Los inéditos cuanto sorpresivos resultados que arrojó la elección federal del 2 de julio del presente año, son muestra inconfundible de los cambios que la sociedad del país está impulsando hacia una verdadera alternancia y normalidad democráticas.

Este proceso transicional también tiene su expresión en el Distrito Federal, cuya pluralidad no escapa al conocimiento de todos los mexicanos y se verá traducida en la futura cohabitación política entre sus poderes locales, así como entre éstos y los federales.

De ahí la necesidad de revisar en el marco de una incompleta Reforma del Estado, la estructura, integración y funcionamiento de sus órganos de gobierno local, mismos que por no satisfacer las necesidades democráticas de sus ciudadanos, se les debe asignar más autonomía para la gestión del poder público en el D.F., de tal suerte que cuenten con las atribuciones suficientes para afrontar las cotidianas demandas que le plantean sus habitantes.

El presente documento formula, brevemente, la conveniencia de diseñar un nuevo arreglo en la organización política de la Capital de la República, privilegiando a la Asamblea Legislativa, ALDF, otorgándole más facultades –algunas de las cuales hoy en día tienen confiadas al Congreso General y al titular del Ejecutivo Federal, como son las de legislar en materia de seguridad pública y de endeudamiento del gobierno capitalino-, y llevándola por aproximaciones sucesivas a las que son propias de un Congreso, como contrapeso a la autoridad ejecutiva local, y sin que los Poderes de la Unión deban de salir del territorio que actualmente ocupan.

Revisar con enfoque político la esfera de competencia de los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federales, y transferirle algunas de sus funciones a la Asamblea Legislativa, representa una oportunidad para que ésta siga en evolución y pueda autoregularse, de manera que asuma plenas atribuciones legislativas, considerando que dicha actividad entraña la deliberación, debate y votación de asuntos públicos de orden local, pero sin la injerencia de la Cámara de Diputados, del Senado, ni del Presidente de la República.

Dichas reformas implicarían la modificación de normas constitucionales que actualmente regulan la ALDF, para asignarle funciones sustantivas, a semejanza de un poder legislativo local independiente, cuyos márgenes de gestión de sus diputados puedan ser más amplios y que en verdad cumplan con las funciones legislativas, administrativas, de control y fiscalización en favor de los intereses de la colectividad, más que coyunturales ó clientelares.

Se propone así, por ejemplo, para los integrantes de la representación popular del D.F., legislar en materias relevantes como la seguridad pública, la deuda pública y de aquellas que se refieran al funcionamiento de la Administración Pública Local y su marco jurídico; facultarla para ratificar los nombramientos del Procurador de Justicia y del Secretario de Seguridad Pública del D.F., así como para incluirla en el procedimiento de reformas a la Constitución Política. Todo ello de acuerdo a los procesos legislativos y la técnica jurídica correspondientes y respetando el carácter especial que tiene la Ciudad, como sede de los Poderes Nacionales.

El perfeccionamiento de la Asamblea Legislativa del D.F. –II Legislatura- no resolverá mágicamente los severos problemas y retos que representa la Ciudad de México, pero son los cimientos por los que se pueden construir alternativas de solución a esos conflictos.

El gradual diseño de un modelo integral de gobierno y administración del D.F., flexible para adaptarse al mejor funcionamiento de la Ciudad, inicia en la ALDF y cruzaría por el Congreso de la Unión, con la aprobación de las reformas legales respectivas.

Este es un asunto que a partir de septiembre próximo deberá abordar su II Legislatura, toda vez que la correlación de fuerzas existente a su interior –con predominio del PAN y del PRD- permitirá vía alianzas de sus integrantes y de cara al sexenio 2000-2006, consolidarla como una real Cámara de Diputados Local, en tanto se propician condiciones para retirar los "candados" que sobre el órgano ejecutivo local principalmente, todavía tiene la Federación, y como estación de tránsito para que el Distrito Federal pueda llegar a ser en el futuro una entidad con los mismos derechos y obligaciones que los que tienen los demás Estados de la República Mexicana.

Con objeto de otorgar más facultades a la ALDF, a fin de que tenga una categoría similar a la de un Congreso Local, se sugiere incorporarle las atribuciones siguientes:

• Legislar en todo lo referente al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
• Legislar plenamente en materia de seguridad pública, deuda pública y en todas las materias que se refieran al funcionamiento de la administración pública y el marco jurídico del Distrito Federal.
• Participar como legislatura local en los procesos de reformas a la Constitución.
• Legislar en materia de responsabilidades de los servidores públicos del D.F
• Emitir iniciativas de ley, igual que los Congresos Locales.
• Ratificar y aprobar los nombramientos del Procurador General de Justicia del D.F. y del Secretario de Seguridad Pública.

Por lo que se reformarían los artículos 44; 73, fracción VIII; 71, fracción III; 76, fracciones V y IX; 108, párrafo cuatro; 109, primer párrafo; 110, primer y segundo párrafos; 111, primer y quinto párrafos; 119, primer párrafo; 122, en sus diversos párrafos y bases; 123, apartado b, primer párrafo; 124, 127, primer párrafo; 134, primer párrafo y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (15) La materialización de estas reformas constitucionales depende de la voluntad política de los actores involucrados en la misma y será posible si suscriben un Pacto de Civilidad a favor del D.F., donde se evite la tentación de caer en mayorías automáticas y se privilegien la negociación, la tolerancia y el pluralismo político como valores de la democracia.

Y se seguirá avanzando en la modernización de la organización política local al ampliar los alcances de su autoridad legislativa, en la lógica de ser un auténtico contrapeso de los otros dos poderes, particularmente del Jefe de Gobierno. Ello no implica chocar con la esfera federal, pues se acepta en principio el tratamiento que le otorga al D.F. el artículo 44 constitucional.

Las modificaciones al Ejecutivo Local, la restauración de libertades municipales, el sistema de cabildos que garanticen una más amplia participación ciudadana, la creación de una Constitución Política del D.F., el fenómeno de la Metropolización, y la erección del Estado del Valle de México son aspectos que en un segundo momento tendrán que ser abordados, para lograr al fin de cuentas una auténtica división de poderes locales, autónomos entre sí, al interior del futuro Estado 32.

15) Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el PRD; en ALDF, #25, 17 de noviembre de 1998.