La autora establece un marco conceptual general de Técnica Legislativa, Derecho Parlamentario e Investigación Parlamentaria, para después establecer la diferencias que existen entre los diferentes Procedimientos Parlamentarios y el Proceso Legislativo, donde anota cuáles son los procedimientos para la creación de las normas que existen en México.

En la práctica parlamentaria cotidiana se identifica a un sólo proceso legislativo, con diferentes procedimientos para la creación de normas: legislativo ordinario, de reformas a la Constitución, de ratificación de Tratados Internacionales y de aprobación del Presupuesto. En ocasiones, no queda clara la diferencia con los otros tipos de procedimientos parlamentarios, que si bien son formalmente legislativos, materialmente son administrativos, jurisdiccionales y de control político, los cuales se refieren a las diferentes facultades que realiza formalmente el Congreso Mexicano. Por esta razón la autora describe la tipología de los procedimientos parlamentarios, los cuales deberán de ser regulados positivamente ya que algunos presentan lagunas jurídicas.

La tesina incluye a la investigación y a la técnica legislativa porque la elaboración de la ley es el proceso que requiere de mayor apoyo profesional, en especial por la diversidad de temas que son objeto de regulación; también están los efectos de la inserción de nuevas normas en el ordenamiento jurídico, que plantea el estudio de problemas jurídicos, y la investigación, estudio y análisis de los asuntos examinados en el ejercicio de la facultad de control, aunque en estos casos la investigación tiene matices diferentes Al respecto se hace una clara diferencia acerca de los dos tipos básicos de investigación: la investigación académica y la investigación formativa que es la adecuada para el trabajo legislativo.

Para conseguir el máximo impacto de los servicios de información e investigación, éstos deben enlazarse muy de cerca al trabajo más importante de la Cámara, es decir al proceso legislativo. Y es aquí donde entra en acción la técnica legislativa, la cual deberá ser estrictamente manejada por asesores, investigadores y analistas legislativos, para permitir a los legisladores realizar las mejoras técnicas de los proyectos sometidos a su consideración

Entonces es preciso, que en las Cámaras o Asambleas exista un cuerpo de profesionales capacitados para facilitar y enriquecer la reflexión y la discusión de la actividad parlamentaria. Este cuerpo de asesoría parlamentaria, con acceso a los instrumentos óptimos de investigación y análisis, puede cumplir la labor de apoyo en la definición de los problemas y determinación de las alternativas de solución, en la adopción de las decisiones políticas adecuadas, en especial la formulación de leyes, mediante la elaboración de estudios, proyectos, investigaciones, reportes, etc.

Es indudable la existencia de numerosas propuestas realizadas por los estudiosos del derecho parlamentario, con relación al proceso y a la técnica legislativa, por lo cual sería deshonesto atribuirme propuestas que se han venido planteando hace muchos años. Sin embargo, al estudiar estas propuestas y estar de acuerdo con algunas de ellas las asumo como propias, en el sentido de plasmarlas en este modesto trabajo de investigación.

Por otro lado, en la práctica cotidiana dentro de los sistemas de información de la Cámara de Diputados, y antes de adquirir los conocimientos académicos impartidos en este tipo de seminarios, cursos y diplomados, se me ocurrían mecanismos que podrían mejorar su funcionamiento. También surgían cuestionamientos acerca de los cambios que serían pertinentes dentro de los procedimientos parlamentarios y que más tarde veía ya resueltos con las propuestas plasmadas por diversos autores y especialistas en derecho constitucional y parlamentario. Por lo anterior, anoto a continuación algunas propuestas:

En el aspecto técnico es necesario profesionalizar los sistemas de información y asesoría. Para ello se requiere no sólo de la implementación del Servicio Profesional Legislativo, sino de la voluntad política para invertir los recursos económicos suficientes que se requieren. Recursos para remunerar adecuadamente al personal que debe ser altamente especializado; recursos para la infraestructura de los servicios de información, los cuales son onerosos, pero que representan una inversión a corto plazo que redituaría magníficos dividendos, ya que la información es poder.

En la actualidad los servicios de información y de asesoría trabajan separadamente, pero con la creación de la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados quedarán vinculados y deberán realizar un trabajo inseparable y conjunto, para no duplicarlo, y siempre conservando su espacio y características propias.

Los analistas legislativos al ser proveedores e intérpretes de la información deben guiar la búsqueda de políticas racionales y obtener conclusiones en un tiempo apropiado. Además deben ser capaces de responder rápidamente, en forma precisa, cuando el legislador o el personal requieran información, para lo cual deben desarrollar habilidades investigativas, analíticas, organizativas, y comunicativas.

La ahora denominada Biblioteca Legislativa, por el Estatuto de Servicio Civil de Carrera, tiene el problema de no contar con el presupuesto necesario para la adquisición de libros, ya que los que recibe se hace por medio del Decreto de Depósito Legal, el cual obliga a los editores del país a enviar dos ejemplares de sus ediciones. La propuesta es que se dote a la Biblioteca del presupuesto para comprar libros y revistas y que se establezca una sanción para los editores que no cumplan con el decreto.

Otra propuesta es con relación a la asesoría técnica y de investigación en las Comisiones Legislativas, ya que al final de cada legislatura desaparecen los asesores que ya cuentan con experiencia y todo archivo o memoria documental de estas Comisiones, perjudicando gravemente a la Cámara de Diputados.

La propuesta para ellas, ya planteada de alguna manera por el Servicio Civil al establecer el Secretariado Técnico permanente, es dotar a las Comisiones de la infraestructura humana y material para formar especialistas en cada materia y para que se mantengan todos los antecedentes, la bibliografía y los archivos de los asuntos tratados en las legislaturas. Aquí el asesor deberá desempeñarse como operador técnico, y no político, teniendo como responsabilidad estar actualizado y vigilante de los temas relacionados con la Comisión.

Para conseguir el máximo impacto de los servicios de información e investigación, éstos deben enlazarse muy de cerca al trabajo más importante de la Cámara, es decir al proceso legislativo. Y es aquí donde entra en acción la técnica legislativa, la cual deberá ser estrictamente manejada por los funcionarios del Servicio Civil correspondientes, para permitir a los legisladores realizar las mejoras técnicas de los proyectos sometidos a su consideración.

Este cuerpo de profesionales debe ser apolítico y multidisciplinario y con especialización en técnica legislativa, para que estudie la viabilidad estrictamente jurídica de las iniciativas y determine su integración y ensamble armonioso dentro del sistema jurídico vigente.

Finalmente propongo que sean positivamente regulados todos los procedimientos parlamentarios, preferentemente en un solo documento, como un catálogo o manual, ya que la dispersión de las normas resulta complicada y dificulta el conocimiento y aplicación, además de que serviría para la indispensable tarea de subsanar las lagunas legales y procedimentales de que sufren algunos de estos procedimientos.