Propuesta específica

Con base en lo anterior, la propuesta específica es que las reformas y adiciones que se pretenden hacer a la Constitución Política del estado libre y soberano de Tlaxcala, conserven su carácter histórico y de norma fundamental y que se hagan con plena interpretación de la vida social, haciéndolo además, con la técnica legislativa apropiada en el caso en que se trate de reformar las leyes que de ella emanen.

En cuanto al primer punto, por carácter histórico se entiende que las reformas propuestas se sustenten, por un lado, en la doctrina, es decir, en la tradición ligada a la génesis de las mismas leyes vigentes y, por otro lado, a la ley positiva, como forma de delimitar el valor de la doctrina, pues si bien ésta constituye su razón por excelencia, aquella constituye su necesaria expresión y satisface la necesidad de certeza que la otra exige.

Ello, con el objetivo de que las leyes no adquieran un carácter arbitrario y/o personal, sino que sean guiadas por "signos indubitables, generales (y) objetivos, que respondan a la concepción dominante en el momento y país en cuestión".

De esta forma se podría aglutinar en los artículos de la Constitución estatal –aunque parezca una contradicción- los principios de continuidad y cambio, pues al tiempo que las reformas se apegan a los orígenes del pueblo tlaxcalteca, se actualizarían para responder a los reclamos de una sociedad cambiante, más participativa y crítica.

Por otra parte, con el fin de que las reformas no contravinieran el espíritu de norma fundamental de la Constitución, sería conveniente introducir mecanismos de control de la constitucionalidad, para que sean atacados los vicios formales o materiales derivados del proceso de creación, así como para determinar la aplicabilidad de la Ley, dependiendo de su constitucionalidad.

Tal control podría ser ejercido por un órgano jurisdiccional local, ya que la función de control de la constitucionalidad, delegado en un órgano que se caracteriza por su imparcialidad y conocimiento del ordenamiento jurídico es condición necesaria para que las reformas tengan un estricto apego a los principios constitucionales, al igual que las leyes, decretos, convenios, reglamentos y resoluciones que de ella emanen.

Probablemente una de las tareas más difíciles para todo legislador es la de interpretar el sentir popular al momento de proponer una reforma. Por tal motivo y considerando el tamaño y número de habitantes del estado de Tlaxcala, no resultaría descabellado establecer la figura de la "iniciativa popular", a través de la cual, un número representativo de ciudadanos pudieran expresar sus propuestas a los órganos legislativos.

Asimismo, sería conveniente que tanto el plebiscito como el referéndum –ya tipificados en el Artículo 48-BIS de la Constitución- se llevaran acabo de forma regular para decidir sobre asuntos en los que no existe consenso suficiente entre los actores políticos facultados para realizar las reformas.

Finalmente, en lo que a la técnica legislativa se refiere, sería necesario que se tomaran en cuenta algunos puntos importantes al momento de elaborar una iniciativa. En términos generales, se requiere que exista mayor comunicación entre aquellos conocedores de la materia jurídica –que no necesariamente son los diputados- y aquellos técnicos de los sectores que la iniciativa involucra. Otro aspecto frecuentemente olvidado es el de contar con la opinión de los servidores públicos encargados de aplicar la Ley, así como la de los afectados directamente por las reformas.

Sin embargo, con el fin de evitar que el grupo de trabajo sea demasiado grande y con ello se entorpezca la toma de decisiones, es necesario que la agenda se maneje de tal forma, que sea un grupo reducido el que en última instancia tome la decisión.

Las recomendaciones puntuales para contar con la técnica legislativa apropiada serían, siguiendo a Carlos Sempé:

1. Analizar si corresponde al Congreso de la Unión o a las legislaturas locales legislar en determinadas materias, ya que de ello se derivará si existe o no competencia para iniciar una ley.
2. Estudiar los antecedentes legales para conocer lo que en el pasado ya fue aprobado, pues no es raro que medidas que se proponen como soluciones novedosas, en realidad ya han sido adoptadas con anterioridad sin resultados positivos. La revisión del marco jurídico vigente permite detectar las implicaciones legales que tienen las reformas y ayuda a evitar la repetición o superposición de textos, así como a detectar aquellas disposiciones poco claras o que han dado lugar a problemas de interpretación.
3. Recurrir al derecho comparado para conocer las experiencias de otros países, a fin de adoptar aquellas que nos pudieran ser útiles con los ajustes previos que nuestro sistema jurídico y la realidad mexicana exigen. En este punto es importante tener presente que no todos los países tienen la misma tradición jurídica por lo que las comparaciones entre países con una tradición de derecho escrito como el mexicano serían más útiles.
4. Tomar en cuenta la jurisprudencia ya que esta es una fuente formal del derecho que puede coadyuvar en la elaboración de los proyectos de ley.

Desafortunadamente, las propuestas anteriores servirían para solucionar sólo una parte del problema, pues también existen otro tipo de limitantes al adecuado funcionamiento de los órganos legislativos que bien podrían ser llamadas estructurales y que tienen que ver, en primer lugar, con la imposibilidad de la reelección inmediata, lo cual impide que los legisladores se profesionalicen, sean más responsables ante la ciudadanía y establezcan una relación más cercana con ella y en segundo lugar, la cuestión presupuestal, ya que con cantidad asignada a los legislaturas estatales para su funcionamiento, es prácticamente imposible que los legisladores cuenten con un "staff" de apoyo, lo suficientemente profesional y capaz.

Para concluir, no debe soslayarse que, como ha sido sostenido en repetidas ocasiones, los cambios constitucionales y, en general, los legales son sólo una parte de la transformación del sistema político y la estructura del Estado, ya que junto a los cambios constitucionales es necesario también contar con nuevas pautas de acción que hagan efectivas tales modificaciones.