Hace 10 años, se dio en Davos, poblado suizo, el primer paso para la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados Unidos de América y Canadá, culminando con la firma de éste en 1993.

El demócrata Bill Clinton, la Presidencia de los Estados Unidos de América, atendiendo al rechazo de los sindicatos estadounidenses a dicho Tratado, exigió la firma de acuerdos complementarios en materia laboral y ecológica para la protección de los intereses norteamericanos en la materia.

Por parte de las autoridades de nuestro país, no se cuidó este aspecto y se le situó al trabajador asalariado, en una competencia donde sólo podrá disfrutar de los beneficios que sea capaz de obtener a través de la lucha con sus iguales, donde la única norma económica, ética y social aceptable, establece que todo aquel incapaz de competir debe desaparecer. "Al ignorarlo, (este aspecto del tratado) el gobierno de México decretó la servidumbre como supuesto de una vinculación neocolonial y abolió de manera irresponsable la lucha esencial de nuestra historia que se cifra en el reconocimiento de la igualdad entre los Estados como consecuencia ineludible de la igualdad esencial entre los hombres y entre los pueblos".

El desmantelamiento del "Estado de Benefactor", la baja en la seguridad social, los nulos mecanismos de protección ante el desempleo, la cancelación de los derechos laborales y la ambigüedad de las normas, mediante la desregulación del mercado de trabajo; han traído como consecuencia, en el caso específico de los trabajadores de la educación, la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa en 1992. Ello hace indispensable plantearnos la necesidad de proponer la aprobación de un Estatuto Jurídico que le de certidumbre y seguridad al gremio educador de este país, por "la urgencia de eliminar los rasgos autoritarios y corporativos que distinguen al viejo orden laboral con el fin de democratizar las relaciones entre los sindicatos, los trabajadores, los patrones y el Estado y establecer la correspondiente adecuación entre los sistemas de representación social y política". A lo anterior le sumamos el problema de la equidad que aún no ha sido resuelto y que es un factor de la calidad de la educación que todos anhelamos para nuestros hijos.

Hace 10 años, se dio en Davos, poblado suizo, el primer paso para la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados Unidos de América y Canadá, culminando con la firma de éste en 1993.

El demócrata Bill Clinton, la Presidencia de los Estados Unidos de América, atendiendo al rechazo de los sindicatos estadounidenses a dicho Tratado, exigió la firma de acuerdos complementarios en materia laboral y ecológica para la protección de los intereses norteamericanos en la materia.

Por parte de las autoridades de nuestro país, no se cuidó este aspecto y se le situó al trabajador asalariado, en una competencia donde sólo podrá disfrutar de los beneficios que sea capaz de obtener a través de la lucha con sus iguales, donde la única norma económica, ética y social aceptable, establece que todo aquel incapaz de competir debe desaparecer. "Al ignorarlo, (este aspecto del tratado) el gobierno de México decretó la servidumbre como supuesto de una vinculación neocolonial y abolió de manera irresponsable la lucha esencial de nuestra historia que se cifra en el reconocimiento de la igualdad entre los Estados como consecuencia ineludible de la igualdad esencial entre los hombres y entre los pueblos".

El desmantelamiento del "Estado de Benefactor", la baja en la seguridad social, los nulos mecanismos de protección ante el desempleo, la cancelación de los derechos laborales y la ambigüedad de las normas, mediante la desregulación del mercado de trabajo; han traído como consecuencia, en el caso específico de los trabajadores de la educación, la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa en 1992. Ello hace indispensable plantearnos la necesidad de proponer la aprobación de un Estatuto Jurídico que le de certidumbre y seguridad al gremio educador de este país, por "la urgencia de eliminar los rasgos autoritarios y corporativos que distinguen al viejo orden laboral con el fin de democratizar las relaciones entre los sindicatos, los trabajadores, los patrones y el Estado y establecer la correspondiente adecuación entre los sistemas de representación social y política". A lo anterior le sumamos el problema de la equidad que aún no ha sido resuelto y que es un factor de la calidad de la educación que todos anhelamos para nuestros hijos.

PROPUESTA:

Una de las funciones inherentes al ejercicio legislativo, es (Artículo 122 constitucional) hacer propuestas que beneficien a sus representados, por lo que hago un llamado para que en esta próxima legislatura (LVIII) nuestros legisladores pugnen por: Establecer un Contrato Ley, con articulado que abarque la protección de todos los trabajadores de la educación, desde guarderías hasta universidades y que especifique claramente los derechos y obligaciones del trabajador y del patrón, con cobertura nacional, que contemple la libertad sindical y de asociación, como lo estipula la OIT y como ya se reconoce en México con la resolución de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación expedida en Mayo del 1999. Así como también el derecho de militar o simpatizar con el credo religioso o partido político de la preferencia del sindicalizado.

Un contrato como este garantizará la diversidad, pluralidad, extensión y flexibilidad, y las prestaciones mínimas para todo trabajador de la educación en cualquier lugar de la república y en cualquier sistema educativo.

Dentro de las funciones del Congreso, indudablemente que está la de impulsar una iniciativa de esta naturaleza, que de certidumbre y confianza a todos los trabajadores de la educación. Habrá de ser una importante tarea a cumplir.