Si atendemos al artículo 40 Constitucional en el que se afirma que nuestro país se constituye en una república representativa, democrática y federal, entonces el Estado Mexicano, en tanto que es Constitucional y Democrático, considera un sistema de equilibrios, y por ello, de poder limitado y además de poder controlado.

De esta manera, el Estado Mexicano tiene poder controlado Jurídica y Políticamente. Esto es, sin control judicial del poder, no hay Estado de Derecho, pero sin control político, no hay Estado Democrático.

Casi todos los países Latinoamericanos, han escogido sus formas constitucionales inspirados en el modelo de los Estados Unidos de América, sin embargo, sus regímenes presidenciales casi siempre han sido sumamente inestables y claramente han mostrado graves fallas.

México, figura como excepción en el orbe continental, pues es un país que hace más de ochenta años, instauró un sistema casi único de sistema hegemónico de gobierno. Pero en la actualidad, México se encuentra en el periodo de transición.

La pregunta es ¿hacia dónde la transición? Y la respuesta es inevitable para el sistema político mexicano: Hacia la construcción de un equilibrio de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el judicial, como parte de la modernización del Estado Mexicano y el diseño operativo de la sociedad moderna.

Se ha vuelto un lugar común acusar a los Parlamentos de lentos e ineficientes, así como de órganos carentes de una auténtica representatividad popular. Tal afirmación no sólo es válida para México ni para los países latinoamericanos, sino también para la mayoría de los parlamentos, quienes manifiestan un auténtico control, del poder político, o equilibrio de las formas de conducción del Estado.

Las expresiones sobre esta problemática son múltiples, más sin embargo en muchas ocasiones se confunde el dinamismo de los órganos legislativos con la sociedad actual y el Estado.

Como sea que lo queramos entender, el parlamento moderno ha sido víctima entonces, de la quiebra de un dogma, el cual le dio vida por mucho tiempo, que es la representación política.

Por mucho tiempo se pensó que la representación política, aglutinaba a la unidad política ideal de la Nación. Sin embargo, la convergencia entre la sociedad civil y el Estado no pudo sostenerse por mucho tiempo, puesto que las desigualdades provenientes de aquella se fueron haciendo más patentes ante la pasividad del Estado para corregirlas.

La imagen idílica del Estado, donde todos actúan en procura del bienestar común, poco a poco fue sustituida por la de la sociedad real, donde existe pluralidad de intereses sociales, económicos y políticos contrapuestos.

Es entonces, en este momento histórico, cuando los teóricos y los políticos tratan de resolver los desajustes y desarreglos que se producen en la sociedad civil, lo cual incide directamente sobre las concepciones hasta ese momento sostenidas respecto del voto y de la representación política. De esta forma, se amplía el sufragio hasta convertirlo prácticamente en universal en nuestros días. De manera paralela a la imagen del Estado surge la institución política capaz de promover las reformas legales constitucionales y de todo carácter de la vida pública, como lo son los Partidos Políticos.

Pero a su vez los tiempos modernos no sólo demandan la composición de la sociedad organizada en ideologías políticas, sino que por otra parte surge como un elemento consustancial al desarrollo de las sociedades modernas, capaz de garantizar la imparcialidad en el desarrollo de los comicios electorales como parte de la reforma que es los órganos autónomos electorales.

La vocación democrática de la sociedad se tradujo en el plano jurídico-político, en la generalización del sufragio y en la creación de partidos políticos, que vinieron a servir como portadores de los diferentes intereses sociales existentes en su seno. Por ello se ha afirmado, con justa razón, que los partidos políticos han venido a servir a como correctivo entre la separación tradicional que existía entre los representantes y los grupos sociales a los que realmente debían representar. La representación aparece, dentro de este contexto, como una decisiva rectificación de la democracia.

Sin embargo, el problema no ha sido totalmente resuelto, pues aunque la mayoría de los ordenamientos han constitucionalizado los partidos políticos, paralelamente consagran, al mismo nivel normativo, el principio que prohibe el mandato imperativo.

