RESUMEN Y PROPUESTAS:

Primero, debemos lograr un Marco Constitucional con Estabilidad.

Segundo, debemos establecer mecanismos formales para un eventual proceso de "Reforma Constitucional Integral".

Tercero, tenemos que asumir criterios de "reformas constitucionales diferenciadas" para entonces arribar a la Reforma Constitucional Integral

Por ello para la reforma constitucional integral, propongo la expedición de una "Ley de Reforma Constitucional a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fundamentada en la propia constitución. Esto es, absoluta y totalmente dentro del paradigma constitucional mexicano. Solo el procedimiento constitucional podrá adecuarla y atemperarla, garantizando así constitucionalidad pública y transparentemente se podrá constatar la permanencia de lo fundamental y la asunción del cambio para actualizarla y que siga siendo vigente.

La Constitución es de todos y para todos, por lo tanto su diseño y redacción debe hacerse en un proceso público.

La Ley propuesta deberá tener un capítulo específico para "organizar" la participación de la sociedad (Sociedad Civil), en un proceso de al menos tres años, con la realización de Foros de consulta en 1 año antes al proceso legislativo en el periodo de sesiones que se programara, y un año posterior de revisión, validación, análisis y legitimación conjunta y nuevamente con la sociedad sobre todo en aquellos temas sensibles como "la reelección de los legisladores".

De esa forma se superaría el texto solo texto, o por un texto confrontado con la realidad en un proceso dirigido, controlado y con validez jurídica.

Ese proceso solo podría ser dirigido por el Poder Legislativo, debiendo participar todos los agentes sociales y políticos, sin excepción, al ser convocados por la representación máxima de la nación: ahí deberá estar el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República y su Director o Consejero Jurídico, al igual que el Abogado de la Nación (Procurador General de la República o la figura que lo sustituya, en caso de prosperen algunas propuestas). Ahí deberán participar los Magistrados, Jueces, secretarios y personal que labora en el Poder Judicial: Tribunales. Ahí deberán estar los legisladores y ex - legisladores, la sociedad civil, los académicos, los investigadores, los estudiosos y profesionales, los constitucionalistas, los Colegios de Profesionales, en fin todos los mexicanos que tengan algo que expresar y aportar a su país.

El porqué de nuestra propuesta, se debe al convencimiento de que el Poder legislativo debe controlar al conjunto de los poderes del Gobierno, y ser capaz de controlarse hasta así mismo. Por lo tanto deberá solventar todas las previsiones y medios para llevar adelante una reforma, en la cual la Ley coordine y establezca esa coordinación sobre la base de un Consejo Nacional Integrado por los propios legisladores y algunos representantes de la sociedad propuestos por órganos colegiados de elección democrática por méritos de los individuos(capacidad, trayectoria, prestigio y solvencia comprobables; nunca por designación unilateral o unipersonal.

Finalmente, en este posible proceso, incluso para la conformación y preparación de su desarrollo no podrá descalificarse a priori a ningún ciudadano mexicano. En él resultaría aceptable moverse por "etiquetas". Debemos estar más que claros que lo que se necesitan son razones, argumentos, ideas y muchas propuestas. Al así hacerlo, no podemos ni debemos olvidar que el pragmatismo político le ha hecho mucho daño a todo el desarrollo político del país. Debemos superar esa lamentable situación. No es posible permitir pragmatismos simplones en una reforma integral a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La única concentración valida sería la de solucionar todo el trabajo por desarrollar y la legítima preocupación por construir nuevas formas institucionales para engrandecer a México ante el enorme reto que tenemos, que no es otro que la consolidación democrática de nuestra sociedad. Solo de esa manera, todos estaremos involucrados en el perfeccionamiento de la vida de nuestro país. Demos el significado a la pluralidad como contenido real de la nación mexicana. Qué esta se convierta en un valor tan importante como la gobernabilidad.

Hasta aquí todo podría parecer muy bien con la argumentación, los elementos técnicos legislativos y los posibles posicionamientos para la negociación dentro de la legalidad pero ¿cómo integramos la ciudadanía en una benéfica e imaginativa incorporación o inclusión en el proceso legislativo (dar leyes) del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos? ¿ Como pudiéramos promover, generar, dar cauce y ordenar, esos procesos?

Primeramente se me ocurre y propongo que el caminos es responsabilizando a los Diputados integrantes de las Comisiones Legislativas, pero también al personal de apoyo y servicio legislativo en la medida de sus respectivas atribuciones, competencias y responsabilidades. Esto es, definitivamente superar el esquema del Comité de Atención que puede estar bien únicamente como una mera cortesía a la población que acude a las Cámaras en busca de sus representantes, pero que en la realidad éstos poco les resuelven a la población y ciudadanía que se moviliza en búsqueda de solución a sus problemáticas, demandas y necesidades concretas.

