrática del país, al adaptar las instituciones políticas a las realidades sociales. Se ha de reconocer que la época del presidencialismo omnipresente ha quedado atrás. Éste se justificó en los momentos en que se necesitaba guiar e integrar todos los esfuerzos nacionales, en aras de la construcción de las bases del Estado posrevolucionario. Sin embargo, la realidad actual es muy distinta.

La pluralidad se ha convertido en una constante de la actuación política, la participación social aumenta conforme aumenta la cultura política, los intereses se multiplican y se hace necesario el diálogo y la negociación para generar los consensos que permitan el desenvolvimiento económico, político y social de México.

Todo lo anterior. ha llevado al país a un proceso de transformación institucional, dell que no puede abstraerse el Congreso de la Unión, así como su principal compromiso que es el de legislar, mediante –otras cosas-, el proceso y técnica legislativa, tema central de esta tesina, la cual pretende iniciar a los que tienen interés en conocer cómo se desarrollan estas labores y cuál es su importancia dentro del acontecer nacional.

Para el logro de este objetivo, se presenta en el siguiente trabajo, en primera instancia cómo está organizado el Congreso de la Unión, cuáles son sus principales funciones, y dentro de ellas, la aprobación de las leyes, así como el proceso seguido para que una Iniciativa se convierta en Ley, constituyendo la función prioritaria de este Congreso. Esta última se explica a través del proceso legislativo que se detalla en otro apartado. Posteriormente se presenta la propuesta específica que se resume a continuación:

Es evidente que el marco normativo del Congreso General ha quedado rebasado por la realidad cotidiana y por las recomposiciones de las fuerzas políticas presentes en cada una de las Cámaras, aunque la nueva Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (en vigencia desde el 4 de septiembre de 1999), pretende subsanar y acercar el marco jurídico a esa realidad.

A pesar de ello, no basta reformar solamente la disposición de orden superior (ley) si el ordenamiento secundario (reglamento) no lo es en forma inmediata. Entonces, lo que se debe de evitar - como en el caso actual - que una ley reciente presente una serie de incongruencias con su reglamentación, el cual proviene desde hace más de sesenta años. Aunque en la práctica de la técnica legislativa, la Cámara de Diputados encontró una forma operativa de evitar la parálisis legislativa: a través de una serie de Acuerdos Parlamentarios que buscan operacionalizar y agilizar los diferentes temas que de otra manera, quedarían un tanto cuanto detenidos o entorpecidos por las incongruencias señaladas.

Como anteriormente se mencionó, la incapacidad real, evidente de cumplir con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, que a la letra dice: " Toda Comisión deberá presentar su dictamen en los negocios de su competencia dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que los haya recibido ….". En este sentido deberá necesariamente ampliarse el plazo asignado para presentar dictamen, con lo cual se evitará la tan viciada y dañina práctica conocida como "legislación al vapor".

Sin embargo y como sucede con cualquier otra normatividad, por más perfeccionado que sea el marco jurídico que regula una actividad, ello no garantiza el cabal cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades. En efecto y para el caso del Congreso de la Unión, no basta que la Ley, el Reglamento, los Acuerdos y demás disposiciones que configuran su marco normativo y administrativo, sean lo más actualizados, sino que es necesario crear en los H. Legisladores mayor conciencia en cuanto a la responsabilidad que la representación popular les confiere, esto es comprometerlos en forma decidia y abierta, ya no sólo en uno o en otro sentido de sus votaciones, sino al menos, en la participación profesional y razonada en las discusiones ya sea en Comisiones o en el Pleno, para lo cual deberán estar debidamente preparados con la información, análisis y deliberaciones correspondientes.

Por otra parte, y aunque no es tema específico del proceso legislativo, si no más bien motivo de una reforma constitucional, deberían especificarse requisitos más estrictos para los candidatos a diputados y senadores, con lo cual se evitaría que lleguen a las Cámaras legisladores incapaces de poder enfrentar el proceso legislativo debido a su falta de conocimientos y preparación.

Adicionalmente es necesario configurar el marco jurídico del H. Congreso de la Unión para que responda a las demandas de la sociedad en tanto sus representantes, a los intereses partidistas de las fracciones y grupos parlamentarios, y en general al bienestar común de la población y de la nación.