De ahí la necesidad de fortalecer a la Sociedad Civil, como elemento consustancial a la modernización del Poder Legislativo, que funja como el contrapeso en el equilibrio real del poder político.

El Organo Legislativo es una de las instituciones fundamentales del sistema democrático y su buen funcionamiento es esencial para canalizar la participación de los ciudadanos y alcanzar los consensos sociales necesarios para la estabilidad política.

El apropiado desempeño del órgano legislativo, también es necesario para la formulación de políticas públicas apropiadas para la existencia de condiciones de seguridad jurídica. Por tanto, la vigencia efectiva del Estado de Derecho y el funcionamiento eficiente de una economía de mercado requieren el cumplimiento eficaz de la función legislativa.

As u vez, la Reforma del Estado y las políticas de reforma económica y social requieren el apropiado desempeño de la función legislativa tanto en términos de su soporte legal como del consenso político, sin el cual, su sustentabilidad sería precaria.

El fortalecimiento de los órganos legislativos es esencial para desarrollar las nuevas formas de gestión social y política que se derivan del proceso de cambio.

Sin embargo, en general los órganos legislativos presentan problemas de organización, administración de recursos que limitan el cumplimiento de sus responsabilidades legislativas fiscalizadoras y de representación, lo cual afecta negativamente su credibilidad y la estabilidad del sistema político.

En efecto, la capacidad de generar consenso se ve con frecuencia entorpecida por la debilidad del soporte técnico, informativo y analítico del debate y la negociación parlamentaria. Por las mismas razones se presentan debilidades en la calidad y consistencia de las leyes en términos de su adecuación a las necesidades que se intenta atender.

También se carece de sistemas de evaluación y seguimiento de las leyes que permitan medir su impacto en cuanto a la definición e implementación de las políticas públicas.

A la vez, los mecanismos de articulación entre el trabajo legislativo y la ciudadanía son precarios. Algo semejante ocurre en el necesario diálogo y coordinación con los otros poderes del Estado, en especial con el Ejecutivo.

Se reconoce sin embargo, que el problema de los órganos legislativos no deriva únicamente de limitaciones técnicas y de recursos. Ellos son, en buena medida, expresión de las condiciones del sistema de partidos políticos y de los mecanismos y procesos de participación política de los ciudadanos.

Desde este perspectiva, los órganos legislativos son una de las instituciones más importantes de la articulación entre el Estado y la Sociedad Civil. En este sentido, los programas de modernización de los órganos legislativos que se debe apoyar, sin involucrarse en aspectos de política partidaria, pueden contribuir de manera importante al perfeccionamiento de las instituciones políticas democráticas.

Para propiciar la modernización del Poder Legislativo, se deben dirigir programas internos dirigidos a:

1.- Establecer sistemas de asesoría técnica que mejoren la calidad de las leyes y ayuden a que la función de fiscalización y control se ejerza sobre bases técnicas y objetivas;

2.- Suministrar asistencia técnica especializada, cuando sea requerida, para desarrollar legislaciones de importancia nacional, para llevar adelante la modernización económica, social, política y para la adecuación del ordenamiento legal;

3.- Establecer una organización y administración parlamentaria profesional;

4.- Instalar sistemas modernos de información pública, documentación, biblioteca y referencia legislativa;

5.- Poner en marcha canales de diálogo y comunicación para hacer más positiva la participación ciudadana en la iniciativa y discusión de las Leyes; estos programas pueden incluir la revisión y mejoramiento de la articulación entre órganos legislativos y sistema de partidos políticos;

6.- Implementar métodos y sistemas de control de gestión y calidad legislativa;

7.- Establecer programas de capacitación técnica y política para los líderes y grupos parlamentarios a objeto de mejorar la función legislativa, fiscalizadora y de representación; y

8.- Promover la participación y el liderazgo político femenino.