No, el desafío en su planteamiento, esta más bien orientado a enriquecer y fortalecer el proceso legislativo en su conjunto, teniendo como argumento a la misma ciudadanía que se representa. En esa vertiente, resulta lógico, al menos para mí, que habrá que perfeccionar las facultades de quiénes tienen el derecho de iniciar leyes. Solo así la ciudadanía organizada y conforme a derecho, podrá hacer proposiciones legislativas concretas y de manera dinámica, hasta inclusive poder llegar a citar o requerir por su iniciativa a la Comisión Legislativa, Legislatura o "representación" que en el Congreso no sienta o percibaba que le este dando los resultados que le hayan prometido y por los cuales otorgó su voto a esa "representación".

Por lo tanto, sí afirmo que para mejorar la técnica de argumentación, además de los aspectos técnicos y científicos especializados y multidisciplinarios, es necesario abrir el monopolio de la iniciativa de Ley que únicamente compete a quiénes actualmente faculta el artículo 71 constitucional.

Como es lógico suponer, resulta deseable que ese derecho pudiera llegar a ejercerse con controles y responsabilidades perfectamente estatuidas a través de las Comisiones Legislativas con atribuciones y capacidades técnicas específicas para encausar correcta y positivamente a la participación ciudadana en el proceso legislativo mexicano del nuevo milenio.

Más aun, esta propuesta debe resultar válida, tratándose de una probable reforma constitucional en la que se deberá oír a todo ciudadadno mexicano que tenga algo que decir, en caso de realizarse. El poder Legislativo deberá tener la capacidad política y técnica de escuchar a las minorías en sus opiniones sobre decisiones tan fundamentales. Pero no solo oírlas, sino saber aprovechar y plasmar en leyes en beneficio de todos, aquello que signifique aporte, avance y superación para la vida de la nación.

Para ello será menester el establecimiento de sendos REGLAMENTOS en cada una de las Comisiones Legislativas que contemplaran esta propuesta, especialmente en aquellas con funciones y roles considerados como "claves" en garantizar la objetividad e imparcialidad de los procesos legislativos. En este punto, será de vital importancia diferenciar los trabajos de carácter político de los de carácter puramente técnico legislativo, por medio, probablemente de una conferencia de LEGISLADORES especialmente comisionados por la Cámara de Diputados para la presentación de iniciativas de Ley provenientes de la atención pública y abierta a grupos sociales y de intereses específicos. Esa conferencia, como toda la legislatura, debiera ser reflejo de las proporciones de representación en el Congreso General.

En especial esa conferencia podría asumir algunos de los poderes amplios y suficientes para requerir a personas, funcionarios públicos, instituciones, así como la presentación de documentación, estudios, informes, etcétera. Sería la encargada por parte de la Cámara de requerir, por ejemplo, al Presidente de la República y a sus colaboradores en todas las oficinas de él dependientes, así como a los responsables de los organismos autónomos y descentralizados, y en general de todas las instituciones. Lo podría hacer coordinada e institucionalmente con la participación de la SOCIEDAD CIVIL, estando facultada también a dar seguimiento, administración y control de las investigaciones que estén realizando las Comisiones Legislativas, así como a conformar institucionalmente grupos de trabajo para realizar nuevos estudios e investigaciones. Considerando que en la actualidad para legislar se tiene que investigar, con ese pragmatismo institucionalizado se robustecería al Poder Legislativo sin detrimento de sus principios doctrinarios, planteamientos teóricos y de estatus de legalidad.

Además, todo ese trabajo se tendría que sistematizar, redactar y generar información de manera imparcial y objetiva más alla de sesgos partidarios. De igual manra se reglamentaría los turnos de atención de manera ordenada y el relacionamiento de carácter institucional, incluso de comunicación y participación con las dependencias del Poder Ejecutivo (agencias y oficinas de Gobierno y grupos de interés identificados y por identificar), convocando a audiencias públicas con validez jurídica, llegando incluso a proponer determinaciones oficiales a través de las Comisiones Legislativas a la Asamblea de la Cámara de Diputados y del Poder Legislativo en su conjunto.

Este mecanismo de CONSULTA POPULAR de carácter permanente en el Poder Legislativo, abriría y aprovecharía la energía de participación de la ciudadanía, instituciones, organizaciones y organismos sociales, sindicatos, intelectuales, académicos, etc., constituyéndose en una canal o instrumento de consenso, expresión abierta de intereses y opiniones superando aquellas circunstancias de descrédito de la política ante la evidente ineficiencia de las instituciones del poder público, al evitar la traslación de visiones particulares a visiones hegemónicas y que estos se pretendan imponer por quién sea como intentos de dominación a través de legisladores y legislaciones "ad hoc".

En fin, resumiendo, acercaría más al Poder Legislativo y en general al Estado con la Sociedad Civil. De así hacerlo, entre muchos otros aspectos, se podría llegar a evitar lo que actualmente sucede y que es que los medios de comunicación "fijan" en buena parte la agenda de interés legislativo, pero sobre todo, en el Congreso Mexicano se haría realidad aquella afirmación de que "solo la mayoría es argumento".