La modernización del Estado sobre las líneas antes señaladas implica un proceso complementario y recíproco de fortalecimiento de la sociedad civil. Una sociedad civil fuerte es condición necesaria para la vigencia del sistema democrático y para la existencia de un desarrollo sostenido y equitativo.

La mayor limitación al fortalecimiento de la sociedad civil, radica en la exclusión socioeconómica de vastos sectores de la población y en la precariedad de las instituciones democráticas, y por tanto del pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y políticos de los ciudadanos.

El fundamento de una sociedad civil fuerte es la existencia de oportunidades económicas y de libertades democráticas para todos los ciudadanos. En ese sentido el fortalecimiento de la sociedad civil está vinculado al conjunto de políticas económicas y sociales que promuevan el empleo productivo para hombre y mujeres; el ensanchamiento de la base empresarial, especialmente a través de la formalización y el apoyo técnico y financiero de la pequeña y microempresa; la formación de capital humano; la erradicación de la pobreza; la descentralización; el fortalecimiento de las instituciones democráticas, incluyendo los partidos políticos; la participación de todos los ciudadanos; la protección de los sectores más vulnerables y el establecimiento de un ambiente institucional y normativo que permita el pleno ejercicio de los derechos cívicos.

Bajo esta concepción, el fortalecimiento de la sociedad civil forma parte del objetivo central de las políticas orientadas a promover una estrategia integrada de desarrollo del Fortalecimiento de la Sociedad Civil el la Modernización del Poder Legislativo, como parte de la Modernización del Estado y la consolidación del Sistema Democrático.

La modernización del Estado, implica trasladar a los ciudadanos responsabilidades productivas y de servicios, así como de control y participación en la gestión pública. Las responsabilidades de las cuales se desprende el Estado pueden ser asumidas, según los casos, por el sector privado empresarial o por las Organizaciones de la Sociedad Civil, que son expresión organizada de los ciudadanos en diferentes campos de la vida social.

Esta relación del Estado y la Sociedad Civil requiere, sin embargo, de acciones y programas que sin vulnerar su autonomía contribuyan al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. El diseño de esos programas depende, en parte de la naturaleza de las actividades que desempeñan las propias organizaciones en busca de sus objetivos específicos.

Sobre la base de lo anterior, las Organizaciones de la Sociedad Civil, se pueden clasificar de la siguiente manera:

• Son organizaciones de participación cívica y promoción de intereses sociales: participan en el manejo de los asuntos públicos y en el control de su desempeño, movilizando sectores sociales y de opinión pública para tal efecto. Entre estas organizaciones cabe mencionar, entre otras, las que se preocupan de los temas de género, ecológicos, culturales, políticos, de protección de derechos humanos, de consumidores, minorías étnicas y los discapacitados.

• Las organizaciones de servicios sociales: participan en la prestación de servicios complementarios en educación, salud, cultura, infraestructura, promoción, salubridad, atención a niños en situación de calle, a mujeres y otros sectores vulnerables.

• Las de promoción socioeconómica: promueven y asisten a aquellas unidades de producción que han sido establecidas bajo un criterio social de integración y solidaridad, y no sólo de rentabilidad financiera. Pueden complementarse con el Estado y los sectores empresariales para llevar servicios financieros y técnicos a sectores excluidos de los circuitos formales del mercado y de la acción estatal.

• Las organizaciones que promueven la captación de recursos y la participación del sector privado en la aportación de recursos financieros y técnicos para alcanzar objetivos de promoción socioeconómica y cultural.

Se requieren por tanto, de programas y acciones específicas orientadas al fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, tales como:

1.- Promoción de mercados regulatorios que propicien la asociación y participación de los ciudadanos;

2.- La identificación de nuevas formas de entrega de los servicios asistenciales por medio de los gobiernos locales y las propias organizaciones sociales;

3.- La promoción del voluntariado; y

4.- El establecimiento de mecanismos de apoyo financiero y técnico para aquellas organizaciones intermedias que promuevan la inserción económica de los sectores más vulnerables de la sociedad así como el de las mujeres.